PAÍS
Crédito: Agencia Uno
Desde las primeras semanas que el país se enfrentó a la pandemia, se instalaron las dudas públicas respecto a la veracidad de las cifras sobre el avance del COVID-19 que entrega el Gobierno. Los fundamentos de las cuarentenas dinámicas, las críticas de expertos a la resistencia de las autoridades a escuchar opiniones distintas, las inconsistencias detectadas en los reportes oficiales, como lo hizo notar dos veces Espacio Público, y las críticas de organismos como el Consejo para la Transparencia sobre la poca proactividad de Palacio en este aspecto, constituyen la base de la desconfianza y del duro escrutinio que se hace de cualquier paso que da el Mandatario.
El 3 de marzo el Ministerio de Salud informó sobre el primer caso de COVID-19 en el país. Se trataba de un médico que había viajado por Europa y el sudeste asiático. Cincuenta y seis días después, la cifra ha escalado a los 13.331 contagiados a nivel nacional y 189 fallecidos, según las últimas cifras informadas por las autoridades. Pero aparte de las estadísticas, las cuarentenas, los cordones sanitarios y anuncios de medidas económicas para enfrentar los efectos de la crisis sanitaria, estas largas y tensas semanas también ha estado marcadas por un complejo manejo de La Moneda, debido a los errores políticos y comunicacionales cometidos por sus principales protagonistas: el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Salud Jaime Mañalich.
Un punto complejo, considerando que en las crisis es cuando la autoridad más necesita generar credibilidad y confianza en la ciudadanía, para que las medidas adoptadas –especialmente en una pandemia donde lo que está en juego es la vida de las personas– sean apoyadas, respetadas y acatadas masivamente. En este escenario, la transparencia sobre la información que la autoridad entrega a la ciudadanía es un pilar fundamental en una democracia, para cimentar la fortaleza de dicha confianza y credibilidad, y es ahí donde precisamente ha estado el talón de Aquiles.
Es sabido que el Gobierno, y en particular la figura del Presidente Piñera, no estaban en un buen pie cuando la pandemia del coronavirus se instaló en Chile, con cifras de apoyo en las encuestas de solo un dígito. La tardanza en tomar medidas, los conflictos públicos con alcaldes de todos los colores políticos por la suspensión de clases y el cierre de centros comerciales, el excesivo triunfalismo del Mandatario y Mañalich, unido esto a la insistencia en querer quedar como el país con el mejor manejo del continente, han contribuido poco y nada a fortalecer la confianza ciudadana en las autoridades. Tampoco han ayudado la seguidilla de errores, contradicciones e incluso afirmaciones que huelen a posverdad.
La semana pasada el ministro Mañalich calificó –en el marco de una sesión especial de la Cámara de Diputados– como un «grave error» la suspensión de clases que se aplicó por la presión que ejercieron los alcaldes de todo el país y aseguró que por esa razón no se pudo vacunar contra la influenza a los escolares. Más allá de las chispas que sacó esa declaración, el punto es que sus dichos no calzan con la verdad: tal como publicó El Mostrador en un reportaje del 31 de marzo pasado, fue un retraso del Minsal el que obligó a postergar la vacunación de niños y niñas para priorizar a efectivos de Fuerzas Armadas y Carabineros.
[cita tipo=»destaque»]El académico y analista político Tomás Duvall precisó, sobre este tipo de episodios, que «el problema mayor ha sido hasta ahora el déficit político, que era una característica en el gabinete actual, cuestión que ha quedado de manifiesto en las múltiples contradicciones entre ministros sobre las acciones concretas en medio de la crisis sanitaria» y agregó que dicho déficit «ha revelado la falta de pedagogía política necesaria para la ciudadanía, acerca de las medidas y sus diversas variaciones conceptuales sobre estas». No son errores menores. Duvall puso el acento en que «en las crisis de esta naturaleza se espera un Estado que guíe y tome las acciones políticas, cuestión que en lo operativo el Minsal parece haber hecho, pero ello no es suficiente ante el déficit político».[/cita]
Y los alcaldes así se lo recordaron. “A esta altura, ¿de qué sirve pelear con @jmanalich si la falta de vacunas se debió al quiebre de stock de responsabilidad de su ministerio? Son tan burdas sus declaraciones de hoy que el esfuerzo de creatividad del gobierno para defenderlo debe ser grande en este momento”, tuiteó el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, mientras su colega de Independencia, Gonzalo Durán, por la misma red social agregó que el ministro “miente. La única razón por la que NO se continuó con la vacunación contra la influenza en los colegios, fue porque el @ministeriosalud suspendió la entrega de vacunas. Dicho proceso se retoma la próxima semana”. En tanto, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, difundió dos documentos en donde se confirma que la llegada de estas vacunas estaba programada recién para el 24 de abril.
Los dichos de Mañalich lo pusieron también en conflicto con sus pares del gabinete. El primero fue el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien afirmó que «siempre es complejo tomar decisiones, y un Gobierno responsable las toma. Y lo hace teniendo todas las cartas sobre la mesa y escuchando a todos los actores». Luego, la vocera Karla Rubilar, dijo que la decisión de suspender las clases «no fue un error. Nosotros tomamos una buena decisión» y después el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, llamó a la calma, diciendo que la decisión era «pública y conocida», para finalizar llamando a «evitar conflictos innecesarios».
El académico y analista político Tomás Duvall precisó, sobre este tipo de episodios, que «el problema mayor ha sido hasta ahora el déficit político, que era una característica en el gabinete actual, cuestión que ha quedado de manifiesto en las múltiples contradicciones entre ministros sobre las acciones concretas en medio de la crisis sanitaria» y agregó que dicho déficit «ha revelado la falta de pedagogía política necesaria para la ciudadanía, acerca de las medidas y sus diversas variaciones conceptuales sobre estas». No son errores menores. Duvall puso el acento en que «en las crisis de esta naturaleza se espera un Estado que guíe y tome las acciones políticas, cuestión que en lo operativo el Minsal parece haber hecho, pero ello no es suficiente ante el déficit político».
El domingo 19, las cifras de fallecidos, según lo informado durante esa mañana, era de 133. Ese mismo día, el Presidente Piñera realizó una cadena nacional en la que hizo un balance de las medidas que ha tomado su Gobierno para enfrentar el coronavirus. Pero en su discurso se equivocó en el número de víctimas fatales, dijo que hasta ese día eran solo 113, veinte menos que la cifra oficial, ante lo cual la ministra Rubilar tuvo que salir por redes sociales a pedir disculpas y explicar: «Lamentable equivocación en número de fallecidos en #CadenaNacional, es un error de tipeo que sentimos muchísimo. Son 133 personas que han perdido la vida y nos duele profundamente cada uno de ellos y el sentir de sus familias. Pedimos disculpas por esto».
Un equivocación que puede ocurrirle a cualquiera, pero que es más complicada cuando desde las primeras semanas de la crisis sanitaria ya se había instalado la duda pública respecto a la veracidad de las cifras que entrega el Gobierno sobre el avance de la pandemia. La opción de las cuarentenas dinámicas, las críticas de expertos a la resistencia de las autoridades de escuchar opiniones distintas, las inconsistencias detectadas en los reportes oficiales, como lo hizo notar dos veces Espacio Público, los reparos incluso desde el Consejo para la Transparencia sobre la falta de proactividad del Ejecutivo en este punto, constituyen la base de la desconfianza y del duro escrutinio que se hace de cualquier paso del Mandatario.
El viernes 17 de abril, y luego de publicarse el informe epidemiológico número 9 correspondiente a esa jornada, este tuvo que ser borrado por presentar claros errores e incongruencias. Se señalaba que la comuna de María Pinto –que hasta la medición anterior se mantenía como una de las tres comunas de la Región Metropolitana sin registrar casos de coronavirus– aparecía saltando súbitamente a 217 positivos en tan solo dos días, lo que la hacía, de ser ciertos estos datos, en una de las comunas con más contagios. El informe estuvo 40 minutos en la web, hasta que fue bajado por orden de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza: «He revisado informe epidemiológico número nueve, el cual contiene errores y he ordenado bajarlo inmediatamente», indicó ese mismo viernes a través de su cuenta de Twitter.
Uno de los problemas sobre las críticas al manejo gubernamental, es que en Palacio han asegurado que el Presidente está muy molesto con los cuestionamientos que le ha hecho el grueso de la oposición y que, por ello, cualquier crítica la toma desde ese prisma. Eso pasó con el anuncio de la «nueva normalidad» que hizo el Mandatario hace una semana, la que fue mal explicada y anunciada ad portas de lo que será el peak de contagios de la pandemia, por lo que desató una ola de reproches públicos y obligó a La Moneda a rectificar cinco días después, para cambiar al eslogan del «retorno seguro».
El exsubsecretario y analista Víctor Maldonado, afirmó que «la primera víctima del coronavirus no tiene por qué ser la libertad de expresión. Estoy dispuesto a ser un ciudadano disciplinado que sigue instrucciones, pero no estoy dispuesto a poner en cuarentena la democracia. No voy a cambiar la mascarilla por un bozal. De esta situación no se va a salir adelante dejando cancha libre a los autoritarios». Agregó que «estamos en la confluencia de tres crisis: la política, la social y ahora la sanitaria que evidencia nuestras fragilidades» y el riesgo es que la autoridad y los liderazgos caigan víctimas de una, de dos o las tres al mismo tiempo.
Sobre el mismo punto, Duvall puso el acento en que el Presidente Piñera ha hecho la “apuesta más importante de su mandato hasta ahora con la decisión de vuelta a normalidad o retorno seguro, porque ello marcará decisivamente a su Gobierno, cualquiera sea el resultado».
Uno de los episodios más desprolijos que ha tenido el Gobierno ha sido la polémica –el fin de semana pasado– por la supuesta donación de ventiladores mecánicos por parte de China, la que nunca fue tal, episodio en el que apareció después la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) como gestora privada para acceder a dichos insumos fundamentales para atender a los pacientes críticos afectados por el COVID-19. Aún no están claras las fechas ni las cifras, ya que el ministro Mañalich había afirmado, el 19 de marzo, que habían acordado «con el embajador de China (Xu Bu) la adquisición y donación, hay que decirlo con toda la generosidad que corresponde, de una cantidad muy importante, más de mil ventiladores mecánicos adicionales para eventualmente prepararnos para los peores escenarios”.
Pero el embajador no tenía información sobre esa donación, lo que precisó en una entrevista en La Tercera el domingo 19 de abril. Para salir del paso, ese mismo día, en entrevista con Canal 13, Mañalich dijo que en la guerra de los ventiladores mecánicos hay que manejarse con «secreto absoluto» y agregó, apuntando al matutino de Copesa, que “el trabajo de la prensa es ese, vender cosas en base a inventar mentiras, qué quieres que te diga». Frase que, una vez más, puso al titular de la cartera de Salud en el epicentro de las críticas por su mal manejo político y su tendencia a generar conflictos semanales con todo actor que lo cuestione.
El tema de los ventiladores mecánicos ha sido un dolor de cabeza permanente para el Gobierno. No hay que olvidar que el 4 de abril, el propio Mañalich afirmó a La Tercera que el Gobierno le había pedido a la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que fuera a buscar mil ventiladores mecánicos a China y, luego, el propio ministro rectificó, afirmando que solo eran 500.
A fines de marzo, el Presidente Piñera aseveró en una entrevista con CHV que Chile se había adelantado a otros países y había comprado ventiladores en enero: “Si usted hoy quiere comprar un respirador no existe en ninguna parte. Chile los compró con anticipación (…), Chile los va a tener, porque los encargamos en el mes de enero”. Sin embargo, el medio Interferencia echó por tierra esa versión, ya que revisó las compras públicas realizadas por las subsecretarías de Salud Pública, Redes Asistenciales y la Cenabast en enero y solo se había adquirido un ventilador.
El Gobierno tuvo que salir a tratar de explicar la confusión. El 31 de marzo, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, planteó que, si bien “nos hemos venido preparando desde enero”, lo concreto es que las adquisiciones fueron recién concretadas este mes. “Nosotros realizamos las compras confirmadas el día 13 de marzo”, reconoció al ser consultado en el marco del reporte diario de cifras que entrega el Minsal.
En enero, de acuerdo a fuentes del Ministerio de Salud, solo hubo acercamientos y conversaciones con empresas proveedoras, para «amarrar» las adquisiciones. Otras fuentes, reconocían que simplemente calcularon mal a la hora de hacer las adquisiciones.
El arriendo que realizó el Gobierno para usar el centro de eventos Espacio Riesco como Hospital de Emergencia, también fue otro paso en falso de la autoridad, marcado por información incompleta, dudas y hechos contradictorios. En los últimos diez días de marzo, el ministro Mañalich afirmó que habían cerrado «un arriendo muy barato con un lugar de eventos de Santiago muy importante para alojar a más de 3 mil personas, de manera que estamos en la capacidad adecuada para soportar escenarios más complejos».
Barato precisamente no era. Según detalló posteriormente el propio Gobierno, el arriendo mensual de las instalaciones le cuesta 0,2 UF por metro cuadrado ocupado. En la primera etapa, de acuerdo a Mañalich, serían utilizados entre 3.000 y 3.500 metros cuadrados. Esto, considerando el valor de la UF, significaría $17.145.000 mensuales, cifra que podría aumentar bastante –en concreto a $154.305.000– si es que se llegan a utilizar los 27.000 metros cuadrados techados.
Junto con las críticas desde diversos sectores por el gasto en que se incurrió en un arriendo a privados, en circunstancias que el Estado cuenta con recintos que podrían ser usados para ese fin, todo se enredó más con el mal manejo del Mandatario, quien en una entrevista con CNN Chile, el 29 de marzo, dijo que «el costo de Espacio Riesco al mes es menos de lo que le cuesta un parlamentario por mes a nuestro país». Una frase más que desafortunada en un Estado de Derecho, ya que el Presidente de la República no puede denostar el papel de los integrantes de otro poder estatal, lo que desde el Congreso se le hizo patente a La Moneda durante esos días.
En estos casi dos meses, uno de los momentos en que Piñera ha sido más cuestionado por su impericia política, ocurrió cuando se cumplía exactamente un mes del primer caso positivo de COVID-19 en Chile. Siete comunas de la Región Metropolitana se encontraban en cuarentena total –entre ellas Santiago y Providencia– y ese día el Jefe de Estado optó por parar en la Plaza de la Dignidad, caminar por el lugar vacío y posar para una foto a los pies de la estatua de Baquedano. Solo había efectivos de Carabineros y de Fuerzas Armadas. Ante la polémica, la primera respuesta oficial fue que el Presidente quiso pasar a saludar a los efectivos, lo que nunca se vio en el video ni en las fotos que circularon.
«Hoy, regresando a mi casa, pasé por Plaza Baquedano, me bajé un par de minutos a saludar a un grupo de carabineros y militares que ayudaban a dirigir el tránsito, me saqué una foto y continué mi camino. Lamento si esta acción pudo malinterpretarse», escribió posteriormente en su cuenta de Twitter el Primer Mandatario, ante la lluvia de críticas por la provocación que representó el episodio, considerando que dicha plaza es el lugar emblemático del estallido social de los últimos meses y porque, con su paseo, se saltaba las restricciones que se estaban imponiendo a parte de la población.
El episodio lo persiguió por varios días y en otra entrevista tuvo que decir que, si pudiera retroceder el reloj, claramente no habría ido a la Plaza de la Dignidad ni menos se habría tomado la cuestionada foto.
En tono de balance sobre el manejo de La Moneda durante marzo y abril en el marco de la crisis sanitaria, Duvall precisó que «el Gobierno debería evitar caer en la desesperación por tapar forados para volver a estándares anteriores o al pasado. El riesgo es la pandemia y la eventual crisis económica –hemos visto saqueos y hambre en países europeos–, porque para un Presidente que no es querido por la población, se puede transformar en el peor escenario».
