Opinión
No debemos pensar en el agua solo en relación al crecimiento, utilidades y en el mercado de hoy respecto a la exportación de frutas y paltas, debemos mirar más allá, realizando una política pública verdadera, de largo plazo, participativa, con profundo sustento técnico y científico, y que se amolde a la necesidad y demandas de los territorios en crisis hídrica, previniendo además que nuevos territorios entren en dicha crisis. Una fórmula holística debiera considerar un equilibrio, donde se comience con políticas de eficiencia hídrica domiciliaria y en la industria, elevando los estándares de información pública, correcta gestión y administración del recurso, implementación de tecnologías y por qué no, una profunda reforma a la actual legislación, que priorice y pueda expropiar aquellos derechos de aprovechamiento de aguas necesarios para el uso humano, agricultura de menor impacto y necesidades ecosistémicas, por sobre el uso de la agricultura intensiva.
Hace algunas semanas circuló por distintos medios la invitación a participar de una encuesta digital proveniente de la Mesa del Agua, que lidera el Gobierno, consultando sobre prioridades ciudadanas evidentemente predefinidas, para una Política Hídrica de largo plazo. Nos comenzábamos a preguntar entre colegas ¿Qué es, y qué busca la Mesa del Agua?
Las alarmas sobre la escasez de agua y crisis hídrica en el territorio nacional fue sin duda uno de los protagonistas de las noticias ambientales durante la década pasada (2010-2019), y los principales afectados son territorios y comunidades rurales donde existe disponibilidad de agua pero es priorizada para cultivo agrícola intensivo y otros usos que no incluyen la bebida humana. Esta problemática se acentuará en la década que estamos comenzando.
El modelo actual de administración del agua, construido en base a la Constitución de 1980 y al Código de Aguas de 1981, permite la existencia de un mercado de aguas como sistema de administración y uso del recurso. Esto ha favorecido la concentración de la propiedad del agua en grandes corporaciones privadas, principalmente de los rubros de generación eléctrica y producción agroindustrial.
Este esquema ha contribuido, junto al modelo extractivista, a la desregulación, sobre uso y privatización de los recursos naturales y el territorio, contribuyendo a que en Chile, en contexto de cambio climático, el 76% de su superficie se encuentre con algún grado de sequía, desertificación o degradación del suelo. Este diagnóstico y otros sectoriales, recomiendan hacerse cargo de la grave crisis que afecta sobre todo a los territorios rurales, a través cambios profundos, reconociendo el agua como un bien común y no un bien de mercado, mejorando la información sobre cantidad y calidad de aguas en las cuencas hidrográficas, enfocándose en soluciones basadas en la naturaleza, y en la gobernanza local, entre otras.
Imágenes aéreas del Lago Peñuelas, Región de Valparaiso, a la izquierda, y Laguna de Aculeo, Región Metropolitana, a la derecha. Autores: German Weber (derecha) y Bastián Oñate (izquierda)
En este contexto, en octubre de 2019, el Presidente Piñera formó una Mesa del Agua para “diagnosticar la situación nacional, proponer lineamientos de una política hídrica de largo plazo que incluya infraestructura y propuestas de gestión, y definir principios básicos del marco legal e institucional”. Esta Mesa es liderada por el Ministerio de Obras Públicas, y reunió en las 10 primeras sesiones realizadas, a representantes de cinco Ministerios (Agricultura, Obras Públicas, Energía, Medio Ambiente y Ciencia y Tecnología), parlamentarios, y representantes de gremios empresariales, y sociedad civil.
Al revisar en detalle la composición de la misma, y el registro de asistencia a través de las actas disponibles en su página web, se da cuenta de la sobre-representatividad y alta asistencia de los gremios productivo-empresariales, así como los evidentes conflictos de interés de alguno de sus miembros, que participan del mercado del aguas a través de la titularidad de derechos de aprovechamiento de aguas, y otros miembros que durante el 2019 han manifestado públicamente su intención y promoción de mantener el actual modelo de administración sin cambios sustanciales, pagando insertos en diarios de circulación nacional llamando a rechazar proyectos de ley de reforma al código de aguas.
Resumen de composición y asistencia de la Mesa del Agua. Fuente: Elaboración propia en base a actas disponibles en página web de la Mesa del Agua del Ministerio de Obras Públicas.
Adicionalmente, la representatividad de los diversos actores y territorios en la Mesa del Agua, es igualmente cuestionable. Su composición carece de organizaciones de la sociedad civil que trabajen, por ejemplo, en temas vinculados al agua y al bienestar social y ambiental, y no tiene representación paritaria en cuanto a género. También hay bajísima incorporación de organismos técnico-científicos que generen diagnósticos y propuestas territoriales, siendo este espacio monopolizado por Fundación Chile, careciendo de Universidades o centros de investigación. Por otra parte, los representantes regionales son escasos, y solo se manifiesta por parlamentarios, quienes registran porcentajes de asistencia bajísimos, promediando todo el bloque parlamentarios un cuestionable 34% de asistencia (tabla adjunta). Además, la proporción de sus integrantes, en ningún caso paritaria de genero.
A pesar de que expertos de Fundación Chile e investigadores de diversas Universidades expusieron en las sesiones de la Mesa la grave situación de gestión y disponibilidad de agua en los territorios, los acuerdos registrados en actas dan cuenta de una brecha considerable entre la gravedad y profundidad de los diagnósticos realizados, con el foco, altura, y complejidad de las discusiones y acuerdos.
Fotografía aérea de cultivos intensivos de palto y contraste con Bosque Espinoso Mediterráneo de Interior de Acacia caven y Prosopis tamarugo, cercana a Curacaví. Autor: Germán Weber
En puntos registrados en acta, se indica la siguiente reflexión preocupantemente reduccionista, donde se define que para enfrentar el desbalance hidrológico crónico que vive el país, una alternativa es trasladar agua hacia el norte, o mover la agricultura intensiva hacia el sur. Se le otorga así, la calificación de “agua ociosa”, a aquella porción de agua en las cuencas hidrográficas que es depositada en el mar siguiendo el vital ciclo del agua y de los nutrientes que se mueven de cordillera a mar, sin ser aprovechada económicamente, lo que según algunos permitiría darle otro uso, transportando el agua, o bien, moviendo las zonas agrícolas. Calificación, que denota la falta de entendimiento sobre los complejos sistemas que condicionan y sustentan la vida.
En el mismo sentido, no se registran acuerdos en las actas respecto a la necesidad de transformar el modelo de gestión del agua en Chile y su regulación. Esta escasa visión y desinterés en cambios de fondo, se ha manifestado, entre otras cosas, en la encuesta del agua publicada por la Mesa en el sitio web del Ministerio de Obras Públicas (durante marzo y principios de abril), ampliamente criticada por múltiples organizaciones de la sociedad civil.
Esta encuesta no considera el impacto de la privatización del agua y el sobre uso por parte de las empresas, mencionando a la ligera soluciones a la crisis hídrica popularmente aceptadas y técnicamente correctas, como por ejemplo implementar sistemas gobernanza en torno a cuencas hidrográficas, y establecer la garantía del derecho al consumo humano de agua, en un claro intento de “desvío de atención”.
La indignación de quienes que se percataron de la miopía de la Mesa en la formulación de la encuesta, particularmente incomprensible en un momento donde el agua es uno de los principales temas país, al parecer terminaron con la eliminación de la encuesta en la web, aludiéndose “dificultades técnicas en la plataforma de la Consulta Digital del Agua”. La abolición de la Mesa de agua, o un cambio radical de foco y composición, se hace evidente y necesario.
Es durante las últimas sesiones de enero de este año, cuando la Mesa acuerda realizar consultas ciudadanas para dar validez a la elaboración de la Política Hídrica. Se define también que quedarán excluidas de motivo de consulta ciudadana los temas relativos a Institucionalidad Pública y el Plan de Infraestructura, que se trabajarán en Mesas técnicas internas. Esto manifiesta el énfasis para blindar una propuesta de Política Hídrica nacional, sometiéndola a consulta no vinculante y solo en algunos tópicos. Por ejemplo, infraestructura -como embalses y desalinización de agua de mar- no son integrados a la consulta, y claramente son obras necesarias de consultar, estudiar y evaluar en una política de agua, y en escenario de escasez, pero con la salvedad que deben ser incluidos y analizados con consideraciones sociales, ambientales y ecosistémicas de largo plazo.
También se desprende de la Mesa, la presunción de que existen excedentes en cuencas del sur que permiten el trasvase de agua entre cuencas (trasladar agua del sur hacia el norte). Esto se hace patente en el impulso que Fundación Reguemos Chile, y el actual Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Juan Sutil, han dado a la llamada “Carretera Hídrica”, a pesar de claros ejemplos internacionales (por ejemplo las obras de Trasvase Tajo-Segura), que indican que, lo que pareciera ser una solución, termina siendo un desastre ecológico y social para los territorios donde algunos aseguran erróneamente que el agua sobra, o se pierde en el mar. En diagnósticos de Fundación Chile, definen que obras de este tipo, son el tipo de infraestructura más costosa y menos efectiva en situación de crisis hídrica.
No debemos pensar solo en crecimiento, utilidades y en el mercado de hoy respecto a la exportación de frutas y paltas, debemos mirar más allá, realizando una política pública verdadera, de largo plazo, participativa, con profundo sustento técnico y científico, y que se amolde a la necesidad y demandas de los territorios en crisis hídrica, previniendo además que nuevos territorios entren en dicha crisis.
Por lo demás, estos territorios de donde se propone “captar el agua”, serán en un muy corto plazo los lugares donde actualmente se está desarrollando, y se seguirá ampliando la agricultura, la que avanza a tranco fuerte hacia la región de La Araucanía y Los Ríos. Por tanto, ¿Queremos ir secando nuestro futuro? ¿le hemos preguntado a los agricultores y ganaderos de estas regiones qué les parece que se lleven el agua que en 10 años va a escasear?
Una fórmula holística debiera considerar un equilibrio, donde se comience con políticas de eficiencia hídrica domiciliaria y en la industria, elevando los estándares de información pública, correcta gestión y administración del recurso, implementación de tecnologías y por qué no, una profunda reforma a la actual legislación, que priorice y pueda expropiar aquellos derechos de aprovechamiento de aguas necesarios para el uso humano, agricultura de menor impacto (familiar/campesina/agroecológica) y necesidades ecosistémicas, por sobre el uso de la agricultura intensiva, que por lo demás es principalmente de exportación, y de obras hidroeléctricas que pueden alterar cauces y caudales significativamente.
Valle del Frances, Parque Nacional Torres del Paine. Autor: Hadelberth Machmar
Esperamos que nuevas instancias vengan a dar una mirada más amplia, contingente y enfocada en el futuro, donde el bienestar de las personas y los ecosistemas, y la adaptación y mitigación al cambio climático sean las banderas, no así la intervención irracional de los ecosistemas y los territorios, y que finalmente se lleven a la práctica. Lo anterior toma enorme relevancia en un contexto en que se plantea redactar una nueva Constitución Política, donde procesos de análisis colectivo y construcción de propuestas social y ambientalmente regenerativas se hacen necesarias para empoderar y nutrir a los delegados constituyentes que sean elegidos para el proceso.
En este sentido, hace un mes Fundación Chile, Fundación Futuro Latinoamericano y Fundación Avina lanzaron el Comité Consultivo para Escenarios Hídricos 2030, instancia inclusiva a varios sectores, que se propone entregar al cabo de 18 meses, a partir de marzo de este año, una propuesta para una nueva institucionalidad del agua en Chile e insumos para una nueva Política Hídrica, así como planes piloto de gestión integrada de cuencas para la cuenca del Río Maipo y la cuenca del Río Maule. Desde Fundación Plantae estaremos atentos a este proceso, e invitamos a la ciudadanía a mantenerse alerta a lo que ocurre en nuestros territorios, nuestras aguas, y los procesos políticos y legislativos que inciden en estos.
Agua es vida.
