PAÍS
La opción de un rescate financiero a grandes empresas está sobre la mesa en medio de la crisis económica provocada por el coronavirus. Desde la CPC y la Sofofa defienden una política de este tipo. Juan Sutil detalla a El Mostrador que es necesario apoyar a compañías estratégicas como Latam, sin detenerse en la antigua participación de Piñera en la empresa, y Bernardo Larraín Matte plantea que la oposición ciudadana a estas políticas obedece a una mala interpretación, porque no se trata de salvar a accionistas, sino a sectores claves para la economía nacional. Desbordes de RN apoya un posible rescate, pero con condiciones que para el PPD y el PS implican una participación accionaria del fisco y para RD un nuevo pacto tributario a futuro.
“No sabemos qué profundidad puede tener la crisis económica que enfrentaremos. Por eso, no es posible descartar ayudas, salvatajes o incluso estatización de alguna empresa si es estratégica o monopólica. Eso sí, un eventual rescate no puede ser en las condiciones tan generosas como las que recibió la banca en la crisis de los ochenta”, planteó el diputado y presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, frente a un asunto que estará en agenda en las próximas semanas: ¿es posible que el Estado acuda al rescate de grandes empresas?
La petición de rescate económico a las grandes compañías y la puerta que se abrió –no deseada por algunos– para un eventual traspaso accionario al Estado, lo que concretaría una estatización o nacionalización, parcial o total, era completamente impensada hace un par de años, menos aún en una administración como la de Sebastián Piñera, conocido por su amor al libre mercado, en el que construyó su fortuna.
Más lejano parecía este escenario con Cristián Larroulet, un pro Chicago Boys furibundo, como jefe del segundo piso. Pero la pandemia del coronavirus ha trastrocado todo y lo que hasta ayer era un modelo intocable, hoy tiene fisuras que pueden abrir la puerta a que el fisco se convierta en propietario parcial o total de empresas hoy en manos privadas. Esto podría ser en forma indefinida o por un tiempo limitado, dependiendo de las negociaciones y montos involucrados, caso a caso, para los salvatajes.
La propuesta que más resuena, y que deriva de la pública solicitud de ayuda que hizo Latam Airlines, es similar a la que realizó el presidente Donald Trump en Estados Unidos, cuando planteó que el Ejecutivo debía tomar una participación accionaria en las compañías que necesitaran rescate debido a los efectos del coronavirus en la economía.
El domingo, en «Mesa Central», el CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo, insistió en que «tenemos una industria que se detuvo», y en rigor no exagera. Fuentes de la compañía apuntan a un alto costo fijo “insostenible” en las condiciones actuales, que pasan desde el valor de estacionamientos a los gastos en equipos de mecánicos. La firma ya solicitó a sus trabajadores una rebaja del 50% del salario –voluntaria, pero bajo presión, según denuncian funcionarios contactados– y Alvo dejó abierta la puerta a las distintas alternativas de colaboración fiscal: “Hay múltiples maneras de hacerlo. Y si se mira la experiencia de otros países, hay de todo, hay países que están hablando de nacionalización o incorporación de propiedad del Estado en las compañías; hay otros países que han dado créditos, y otros, garantías”.
Para Latam, el problema no es solo por el coronavirus, sino también por el conflicto de interés que genera el que uno de sus principales accionistas –cuando la compañía se llamaba LAN– fuera el actual Presidente de la República, quien incluso fue sancionado en el 2007 por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por 19.470 UF, por una operación mediante la cual adquirió, a través de la sociedad Santa Cecilia S.A., 3 millones de acciones de LAN Airlines S.A., por $9.840 millones, el 24 de julio de 2006. Se les imputó, a él y a los directores Víctor Bezanilla y Juan José Cueto, haber comprado el paquete de acciones con información privilegiada, tras haber estado en conocimiento de los estados financieros, al hacer las adquisiciones antes que el resto del mercado.
Pero más allá de si ello es o no un escollo –dirigentes empresariales acusan oportunismo en esta mirada–, el grito de Latam ha dado pie a todo un debate político.
Para el senador Jaime Quintana, el camino que se abre con la crisis es la nacionalización parcial. “Si se llega a hacer necesario un salvataje público a grandes compañías, necesariamente debe significar que el Estado adquiera una parte de la propiedad de esas empresas, aunque sea de forma transitoria, mientras se recupera la economía. No son tiempos para inyectar recursos gratis a los más altos patrimonios de Chile. Nacionalizar es incorporar al dominio del Estado una unidad productiva o una parte de ella. Es exactamente eso lo que pasaría si se rescata una empresa vía acciones. Los grandes empresarios deben perderle el miedo a la nacionalización”.
Algo similar plantea el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, quien complementa con que “lo que no puede ocurrir es que el Estado termine regalándoles recursos a quienes han tenido utilidades cuantiosas en los últimos años”.
En esta línea, postula que “toda la ayuda del Estado debe estar centrada en las personas, en particular en garantizar las remuneraciones de quienes tienen empleos formales e informales” y que “si hay necesidad de resguardar empresas fundamentales para la economía chilena, el aporte debe ser sobre la base de entrar a la propiedad. Habrá que evaluar si de forma permanente o transitoria. Por tanto, si una empresa necesita ayuda financiera y se considera que esa empresa es importante para la economía chilena, tiene que ser con una contraprestación equivalente al aporte del Estado”.
Fuentes empresariales detallan que el modelo del paquete accionario transitorio no atenta contra la economía de libre mercado y que ha sido usado con éxito en otros países donde posteriormente, cuando las empresas salen a flote, el fisco vende y obtiene ganancias.
Para algunos, como el diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson, hay que amarrar algo más que acciones si se llegan a entregar “puentes de liquidez”. Jackson postula que no es descartable el salvataje, pero que se debe comprometer una mayor carga tributaria una vez que se supere la crisis: “Es importante hacer un esfuerzo fiscal para evitar el despido de trabajadoras y trabajadores de grandes empresas, en especial aquellos empleos de buena calidad y no precarizados. Pero esta ayuda debe estar condicionada a medidas concretas de distribución del poder asociado de dichas empresas y que los recursos fiscales involucrados sean recaudados en el futuro de forma progresiva”.
Jackson agrega que el “nuevo pacto fiscal” implica “un impuesto a los grandes patrimonios, que sería de una vez y con el solo propósito de cubrir parte de la deuda contraída en esta crisis; o un aumento (también transitorio) del impuesto a las utilidades de las grandes empresas, el que solo debería operar una vez que termine la crisis”.
Desde el Gobierno aseguran que aún no hay un diálogo formal sobre estas medidas, pero fuentes del Ejecutivo admiten que es una situación que está siendo observada y que es probable que se intervenga.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, es categórico: la industria aérea requiere soporte y no hay razón, dice, para que el antiguo negocio del Jefe de Estado condicione una posible ayuda: “No tiene ningún asidero. El Presidente vendió su participación en esa compañía hace más de 10 años, cuando asumió su primer mandato. Hoy tienen participación Delta Air Lines, una compañía norteamericana, Qatar Airways, etc. Uno lo que tiene que pensar es si la compañía es o no estratégica y, a juicio mío, por supuesto que lo es. Es un medio de transporte masivo, cuyos pasajes a veces son más baratos que los buses, que es de una utilidad muy importante no solo para el tráfico local, sino también regional. Latam es una empresa regional latinoamericana muy importante y, tanto es así, que las autoridades brasileñas también están tratando de ayudar. Esto lo desvincularía del Presidente. Creo que esa mirada es oportunista”, aduce.
Sutil considera que el “rescate”, “salvataje” o “puente de liquidez” es imprescindible con comunas en cuarentena y el país funcionando a media máquina. Recalca que sectores como el comercio minorista y el turismo –del que dependen más de 400 mil empleos– son prioritarios, pero que también hay “industrias estratégicas” que pueden requerir apoyo fiscal: “Puede haber diversas formas de hacerlo. Una alternativa es que esas empresas que tienen viabilidad y tienen buenos flujos a futuro, puedan recurrir al mercado financiero, de deuda, a los aumentos de capital. El Estado tiene que analizar sus opciones con pragmatismo, sin ideologías de por medio. Hay medidas interesantes. Empresas que pueden emitir bonos convertibles, es decir, con prioridad de pago respecto de otras acreencias, que aquellos que los suscriban lo pueden transformar en acciones a un determinado valor, como ha ocurrido en otras partes del mundo. Eso quiere decir que, si esa industria se recupera, los apoyos del Estado pueden tener a futuro beneficio para el Estado”.
El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, coincide en que es preciso generar una política pública que dé continuidad a ciertas compañías.
“Como Sofofa, creemos que el concepto de ‘rescate a empresas’ no es apropiado. Lo que necesitamos son políticas públicas transversales a través de puentes de liquidez que tengan como propósito fundamental proteger el empleo y la cadena de suministros que está integrada por muchas pymes. El rescatar a una empresa o a sus accionistas no es propio de una política pública”, comenta.
La propuesta de los gremios empresariales ha permeado el ambiente político, aunque genera reticencia en la opinión pública. Según revela la encuesta Cadem, la ciudadanía es hasta ahora contraria a una política de este tipo. El 75% rechaza brindar apoyo financiero, lo que, según Larraín Matte, obedece a una interpretación errada de lo que está en juego.
“Se interpreta como si fuera un rescate a una empresa en particular. Aquí el desafío es procurar que esta crisis –que es muy intensa, dolorosa– sea transitoria. Por eso hablamos de puentes para pasar este valle donde muchas empresas van a tener problemas. La idea es que no descontinúen su operación, mantengan su empleo y, cuando la emergencia pase, vuelvan a competir por sí solas”, argumenta.
Desde la vereda política, la alternativa de que el Estado, de alguna manera, adquiera participación accionaria en una compañía si concurre a su rescate, es la que logra mayor consenso. El líder de la Sofofa estima que, si bien es una alternativa, no es la más deseable. “Hay que ver los instrumentos. El Estado podría exigir garantías, establecer los resguardos para recuperar su préstamo. Eso podría ser eventualmente acciones. El desafío es que eso no ocurra, sino que pueda pagar esa liquidez”.
