MERCADOS
Roberto Angelini, Salvador Said, Luis Enrique Yarur y Álvaro Saieh
A solo cuatro meses de iniciadas las investigaciones por financiamiento ilegal a la política, el SII activó una salida administrativa distinta a la penal, que permitió a los grandes empresarios involucrados en estos ilícitos quedar fuera de las causas del Ministerio Público. En efecto, mientras un equipo especial de investigadores de la Fiscalía realizaba, por entonces, una serie de pesquisas para acreditar que los aportes en dineros que Penta y SQM entregaban a políticos de casi todo el espectro constituían delito, otras 23 grandes empresas –que financiaban ilegalmente a la política– tuvieron la opción de confesar y pagar lo adeudado al fisco, incrementado en multas, para así quedar exentos de sanciones penales y fuera del escrutinio público. Todo, en el contexto del mayor escándalo político-empresarial que dejó una marca en la historia de Chile. Entre las compañías favorecidas se cuentan sociedades de los grupos Angelini, Said, Yarur y Saieh, además de la constructora OAS, investigada por corrupción en el marco del caso Lava Jato en Brasil y otros países de Latinoamérica. También quedó fuera la empresa Asesorías e Inversiones El Arrayán Limitada, representada en ese entonces por el actual ministro de Energía, Juan Carlos Jobet. De todas las anteriores, el grupo que, por lejos, debió pagar más dineros en multas que el resto fue el de Angelini. En segundo lugar, el grupo Said, y tercero, el grupo Yarur, encabezado por su patriarca Luis Enrique Yarur. Según las sentencias revisadas, las salidas administrativas generaron ingresos para el fisco por algo más de $3 mil millones, solo por concepto de multas.
En marzo de 2017, tras dos años de fricciones, presiones y tensiones entre el mundo político y empresarial, a raíz de las investigaciones penales que llevaba adelante el Ministerio Público por el financiamiento ilegal de la política y su impacto mediático, el Servicio de Impuestos Internos (SII) reconoció que había optado por tomar un camino distinto a la vía penal sobre algunas empresas y personas indagadas. El mecanismo consistía en que la persecución de los ilícitos cometidos por todas aquellas sociedades que, en el año 2015, habían acudido al llamado a autodenunciarse por los mismos hechos que se perseguía a las empresas Penta y SQM, accederían a solo ser multados ante los tribunales tributarios, eludiendo así la justicia penal.
Con este giro de timón, los fiscales a cargo de las causas se enfrentaron a la imposibilidad de seguir avanzando y muchas empresas que habían financiado por años la política, a través de esta manera ilegal, pudieron salir de la mirada pública. El más favorecido con esta estrategia fue el grupo Angelini –presidido por Roberto Angelini–, el holding empresarial que más dinero destinó al financiamiento irregular de campañas electorales después de SQM. Esta acción fue el paso decisivo para cimentar lo que más tarde se conoció como la «Operación Impunidad».
La ruta, implementada en su origen por el exdirector del SII, Ricardo Escobar –abogado y sobrino de Ricardo Lagos Escobar–, sirvió de base para que oficialismo, oposición, diversos abogados y mismos imputados por delitos tributarios a través de financiamiento ilegal de la política, implementaran líneas de defensas judiciales que, posteriormente, fueron refrendadas por jueces de los distintos tribunales en los que se ventilaron estos casos. Así fue que conglomerados empresariales como los grupos Said, Yarur y Saieh, se sometieron a tribunales tributarios y aduaneros, cuyas sentencias en multas, de montos diversos, clausuraron toda posibilidad de esclarecer los verdaderos alcances del matrimonio ilegítimo entre dinero y política.
Transcurridos tres años desde la puesta en marcha de esta estrategia del SII, El Mostrador recopiló las sentencias disponibles y sintetizó algunos pasajes desconocidos del final del escándalo de las platas políticas. Según el registro revisado, estas «salidas» jurídico-administrativas generaron multas a empresas –de las que el fisco se benefició– por un total de $3.087.142.856.
Al menos 23 contribuyentes –19 empresas y 4 personas naturales– tuvieron la opción de extinguir una persecución penal en su contra y acceder a un juicio administrativo ante algún Tribunal Tributario.
Cinco de las empresas con sentencias tributarias pertenecen al Grupo Angelini: Compañía de Petróleos Copec S.A., Inversiones Siemel S.A., Forestal Arauco, Celulosa Arauco Constitución S.A., Empresas Copec y Abastible, las que en total pagaron $2,2 mil millones por concepto de multas. Otras dos son del Grupo Said: Inversiones Caburga e Inversiones Newport S.A., que pagaron casi $500 millones por el mismo concepto.
También están el Banco de Crédito e Inversiones, controlado por la familia Yarur, encabezada por Luis Enrique Yarur, que pagó $141 millones en multas; y Cencosud Retail S.A., liderado por Horst Paulmann y que fue multado con $27 millones. Asimismo, la constructora brasileña OAS S.A. –investigada por delitos de corrupción en el caso Lava Jato– pagó $131 millones como sanción; CorpBanca, controlada por ese entonces por el empresario Álvaro Saieh, hizo lo propio al pagar $3,7 millones de multa; Ripley Corp S.A., cuyo gerente general es Lázaro Calderón, pagó $15 millones en multas.
La lista la completan Asesorías IMBC Limitada –de un exadministrador electoral de Ena von Baer–; CAP S.A.; Watt’s; Desarrollo y servicios Melipilla, de la familia Ariztía; y AMC Consultores, de propiedad del actual ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.
Cuatro personas naturales también integran este listado: Doménico Descalzi (ligado a Alejandro Sule del PR, caso sobre el cual el tribunal se declaró incompetente), Liliana Jiménez, Gabriela Aguirre y Carlos Muñoz (los tres relacionados con Marco Enríquez Ominami).
Fueron cinco los tribunales tributarios que revisaron los casos que Impuestos Internos denunció. Solo uno de ellos se emplaza fuera de la Región Metropolitana, en Talca, donde se sentenció la multa de Forestal Arauco ($392 millones), también del grupo Angelini. En los fallos del 4° Tribunal Metropolitano, no se detalló quiénes fueron los emisores de boletas o facturas.
En la mayoría de los casos, los representantes de las sociedades denunciadas no opusieron resistencia a la sentencia pecuniaria impuesta, y los tribunales calcularon multas desde 100% a 400% sobre los impuestos evadidos.
Gerentes y representantes legales de las compañías debieron también prestar declaraciones ante el SII, testimonios en los que se hizo común decir que, tras tomar conocimiento del llamado del SII, cada empresa realizó revisiones internas, de las cuales aparecieron gastos no procedentes.
Algunos políticos también entregaron en estas causas sus versiones. Mario Desbordes, por ejemplo –entonces secretario general de RN–, llevó informes de respaldo de una empresa ligada al partido, Asesoría Técnica S.A. (Asetec), la que había facturado $126 millones a Petróleos Copec S.A. El tribunal, sin embargo, desestimó dicha documentación por considerarla insuficiente para acreditar que hubiera habido servicios prestados.
El 4° Tribunal Tributario de Santiago consideró que la boleta por $3 millones emitida por una asesora del entonces diputado Iván Moreira, Andrea Schultz, y pagada por la empresa AMC Consultores, del actual ministro de MOP, Alfredo Moreno, no fue “falsa, fingida o simulada”.
En su punto número 13, el tribunal expuso: “Que a partir de la prueba analizada y los hechos establecidos, esta magistratura no ha logrado adquirir la convicción de que la única boleta de honorarios cuestionada, por la cantidad de $3.000.000, sea ideológicamente falsa, es decir, fingida, simulada o no ajustada a la verdad de los hechos que consigna”. Luego sentenció: “Conforme a lo expuesto, se debe rechazar la acusación contenida en el Acta de Denuncia”.
Mario Desbordes, quien prestó declaración como representante legal de la empresa ligada a RN, Asesoría Técnica (Asetec), no pudo convencer al SII de que los informes que presentó como respaldo a 71 facturas emitidas desde Asetec a Petróleos de Chile Copec S.A. (por $126.735.000), sirvieran para acreditar que los servicios fueron prestados.
De acuerdo a registros de la época, Asetec –representada legalmente también por el hoy ministro de Vivienda Cristián Monckeberg y el actual secretario general de RN, Felipe Cisternas– pagaba asesorías a distintas figuras de la colectividad. “Las materias tratadas en dichos informes no guardan relación con la renta de la compañía”, fue lo que sentenció el tribunal.
Copec pagó una multa de $578 millones por recibir facturas y boletas de esta y otras empresas ligadas a políticos.
Una arista de las imputaciones a la constructora OAS S.A. fue a dar a los tribunales tributarios administrativos. Se trata de cinco facturas, por un total de $154 millones, que la sociedad brasileña pagó a una empresa de Cristián Warner, exjefe de campaña de ME-O.
La constructora desconoció la utilidad de la asesoría y Warner declaró que los respaldos de esas asesorías se habían “extraviado”. OAS debió pagar al fisco chileno la cantidad de $131.198.682.
El actual ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, representaba legalmente a la empresa que poseía en conjunto con su señora, Luz María Díaz de Valdés, Asesorías e Inversiones El Arrayán Limitada, cuando fue denunciada por el SII ante el Tercer Tribunal Tributario el 4 de abril de 2017. El SII acusó que la firma había facilitado dos facturas por un total de $47 millones a Inversiones Caburga S.A., del Grupo Said. Pero Jobet señaló en la causa que sí había servicios prestados.
En el fallo se resume así: “Declaración jurada prestada por don Juan Carlos Jobet Eluchans en representación de Asesorías e Inversiones El Arrayan Ltda., quien manifestó que los servicios prestados se refieren a asesorías relacionadas a presentar oportunidades de mercados a Inversiones Caburga Ltda, análisis de políticas públicas y sus implicancias en el mercado”. Dijo que estas se materializaron en reuniones, “no emitiendo ningún informe por sus servicios”.
El tribunal estimó que la documentación aportada por la empresa era insuficiente “para acreditar la efectiva prestación de los servicios”. El abogado de Caburga, además, informó al SII que esas facturas corresponden a gastos que estimaron que no cumplían con los requisitos necesarios para ser considerados como aceptados y necesarios para producir la renta de la sociedad.
Cencosud fue sancionado con una multa de $27 millones. Pagó facturas a una empresa ligada al estrecho asesor de ME-O, Cristián Warner, por $48 millones. En representación del retail, declaró bajo juramento Jaime Solar Bottinelli, entonces gerente general del Grupo Cencosud: “Al no encontrar respaldos –dijo– que acrediten dichos servicios en Cencosud, decidimos con el fiscal don Carlos Mechetti y el presidente de la compañía don Horst Paulmann, rectificar frente al Servicio”.
El banco por entonces controlado por Álvaro Saieh, CorpBanca S.A., pagó boletas a Cristina Zúñiga Paredes E.I.R.L., asesora de políticos que, en esta arista, se vincula a pagos para la campaña de Pablo Zalaquett. El abogado de la empresa solicitó a los tribunales que se aplicara la sanción mínima. Se multó en $3.798.202.
La rectificación de boletas y facturas que realizó Ripley Corp S.A. fue una de las más polémicas, dado que había un proveedor de la campaña de la entonces Presidenta Michelle Bachelet: la empresa Asesorías Credo Ltda., del publicista Diego Perry, hijastro de un estrecho asesor de la otrora Mandataria, Juan Carvajal.
Se decía entonces en pasillos judiciales que, a partir de la aparición de esta empresa, se activó el fin de las querellas. Ripley pagó aportes a campañas de Pablo Zalaquett, Laurence Golborne y rectificó una asesoría de Andrés Velasco. Sin embargo, Ripley solamente fue juzgada en el Segundo Tribunal Metropolitano por los pagos ligados a Golborne. La compañía de retail fue multada con solo $16 millones, solemente por haber aportado $20 milllones al excandidato UDI.
