PAÍS
En noviembre del año pasado, pocos días después del estallido, la empresa Aes Gener –dueña de cuatro termoeléctricas en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví– llegó a un acuerdo con los miembros de distintos sindicatos de pescadores artesanales del lugar, para que se desistieran de continuar con una demanda civil que buscaba la reparación por la contaminación de las aguas producto de los frecuentes varamientos de carbón. Por una acotada suma de dinero, a repartir en tres pagos de aquí al 2024 (no más de $4 millones en cinco años, mientras los honorarios del abogado César Barra y sus socios ascendían a cerca de $500 millones), los pescadores acordaron renunciar a la posibilidad de recibir todo tipo de indemnización adicional, no solo por los daños producidos por los efectos de los varamientos en el presente, sino además por todos los que podría causar este tipo de contaminación en el futuro y que afectaren no solo a los firmantes, también a sus familiares, socios, parientes lejanos y hasta amigos. Respecto de la cláusula, Aes Gener sostiene que no puede referirse a ella, debido a que forma parte de un contrato de confidencialidad.
El 8 de noviembre del año pasado, mientras el país entero aún no terminaba de comprender los alcances del estallido social, el medio local La bahía online, de la comuna de Quintero, publicó una noticia que no tuvo repercusión mediática mayor, salvo al interior de la propia comunidad, que se ha hecho tristemente célebre al convivir con un parque industrial que ha saturado el aire con dióxido de azufre, contaminado los suelos con arsénico y dañado los mares con frecuentes derrames de hidrocarburos y varamientos de carbón, en uno de los más brutales casos de abandono del Estado.
El artículo, bajo el título de Sospechoso desistimiento, daba cuenta que el día anterior, el 7 de noviembre, el abogado Rodrigo Cruz Aravena, representante de la empresa Aes Gener –compañía transnacional que posee cuatro termoeléctricas en la localidad de Las Ventanas–, había llegado hasta la Corte de Apelaciones de Valparaíso a presentar un escrito de desistimiento a través del cual se ponía término anticipado a una demanda civil presentada contra la firma por un grupo de pescadores artesanales por los, cada vez más frecuentes, varamientos de carbón en la playa Las Ventanas.
El documento, sin decir mucho, era una larga lista de 673 personas, entre las que se contaban ciertamente pescadores, pero también artesanos, algunos líderes medioambientales locales y hasta funcionarios municipales, que renunciaban a su intención de proseguir con la demanda. Una por cierto que, como pocas, se veía muy bien aspectada, debido a las conclusiones demoledoras de un reciente sumario elaborado por la Armada, que establecía la responsabilidad de Aes Gener en los varamientos de carbón y su consecuente contaminación de las aguas. Ganar una demanda como esa, podría haberse transformado en la primera jurisprudencia que lograra establecer la responsabilidad de alguna de las empresas del complejo industrial en la contaminación múltiple que sufren sus habitantes.
El escrito que llegaba a la Corte, contenía también la firma de César Barra –exgobernador de la provincia de Quillota, militante histórico PS, y hasta entonces representante de los pescadores en la demanda–, quien había jugado un rol clave en lograr que los pescadores de diversos sindicatos de Quintero y Las Ventanas firmaran un documento previo que establecía las condiciones de un acuerdo entre las partes.
Entre los pescadores aseguran que nadie leyó nada, que la única pregunta válida era ¿dónde había que firmar? Mal que mal, hacía más de dos años que no había pesca, que las ostras que alguna vez pudieron cultivar en la bahía, ya no podían serlo después que la autoridad sanitaria lo prohibiera el 2011, debido a la alta concentración de metales pesados presentes en moluscos y crustáceos desde Quintero a Zapallar; que tampoco podían comercializar hortalizas plantadas en el sector, debido al hallazgo el 2016 de arsénico en los suelos y el consecuente riesgo de desarrollar cáncer; y que el turismo, la última de las actividades económicas que les quedaba, se había venido a pique a raíz de la conmoción nacional que provocaron las intoxicaciones masivas en 2018 y 2019. Ya nadie quería acercarse al llamado al «Chernobyl chileno».
En esas condiciones, la oferta de la compañía resultaba atractiva. Al menos, ahora llegaba «platita segura» a una comunidad altamente vulnerable por la contaminación y la pobreza.
El «arreglo», sin embargo, contenía una cláusula no menor. Por el hecho de recibir un monto acotado de dinero, que se dividiría en tres pagos –el primero al momento de firmar el desistimiento, el segundo el 2022 y el tercero el 2024–, los pescadores aceptaban renunciar a cualquier pretensión de indemnización, incluso en el caso de ser calificados como víctimas en un eventual procedimiento penal.
Pero además aceptaban sentirse completamente «resarcidos», no solo de los perjuicios que los varamientos de carbón podrían haberles causado a ellos o a la actividad pesquera en el presente, sino también por todos aquellos daños que podría provocarles este tipo de contaminación en el futuro, y que afectare no solo al pescador, también a sus cónyuges, convivientes, hijos, padres, abuelos, hermanos, sobrinos y toda una larga cadena de personas relacionadas con ellos, incluidos socios y hasta sus amigos.
Antes de la firma del acuerdo, el abogado César Barra había presentado a los pescadores un caso sólido. En agosto de 2018, el profesional les planteó a los distintos sindicatos demandar a Aes Gener por daño moral (extrapatrimonial), ya que a su juicio y tal como se desprende del texto de la demanda, la compañía era la «responsable de los daños provocados» a cada uno de los pescadores, «irrogados por las descargas o vertimientos no autorizados al mar de partículas de carbón combustionado y sin combustionar, que posteriormente varan en la playa Las Ventanas».
Por el daño a la pesca artesanal, en tanto actividad económica, Barra demandó a Aes Gener por $18 mil 960 millones, cifra que duplicó por el concepto de daño moral a los pescadores, llegando a la no despreciable suma de $37 mil 920 millones. Esa cantidad dividida entre todos los demandantes, configuraba una indemnización cercana a los $30 millones para cada uno.
La demanda estaba sustentada en antecedentes que hacían posible prever que esta acción civil, por la Ley de Navegación, llegaría a buen puerto. Poco menos de un año antes de que Barra presentara la demanda contra Aes Gener, la gobernación marítima de Valparaíso había finalizado la Investigación Sumaria Investigativa –iniciada en noviembre de 2013– y que disponía investigar la contaminación de las aguas de la bahía de Quintero por presencia y varamiento de partículas de carbón.
El informe concluyó que, tras los análisis técnicos a las partículas de carbón varadas en la playa de Las Ventanas, había material sin combustionar y material combustionado, siendo este último compatible con las muestras tomadas en Aes Gener, y que no había duda que correspondían al «mismo material antropogénico».
«El origen o procedencia de las partículas que se varan en la playa Las Ventanas corresponde a la empresa Termoeléctrica Aes Gener. S.A.», informó La Marina.
La compañía Aes Gener, dueña de las cuatro termoeléctricas existentes en Las Ventanas, apeló al dictamen con la intención de incluir en las responsabilidades a su socio estratégico, Puerto Ventanas, que son los encargados de transportar el carbón no combustionado hasta las instalaciones de la primera.
A partir de denuncias por varamientos de carbón ocurridas en Ventanas, realizadas por sindicatos de pescadores y organizaciones medioambientales, se estableció que desde 2009 hasta el 31 de diciembre de 2018, habían sucedido 527 varamientos de carbón. Asimismo, se acreditó que, desde el 2013 a la fecha, Puerto Ventanas S.A. ha descargado un promedio anual de 2.2 millones de toneladas de carbón, con la finalidad de abastecer a las cuatro termoeléctricas de la empresa Aes Gener: Ventanas 1, Ventanas 2, Nueva Ventana y Campiche.
El 29 de febrero recién pasado terminó la ampliación de plazo para que Aes Gener entregue su prueba, por lo que el dictamen final resulta inminente.
«Con un fallo como este, nos dijeron que la cosa era solo esperar, que el caso estaba ganado, y que por primera vez habría una sentencia, un fallo a favor de nosotros, que probaría que las empresas han dañado la pesca, los recursos y las vidas de quienes nos dedicábamos a la pesca artesanal», contó un pescador que prefiere mantener su identidad bajo reserva.
La demanda, cuentan en Las Ventanas, comenzó a perder toda la fuerza poco antes del estallido social y se precipitó después de este.
Hugo Poblete, presidente del sindicato de pescadores artesanales S24 de Quintero, y que además es un líder medioambiental de la zona, fue uno de los pocos pescadores que se rehusaron a la tentación de firmar un acuerdo.
«La gente de acá firmó sin saber, escuchó plata y ya. A nosotros no llamaron de otro sindicato de pescadores contándonos que estaban ofreciendo plata. Al principio nosotros criticamos harto, porque queremos que la bahía se recupere, y confiamos que eso va a pasar. Pero hay que entender que hace dos años no hay pesca y está crítica la situación. El problema no son los pescadores que aceptaron la plata, el problema es la empresa, que sabe que hace daño y juega con la necesidad de este pueblo», acusa.
Desde Greenpeace –que lleva años denunciando la contaminación de las termoeléctricas en el sector– fueron los primeros en tomar conocimiento del detalle y de las condiciones de la transacción. El Acuerdo de Trabajo Conjunto y Transacción establecía que la empresa se comprometía a pagar $1.600 millones a repartir entre todos los pescadores y que se pagarían en tres pagos: $1 millón 150 mil al momento del desistimiento, y otros dos montos similares a pagar, el primero, en el 2022, y el segundo en el año 2024. Cifras que distaban mucho de los $37 mil millones considerados en la demanda.
El acuerdo además estipulaba que, al momento de recibir los $1.600 millones, los pescadores debían cancelar la totalidad de los honorarios de los abogados establecidos en el contrato de prestación de servicios que realizaron con los profesionales y que correspondía al 30% del total de las indemnizaciones. Vale decir que, mientras los pescadores recibían como indemnización una cifra no superior a los 4 millones de pesos pagados en el transcurso de 5 años, los honorarios de César Barra y sus socios ascendían a cerca de $500 millones.
César Barra, consultado por El Mostrador sobre esta situación, se limitó a decir que «nosotros en su momento ejercimos las acciones correspondientes y desde el punto de vista procesal, llegamos a una solución, que es la que está expresada en el desistimiento. Nuestra labor, en ese caso, termina con el desistimiento y este tiene una serie de consecuencias que se asumen por las partes. Las personas con las cuales nosotros nos hemos relacionado no han expresado ningún tipo de disconformidad, y respecto de los honorarios, eso está en el marco de un acuerdo de confidencialidad».
Un mes después que el desistimiento quedara a firme en la Corte de Apelaciones, en diciembre de 2019, el abogado César Barra concedió diversas entrevistas a medio locales en las que daba a conocer la presentación de una nueva demanda civil por los mismos hechos, esta vez contra el Puerto de Ventanas.
En su escrito, que es una copia casi idéntica al que en su momento presentó contra Aes Gener, sostiene que el principal responsable de la contaminación por varamientos de carbón es Puerto Ventanas y que llegará hasta las últimas consecuencias.
*Ver demanda contra Puerto Ventanas
Fuera de los montos en cuestión, el acuerdo del que los pescadores aseguran no haber tomado conocimiento a cabalidad, establecía una cláusula que, en su parte esencial, decía que los pescadores se sentían completamente resarcidos de:
“Todos los perjuicios directos e indirectos, previstos o imprevistos, presentes o futuros que eventualmente pudiere haberle causado a él o sus amistades y familiares, cónyuge, conviviente, hijos, hermanos, sobrinos, padres y abuelos, el demandado y/o denunciado y/o querellado, y/o sus socios, directores, gerentes, ejecutivos, representantes, profesionales, abogados, técnicos, empleados, accionistas, aseguradores y reaseguradores, presentes o pasados, a consecuencia de los hechos objetos de los juicios, acciones, denuncias y querellas indicadas en el Acuerdo de Trabajo Conjunto y Transacción y, en general con motivo o relacionado con los varamientos o presencia de carbón en la bahía de Quintero, incluida una eventual salida alternativa en los procedimientos penales, y sin que ello sea taxativo, el daño emergente, daño contingente, el lucro cesante, pérdida de chance, el daño moral directo, indirecto y/o por repercusión, el sufrimiento físico o sicológico, cualquier pretensión de daño a los recursos, actividad económica o a la salud, los honorarios o gastos de abogados, las costas personales y procesales y en general cualquier otro perjuicio o concepto susceptible de indemnizar relacionado con los hechos y las causas judiciales y acciones entre las partes, ya señaladas».
Según lo expresado, la cláusula agrega que: «Para el evento de una eventual salida alternativa en algún procedimiento penal, desde ya, el pescador y/o Demandante declara irrevocablemente que en caso de ser considerado como víctima, los montos que recibe constituyen la total y completa indemnización que en tales procedimientos se pueda llegar a definir, renunciando a cualquier otra suma mayor, quedando desde ya facultada Gener y sus empresas relacionadas, para así hacerlo valer en las instancias que correspondan, incluido –pero no limitado– al Ministerio Público, Juzgados de Garantía, Tribunales y cortes del país”.
Josefina Correa, directora de la Unidad Política de Greenpeace, explica que con este acuerdo Aes Gener habría buscado indemnizar de todo el perjuicio ocasionado por la contaminación del carbón que ha efectuado por más de 50 años en la bahía, impidiendo que las víctimas puedan ejercer sus derechos a reclamar por el daño provocado.
«Estamos ante una impunidad ambiental, a través de la mordaza de pescadores. No obstante, esta cláusula hace anulable la transacción, pudiendo iniciarse un juicio para reclamar la nulidad absoluta de sus términos, pues en definitiva se está condonando el dolo futuro, es decir, la posibilidad de que una de las partes dañe en el futuro a la otra y que esta se vea restringida de ejercer sus derechos a pedir indemnización de los perjuicios. Esta situación fue prevista por el legislador, que estableció que existe objeto ilícito en condonar el dolo futuro», sostuvo.
El 31 de enero del año 2019, la Ley de Pesca contempló una nueva redacción del delito relacionado con la afectación a recursos hidrobiológicos por agentes contaminantes, estableciendo responsabilidad penal no solo por la intención de verter estos agentes contaminantes y causar daño, sino además por la negligencia que da lugar a responsabilidad penal.
«Es probable que por esto AES Gener buscó ser proactivo de la firma de este acuerdo, no solo con los demandantes sino también con otros pescadores, quienes en caso hipotético tendrían que ser compensados por la pérdida de su actividad económica en términos absolutos».
Consultada Aes Gener sobre si la cláusula implicaba una condonación de un dolo futuro, mediante el cual la empresa buscaría evadir hacerse cargo de eventuales indemnizaciones por daños que podrían resultar de los efectos de una contaminación futura, la compañía recurrió al mismo argumento del abogado Barra: la confidencialidad.
«Las partes acordaron confidencialidad del contenido del acuerdo por lo que no podemos confirmar que ese sea el texto acordado ni comentar al respecto. En todo caso, nuestro espíritu fue buscar un acuerdo para enfocarnos en un trabajo conjunto con los pescadores que partiera de las bases de la colaboración y no del litigio. La empresa busca promover una convivencia armoniosa con sus vecinos y el desarrollo sustentable de las caletas. Al respecto, reiteramos que nuestras operaciones son continuamente fiscalizadas y cumplen con las normativas vigentes, además los antecedentes técnicos disponibles demuestran que nuestras operaciones no aportan carbón al mar».
De acuerdo a su punto de vista, el desistimiento de la demanda fue «el resultado de varios meses de un diálogo franco, directo y constructivo con pescadores de la bahía para llegar a puntos de encuentro y establecer un trabajo conjunto para su desarrollo sustentable, promoviendo una convivencia armoniosa».
En cuanto a la crítica, «no la compartimos, puesto que nuestro ánimo ha sido siempre el de lograr un desarrollo armónico de todas las actividades que se desarrollan en la bahía apoyando el desarrollo sustentable de caletas de la zona. El acuerdo al que llegamos con los pescadores busca impulsar el trabajo colaborativo entre este grupo de personas y AES Gener. Para ello, se establecieron dos objetivos: contribuir al desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente marino de la Bahía de Quintero, el que incluye el desarrollo de diversos proyectos para apoyar al desarrollo sustentable de las caletas El Embarcadero, Papagayo, El Manzano, Loncura y Ventanas».
La reacción ante las condiciones que establece el acuerdo, provocó el rechazo categórico del mundo ambientalista.
Matías Asún, director de Greenpeace Chile, señaló lo siguiente: «Es inaceptable. No solo representa falta de transparencia y demuestra los pésimos estándares con los que operan las empresas, sino que estamos frente a un abuso de poder. Las empresas se aprovechan de las condiciones de vulnerabilidad y abandono en que están las personas que viven donde emplazan sus actividades, para manipular a través de las necesidades básicas de las personas, a fin de tapar sus faltas graves y, en este caso, la contaminación que afecta los Derechos Humanos de la población. Se da una doble vulneración, primero, al afectar a las personas en sus derechos básicos, como poder vivir sin ver su salud afectada directamente y, luego, el obligarlos a callar y ejercer su legítimo derecho a la denuncia por dichos abusos. Es un aprovechamiento que muestra la peor cara del empresariado. No solo es falta de ética sino abuso. Desde Greenpeace condenamos tajantemente la estrategia de las empresas de hacer callar a las personas. No se puede seguir permitiendo que empresas multimillonarias pongan en riesgo la vida de las personas».
De la Fundación Terram, Flavia Liberona condena el abandono de parte del Estado. «Este tipo de negociación no solo habla mal de la empresa y del grado de indefensión en que se encuentran las comunidades locales, nos muestra el país en que vivimos, donde una empresa gigante, como es AES Gener, puede negociar con los pescadores sin que ninguna institución del Estado diga nada. Resulta completamente lamentable el abandono en que los gobiernos han dejado a estas personas, y la negociación a la que acceden los pescadores es un reflejo de la perdida de esperanza y confianza en el Estado de Chile, el cual no ha sido capaz de dar respuesta a la contaminación de la Bahía de Quintero por más de 40 años».
Hernán Ramírez, investigador con amplia experiencia en la contaminación de las termoléctricas y asesor de una de las agrupaciones ambientalistas locales que han dado la pelea por la contaminación en la bahía, lo que más siente es que perdieron la oportunidad, otra vez, de lograr establecer la responsabilidad de una empresa en la contaminación, aunque –a su juicio– el acuerdo constituye una aceptación tácita de su responsabilidad.
«Lo triste es que, en vez de llegar a una sentencia, la empresa haya tomado la decisión de llegar a un acuerdo con los pescadores. Con esto, ellos también se inculpan, ya que si fueran inocentes respecto de su responsabilidad en el varamiento de carbón al mar, no hubiesen estado dispuestos a indemnizar a la gente. Es lamentable, porque se requiere tener algún tipo de jurisprudencia en la bahía con respecto a los daños ambientales», apuntó.
