Opinión
La llegada del coronavirus permitió a Sebastián Piñera un control relativo del escenario político, esta vez apoyado por un estado de excepción de 90 días que, junto a las normativas sanitarias de distanciamiento social, impide por ahora cualquier tipo de contrarrespuesta basada en la movilización social callejera, mientras en el Parlamento la fragmentación de las fuerzas de oposición deja la “cancha abierta” para que el oficialismo imponga su agenda legislativa. De cara al plebiscito de octubre, la derecha se rearma, mientras el malestar social se sigue incubando y el desafío para las fuerzas transformadoras es, hoy por hoy, mucho mayor que hace tan solo unas semanas.
Nuestra historia reciente está cargada de acontecimientos inesperados.
En Chile, la chispa que adelantó la llegada de nuestros “locos años 20” fue la movilización de los estudiantes secundarios llamando a evadir el metro, en respuesta a una nueva alza en el costo de los pasajes. En tan solo días, se prendió la mecha del descontento en Santiago y todo Chile y junto a ella, nuevamente, el sentimiento de malestar y abuso generalizado contra la corrupción de la clase política, contra la indolencia de los dueños de Chile, el robo de agua o las pensiones miserables que han empobrecido la vida de nuestros adultos mayores. Las entrañas del modelo estallaban el 18 de octubre del 2019 en Chile y la conclusión magistral de ese entonces fue: «No son 30 pesos, son 30 años».
Con el país desbordado, el Presidente Sebastián Piñera declaró la guerra a su propio pueblo, activando el estado de sitio y desplegando una represión desatada. Las jornadas finalizaron con más de 30 muertos y cientos de mutilados oculares.
Las protestas, no obstante, continuaron. A cada acción del Gobierno le seguía un desborde de la movilización callejera. «Con todo, si no pa’ qué», era la consigna.
[cita tipo=»destaque»]No obstante, el exnúmero 2 también se las ha arreglado para poner sobre la agenda la posibilidad de atrasar el plebiscito del 25 de octubre en un exclusivo encuentro organizado el viernes 24 de abril por Libertad y Desarrollo (LyD) y su nueva directora ejecutiva, la cuestionada exministra de Educación, Marcela Cubillos. El exministro “malo” lo dijo el viernes y el actual ministro “bueno”, Gonzalo Blumel, lo ratificaría el domingo en entrevista con La Tercera: “Hace todo sentido racionalizar el calendario electoral”. O sea, nos quieren en las filas de los colegios, malls y bancos, mas no en las filas de las mesas de votación para ejercer el sufragio.[/cita]
Con semanas de movilizaciones, la clase política llegó a un acuerdo en el que la derecha tuvo que poner sobre la mesa la quintaesencia de la arquitectura creada por Jaime Guzmán, con el fin de contener un estallido inagotable. Y fue así como ofrendó la Constitución de 1980. La presión de las multitudes en las calles fue tanta, que estuvieron dispuestos a sacrificar su más preciado artefacto de dominación. Por su parte, las dispersas fuerzas de oposición ratificarían sus propias contradicciones internas, ya que hubo partidos que no estuvieron dispuestos a sentarse a la mesa negociadora.
Para bien o para mal, la primera “batalla electoral” de la era constituyente había quedado fijada para el 26 de abril y aquello era incuestionable.
Con el transcurrir de los meses, la necesidad de enfrentar el desafío plebiscitario fue asumido por casi todo el espectro político y social. Es allí donde, precisamente, radicaba la fuerza de la opción por el «Apruebo» con Convención Constitucional en desmedro del «Rechazo». A más participación electoral, más posibilidades de asestar el golpe definitivo a la Constitución de Jaime Guzmán. En ese contexto, la derecha se encontraba fracturada entre los que apoyaban o rechazaban cambios a la Carta Magna, mientras las fuerzas de oposición se alineaban unánime –e inéditamente– tras la opción por el «Apruebo».
Con todo, en diciembre era claro que la salida negociada no había logrado apaciguar la movilización callejera. El desborde se intensificó y, cuando mostró algunos signos de agotamiento, apareció la actuación de Las Tesis para insuflar los ecos de la rebelión, convirtiéndose en un himno del movimiento feminista y su potente internacionalismo. Paralelamente, los estudiantes secundarios nuevamente salieron a la carga boicoteando la PSU, instrumento de medición que más temprano que tarde tocará a su fin. A esas alturas, hacía rato que ya había caído el número 2 del Gobierno: Andrés Chadwick.
Vale la pena también recordar que en febrero, el fragor de la movilización callejera evidenció un repliegue casi natural, el cual no implicó que se apagaran específicos focos de conflicto desperdigados en múltiples ciudades de Chile. Febrero era nada más que la calma que anunciaba la tormenta vaticinada para marzo. Aún así, el Festival de Viña se convirtió en un espacio de plena politización, como nunca antes en su historia, donde la ridiculización de Piñera y el apoyo a la nueva Constitución confirmaban que las posibilidades del «Apruebo» con Convención Constituyente “subían como la espuma”.
Llegó marzo y el movimiento feminista desbordó las calles de Santiago, mostrando toda la intensidad de las movilizaciones registradas en los momentos más álgidos del estallido, a diferencia de lo que mostraba un minúsculo grupo de extrema derecha, armado de bates y cascos en el sector oriente de la capital, manifestándose a favor del «Rechazo».
En el momento más desastroso para la derecha política y en el más auspicioso para las fuerzas transformadoras, se produjo el arribo y expansión del COVID-19 en Chile.
La llegada del coronavirus permitió a Sebastián Piñera un control relativo del escenario político, esta vez apoyado por un estado de excepción de 90 días que, junto a las normativas sanitarias de distanciamiento social, impide por ahora cualquier tipo de contrarrespuesta basada en la movilización social callejera, mientras en el Parlamento la fragmentación de las fuerzas de oposición deja la “cancha abierta” para que el oficialismo imponga su agenda legislativa.
Este contexto ha llevado al Presidente a mostrar un aire casi triunfalista ante el avance del coronavirus, mientras el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se ha transformado en el alfil fuerte que ha hecho olvidar la figura de Chadwick.
No obstante, el exnúmero 2 también se las ha arreglado para poner sobre la agenda la posibilidad de atrasar el plebiscito del 25 de octubre en un exclusivo encuentro organizado el viernes 24 de abril por Libertad y Desarrollo (LyD) y su nueva directora ejecutiva, la cuestionada exministra de Educación, Marcela Cubillos. El exministro “malo” lo dijo el viernes y el actual ministro “bueno”, Gonzalo Blumel, lo ratificaría el domingo en entrevista con La Tercera: “Hace todo sentido racionalizar el calendario electoral”. O sea, nos quieren en las filas de los colegios, malls y bancos, mas no en las filas de las mesas de votación para ejercer el sufragio.
Con la protesta neutralizada y con el recurso de un estado de excepción profundamente centralizado en la figura presidencial, Piñera ha impulsado medidas que se han cubierto de una retórica a favor de las familias y el mundo del trabajo, pero en su mayoría los beneficios han ido a parar a las manos del gran capital. Apoyos focalizados para los de abajo, concesiones y capital fresco para los de arriba.
El ejemplo más emblemático de estas políticas ha sido sin duda la denominada “Ley de Protección al Empleo”, que es solo una chapa retórica que debería ser llamada “Ley de Protección al Gran Empresariado”.
Es sobre todo el Gran Empresariado el que se ha acogido a esta ley para dejar de pagar el salario de los trabajadores, mientras las juntas de accionistas comienzan a definir el suculento reparto de utilidades correspondientes al año 2019, tal como en el caso de Cencosud, perteneciente al multimillonario Horst Paulmann, que suspendió la relación laboral de sus trabajadores y se dispone a repartir más del 80% de las ganancias que ascendieron a más de $150 mil millones el año pasado.
Por otro lado, la lógica de beneficio focalizado de 50 mil pesos, denominado Bono COVID-19, se ha mostrado tardía y completamente insuficiente.
Son estas fracturas las que no pueden ser borradas por los pomposos anuncios comunicacionales de La Moneda, como si el aumento de 10 puntos de Piñera en las encuestas que ellos mismos levantan pudiese eclipsar la enorme desigualdad social que pervive en nuestro país.
Considerando estos antecedentes, no es de extrañar que la forzada “nueva normalidad” –criticada desde todos los sectores políticos y sociales– y hoy convertida en un nuevo plan de “retorno seguro”, termine siendo el condimento necesario para que todo, nuevamente, estalle por los aires en pleno contexto de depresión económica mundial, la cual, por supuesto, también afectará a nuestro desigual país, disparando los niveles de cesantía, deuda y pobreza.
De cara al plebiscito de octubre la derecha se rearma, mientras el malestar social se sigue incubando. ¿Logrará transformarse ese malestar en caudal electoral con vistas al postergado plebiscito del 25 de octubre, tal como se pronosticaba para el del pasado 26 de abril?
El desafío para las fuerzas transformadoras es, hoy por hoy, mucho mayor que el enfrentado hace tan solo unas semanas.
