Opinión
Cualquiera sea el caso, es un hecho que la situación actual agudiza la urgencia de descontaminar las ciudades. Los planes de prevención y descontaminación (PPDA) son los encargados de esta misión, pero están planteados sobre supuestos que desconocían la existencia de este nuevo virus y en plazos que no son adecuados a la contingencia. Al menos se deberían revisar los análisis de impacto económicos y sociales, para determinar su validez en el nuevo escenario y modificar los PPDA en lo que corresponda.
La crisis por COVID-19 tiene numerosas aristas ambientales. No en vano, la protección del medio ambiente está tan cercana a la protección de la vida y la salud. Nuestra relación destructiva con la naturaleza nos ha puesto nuevamente en una situación de gran riesgo y, a propósito de ello, debemos observar ciertas urgencias.
La sequía permanente, el cambio climático y las fallas de la regulación del agua, son una realidad de la que no nos estamos haciendo cargo adecuadamente. Mientras las modificaciones normativas se han discutido por años en una tensa batalla ideológica, en el mundo más de 1,5 millones de personas no tienen acceso a agua potable o reciben exiguas cantidades mediante camiones aljibe.
Actualmente, las condiciones de higiene se han vuelto una variable prioritaria para evitar la propagación del virus, junto con soluciones gubernamentales de largo plazo en la materia. Por ello, es urgente que toda la población pueda tener acceso al agua. Esto puede abordarse de múltiples maneras en las zonas más vulnerables. Quizás se requiera la liberación de algunos ríos, hacer obras de emergencia o forzar conexiones en ciertas locaciones, mientras que en otras solo podrá aumentarse la cantidad y regularidad en la repartición de camiones. Cualesquiera sean esas soluciones, hay que tomarlas por la vía más eficiente posible.
[cita tipo=»destaque»] Es el momento perfecto y necesario para cambiar el rumbo de la economía, mediante una reactivación sustentable y ecológica. Seguir en el modelo extractivo que nos tiene en medio de una crisis climática y una pandemia, no puede ser aceptable. Así, al menos se esperaría que el mayor gasto del Estado estuviera puesto en actividades que contribuyan en ese camino, condicionando los salvatajes y créditos hacia un mejoramiento de los escenarios ambientales, laborales y sociales. De ninguna manera deben aceptarse los discursos que querrán disminuir las salvaguardas ambientales y sociales con el pretexto de acelerar la inversión.[/cita]
Los expertos han repetido hasta el cansancio que el mayor riesgo por COVID-19 en Chile se presentará en invierno. Parte de eso tiene que ver con las enfermedades estacionales y otros factores. A esto se suma la contaminación atmosférica, pues las concentraciones de material particulado (MP) 2,5 y 10 generan patologías respiratorias, empeorando la situación de la población de riesgo y generando mayor presión sobre la red asistencial.
Adicionalmente, mientras hay ciencia suficiente, nuevos estudios sugieren que el virus podría transmitirse por el aire conjuntamente con el MP, por lo que la polución de las ciudades también tendría efectos en su propagación.
Cualquiera sea el caso, es un hecho que la situación actual agudiza la urgencia de descontaminar las ciudades. Los planes de prevención y descontaminación (PPDA) son los encargados de esta misión, pero están planteados sobre supuestos que desconocían la existencia de este nuevo virus y en plazos que no son adecuados a la contingencia. Al menos se deberían revisar los análisis de impacto económicos y sociales, para determinar su validez en el nuevo escenario y modificar los PPDA en lo que corresponda.
Quizás no haya suficiente tiempo para llevar a cabo todo este procedimiento, pero el Ministerio de Medio Ambiente y los demás organismos encargados de los PPDA, pueden acelerar parte de sus medidas y avanzar con otras análogas, aunque estén fuera de los planes actuales.
Esto debe darse sin dudas en las zonas de sacrificio, donde el riesgo de enfermedades respiratorias y otras similares es considerablemente mayor y la capacidad hospitalaria está permanentemente en duda. En esas locaciones, urge acelerar el fin de la era del carbón, sin perder de vista otras fuentes contaminantes que requieran medidas especiales en este momento.
En otras zonas del país, el riesgo más masivo está en la leña y la falta de aislamiento de los hogares. La mantención de una salud adecuada requiere de una calefacción apropiada, pero no es posible permitir los niveles de contaminación habituales del centro-sur de Chile, sin que se produzca un colapso. Existen dos medidas que pueden tomarse de inmediato. Primero, acelerar el recambio de calefactores, entregándolos gratis en algunos sectores y teniendo en cuenta que subsidiar la energía será necesario. En segundo lugar, la certificación y fiscalización del uso de leña. La prohibición de este elemento, junto con acelerar su certificación, son pasos que debieran tomarse desde ya. Además, los cordones sanitarios podrían controlar este tipo de carga y generar un cambio inmediato de una conducta que ya no es tolerable.
Mejorar la falta de aislamiento en hogares puede significar beneficios sociales muy importantes en el mediano plazo. Es posible que no pueda realizarse de manera inmediata, dadas las restricciones propias de la pandemia, pero incentivarlo una vez que termine esta temporada sería una forma de estimular el empleo en el sector de la construcción, propendiendo a una reactivación sustentable de la economía y mejorando las condiciones no solo para soportar este virus, sino la calidad de vida en general.
Esto nos lleva al último punto. Es el momento perfecto y necesario para cambiar el rumbo de la economía, mediante una reactivación sustentable y ecológica. Seguir en el modelo extractivo que nos tiene en medio de una crisis climática y una pandemia, no puede ser aceptable. Así, al menos se esperaría que el mayor gasto del Estado estuviera puesto en actividades que contribuyan en ese camino, condicionando los salvatajes y créditos hacia un mejoramiento de los escenarios ambientales, laborales y sociales. De ninguna manera deben aceptarse los discursos que querrán disminuir las salvaguardas ambientales y sociales con el pretexto de acelerar la inversión.
Varias de las medidas que acá se proponen deberían tomarse de manera inmediata y con regulaciones posibles de realizar en el marco del Estado de Catástrofe, la emergencia sanitaria y en uso de presupuesto extraordinario. Requerirán esfuerzo local de coordinación con las comunidades y cierta flexibilidad en su aplicación, mientras se delinean regulaciones de largo plazo que las mantengan.
Entre las cosas que podemos terminar aprendiendo de esta crisis, está el valor y la necesidad del cuidado. El cuidado de la vida, la salud y el medio ambiente que, en este caso, requiere de medidas extraordinarias.
