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Este miércoles, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, anunció que la incorporación de tecnología, como las cámaras de video corporales, son una forma de control a la institución que permite, entre otros beneficios, proteger a quien se manifiesta pacíficamente. Esto, sin embargo, no ha sucedido con Fabiola Campillai, quien perdió la visión de sus dos ojos, además de los sentidos del olfato y el gusto, después de recibir el impacto de una granada de gases en pleno rostro. Carabineros, pese a la insistencia de la Fiscalía, demoró tres meses en entregar la tarjeta de memoria, cuyo estado se desconoce por el tiempo transcurrido. La trabajadora debe someterse en abril a una nueva cirugía cerebral.
El 15 de enero, Paola Zárate, de la Fiscalía de Alta Complejidad de Occidente, a cargo de la investigación sobre el caso de Fabiola Campillai Rojas, quien quedó ciega por el impacto de una granada de gas, entregó a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) una orden de investigar, en la que solicitaba “individualizar a él o los funcionarios de carabineros que portaron cámara GoPro el día 26 de noviembre de 2019 en intersección de Avenida Portales Oriente con Fermín Vivaceta”, en la comuna de San Bernardo.
El requerimiento responde a las dificultades que ha tenido en la indagatoria para acceder al material audiovisual en poder de los uniformados la jornada en que Fabiola –operaria de Carozzi que se dirigía a cumplir su turno laboral nocturno– fue herida.
Hasta ahora, según pudo constatar El Mostrador, solo se ha entregado, después de tres meses del incidente, una tarjeta de memoria por parte de un mayor de Carabineros, pero la cámara respectiva fue solicitada en diversas oportunidades sin éxito por el Ministerio Público. Así se constata en la carpeta donde se consigna, el 11 de febrero, la orden de acudir a la Prefectura de Maipo o las unidades policiales respectivas para incautar la GoPro en poder de la policía uniformada.
Mientras el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, anuncia la incorporación de nueva tecnología como una forma de control a la institución, en la práctica el acceso a aparatos de grabación no ha significado mayor transparencia. En Londres, detalló el secretario de Estado, al referirse a la modernización policial, «la incorporación de cámaras corporales para todos los policías trajo un triple beneficio: resguarda al policía que actúa correctamente, protege a quien se manifiesta pacíficamente y además inhibe al violento o constituye prueba cuando se le persigue frente a la justicia».
En lo cotidiano, explica la abogada de Fabiola, Alejandra Arriaza, la cultura de ocultar información continúa predominando. Personal que participó del operativo en que Campillai perdió tres sentidos –visión, olfato y gusto– tomó vacaciones en febrero y recién está comenzado a declarar. Lo peor es la tardanza con que se entregó la única grabación de aquel día que, según Carabineros, existe.
“El caso avanza muy lento, sobre todo porque ya se ha identificado a los carabineros que participaron de este crimen el día 26 de noviembre. Se sabe quiénes son, el rol que cumplía cada uno en la población Cinco Pinos. Desde diciembre estamos esperando que se entreguen las cámaras que portaban los carabineros. Ellos no han colaborado y han entregado versiones contradictorias. Esperamos que a la brevedad posible se establezca el hecho ilícito y la participación de los uniformados para poder formalizar a los responsables”, señala la abogada.
Hasta ahora, precisa la profesional, “tenemos información de que se habría entregado una tarjeta de memoria de un uniformado que habría participado ese día. Aún no tenemos acceso a esa pericia. Creemos que es posible y viable que haya habido más funcionarios con cámaras, por lo que se ha pedido investigar esto en dos oportunidades. Cabe mencionar que nosotros pedimos esa información en diciembre y el Ministerio Público la solicitó y lo reiteró en enero y a mediados de febrero, pero recién a fines de febrero se hizo llegar una tarjeta de memoria que debe ser inspeccionada”.
El tiempo transcurrido desde que ocurrió el incidente, hasta que la Fiscalía tuvo acceso a la prueba audiovisual, juega en contra del anhelo de justicia de Fabiola y su familia.
“Transcurrió muchísimo tiempo y, dada la experiencia que tenemos en hechos tan graves como este, se dificulta la investigación porque se entrega una tarjeta dañada, deteriorada. Es lo que ha ocurrido en otros casos”, puntualiza Arriaza.
Ana María Campillai, hermana de Fabiola, agrega que «ellos pueden haber entregado cualquier cosa, haber inventado lo que quisieran. Y esto no es algo fácil. Ellos le cagaron la vida a mi hermana y a todos nosotros. Nosotros no queremos que esto termine en un sumario o alguien dado de baja, queremos que quien hizo esto vaya preso como un delincuente más, porque solo un delincuente le dispara a una persona en su cara».
Y Marco Antonio Cornejo, esposo de la víctima y padre de uno de sus tres hijos –el menor, de ocho años–, asevera que la justicia debe ser ejemplar porque se está ante una persona que “no debe lucir un uniforme, porque eso le da autoridad para cuidar a otros, y lo que hizo ese hombre es dañarnos”.
Ayer Ciper publicó la situación clínica de Fabiola Campillai. La trabajadora, que ya ha sido sometida a tres cirugías y que suma más de 21 horas en pabellón, debe ser otra vez intervenida porque la operación del 14 de enero, para reparar la membrana cerebral, desde la cual brota líquido cefalorraquídeo, no fue exitosa.
Se trata de una cirugía de riesgo, que dura entre siete y ocho horas y que es inevitable, porque la fuga del fluido inodoro y transparente que protege el encéfalo y la médula espinal puede desembocar en una meningitis. Fabiola está temerosa de no despertar.
