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Foto: Lago Peñuelas, región de Valparaíso/ AgenciaUNO
En el Día Mundial del Agua y ante el avance del COVID-19 en el país, que hasta hoy suma 637 casos confirmados según datos del Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Derechos Humanos manifestó su preocupación sobre el estado de provisión de agua potable en diferentes zonas del país. El director de la entidad, Sergio Micco, hizo un llamado a las autoridades a asegurar el elemento para el consumo de todas las personas, con los niveles de higienización pertinentes, que permitan resguardar la salud de los grupos especialmente vulnerables, como son los niños y niñas, los adultos mayores y las personas en situación de pobreza que habitan en campamentos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) señaló que a través de sus sedes regionales pudo conocer el estado de provisión de agua potable en diferentes zonas del país, para saber cómo está llegando el vital elemento a las comunidades del país. Esto en el Día Mundial del Agua y en el contexto del avance del COVID-19.
«El acceso al agua se hace más imprescindible que nunca para frenar la propagación de esta enfermedad, para proteger a toda la población -principalmente a los grupos de riesgo- y para evitar la saturación de los centros de salud», señalaron.
Sergio Micco, director del INDH, manifestó su preocupación por la provisión de agua potable en este difícil momento, y especialmente en las zonas de crisis hídrica, por eso hizo un llamado a las autoridades a asegurar el suministro para el consumo de todas las personas, con los niveles de higienización pertinentes, que permitan resguardar la salud de los grupos especialmente vulnerables, como son los niños y niñas, los adultos mayores y las personas en situación de pobreza que habitan en campamentos”.
La sede regional INDH de Tarapacá consultó a la empresa sanitaria de la región “Aguas del Altiplano” respecto del estado de situación del suministro, desde donde se aseguró la disposición de la empresa de postergar todos los trabajos y proyectos que puedan dificultar el normal funcionamiento del abastecimiento de agua.
El INDH se contactó también con comunidades locales de manera de conocer su situación en este contexto, las que confirmaron una normalidad en su provisión.
La sede regional de Antofagasta tomó contacto con la Gobernación regional, que se comprometió a través del jefe de zona a distribuir agua en los campamentos de la ciudad a través del presupuesto de emergencia constitucional, situación a la cual el INDH le dará seguimiento. En tanto desde la Municipalidad de Calama aseguraron que se dispuso la entrega del vital elemento a través de camiones aljibes. Y desde el municipio de Alto Hospicio indicaron que solicitarán a las Fuerzas Armadas que aseguren la entrega de agua en los campamentos.
La sede regional de Valparaíso se comunicó con el Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), para conocer la actual situación en la región. Denuncian que muchos de los camiones no cumplen con los requisitos del decreto N°41 del Ministerio de Salud (Minsal) que establece la regulación sanitaria para la provisión de agua potable en camiones aljibes.
Valparaíso es una de las zonas más afectadas por la crisis hídrica que enfrenta Chile, especialmente las provincias de Aconcagua y Petorca.
Rodrigo Mundaca, secretario general de Modatima, indicó que “en Petorca hay 2983 personas que reciben 50 litros de agua diarios a través de cambios aljibe, transporte que no cumpliría con los requisitos del Minsal, por lo que es inviable la provisión de agua potable de esta forma, según los estándares de higienización oficiales, lo que propiciaría la expansión de la pandemia del COVID-19”.
En la Región Metropolitana, el INDH conversó con el dirigente social Miguel Salas, del campamento El Sol de la comuna de Lampa, habitado por alrededor 700 familias, el que aseguró que el asentamiento cuenta con tres copas de 7.500 litros cada una, proporcionadas por la Dirección de Desarrollo Comunal y la Dirección de Aseo y Ornato del Municipio, que han repuesto el agua cuando ha sido necesaria. Sin embargo, en Batuco habría campamentos con problemas de acceso al agua, aseguró.
Hace algunos días, el Ministerio de Obras Públicas emitió un nuevo decreto de escasez hídrica en la Región del Maule, que afecta a 279.819 personas, siendo esta la más comprometida desde Coquimbo al sur.
Un caso emblemático es el sector Nirivilo, comuna de San Javier, que está con racionamiento de agua potable rural para el consumo humano, hecho que afecta a 180 familias. Situación similar se vive en la comuna de Vichuquén. Otro hecho que da cuenta de la grave situación en el Maule es lo que ocurre en la cuenca del río Mataquito, que ha disminuido su caudal al porcentaje más bajo en toda su historia (2%), dejándola bajo emergencia agrícola.
Nadia Gutiérrez, jefa regional del INDH del Maule, “instó a las autoridades competentes a que redoblen sus esfuerzos y se comprometan a trabajar en medidas administrativas y legislativas que aseguren el ejercicio efectivo del derecho humano al agua, velando por que el abastecimiento sea suficiente y continuo. También para que el agua para la población sea saludable, aceptable, accesible y asequible”.
Al 31 de diciembre de 2019, el déficit hídrico bordeó un 30% en la Región del Biobío. De acuerdo a la Intendencia regional, 12 mil 700 personas se abastecen a través de camiones aljibes, la mayoría concentrados en la provincia de Biobío, con más del 48%. Dicha situación resulta preocupante porque la distribución del vital elemento queda supeditada a la disponibilidad de su transporte, lo que pudiese generar particulares efectos sanitarios por la pandemia del COVID-19.
Según el presidente de la Asociación de Municipios Cordilleranos del Biobío, Daniel Salamanca, cada persona recibe 50 litros diarios, algo que es insuficiente para la contingencia sanitaria que se está viviendo a nivel global.
En Los Ríos, el INDH dialogó con las empresas Essal y Aguas Décima, que proveen agua potable en la región, las que aseguraron estar prestando servicios con normalidad y que se están tomando medidas para mantener el suministro estable durante la crisis sanitaria. A su vez, se contactó con municipios y comunidades rurales de la costa y la cordillera en la región, las que señalaron que la provisión de agua potable es normal, salvo casos puntuales como el Cerro Pitrén en la comuna de Panguipulli, que ha reportado desabastecimiento por fallas técnicas del agua potable rural.
En la Región de Ñuble, en la provincia del Río Itata, donde se concentra la mayor sequía regional están en una situación normal. Según datos de pobladores, se proveen 60 litros de consumo semanal a través de camiones aljibes.
En las comunas de Chillán, San Carlos, Bulnes, Pinto y Yungay el agua se ha mantenido en su suministro estable, no obstante, su precio es elevado, por lo que Daniel Concha, jefe regional del INDH, instó a las autoridades a “implementar medidas que permitan paliar esta situación, sobre todo tomando en cuenta que el consumo aumentará por motivos de higiene y cuarentena”.
Entre enero y febrero de 2020, se llevó cabo en Temuco y Padre Las Casas, un extendido y masivo proceso de ocupación de terrenos de pobladores en reivindicación al derecho al acceso a una vivienda digna, y en búsqueda de soluciones habitacionales, en las que según el INDH de la Región de La Araucanía habitarían aproximadamente 1.248 familias. De la observación realizada en los diversos campamentos, se constató que actualmente ninguno de ellos cuenta con acceso a agua potable ni a servicios sanitarios.
Federico Aguirre, jefe regional del INDH, sostuvo que en “el contexto de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19 que estamos experimentando, la falta de acceso al agua e higiene es especialmente preocupante, por lo que hacemos un llamado urgente a que la autoridad adopte las medidas para garantizar estos derechos especialmente a grupos vulnerables como ancianos, mujeres embarazadas, y niños y niñas”.
El acceso al agua ha sido una preocupación fundamental para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, consignada en informes anuales, a través de observaciones en terreno a localidades, y en el Mapa de Conflictos Socioambientales del INDH.
Este último es una plataforma digital que consigna 117 casos de vulneraciones territoriales de derechos humanos a lo largo de Chile; en 69 casos figura el derecho al agua afectado en alguno o varios de sus ámbitos, entre ellos el acceso a agua potable, saneamiento, contaminación de aguas, disminución de los cauces, entre otros.
El Mapa establece las principales causas de los conflictos hídricos a lo largo de Chile. Señala que en el norte del país el sector productivo se vincula a la afectación de las cuencas, ya sea por disminución de los caudales y/o contaminación de las aguas es la minería. En el centro, los sectores productivos más invocados son la minería, energía y agropecuario. En el sur es el sector de energía, con su infraestructura hidroeléctrica, que afectaría el derecho al agua, además de los sectores agro y forestal.
