PAÍS
En una buena parte de Europa, los países desarrollados que han sucumbido ante la letalidad del coronavirus están comenzando a rectificar sus estadísticas de fallecidos. Con exámenes post mortem se están dando cuenta de que cientos, si no miles, de personas que fallecían en sus casas y sin haber sido testeadas, habían contraído la enfermedad. Pero nada de lo que ocurre allí pasa en Chile. “Tenemos la menor tasa de mortalidad después de Corea del Sur”, dijo hace unos días el ministro Mañalich. Una historia distinta están comenzando a contar en localidades rurales del sur del país y en algunas comunas vulnerables de la Región Metropolitana, donde advierten que el protocolo del Minsal que exige, entre la sintomatología relevante, la fiebre, está haciendo que se mande para la casa a muchas personas sospechosas de tener COVID-19. Muchas de estas –refieren funcionarios y familiares– se agravan en sus casas y algunas mueren. En sus certificados de defunción aparecen sus enfermedades bases. Son las historias ignoradas en la estadística oficial.
Hasta hace muy poco los muertos por COVID-19 en Italia, España, Francia y Reino Unido, se contabilizaban igual que en Chile. Eran considerados víctimas fatales de la pandemia que azota al mundo desde hace cinco meses, solo aquellos enfermos graves que fallecían en hospitales tras haber dado positivo en los exámenes. El mundo desarrollado, sin embargo, ha empezado a aceptar el equívoco y en muchos países de Europa se ha iniciado la rectificación de defunciones. Una gran lista negra, entonces, comenzó a revelarse: cientos y hasta miles de personas estaban falleciendo en aislamiento en sus casas, solitarias, con certificados de defunción por enfermedades bases, pero contradictoriamente sepultadas a toda prisa bajo estrictos protocolos por COVID-19.
En Chile, no pasa nada de lo que le ocurre a gran parte de Europa. El ministro de Salud Jaime Mañalich afirmó recientemente que el país “tiene una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo, solo superada por Corea del Sur”. Las estadísticas del Minsal resultan formidables. En Chile muere muy poca gente por coronavirus y, ante tales resultados, es que al titular de Salud –como él mismo señala– le confieren el “honor” de representar la situación de toda América Latina ante la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Pero en sectores rurales del centro sur del país, en comunas vulnerables y en hospitales del servicio de salud norte y sur de la Región Metropolitana, se cuenta otra historia, una muy parecida a la que comienzan a admitir en los países desarrollados: la realidad de los fallecidos sin testear que no aparecen en los registros oficiales.
Don Agustín era vecino de una comunidad indígena, a 8 kilómetros de Nueva Imperial, en La Araucanía. Vivía solo, pero seguido almorzaba y compartía un mate con sus hermanos y sobrinos que vivían cerca. La mañana del 17 de abril, falleció en su casa, a las 09.00 horas, según consigna su certificado de defunción, el mismo que en vez de entregar la causa de su muerte, indica: “/ / /”.
Todo comenzó en Semana Santa. El viernes 10 de abril, Carabineros pidió una ambulancia para que don Agustín fuera trasladado al Hospital Intercultural de Nueva Imperial. Llevaba dos días sintiéndose mal, con dolor de cabeza y muscular. Cuando llegó al centro asistencial fue atendido por “dolor de piernas”, según la ficha clínica, y devuelto a su casa. “No se colocaron mayores antecedentes en la hoja de atención, solo que él estaba alerta y que cumplía con la categorización C4, fue devuelto al domicilio, ya que tenía 36,9° de temperatura”, explica a El Mostrador su sobrina María Elizabeth Raimán. Como no presentaba fiebre, no se le tomó la muestra para el test PCR, que detecta el coronavirus.
El lunes 13 de abril, don Agustín asistió al Cesfam local para el control de sus várices, dolencia que lo aquejaba junto a la hipertensión y obesidad. Según sus familiares, él le habría señalado, a quien lo atendió, que estaba resfriado y con dolores, los que fueron atribuidos a su enfermedad de base. Al día siguiente, “él se volvió a sentir mal, pero les dijo a mis tíos que para qué iba a ir, si no le iban a dar nada”, relata su sobrina. El viernes en la mañana, uno de sus hermanos lo encontró muerto en su casa, tenía “sus pies oscuros, negros”.
Las lesiones en los pies en los casos de COVID-19 positivo se han registrado en todos los países desde que se desató la pandemia. Pero tener acroisquemia digital no constituye un síntoma por el que deba practicarse el test PCR, aunque esté acompañado de tos, dolor de cabeza y muscular.
En la definición de caso sospechoso del Minsal, que data del 23 de marzo, se establece que el test PCR se debe aplicar a viajeros que presenten un cuadro respiratorio agudo, fiebre o algún síntoma de enfermedad respiratoria y, también, a pacientes que tengan síntomas y hayan tenido contacto con una persona positiva para COVID-19. Para los casos de circulación comunitaria, el documento indica que el paciente debe presentar fiebre, 37,8°, y al menos uno de estos síntomas: dolor de garganta, tos, dolor muscular o problemas para respirar. Este lunes 27 de abril, en la actualización entregada por la cartera, se agregaron otros dos síntomas: pérdida de gusto y olfato.
Rossana, funcionaria del Centro de Salud Familiar de La Florida, quien pide reserva de su identidad porque teme perder su empleo, confiesa que ese protocolo es el “primer corte”. “Todos los días llegan pacientes, personas que tienen enfermedades bases, abuelitos que viven solos, con tos seca, dolores de cabeza, pero si no tiene 37,8, se les manda para la casa nomás. No se les hace examen y a veces ni siquiera se les atiende, porque son muchos los casos. Si tienen o no coronavirus, no lo sabemos. Pero ahí se hace el primer corte”.
En el Hospital San José, de atención secundaria, otra funcionaria refiere lo mismo: “El manejo es muy oscuro, no a todos se les toman exámenes, solo casos más graves y con fiebre en el momento de la consulta. Si la persona tomó paracetamol y no está con fiebre, no le toman examen. Al interior del hospital creo que ahora es muy difícil que hospitalicen COVID-19 sin tomar examen, esos casos los mandan a su domicilio. Respecto a lo que ocurre en los APS (Atención Primaria de Salud), allí la situación es más compleja aún, se maneja desde los servicios de salud, los consultorios tienen limitación para la toma de exámenes que hacen ellos mismos. Criterios muy estrictos para tomar examen”.
El mayor problema, acusa la funcionaria, son los hogares. “Allí sí que no se toman muchos exámenes y son esos abuelos los que mueren y en certificado de defunción no está la causa de COVID-19”.
Separados por cientos de kilómetros, la situación que se describe desde el Hospital San José es calcada a lo que padeció la familia de don Agustín. Tras ignorar y no ser informados en el momento que podían solicitar un examen post mortem al Servicio Médico Legal, la familia fue enviada al Hospital de Nueva Imperial para obtener el certificado e iniciar el proceso para sepultarlo. En el lugar le entregaron un certificado que incluía su historial médico y enfermedades crónicas, y aunque con ninguna alusión al COVID-19, se le instó a aplicar rápidamente el protocolo para coronavirus. “Todo se resolvía muy rápido, comprar rápidamente la urna, sellar la urna”, agrega la familia.
Luis Morales, dirigente de la Fenats, que trabaja en el Hospital San José, confirma algo que en estos últimos días había circulado como un rumor y que, al poco tiempo, se convirtió en certeza. Los exámenes PCR que se estaban solicitando de los Cesfam no se están realizando en el Hospital San José, que corresponde al Servicio Salud Norte y se están enviando al hospital de enfermedades infecciosas Lucio Córdova, del Servicio de Salud Sur. Algo que podría resultar muy frecuente entre los servicios de salud, sin embargo, está provocando mucha preocupación, porque no estarían solo llegando exámenes de este hospital, sino también desde muchos del sector sur, y el problema mayor es la falta de uno de los reactivos.
Del Servicio de Salud Sur admiten que “efectivamente tienen muchos problemas”. “Faltan reactivos, de hecho las muestras de APS que se procesaban en el Roberto del Río, ahora también van al Lucio Córdova”.
La explicación que dan tiene que ver con los problemas en lo kits que compró el ministerio y que fue denunciado en un reportaje de Ciper. “Como no sirven, en los test hay falsos positivos”. Pero al problema de las tórulas, que al ser poco flexibles impedían correctamente obtener la muestras, ahora se sumarían problemas con los propios reactivos.
“Aquí hubo un muy mal negocio. Lo que vende el Gobierno es que se compró un millón de test, pero en la práctica se restringe la toma de exámenes por los problemas con el kit de toma de muestra y por dificultades en su procesamiento en los laboratorios clínicos de los hospitales públicos”.
Este problema, advierten funcionarios de la salud, ha derivado en que durante las últimas jornadas, por “videoconferencia les sugieren a los médicos de APS tomar exámenes solo a grupos de riesgos y con todos los síntomas clínicos establecidos en la guía Minsal, incluida la fiebre”. Como ya se sabe, si no hay fiebre, no se toma.
En un contexto de escasez de insumos médicos, en Chile de a poco se han ido ampliando los lugares de testeo, más allá de los hospitales o clínicas. Así, en las últimas semanas se ha incluido a los Centro de Salud Familiar en la red que toma las muestras para realizar el test PCR, el cual es reservado estrictamente a los pacientes con síntomas y no cuenta con medidas especiales para la población de riesgo.
En la circular no se hace mención a un trato especial en caso de personas de la tercera edad o pacientes crónicos, que, como lo ha destacado el ministro Jaime Mañalich, conforman las características que más se repiten entre las personas fallecidas por coronavirus. Por otra parte, las cifras de pacientes asintomáticos alcanzan el 75%, según consignó el propio ministro de Salud, tras el encuentro de la OMS el jueves pasado.
El alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, señala que “lo que hemos alegado los alcaldes es una falta absoluta de información (…), no tenemos información de cuántos test PCR se aplican por comuna, sabemos cuántos positivos hay, pero sí no sabemos a cuántos vecinos se les ha realizado el test. Esto tiene una arista en materia de equidad: si aplicas mil test en la zona oriente y la mitad en comunas más pobres de Santiago, puede ser que esté subrepresentada la población más pobre. Sabemos que un 50% de los test los revisan laboratorios del sistema público, el que atiende al 70% de la población, que son las personas más vulnerables”.
“La política del Minsal de que se testea solo a los casos sintomáticos es completamente insuficiente, la mejor demostración está en hogares de adultos mayores. En Independencia no habríamos testeado ni al 10% de los casos si hubiéramos seguido la circular. Es necesario que se testee a toda la población de riesgo. En su último reporte, el ministro mañalich dijo que se informa de 6 mil test PCR al día, pero que hay capacidad para aplicar 12 mil, entonces, podría testear a la población de riesgo, aunque no tenga síntomas”.
Como en los Cesfam no se están realizando los testeos que se debieran, una de las consecuencias fatales –apunta Magaly Garay, presidenta de la Fenats Hosmet – HLF y funcionaria del hospital concesionado de La Florida– es que la gente “se queda en sus casas y llegan a los hospitales cuando ya se encuentran graves”.
Y tal como el caso de don Agustín, situaciones como la que advierte la dirigenta metropolitana, suceden también en el sur.
Uno de estos casos se registró hace un mes, cuando el medio La Voz de Pucón publicó el caso de una familia que perdió a su madre de 88 años, de iniciales S.A.A., en el Hospital de Pucón. La mujer fue internada el 26 de marzo en el recinto asistencial, presentaba un cuadro de fiebre y problemas respiratorios graves y, a pesar de que le habían indicado hacer el test PCR al día siguiente, murió esa misma noche. La Seremi de Salud de La Araucanía y el Ministerio Público tuvieron conocimiento del caso, pero S.A.A. no fue trasladada al Instituto Médico Legal, ya que el doctor a cargo indicó que no había sospecha de COVID-19 en su caso.
En el certificado de defunción –según recoge La Voz de Pucón– se certifica como causa inmediata del fallecimiento una insuficiencia respiratoria aguda y apunta como causa originaria una neumonía. Consultado al respecto, el director médico del Hospital de Pucón, doctor Luis López, explicó que el recinto no contaba con lo necesario para realizar el test PCR y que no es posible aseverar que S.A.A. falleció por coronavirus. “No hay cómo confirmarlo. La señora llegó por una neumonía, el diagnóstico de muerte es neumonía. Dicho evento produjo el deceso”, señaló, al tiempo que agregó que, como nunca se le realizó el test a la mujer, “no entra en la estadística oficial”.
“Ese es el gran problema”, agrega Luis Morales, de la Fenats. “La gente que está falleciendo en su casa o en los hospitales no sabemos si están contagiadas o no, porque los médicos están escribiendo en sus actas de defunción solos las enfermedades base, o por el cuadro por el que se presentó en el servicio de urgencia”, sostiene. Y agrega una dato adicional, no menos preocupante: “Pero tampoco sabemos a qué casos se les están practicando autopsias, hay secretismo, que no se entiende. Porque con esa información se puede precaver o advertir a familiares. Pero si llega por una enfermedad cardiorrespiratoria, aun cuando existe sospecha de que tenga COVID-19, lo que se escribe es la enfermedad respiratoria”.
“El secretismo, las dudas sobre cómo se está manejando la pandemia, cómo lo está haciendo el ministro Mañalich, están desde el primer día”, puntualiza Óscar Rivera Araya, secretario general de la Fenats Nacional Metropolitana. “Y donde todas las irregularidades se ven de manera manifiesta es en el Hospital de La Florida, en donde hasta dirigentas sindicales han sido golpeadas por autoridades del hospital por decir las cosas como son”.
Rivera se refiere al caso de Magaly Garay, presidenta de la Fenats Hosmet – HLF. “En ese hospital pasan cosas muy graves”, confirma Magaly. “Aquí todo se hace con mucho secretismo y lo que no se hace así es irracional”. En el mismo hospital donde se suicidó un adulto mayor –caso confirmado de Covid-19– con los cordones de sus zapatos y al cual no se practicó una autopsia porque, según la dirección del hospital, los familiares no lo autorizaron, en circunstancias que un informe de Carabineros reveló que la víctima no tenía familiares. El personal de la Salud no puede acceder a los insumos de protección personal, porque todos están guardados en la oficina de la directora, sin que nadie pueda usarlos. “En el piso de cirugía, tanto el personal clínico como los enfermos, todos tienen COVID positivo”.
Pero eso es que resulta irracional, no se compara con otras situaciones del todo anormales. “Aparte de la persona que se suicidó, en este hospital no se han registrado muertes por COVID-19. Pero lo más extraño es que al menos tres fallecidos han sido envueltos en bolsas celestes, hecho confirmado por funcionarios de Anatomía Patológica. ¿Y para qué se usan esas bolsas? Para fallecidos COVID. Pero oficialmente aquí no se han registrado muertes por COVID”, denuncia. “Lo que pasa es que, aun siendo positivos, si tiene enfermedad de base se le pone eso, lo que es beneficioso para las estadísticas de mortalidad”.
España, uno de los países más golpeados por el coronavirus, instauró en su protocolo el examen post mortem para COVID-19, que no necesariamente se realiza vía PCR, sino que apuntaría a la revisión de otras señales en el cuerpo de los fallecidos. Además, en Cataluña, desde el 15 de abril se comenzó a notificar a los familiares de los fallecidos que no se les había realizado el test PCR, pero que presentaban síntomas, como “casos probables” de coronavirus.
En Madrid, el 14 de abril, se informó de “al menos 3.449 muertos con COVID-19 o síntomas que no constan en los datos diarios de Sanidad”, según consignó el medio español 20 Minutos. La cifra correspondía a 2.820 fallecidos en residencias para adulto mayor, 616 en sus casas y 13 en otros lugares, como la vía pública.
A mediados de abril, Wuhan, epicentro de la pandemia, revisó su cifra de muertes y añadió 1.290, un 50 % más de las informadas. Mientras que en EE.UU. se descubrió que la primera muerte por COVID-19 data del 6 de febrero en el condado de Santa Clara, California, no en Seattle el 26 de febrero, como se había dado a conocer oficialmente. La información se descubrió luego que el forense clínico del condado de Santa Clara revisara las autopsias de dos personas que murieron en sus casas el 6 y el 17 de febrero: ambos casos dieron positivos para coronavirus, según informó The New York Times.
A fines de marzo, el diario El País publicó el reportaje “Cada país cuenta los muertos a su manera y ninguno lo hace bien”. Allí se entrega evidencia de las distintas formas de contabilizar los fallecimientos que había en Europa hasta el 30 de marzo. En Italia se incluye en el registro de víctimas de coronavirus a todos los pacientes que habían dado positivo en las pruebas y que han fallecido, independientemente del resto de aspectos de su historial clínico, siguiendo el criterio del Instituto Superior de Sanidad. Posteriormente, se realiza un estudio epidemiológico para profundizar las causas de muerte. Las autoridades hacen la diferencia entre “fallecidos con coronavirus y no por coronavirus”.
En un inicio, en Reino Unido no se registraban las causas de la infección respiratoria de los pacientes fallecidos, los médicos solo consignaban bronconeumonía, neumonía o avanzada edad. En Francia, solamente se contabilizan los fallecimientos en centros hospitalarios y clínicas, dejando fuera a los fallecidos en sus casas y hogares para adultos mayores. Cabe destacar que más del 80% de los fallecidos en dicho país corresponde a personas de más de 70 años.
A todas estas dificultades para contabilizar a los fallecidos por COVID-19, se suma una posible causa asociada a la enfermedad, que hoy está en plena investigación por el mundo científico-forense: la coagulación en la sangre en los pacientes críticos por coronavirus. El 23 de abril, The Washington Post publicó un artículo en el que relataba cómo médicos de Unidades de Cuidados Intensivos de Estados Unidos coincidían en que al menos un 30% de sus pacientes presentaba alteraciones en su sangre y la presencia de trombos.
La alerta se presentó primero entre los hospitales de la Universidad Emory, en Atlanta, pero la discusión se amplió a los principales centros médicos del país, especialistas de Tufts, Yale-New Haven, Universidad de Pensilvania, Brigham and Women’s y el Hospital Presbiteriano de Nueva York. Aunque no se logró consensuar el por qué, “muchos llegaron a la conclusión de que los coágulos podrían ser responsables de una parte importante de las muertes por COVID-19 en Estados Unidos. Incluso podrían ser la explicación de por qué tantas personas están falleciendo en sus casas”, plantea el citado artículo.
