Opinión
Los defensores de la opción Apruebo estamos cometiendo el grave error de mantener un velo de vaguedad acerca de las propuestas concretas de cambio que se requieren: que la actual es pinochetista (hasta por ahí no más); que necesitamos derechos garantizados a mejor salud y pensiones (debatible); que si acaso el agua para beber y ducharse está en conflicto con los derechos de propiedad (parcialmente); hasta algunos termocéfalos que hablan de expropiar los fondos de las AFP, una suerte de corralito chilensis.
Algunos defensores del #Rechazo usan argumentos tales como la violencia en las calles, o la existencia de (grupúsculos) ultraizquierdistas que quieren derribar al Estado, o que la nueva Constitución nos convertirá en Chilezuela. Ahora les llegó de refuerzo doña Marcela Cubillos, aunque hay quienes dicen que esa será la mejor propaganda para el Apruebo. Otros (grupúsculos) defensores del Apruebo, como Mr. Mesina, quieren pasar su aplanadora por los pasillos del Congreso (y convertir a Chile en Chilezuela). La ultraderecha y la ultraizquierda unidas jamás serán vencidas, dijo #UltraNicanor.
Adelanto que votaré por el Apruebo. Sin embargo, los defensores de esta opción estamos cometiendo el grave error de mantener un velo de vaguedad acerca de las propuestas concretas de cambio que se requieren: que la actual es pinochetista (hasta por ahí no más); que necesitamos derechos garantizados a mejor salud y pensiones (debatible); que si acaso el agua para beber y ducharse está en conflicto con los derechos de propiedad (parcialmente); hasta algunos termocéfalos que hablan de expropiar los fondos de las AFP, una suerte de corralito chilensis (ni con flecos).
Todas estas indefiniciones causan comprensibles temores y les dan municiones a los “rechazantes”, convierten a la Constitución en un fetiche y polarizan aun más la situación. Por lo mismo, ya urge comenzar a explicitar algunas de las inminentes discusiones constitucionales, las más relevantes. Hoy mencionaremos ocho, con una breve descripción, sobre temas que serán extremadamente complejos a la hora de su definición.
Algunas constituciones en el mundo garantizan derechos: a la educación “de calidad”, a la salud “oportuna”, a pensiones “dignas”. Los constituyentes de aquellos países dejaron deliberadamente vagos esos términos, a sabiendas que “salud oportuna”, por ejemplo, se presta a muchas y mutantes interpretaciones, y que la capacidad del Estado para satisfacerlas depende de sus también mutantes disponibilidades de recursos y capacidad de gestión. Al final, resultan ser letra muerta, salvo en aquellos países socialdemócratas con una carga tributaria elevada y un Estado con gran capacidad de gestión, ambas siendo cuestiones que no se garantizan constitucionalmente.
Estos derechos difusamente garantizados abren el espacio para que cualquier ciudadano judicialice su tema: “Me garantizaron constitucionalmente la salud oportuna y tuve que esperar ocho semanas para una operación de cadera”. No estamos inventando, ya comenzó a ocurrir en Chile con los precios de las Isapres, con 19 mil causas el 2019. Esto podría convertirse en un diluvio de causas judiciales, con los jueces cortando el queque dependiendo de sus gustos políticos… y haciendo quebrar al fisco en la pasada. Hay que tener mucho cuidado con las promesas constitucionales espurias y para la galería. ¿Cuál sería la adecuada redacción de los derechos constitucionales? Trabajo para los constituyentes.
Las primeras requieren de la mayoría de todos los diputados y senadores; las segundas, más restrictivas, requieren de 4/7 de los mismos, es decir, 57% y control obligatorio del Tribunal Constitucional, que pasa así a ser en la práctica una tercera cámara. Es verdad que ellas han permitido la mantención de nuestro “modelito” subsidiario, pues ha sido difícil cambiarlas. Son odiosas.
Pero… ¿significa eso que, de hoy en adelante, todas las leyes serán de mayoría normal, 51% de los asistentes? O sea, ¿una mayoría circunstancial en el Congreso puede eliminar la autonomía del Banco Central y seis meses más tarde otra mayoría se la puede otorgar nuevamente? ¿51% puede derribar a un Presidente o reponer el lucro en la educación escolar? ¿Modificar la Contraloría? ¿Crear nuevas empresas públicas?
En suma, habrá que revisar una por una cada lista de las leyes “de amarre” de Jaime Guzmán, y decidir en el seno de la Constituyente cuáles amarres soltar y cuáles es sensato mantener, así como cuáles autonomías institucionales mantener o implantar constitucionalmente, aparte de la del Banco Central. ¿El INE? ¿El sistema de Alta Dirección Pública? Pega para los constituyentes.
Aclaremos: la actual Constitución respeta la propiedad privada, pero a la vez le da al Estado la posibilidad de expropiar a precio justo. Tanto es así que anualmente el MOP, vía Consejo de Defensa del Estado (CDE), mantiene miles de litigios relacionados con predios expropiados para construir carreteras, caminos o tendidos eléctricos. Por ende, si hay asuntos de utilidad pública (como el agua potable de una ciudad) o interés nacional (como una carretera), este asunto ya está resuelto.
En el caso del agua, lo que parece necesario legislar (no necesariamente a nivel constitucional) son cuestiones tales como el límite temporal a los nuevos derechos de aprovechamiento; las causales de caducidad aplicables para todos los derechos consuntivos y no consuntivos; y mayores facultades administrativas para la reducción temporal del ejercicio del derecho de aprovechamiento (una facultad que la DGA ya detenta en materia de aguas subterráneas). Lo mismo se puede aplicar a los derechos de pesca.
Como puede verse, el tema no es para cortarse las venas sino para avanzar con sensatez.
La situación con el pueblo mapuche y otras etnias, ha sido un verdadero desastre, que se ha venido arrastrando por siglos y que ha recrudecido con violencia periódica, como un cronómetro, cada cierto número de años. En su informe final de recomendaciones, tras el examen rendido por Chile en Ginebra en junio de 2015, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas puso de manifiesto la escasa protección legal que sus derechos tienen a nivel interno, así como los profundos niveles de desigualdad y discriminación que persisten en el país, con especial atención a la situación de los pueblos indígenas. Si no se resuelve constitucionalmente, el grave problema de La Araucanía continuará por otro par de siglos.
Hay países que han sabido resolverlos más dignamente y en paz. Nueva Zelanda, por ejemplo, aunque todavía no libre de conflictos, tiene asientos parlamentarios reservados para su población maorí, y un tribunal especial para resolver conflictos de propiedad. Hay respeto por la lengua y cultura maoríes y la educación respeta su interculturalidad. Posiblemente el caso más avanzado y exitoso sea Canadá, que aun así hasta hoy enfrenta duros problemas. En 1982 el gobierno federal cristalizó los derechos de pueblos aborígenes en la sección 35 de su Constitución. Un par de viajes de estudios no les vendrían mal a los futuros constituyentes.
La discusión sobre este tema tampoco será trivial. Según una encuesta Adimark, un 76% de los chilenos considera que los mapuches (supondremos igual para otros pueblos) deben ser más integrados por el Estado a la sociedad, en lugar de darles más autonomía. En este caso, yo me encuentro en el 24% con la opinión contraria. Cualquier cambio en esta materia requerirá una cuidadosa evaluación, estudios comparativos internacionales, consultas a indígenas y no indígenas, análisis demográficos. ¿Cuántos mapuches hay que ya solo lo son de apellido, con otros dos o tres apellidos no mapuches, y que viven en Santiago o Antofagasta?
Los constituyentes deberán tener el tiempo, espacio y recursos suficientes para proponer salidas sensatas a esta situación, sin eslóganes ni demagogias. Lo esencial es que los constituyentes, o una subcomisión de los mismos, tengan el tiempo suficiente para consultar a especialistas, al Consejo de Loncos, y a otros pueblos originarios, antes de plantear una solución que dure décadas y no un par de semanas.
Hoy existen muchos cerrojos que impiden la creación de nuevas empresas públicas, o la incursión de las existentes en nuevos negocios. No soy de la opinión que el Estado deba llenarse de empresas para darles cabida a muchos pituteros adicionales. Pero hay casos en que las empresas públicas juegan un rol clave en regular los mercados privados.
Por ejemplo, BancoEstado, de manera eficiente, les abre oportunidades de bancarización a ciudadanos de escasos ingresos y a microempresas, que el sector privado no atiende o lo hace a precios escandalosos. ¿Por qué no tener una AFP estatal o una Isapre estatal, que compitan mano a mano con las privadas? ¿No sería mejor que Metro administrara los buses del Transantiago? A mi juicio, esto requiere de algunas precisiones a nivel constitucional. Pega para… constituyentes.
Supuestamente, en Chile hay separación entre las iglesias y el Estado. Hasta por ahí no más. No veo la razón por la cual La Moneda deba tener capellán, ni celebrar TeDeum. Tampoco me quedan claras las exenciones tributarias a iglesias, más allá de las que pueda tener cualquier ONG. No me parece pertinente que pueda haber escuelas públicas con estatuas de la Virgen en su interior.
No me parece que los recursos de la subvención escolar puedan dedicarse a construir iglesias o mantener sacerdotes en las escuelas, salvo que ellos hagan clases de matemáticas, mas no de religión. No acepto que haya currículos escolares católicos, evangélicos o judíos. El currículo nacional debe ser uno solo y lo que se enseñe fuera de horas de clase no es asunto mío ni de nadie más. ¿Libertad de enseñanza religiosa? Sí… fuera de las aulas.
No soy antirreligioso. Creo, simplemente, que el Estado debe ser 100% laico y que la religión debe ser enteramente un asunto de las familias. ¿Pero qué irán a decir los constituyentes sobre este peliagudo tema?
El cambio constitucional imprescindible es aquel del régimen de Gobierno. El país ya no da más con una monarquía presidencial de cuatro años sin reelección y, para peor, con elecciones municipales al medio. Las consecuencias son nefastas:
a) Ningún tema de largo plazo se discute, pues casi todos están pensando únicamente en las inminentes competencias electorales.
b) Muchos parlamentarios, con un rol más bien decorativo, se dedican a decorar la prensa con sus palabras. Mientras más demagógicas y controvertidas, mejor.
c) Aunque un Gobierno tenga 6% de popularidad, esté en crisis y paralizado, el país está condenado a bancárselo por los siguientes dos o tres años.
d) Si un Presidente lo hace muy bien, igual debe irse a los cuatro años y de todas maneras es pato o pata coja el último año.
Los países más integralmente exitosos del mundo son semipresidenciales. Hay un presidente (o rey) como jefe de Estado, y un primer ministro que es jefe del Gobierno. Si su coalición lo hace mal, esta se desarma, el primer ministro se va, y hay llamado a elecciones. Si lo hacen muy bien, pueden durar diez o quince años.
Sin embargo, en este tipo de regímenes los partidos políticos tienen mayor peso en las decisiones y los nuestros claramente han sido poco serios. La solución para Chile es un endurecimiento radical de los requisitos para formar y/o mantener partidos políticos, con una transición pactada hacia un régimen semipresidencial en los siguientes cuatro años. Tema para los constituyentes.
Odioso, ¿verdad? Se las da de Tercera Cámara. Odioso. Pero, ojo, casi todos los países del mundo tienen un TC, o le dan este rol a su Corte Suprema. Un seguro contra arrebatos políticos en el Congreso (fáciles de ocurrir) es la verificación de la constitucionalidad de las leyes que promulgan. El grave error de Chile no ha sido tener TC, sino los livianos y altamente politizados mecanismos para la selección de sus integrantes. Trabajo para los constituyentes.
Por último, quiero destacar que, de la descripción de los dilemas anteriores, queda meridianamente claro que, por mucho que los y las constituyentes sean de derecha, centro o izquierda, lo que necesita Chile es que sean personas de gran sensatez, dispuestas a pensar el país en grande y a largo plazo, libres de consignas baratas. El partido verdadero se jugará en la definición de las reglas del juego, la designación y selección de los candidatos y la elección de los constituyentes.
