La performance benefactora del sector empresarial, con los 80 mil millones de la CPC o el millón de mascarillas donadas por la familia Luksic, tiene también otra cara: empresarios de la talla de Horst Paulmann o la familia Calderón, ya anunciaron a sus trabajadores que sus respectivas cadenas de tiendas, París y Ripley, se acogerían a la Ley de Protección al Empleo para sortear las pérdidas económicas derivadas de la pandemia; la presión a La Moneda para «normalizar» la actividad económica; las «arrancadas en helicóptero» o la temprana solicitud de «salvataje» que hizo Latam al Gobierno. Los protagonistas de la cima de la pirámide social aún no tienen claro –coincidieron en señalar analistas– qué alma van a privilegiar durante esta crisis sanitaria.
Ya venía cuestionada previamente por varios casos de colusión y las ilegalidades en el financiamiento de la política, pero es desde el estallido social de octubre del año pasado que la elite política, económica y empresarial del país está bajo el escrutinio ciudadano. Hoy, en plena pandemia mundial del coronavirus y sus inevitables efectos negativos en la economía, aún no se vislumbra con claridad cuál es el papel que pretende jugar en este complejo escenario: usar sus poderosas espaldas para sostener al resto del país o velar, una vez más, solo por sus privilegios, desconectada de la realidad y priorizando el argumento ya conocido: que la economía no puede parar.
Por eso es que han surgido dudas respecto a si existe una presión de los grandes grupos económicos para retomar las actividades, aunque ello implique poner en riesgo a miles de trabajadores.
En Semana Santa la discusión pública fue hilarante, parecía sacada de una de esas teleseries centroamericanas donde se hace ostentación del lujo, con helicópteros, magnates y balnearios exclusivos. Pero no se trataba de un mal guión de novela, sino de lo sucedido en plena crisis sanitaria, cuando algunos representantes de esa cuestionada elite optaron por saltarse cuarentenas y cordones sanitarios para disfrutar unos días frente al mar.
El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, dijo que recibió denuncias de helicópteros que habían salido de Santiago hacia Zapallar y el alcalde de Santiago, Felipe Alesandri, los bautizó como «pelotudos con hélice», mientras el exsocio de Celfin Capital (hoy BTG), Jorge Errázuriz –quien también ha tenido historia política con Ciudadanos– peleó acalorada y virtualmente con quienes acusaron a su vecino, José Manuel Urenda (cabeza del clan naviero), de haber llegado en helicóptero a la costa, insistió en que el helicóptero de su vecino no estaba estacionado allá y sacó a colación la opción de cuarentena en segunda vivienda, acogiéndose a indicaciones legales.
Días después el propio Urenda –hijo del exsenador UDI Beltrán Urenda– reconoció que sí había ido a la playa, pero insistió en que no había cometido falta. Poco le sirvió, para sortear la ola de críticas, el hecho de que días antes del episodio del helicóptero hubiese aparecido en las páginas de los diarios de la Quinta Región, manifestando su intención de facilitar el terminal de cruceros VTP para un hospital de campaña.
No fue el único. También circuló el nombre de Cristóbal Kaufmann como otro empresario que optó por el transporte aéreo para sortear el cordón sanitario. Apareció ayer a todo color en La Tercera PM, posando junto al helicóptero y afirmando –en un tono con olor a justificación– que en estos días «funar a un empresario es una cosa normal en redes sociales».
[cita tipo=»destaque»]El economista y académico de la FEN, Óscar Landerretche, dijo que en estas crisis se genera una vorágine de declaraciones, que muchas de ellas son «buenismos» que hablan de más generosidad de parte de los grupos de poder, pero que el punto está en que no sean solo palabras de buena crianza: “La elite tiene que decidir si va a apostar por la viabilidad del país”. Puso el foco en que más importante todavía es dilucidar cómo se comportarán los grupos de poder, los empresarios, y su capacidad de inclinar la balanza hacia un control racional de la crisis y no hacia una defensa irrestricta del modelo, porque “quedará escrito en los libros y van a ser juzgados por ello”.[/cita]
Pero los helicópteros no fueron el verdadero escándalo al interior de la elite. Hubo uno que pasó inadvertido entre cifras de contagios de COVID-19 y cuarentenas. Después de haber trascurrido casi una década, la Corte Suprema sancionó a los supermercados por haberse coludido para subir el precio de la carne de pollo, la más consumida del país: la multa superó en 120% lo ya sentenciado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).
Ante dicha sanción, en círculos empresariales se habló de la “antigüedad” del delito, que muchas prácticas en su época se consideraban razonables o se justificaban livianamente, pero que hoy hay mucha más claridad acerca de la relevancia de la libre competencia para un buen funcionamiento de la economía. «Tampoco ya hay espacio ni aceptación para prácticas matonescas como la colusión del tissue, en que el dominante le impone sus condiciones al entrante o competidor pequeño. Por décadas se comentaba la prepotencia de algunos grandes y cómo manipulaban los mercados con su poder. Hoy casi no queda espacio para eso”, precisó un director de empresas.
A pesar de esa nueva lógica empresarial, igual no hubo manifestación sustantiva alguna de la Sofofa o de la CPC sobre el episodio. Pero sí hubo tiempo y difusión para la recaudación de fondos privados más grande que se haya registrado y que protagonizó el nuevo líder de los empresarios, Juan Sutil: más de 80 mil millones para aportar a la crisis sanitaria, a utilizarse –entre otros fines– para adquirir ventiladores mecánicos e insumos de primera necesidad, como mascarillas. Este esfuerzo empresarial ha implicado una coordinación con el Ministerio de Salud para la entrega de recursos y el apoyo a investigaciones científicas para la lucha contra el coronavirus.
La familia Luksic movió rápidamente sus hilos y colocó a disposición un millón de mascarillas para apoyar la emergencia. Sin problemas logísticos ni mayores restricciones, las importó de China, donde los Luksic parecen tener más contactos que el propio Gobierno. No por nada, Andrónico siempre ha sido elenco estable de las delegaciones oficiales al gigante asiático.
Esta performance benefactora del sector empresarial tiene otra cara, otros «ingredientes» que hay que considerar. Está la temprana petición de ayuda al Gobierno por parte de Latam –compañía de la cual el Presidente Sebastián Piñera fue socio, manteniendo una estrecha amistad con sus actuales controladores, la familia Cueto–, y que empresarios de la talla de Horst Paulmann o la familia Calderón ya han anunciado a sus trabajadores que sus respectivas cadenas de tiendas, París y Ripley, se acogerían a la Ley de Protección al Empleo, para sortear las pérdidas económicas derivadas de la pandemia.
El economista y académico de la FEN, Óscar Landerretche, dijo que en estas crisis se genera una vorágine de declaraciones, que muchas de ellas son «buenismos» que hablan de más generosidad de parte de los grupos de poder, pero que el punto está en que no sean solo palabras de buena crianza: “La elite tiene que decidir si va a apostar por la viabilidad del país”. Puso el foco en que más importante todavía es dilucidar cómo se comportarán los grupos de poder, los empresarios, y su capacidad de inclinar la balanza hacia un control racional de la crisis y no una hacia defensa irrestricta del modelo, porque “quedará escrito en los libros y van a ser juzgados por ello”.
El analista y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central, Marco Moreno, sostuvo que el Gobierno se encuentra en la encrucijada de controlar la emergencia sanitaria y permitir un desempeño razonable de la economía, en circunstancias que –a su juicio– las elites empresariales no están tan disponibles a renunciar a lo que consideran sus legítimas utilidades. “Entienden que estos momentos de crisis son una oportunidad para instalar sus propias agendas, demandas e intereses. El Gobierno está con poco margen, porque ha defendido de algún modo esos intereses. Lo que hemos visto en las últimas actuaciones de las elites empresariales es lo que algunos denominan ‘capitalismo del desastre’, que expresa cómo las grandes empresas ven en la crisis una oportunidad para beneficiarse directamente”, sentenció.
Para Moreno, las elites económicas y empresariales se están moviendo bajo esta lógica de maximización de beneficios. Es lo que Naomi Klein llama acertadamente la “doctrina del shock”, que termina enriqueciendo únicamente a las elites y profundizando las desigualdades.
Axel Kaiser, de la Fundación para el Progreso –el think tank del empresario Nicolás Ibáñez–, analizó el tema en una columna en el Diario Financiero. “¿Qué se puede decir, a la luz de todo esto, sobre el escándalo de quienes viajaron en helicóptero a Zapallar? Lo primero que resulta obvio es que fue un descriterio que habla mal del compromiso cívico e inteligencia de esos pocos que, violando la ley, realizaron el viaje. Lo segundo es que hay una hipocresía gigantesca de quienes los atacaron de manera tan venenosa, pues obviamente hay miles de chilenos sin helicóptero ni casa en Zapallar que han violado las cuarentenas, exponiendo incluso a más gente al virus. Pero eso a nadie le importa. Y es que, como vivimos en un ambiente que hace tiempo viene cargándose de odio social, los descriteriados dueños de helicópteros se convirtieron en otro símbolo más para el ataque de los profetas del resentimiento contra una clase entera. El problema acá es, entonces, no solo la estupidez cometida por los sujetos en cuestión, sino su estatus social y la rabia que genera en muchos su descaro en ese contexto».
Añadió en su columna una pregunta que él mismo se respondió a renglón seguido: “¿Acaso hay muchas personas en Chile que no desearían tener un helicóptero y una casa en Zapallar? La promesa del socialismo fue siempre que el nivel de vida capitalista lo tendrían todos –’fluirán a chorro lleno los manantiales de riqueza colectiva, prometió Marx–, pero sabemos que eso era un pretexto para hacer la revolución y reservar esos lujos, ahora sí, para una ínfima y nueva elite. Esta nueva elite, a diferencia de los capitalistas, no los conseguía por sus habilidades para crear valor para otros, sino para matar a sus oponentes y utilizar a los tontos útiles que creían su cuento, como bien lo refleja la novela Rebelión en la granja, de Orwell”.
Kaiser finalizó con la obligación que tiene hoy la elite de dar el ejemplo y que de su claro compromiso cívico depende el destino de una nación, no solamente de su capacidad para crear riqueza: “Si quienes ocupan la cima de la pirámide social se comportan como nuevos ricos simplones, incapaces de entender el mundo en que viven, entonces no solo merecen una recriminación por no estar a la altura moral de su posición, sino que alimentan, ellos mismos, el monstruo al que más le temen: la revolución”.
En Quilpué las personas hicieron largas filas para entrar al único mall del país que abrió sus puertas en plena crisis sanitaria. Fueron a sacar dinero o al supermercado o a ver “qué está abierto”, todo en medio del nuevo mantra que instaló el Presidente Piñera desde este fin de semana: la “nueva normalidad”. La decisión, que generó muchas críticas por el riesgo de contagio que implicaba, duró poco y ya ayer en la tarde se anunció que el centro comercial cerraba sus puertas nuevamente.
Mientras el Gobierno, de la mano del Banco Central, ha desplegado esfuerzos por tratar de mantener viva la actividad económica, el debate ya se instaló entre los expertos y el mundo privado sobre cuándo es el mejor momento y de qué forma se deberá retornar a niveles «normales» de funcionamiento.
A fines de marzo, uno de los primeros en alzar la voz fue Juan Sutil: “La gente es muy liviana a veces en decir ‘hay que aplicar cuarentena total’, pero si paralizas este país, créeme que si lo paralizamos, pasamos a ser quizás el país más pobre de Latinoamérica nuevamente. No puede ser eso”.
Con el correr de los días, la discusión se fue agudizando. El 7 de abril, el socio de LarrainVial, José Manuel Silva, se tuvo que deshacer en explicaciones luego señalar, en una entrevista a Pulso, que “recién partiendo, es ok, asumamos que logramos controlar la pandemia y ganamos tiempo para que llegue la vacuna, pero no podemos seguir parando la economía y por lo tanto tenemos que tomar riesgos, y esos riesgos significan que va a morir gente”.
Lo que Silva quiso decir estaba en la línea del debate planteado por Martin Wolff, de cómo se retomaría la recuperación económica y qué costos tendría ello, pero sus palabras reafirmaron esa sensación generalizada en parte de la población, en cuanto a que los empresarios se van a salvar ellos y sus compañías, a todo evento.
El gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), Carlos Soublette –en entrevista con Emol– se explayó sobre cómo la actividad puede retomarse, bajo qué criterios e instrucciones, y concluyó que “tenemos que ser capaces de ver si vamos a poder funcionar en los próximos meses y quizás años (…). En ese contexto, no podemos matar toda la actividad económica por salvar las vidas, porque después vamos a estar lamentando que la gente se muera de hambre. Es muy complejo y yo sé que nadie va a decir lo contrario: hay que poner la salud delante de la economía, pero la economía también trae salud y una economía destruida también va a traer problemas de salud muy profundos». Igualmente debió salir después a aclarar sus dichos.
Ante estos episodios, el analista Marco Moreno fue categórico en su análisis: “El postureo pro solidaridad y a favor de las ayudas para mitigar la crisis sanitaria y su correlato en muertes, es al final una estrategia comunicacional para beneficiarse directamente de la crisis. La economía es un medio para enfrentar la crisis y no un fin en sí mismo. No corresponde desde un punto de vista ético el debate entre economía y la salud. Hacerlo equivale más a un chantaje propio de la ‘doctrina del shock’”.