La batalla de Santiago

A mediados de abril, el Consejo de Ministros de España aprobó un documento denominado “Transición hacia una nueva normalidad”. Por coincidencias, unos días después el Gobierno de Chile comenzó a ocupar el mismo concepto en los discursos del Presidente de la República. A poco andar –y dado el rechazo de la vuelta a clases escolares anunciada por el ministro de Educación para el 27 de abril– retrocedió y comenzó a hablar de “retorno seguro”.

Las innumerables intervenciones de alcaldes y alcaldesas sobre la situación de las comunas del Gran Santiago, fueron dando paso a notificaciones de cuarentena en diversos territorios comunales y, en los últimos días, los porfiados datos –curiosamente catalogados como “incrementos no crecientes” por Jaime Mañalich– comenzaron a indicar que la situación estaba desbordada en el Gran Santiago. Fue entonces que el ministro de Salud comenzó a hablar de “la batalla de Santiago”, signando a la ciudad capital del país como el objetivo principal en esta etapa de la lucha contra el COVID-19.

Pero ¿qué es esta ciudad? ¿Cómo es este territorio, tan desigual, expresión de las disparidades que se pueden observar en todo el país?

La premisa monetarista de que es el mercado el principal asignador de recursos y, de acuerdo a su sustento ideológico, el más eficiente, se encuentra en múltiples marcas y cicatrices geográficas urbanas en el Santiago de la Nueva Extremadura.

[cita tipo=»destaque»]Ese es Santiago, esa ciudad que, a pesar de importantes inversiones de más de 30 años en infraestructura urbana, queda al debe si analizamos sus características a la luz de las condicionantes sociales de salud, conceptos y metodología de más de una década y bastante conocida por los salubristas públicos. Por eso, uno se pregunta por qué razón, pese a todas las solicitudes de las autoridades locales, el Gobierno demoró tanto en tomar medidas evidentes y que a la luz de los datos eran urgentes. Las concentraciones y la densidad urbana, la falta de infraestructura, las condiciones de la vivienda, todo indicaba que estaríamos en una situación de crecimiento de los contagios en la ciudad.[/cita]

Bajo ese dogma, en 1979 se derogó la Ley de Desarrollo Urbano, poniendo en el cajón de los recuerdos la planificación y dejando el mercado del suelo sin regulación. Ese mismo año se aprueba, vía decreto, una nueva Ley de Rentas Municipales que contiene la creación del Fondo Común Municipal, como medida previa para una nueva forma de municipio.

En 1980, se deroga el decreto que obligaba a las constructoras de viviendas a invertir en colectores de aguas lluvias cuando se construían nuevos conjuntos habitacionales. Esto, a objeto de interesar a los inversionistas privados en la construcción de viviendas y posibilitar maximizar utilidades.

Un año después, se crean vía decreto nuevas comunas, en especial en Santiago. También en 1981, se inician los procesos de erradicación de campamentos, reubicándolos en los márgenes de las ciudades. Ese mismo año se municipaliza la educación pública y la salud primaria, también pasa a la administración municipal. Así, en el transcurso de 3 años, del 79 al 81, la dictadura militar toma importantes decisiones de profundas connotaciones territoriales.

Cinco años antes, en 1975, se había puesto en marcha la reforma administrativa que había elaborado la Conara, responsable del diseño del nuevo sistema regional chileno, bajo la atenta mirada de Pinochet y donde se instaló la visión geopolítica del general.

Todos estos antecedentes indican que fue a comienzos de los 80 cuando se comenzó a dar la silenciosa batalla por el suelo de Santiago. Como dijimos, al derogar en 1979 la Ley de Desarrollo Urbano, el mercado se encargaría de su dinámica. Pero era necesario liberar suelos potencialmente caros que estaban ocupados por los pobres de la ciudad, que habían instalado campamentos y poblaciones “callampas” en el actual “bario alto” de la capital. Esa misma zona oriente santiaguina, donde en marzo de este año aparecieron los primeros casos de COVID-19

Es decir, pobres viviendo en suelos que debían ser desocupados para futuros proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Luego, a esos pobres había que llevarlos a alguna parte y, por ello, se realizan las erradicaciones de campamentos, en especial hacia comunas de Santiago Sur. Para ello, se construyen pequeñas viviendas sociales y se desarrollan procesos de saneamiento de asentamientos urbanos, a través de la instalación de las llamadas casetas sanitarias que constaban de una cocina y un baño, siendo el resto de la vivienda de responsabilidad del erradicado.

¿Cuál era la idea? A través de planes y programas de vivienda, la política diseñada por Odeplan era “homogeneizar áreas” y de esta manera, focalizar políticas sociales a través de un nuevo tipo de municipio que, por esos mismos años, debía comenzar a administrar las escuelas y los consultorios de salud primaria y otras tareas que se le comenzaban a entregar bajo el principio de “subsidiaridad”.

Pero este plan tenía una lógica geopolítica subyacente, cual era localizar a los pobres de la ciudad en determinadas áreas urbanas claramente establecidas, con la perspectiva de tener identificada a esa fracción poblacional, a aquel amplio segmento de la población que ya estaba siendo estrujado por el hambre y la falta de trabajo producto del ajuste macroeconómico. Aquellos que, sin tener más que perder, serían posiblemente los primeros que estarían dispuestos a rebelarse contra el régimen.

Las autoridades locales democráticas que asumieron hacia fines del 92, encontraron territorios con amplias carencias en materias de pavimentación, saneamiento, alumbrado público, áreas verdes, transporte, accesibilidad y diversos servicios e infraestructura urbana. Es tal la deuda territorial con los márgenes de Santiago, que los requerimientos superan con creces las capacidades y recursos de los municipios.

Sumemos a ello que las políticas de viviendas de los gobiernos democráticos siguieron funcionando con la premisa de que se construirían viviendas sociales donde el suelo fuera más barato. Bajos de Mena en Puente Alto no lo construyó el ministro Poduje, se hizo en democracia.

Para hacernos una idea de las disparidades financieras municipales, la comuna de Las Condes tiene un presupuesto superior al presupuesto de inversión de todo el Gobierno Regional Metropolitano que se ubica por sobre los 200 mil millones de pesos

Cualquier comuna de la zona oriente de Santiago tiene un presupuesto al menos 10 veces superior al de cualquier otra comuna de la región. Las comparaciones son siempre odiosas, pero en este caso son dramáticamente reales. No hay más de 10 kilómetros de distancia entre una comuna de la zona oriente que exhibe un presupuesto per cápita de 1 millón doscientos mil pesos y otra ubicada hacia el sur, que no supera los 150 mil pesos por habitante anualmente.

Así se formaron estos territorios y hoy los hijos y nietos de los erradicados de los 80 –al igual que sus ancestros cuando eran llevados a las canchas para ser “cateados” en aquellas noches de la ciudad pobre– son mayoritariamente “cuarentenados”, puesto que es en esos espacios urbanos donde se han multiplicado los contagios. Es la ciudad carenciada con escasas áreas verdes, con viviendas de 40 m2, con problemas de conectividad. En fin, la ciudad imagen de su habitante que debe salir todos los días a buscar cómo llenar la olla, la ciudad de trabajadores informales, la ciudad con menor nivel de escolaridad de los jefes y jefas de hogar. Podemos superponer capas y capas de segregación espacial.

Incluso en las decisiones gubernamentales, subyace la discrecionalidad. Por ejemplo, en el informe epidemiológico del 28 de abril de 2020, observamos 19 comunas de la Región Metropolitana con tasa de contagio superior a 100 por cada 100 mil habitantes. En el informe del 1 de mayo, la cantidad de comunas en esa situación crece a 34. En cambio, en las comunas del sector oriente la cuarentena total se decretó cuando se superaron los 40 casos por cada 100 mil habitantes.

Siguiendo los informes epidemiológicos del Minsal, se observa el aumento de la tasa de contagios en los últimos 30 días según los niveles socioeconómicos de las comunas. La relación es evidente, puesto que se observa que mientras más carenciadas son las comunas, mayor es el crecimiento de la tasa de contagios.

Si observamos datos desde el 30 de marzo a la fecha y tomamos como base aquellas comunas que el 27 de abril superaban los 100 contagios por cada 100 mil habitantes, observamos que aquellos municipios con más de 8% de pobreza han multiplicado por 30,4 su tasa de contagio, mientras en las comunas con menos de 3% de pobreza la han multiplicado por 3,1.

Ese es Santiago, esa ciudad que, a pesar de importantes inversiones de más de 30 años en infraestructura urbana, queda al debe si analizamos sus características a la luz de las condicionantes sociales de salud, conceptos y metodología de más de una década y bastante conocida por los salubristas públicos. Por eso, uno se pregunta por qué razón, pese a todas las solicitudes de las autoridades locales, el Gobierno demoró tanto en tomar medidas evidentes y que a la luz de los datos eran urgentes. Las concentraciones y la densidad urbana, la falta de infraestructura, las condiciones de la vivienda, todo indicaba que estaríamos en una situación de crecimiento de los contagios en la ciudad.

Sea como sea, superaremos esta pandemia pero la verdadera «batalla de Santiago» tendrá que venir y será una batalla urbana de equidad y de solidaridad, de planificación real, de coordinación de los servicios públicos, de control del accionar inmobiliario. Y esta batalla territorial de Santiago es ciertamente la batalla de Chile por enfrentar las disparidades territoriales y regionales. No nos digan de nuevo que no sabían, no reciten de nuevo el poema de que no lo vieron venir, porque las cicatrices territoriales de nuestro país están por todas partes como pruebas a la vista.