Reformas constitucionales: el regalo de la mayoría parlamentaria en 1989

Se ha convertido en un verdadero tabú el solo mencionar el virtual regalo de la mayoría parlamentaria efectuado por el liderazgo de la Concertación a la derecha en 1989, mediante el acuerdo de Reformas Constitucionales concordado con Pinochet y ratificado por un plebiscito el 31 de julio de ese año.

Dicho regalo consistió en modificar los artículos originales de la Constitución del 80 (65 y 68) que le permitían al gobierno que estrenaría la Constitución permanente (obviamente pensando en que Pinochet sería ratificado en 1988) disponer de mayoría parlamentaria simple, teniendo solamente mayoría absoluta en una cámara y un tercio en la otra. En efecto, Pinochet habría tenido con seguridad mayoría en el Senado, con los nueve senadores designados; y habría alcanzado de más a tener un tercio en diputados, gracias al sistema electoral binominal.

Pero como el dictador perdió el plebiscito de octubre del 88, aquel prospecto se revertiría, beneficiando también con seguridad al próximo presidente de la Concertación, Patricio Aylwin.

Lo anterior, porque la Concertación habría tenido de más la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados (lo que en efecto ocurrió); y habría logrado igualmente, con plena certeza, el tercio del Senado. Recordemos que el Senado original estaba integrado por 26 senadores electos, correspondientes a las 13 regiones de ese entonces; y por los 9 designados, es decir, por 35 miembros. Y siendo el tercio de 35, 12; y considerando que la Concertación –en el peor de los casos– elegiría uno por región, aquello significaba que terminaría al menos con 13.

Y aquí vino lo insólito, pero que quedó ocultado por el hecho de que el acuerdo entre la Concertación y Pinochet fue de un “paquete” de 54 reformas que se plebiscitó como tal: el liderazgo de la Concertación aceptó que se elevaran los quorum para las leyes simples, ¡a mayoría absoluta en ambas cámaras, pero sin eliminar los senadores designados!, con lo que evidentemente perdería la mayoría parlamentaria segura.

Como hay muchos que por ignorancia o malicia niegan que haya ocurrido lo anterior, es importante que el lector conozca de primera mano el tenor del principal de aquellos dos artículos de la Constitución original, el 65: “El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año. Sin embargo, el Presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y, si ésta lo aprueba en general, volverá a la de su origen y sólo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios presentes”. El cambio del Artículo 68 constituye un simple derivado de aquel.

Explicar aquello por el temor es absurdo, porque nadie le regala más poder al adversario que teme. Además, como el propio Boeninger lo reconoció en su libro de 1997, Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad (Edit. Andrés Bello; pp. 347 y 349), no existía ninguna condición nacional ni internacional para intentar siquiera un nuevo golpe de Estado. Comprobación de ello fue la derrota total del amago de Pinochet en esa dirección en la madrugada del 6 de octubre del 88, debido a la frontal oposición a ello de la Armada, Aviación y Carabineros, y del conjunto de la derecha, incluyendo al mismo Jaime Guzmán. Y menos todavía habría habido chance de ello, ¡porque la Concertación se opusiese a un cambio de la Constitución impuesta por el propio Pinochet!

La explicación de fondo la revela el mismo Boeninger cuando señala que el liderazgo de la Concertación llegó, a fines de los 80, a “una convergencia (con el pensamiento económico de la derecha) que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (p. 369).

De este modo, si la Concertación hubiese tenido, desde marzo de 1990, mayoría parlamentaria simple, habría quedado desnuda frente a sus bases en su falta total de voluntad de hacer cambios profundos en la legislación laboral, sindical, de salud, tributaria, universitaria y, en general, de todas las estructuras económico-sociales impuestas por la dictadura y que no requerían de quorum supramayoritarios para modificarlas. En cambio, al regalar solapadamente aquella mayoría, quedaba habilitada para culpar al hecho de no tener mayoría el que no se pudiesen hacer esos cambios. ¡Y esa fue precisamente la letanía que hemos escuchado durante treinta años!

Y, por cierto, todo lo anterior explica la unanimidad y persistencia de dicho liderazgo en negarse absolutamente a mencionar el tema y ¡ni siquiera para rebatirlo las pocas veces que se ha mencionado!, para así “no darle más luz al gas”… De partida, uno de los mismos negociadores de la Concertación de aquellos acuerdos con Pinochet, el abogado y académico radical Carlos Andrade Geywitz, en un voluminoso estudio de 339 páginas sobre dichos acuerdos (Reforma de la Constitución Política de la República de Chile de 1980, Edit. Jurídica de Chile, 1991), se hizo completamente el leso respecto de aquello (ver pp. 229-30). Y así hasta hoy.

Ni siquiera Edgardo Boeninger –que había reconocido crudamente la derechización del liderazgo concertacionista y el engaño del gobierno de Aylwin de buscar no hacer justicia respecto de las violaciones de Derechos Humanos, salvo en el caso Letelier (ver p. 400)– se atrevió a reconocer la enormidad de lo que significaba para el país el haber regalado la mayoría parlamentaria.

Y el ocultamiento se ha mantenido pese a los pocos que hemos mencionado el tema. Según entiendo, el primero en hacerlo fue Andrés Allamand, en su libro publicado en 1999, La travesía del desierto (Edit. Aguilar), cuando dijo, para justificar el acuerdo de Reformas de 1989, que luego de la derrota de Pinochet en el plebiscito “ahora tocaría estar al otro lado del mesón (en la oposición) y era evidente la conveniencia de disminuir algunas de las exorbitantes facultades del Ejecutivo (insertas en la Constitución original del 80), como la de disolver la Cámara de Diputados o aquella inaudita que le habría permitido aprobar leyes sólo con mayoría en una cámara y apenas un tercio de la otra” (p. 180).

Y luego, en 2000, lo hizo el suscrito en el capítulo tres de Chile: Una democracia tutelada (Edit. Sudamericana), titulado “El ‘pacto secreto’: la entrega de la mayoría parlamentaria”, y colocando en la contratapa el titular: “Chile: Una democracia tutelada. El libro que revela el ‘pacto secreto’ de la transición”. Y posteriormente también lo traté en detalle en 2006 en el trabajo Lagos y la Concertación: Adaptaciones neoliberales y renuncias democráticas que apareció en el libro colectivo: Gobierno de Lagos: balance crítico de LOM, escrito además por Horacio Brum, Hugo Fazio, Claudia Lagos, Hugo Latorre, Rafael Otano, Magaly Parada, Manuel Riesco, Gabriel Salazar y Gonzalo Villarino. Asimismo, lo he mencionado en innumerables artículos para la prensa escrita y digital. Ciertamente que muchos académicos y periodistas han mencionado también este insólito y trascendental hecho de nuestra historia, pero también –hasta la fecha– con escasa fortuna en cuanto a hacerlo conocido por la generalidad de los chilenos.

El punto es que ahora tiene todo el sentido del mundo sacarlo a la luz, en la medida que el pacto del 15 de noviembre pasado tiene todas las trazas de aquel: el de ser un nuevo regalo político del liderazgo de la ex Concertación a la derecha, consistente en concederle un virtual poder de veto en la elaboración de la nueva Constitución, al establecer un quorum de dos tercios para tal efecto, teniendo en cuenta que en todas las elecciones, desde 1990 a la fecha, la derecha ha superado largamente un tercio de los votos y de los congresales electos, con y sin sistema electoral binominal.

Ello “obligará” a la ex Concertación a concordar con la derecha una Constitución al gusto de ella, ya que la alternativa de que no se produzca acuerdo alguno –en el marco de una muy improbable izquierdización de los constituyentes de la ex Concertación– significará que se mantiene plenamente vigente la actual Constitución. Por lo tanto, así como la Concertación terminó culpando a la derecha de no haber podido hacer cambios del modelo neoliberal en veinticuatro años de Gobierno porque no tenía mayoría parlamentaria, en el futuro la culpará también a ella de no haber podido aprobar una Carta Magna que permitiera sentar las bases de una sociedad genuinamente democrática y justa.

Como bien lo señaló el filósofo George Santayana, “aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo».