«Papá está en viaje de negocios»: las mentiras torpes en el Senado

La famosa película homónima del director Emir Kusturica, que trata sobre un niño cuyo padre se encuentra recluido en una prisión bajo el Régimen de Tito en Yugoslavia, aborda secundariamente el antiguo problema de la verdad y la mentira en política. El argumento del filme corresponde a una “mentira piadosa” o a una “noble mentira” (Leo Strauss) que protege al niño Mailk de una verdad que quizás no logra entender cabalmente. Existen otras situaciones en las que los límites entre una “noble mentira”, una mentira innecesaria o una inconveniente, son más difusos. Además, existen otras situaciones en las cuales una mentira torpe realmente agrava los problemas.

La acusación constitucional contra el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, por su “estrategia de copamiento” de Plaza Italia, ocupó la atención de la opinión pública durante el mes de enero de 2020. Razones para que esta acusación capturara la atención masiva pueden ser los bajos apoyos del Presidente Piñera en las encuestas de los últimos meses, que lo ubican en el menor respaldo de un Primer Mandatario desde 1990, con un 6%, la caída en el apoyo al Congreso Nacional a niveles aún menores (3%) y una oposición que muestra notorias fracturas estratégicas y fuerzas centrífugas sin límites conocidos entre los bloques de Convergencia Progresista y el Frente Amplio (y también dentro de cada uno de ellos).

La acusación fue presentada el 2 de enero de 2020 por las parlamentarias y los parlamentarios Karol Cariola, Claudia Mix, Catalina Pérez, Gael Yeomans, Gabriel Ascencio, Ricardo Celis, Tomás Hirsch, Amaro Labra, Manuel Monsalve y Luis Rocafull y acusaba al intendente Guevara de infringir la Constitución Política del Estado (CPE), limitando el derecho a reunión con su estrategia de “copamiento preventivo” de Plaza Italia (Art. 19, Número 13, CPE). La acción por sí misma no tiene mucho de especial. De hecho, desde el año 1990 en veintinueve oportunidades se ha presentado una acusación constitucional y en cuatro ocasiones ha tenido una resolución de culpabilidad con resultado de destitución de alguna autoridad.

Cuadro 1: Acusaciones Constitucionales Finalizadas 1990-2020

El resultado en el Senado de la acusación constitucional demostró que la acción no tenía el respaldo determinado por la ley para ser aprobada. Para serlo necesitaba la mayoría de los senadores en ejercicio, motivo por el cual existieron tres maneras de enervar la acción: el voto de rechazo propiamente tal, la abstención y la inasistencia del parlamentario. Los votos decisivos de la oposición que impidieron aprobar la acusación fueron dos abstenciones –C. Goic y J. Pizarro, ambos DC– y cuatro ausencias –J.M. Insulza (PS), R. Quinteros (PS), X. Rincón (DC) y F. Harboe (PPD)–.

Por cierto, la decisión de apoyar la acusación corresponde a cada parlamentario y a su evaluación del mérito de la misma. Cualquier análisis de la actuación de los parlamentarios debe partir por reconocer esta facultad que nace del mandato representativo que permite a los representantes evaluar en conciencia los asuntos sometidos a su consideración, en un contexto histórico donde el mandato imperativo se considera antidemocrático.

Más allá del mérito jurídico de la acusación, las consecuencias políticas de esta son evidentes. Si la acusación hubiese prosperado se habría pavimentado un camino para una rotativa de acusaciones que podría terminar paralizando (aún más de lo que ya está) al Gobierno, especialmente en lo concerniente a su política para restablecer el orden público en Santiago y otras ciudades. Al concretarse este escenario habría quedado claro que el Presidente Piñera perdía su escudo de protección parlamentaria.

Por su parte, en el caso que la acusación fracasara, como efectivamente ocurrió, este resultado se convierte en un gatillador de entropía y fuerzas centrífugas en la oposición, dislocando la coordinación estratégica de Convergencia Progresista y el Frente Amplio. El rechazo de la acusación a Guevara muestra desde su primer momento la brecha estratégica y las diferencias de intereses entre la DC, Convergencia Progresista, el PC y el Frente Amplio, convirtiendo una mayoría nominal en la Cámara de Diputados en minorías autolimitadas respecto al tratamiento del asunto del orden público. Estas implicancias políticas, por cierto, superan largamente la importancia de mantener o destituir al intendente de la Región Metropolitana de Santiago.

Materializado el rechazo a la acusación, lo que resulta inquietante no es que existan perspectivas diferentes en la oposición sobre el mérito jurídico y político del libelo, después de todo existen colosales diferencias en la oposición en otras tantas materias. Se puede entender que senadores que no asistieron a la votación argumenten su decisión sobre la base de creencias propias, intereses superiores (y de los otros) o “razones de Estado”, pero intentar evadir las consecuencias políticas de su inasistencia resulta contraproducente.

Estos senadores que se ausentaron el martes 4 de febrero evitaron, con su inasistencia, dar cuenta de las razones para aprobar o rechazar la acusación, fueran estas compartidas o no por sus electores. El mandato representativo, si bien permite la decisión en conciencia, no excusa al parlamentario de actuar frente a los ciudadanos con responsiveness (capacidad del representante de responder a los intereses de los representados). Hace pocos días, antes de la acusación a Guevara, varios diputados del FA, entre ellos Gabriel Boric y Giorgio Jackson, realizaban un sentido “mea culpa” a través de YouTube por haber votado “equivocadamente” en la “Ley Antisaqueos”.

Lo que aparece con la acusación constitucional al intendente de la Región Metropolitana es que al vacío de poder generado por el aturdimiento del Gobierno de Piñera, se suma un segundo vacío generado por falta de liderazgo de las elites políticas parlamentarias. La historia de Chile ha mostrado que cuando los partidos se debilitan y carecen de liderazgo, la alternativa tiende a ser gobiernos con liderazgos personalistas y propensión autoritaria. En consecuencia, respecto al problema del orden público, así como respecto de la agenda constitucional y la agenda social, no es posible responder en forma paternalista con “mentiras nobles” como en la película de Kusturica.

En las crisis el poder se convierte en un espacio vacío que espera ser llenado y las respuestas serán dadas por liderazgos desde la clase política o por liderazgos unipersonales con mayor o menor compromiso democrático. Puede existir espacio para “mentiras nobles” en otro contexto, pero en ningún caso para “mentiras torpes” en la situación actual que vive el país.