Fractura en el TC: presidenta del tribunal saca los trapos sucios a la luz pública

Debido a las polémicas que ha protagonizado el Tribunal Constitucional (TC) a lo largo de su existencia, hay quienes han planteado, como el senador Alejandro Guillier en 2017 o un grupo de senadores de la DC en 2019, reformar el tribunal o derechamente eliminarlo debido a su «enclave antidemocrático».

Frente a esta idea la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, justificó el desprestigio que posee la entidad ante la ciudadanía, acusando falta del cumplimiento de su rol de manera oportuna y de calidad. «Yo creo que el desprestigio del TC se ha debido básicamente a los malos resultados del TC en el cumplimiento de sus funciones», dijo la abogada en entrevista con La Tercera.

«Me parece que el TC de un tribunal boutique que veía 150 causas en un año, se transformó en un tribunal masivo y no supo adaptarse. ¿Qué produjo eso? Un gran atochamiento de causas, mucha demora no solamente en la tramitación, en la dictación de sentencias, suspensión de causas base y eso generó todo tipo de dificultades. Ahí se empieza a cuestionar a un órgano que no cumple sus funciones», explicó Brahm al matutino.

La exjefa de asesores del Presidente Piñera en su primer mandato asegura que el país tiene todo el derecho de querer hacer modificaciones en cuanto al número de ministros, su preparación académica, la forma de designación, pero para ella es necesario la existencia de un TC.

La demora en los trámites del TC ha sido una constante crítica de parte de sus detractores, sobre todo en casos de Derechos Humanos. Este tema fue abordado por el propio expresidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, quien en marzo de 2019, durante la cuenta pública número 101 del máximo tribunal, indicó que «25 causas de DD.HH. se encontraban o fueron suspendidas con ocasión de acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de leyes eventualmente decisorias».

«Estoy totalmente de acuerdo con esa crítica del Poder Judicial», dijo Brahm argumentando que hubo varios años anteriores a que ella asumiera la presidencia del TC en que se produjo una tramitación muy lenta de las causas.

«Cuando llegué a la presidencia había causas que llevaban más de ocho meses en que no había pasado nada con ellas, estaban en una especie de limbo. Estaban listas y no se veían. Eso produjo mucho malestar no solamente entre las partes, sino que también en los tribunales, porque cuando un requerimiento entra al TC se produce la mayoría de las veces la suspensión de la causa de base», dijo María Luisa Brahm agregando, a modo de ejemplo, que una vez le tocó leer un contrato en que un abogado cobraba a su cliente «por el tiempo que le tenía suspendida su causa en el TC».

Consultada por si hay situaciones de corrupción al interior del TC, Brahm apunta a la «excesiva demora» en la vista de las causas empezó a generar un «negocio» de búsqueda de tiempo para dilatar juicios y eso pasaba porque en el tribunal encontraban tiempo. «Sí lo encontraban. Era propicio para eso», comentó recalcando que quien decide y propone qué causa se ve en el pleno es el presidente del tribunal. En este caso, el expresidente de la corte, Iván Aróstica.

«Yo creo que él (Aróstica) proponía pocas causas, había pocas sesiones de pleno que no eran acordes al nivel de atraso que teníamos. Se acumulaban causas y no se gestionaba internamente y eso permitió que el TC fuera ocupado de forma instrumental para suspender juicios», explicó la presidenta del TC con la tesis de que esta situación afecta también al Poder Judicial, y de ahí la crítica del presidente de la Suprema.

Los dichos de María Luisa Brahm, que está en el cargo hace casi ocho meses, se dan en medio de la pandemia de coronavirus y luego de que esta semana le tocara liderar una tramitación exprés sin precedentes, que le permitirá al gobierno sacar de las cárceles a miles de presos mediante la Ley de Indulto Conmutativo, entre ellos, mujeres embarazadas y con hijos pequeños.

Tiempo récord del TC que, sin embargo, generó un quiebre entre el TC y el oficialismo tras la votación y rechazo al requerimiento de gran parte de los parlamentarios de Chile Vamos que acusaron discriminación por no incluir a los presos de Punta Peuco en la legislación promulgada por La Moneda.

«La idea del TC siempre fue tramitarlo en el menor tiempo posible. Fijamos un itinerario que era claro: el día 13 eran las audiencias públicas, luego la vista de la causa, los alegatos e íbamos a tratar de sacar la sentencia ese mismo lunes o a más tardar el martes». «Había que actuar con sentido de urgencia, había muchas vidas en riesgo», dice la abogada al defenderse de los roces internos que este proceso provocó en el organismo.