Una tragedia en el horizonte

Por décadas las chimeneas en el horizonte representaban progreso, pero lo que sabemos hoy es que ese progreso en numerosas ocasiones fue a costa de las comunidades. Un estudio de Pablo Ruiz (Universidad de Chile) mostró que la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias aumenta entre 20 a 100 por ciento en zonas con termoeléctricas y fundiciones.

Entre 2009 y 2012 se dictaron normas para regular las emisiones de ambas. Las primeras, fundamentalmente privadas, tuvieron normas equivalentes a la Comunidad Europea, las que entre 2013 y 2016 redujeron emisiones por material particulado en un 80% y en torno a 60% de contaminantes, como los óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. Algunos dirán que fue demasiado tarde, pero es indudable que hubo una mejora sustancial en el sector.

Algo similar ha ocurrido con las fundiciones de Chile, que han tenido importantes mejoras en las últimas décadas. Entre 1993 y 1998, Ventanas bajó sus emisiones desde 112 a 30 mil toneladas de SO2 al año. Caletones, en tanto, disminuyó de 800 a 100 mil y los eventos de La Greda el 2011, por ejemplo, gatillaron que se dictara una nueva norma de fundiciones. Se tuvo una oportunidad para seguir avanzando, pero se optó por parchar las fundiciones obsoletas y seguir contaminando, lo que significó altos costos de fundición, se subsidió de manera indirecta y de forma innecesaria a la pequeña y mediana minería, a costa de la salud de los habitantes de Quintero y Puchuncaví.

Detrás de este absurdo ambiental y económico hay algo más profundo: la incapacidad de tener una visión estratégica y de futuro para tener una minería moderna, sustentable y competitiva. Incapacidad que ha costado caro al medio ambiente, pero también a las finanzas fiscales. El cobre se puede exportar en forma de concentrados o en forma refinada. Gran parte de la capacidad de refinación del mundo está en China, con costos entre 50 a 70 por ciento menores que las fundiciones chilenas.

[cita tipo=»destaque»]Para que esto nunca más ocurra, debemos replantearnos el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Si es una instancia de deliberación colectiva, sirve mucho. Si es un veto de los sectores a acciones por la sustentabilidad, no debería existir, al igual que el Comité de Ministros de la Evaluación Ambiental. Acá no hay buenos ni malos, cada uno vela por los intereses del sector. Pero en este caso, como muchos otros, el Ministerio del Medio Ambiente haciéndose cargo de decisiones mucho más grandes que una simple norma ambiental.[/cita]

Eso ha significado un cierre sucesivo a nivel global de las fundiciones, concentrando la capacidad a pocos países. El cobre chileno tiene concentrados con mayor cantidad de arsénico, razón por la cual las fundiciones extranjeras están empezando a penalizar este tipo de mineral, haciendo más vulnerable a estas exigencias las exportaciones de cobre. Tener capacidad propia, como lo hace China, permite tener control de cuánto cobre refinado fluye, sin depender de la capacidad de fundición de otros países, quienes podrían fijar costos mayores de fundición en forma arbitraria.

El 2012, cuando se dictaba la norma de emisión de fundiciones, hubo una discusión muy profunda entre los ministerios de Hacienda, Minería y Medio Ambiente para definir los valores de la fundición. Un camino para avanzar ambientalmente era parchar las fundiciones existentes, generando solo gasto, ganancias ambientales marginales –25% de reducción de contaminación– sin mejorar costos de operación. El otro, era construir fundiciones nuevas con ganancias ambientales sustanciales (reducción de 70% de contaminación), reduciendo costos de operación (a menos de la mitad). El primer caso con un VAN negativo y beneficios en salud menores. El segundo caso un VAN positivo y con mucho mayores beneficios en salud. Lamentablemente se eligió la primera opción. Los economistas, que les gusta analizar la rentabilidad del proyecto, se quedan solo en la inversión y no en los menores costos que integrados hacen más rentable el proyecto.

El 2014, el entonces senador Baldo Prokurica y la senadora Isabel Allende vieron que esto era un problema, pues las fundiciones de Ventanas y Paipote estarían desarrollando planes de inversión absurdos para cumplir la norma. Óscar Landerretche, como presidente de Codelco, estableció una comisión FURE, para desarrollar un diálogo que permita traer evidencia para decidir qué hacer. Al Ministerio del Medio Ambiente se le pedía postergar la norma de emisión. El entonces ministro Pablo Badenier, correctamente, dijo que la norma vigente se mantendría en pie y si querían cumplir una más exigente, que era más rentable económicamente, que lo hicieran. Pasaron unos años y la comisión dejó de funcionar y sus resultados nunca fueron publicados.

A mí me tocó ir por otro camino. En 2009 realicé un estudio junto a Pablo Ruiz, que recomendaba que se hiciera una norma de calidad de aire por SO2 de carácter horario, para evitar peaks de contaminación que causaban efectos agudos en poblaciones sensibles. En 2011, cuando ocurrió lo de La Greda, y con Juan José Lyon, trabajamos mano a mano para sacar un reportaje en El Mercurio titulado “La grave contaminación de Ventanas que la normativa permite”, artículo en el que mostramos que los peaks de contaminación que afectaron esa zona probablemente eran fruto de la fundición, llegando a concentraciones de arriba de 1300 ug/m3 de SO2 en una hora.

Al ver, entre 2010 y 2013, las sucesivas postergaciones de actualizar la norma de SO2, el 2014 iniciamos la revisión para crear la primera norma horaria. La discusión para acordar un valor con Hacienda y Minería fue durísima, incluso para sacar el anteproyecto. Presentamos un valor de 500ug/m3 con un 99% de criterio de excedencia. Esto último permitía que 1% de las horas del año se superara la norma (88 horas). Pero se avanzaba por primera vez en establecer valores de preemergencia y emergencia ambiental de cierta exigencia (la norma era 1962 para alerta, 2616 para preemergencia).

Recordemos que la OMS definió que con 200 ug/m3 a un asmático le da un ataque de asma. Eran rangos absolutamente insalubres. Pusimos valores de alerta antes de superar la norma y dejábamos como preemergencia si es que se superaba. Pero era inviable permitir 88 horas de superación. Terminada la consulta pública, tratamos de lograr un acuerdo lo más exigente posible con Minería y Hacienda. Fuimos al Consejo de Ministros a finales de 2016, apuntando a 350ug/m3, sabiendo que era difícil de justificar, pues no habíamos vivido emergencias en la zona durante nuestro Gobierno.

Pensábamos que teníamos acuerdo, pero Minería se echó para atrás a último minuto. Luego fuimos una segunda vez a Consejo de Ministros y logramos acuerdo. No teníamos quorum. La tercera vez, en febrero de 2017, fuimos una tercera vez y logramos un acuerdo, pero esta vez Ministerio de Salud se echó para atrás. Y teníamos una norma aprobada por el Consejo de Ministros, pero que uno de los ministros que debía firmar el decreto rechazaba. Era una norma que nadie quería aprobar por ser muy laxa o demasiada exigente. No había término medio. Pasa el tiempo, me toca asumir como ministro, intenté seguir convenciendo que podíamos lograr la norma, pero al final nadie quería cambiarla, pues inevitablemente se chocaba con los intereses de Hacienda y este bloquearía cualquier exigencia ambiental que pudiera gatillar inversiones en fundiciones.

No tuvimos crisis y seguimos hasta el cambio de Gobierno. En agosto de 2018 ocurre un nuevo episodio de intoxicaciones en Ventanas. Esta vez se culpaba a la existencia de compuestos orgánicos volátiles, pero sabemos desde la ciencia que solo el SO2 podría causar tal nivel de impacto masivo y agudo. La ministra Schmidt sí tuvo que enfrentar la crisis que no tuvimos para justificar una norma de SO2. La norma vigente de 350ug/m3, en su letra chica, como muchas normas ambientales tienen en Chile, se puede superar 1.5% de las horas del año (131 horas). Correctamente dice que la norma equivale a la Comunidad Europea. La diferencia con ellos es que solo permiten 24 excedencias y eso es un mundo de diferencia. Hemos visto las primeras preemergencias ambientales que visibilizan lo que antes ignoramos. Y se hace intolerable escuchar que hay emergencia ambiental en Quintero. Nos habría pasado lo mismo si hubiéramos sacado la norma tal como la concebimos al iniciar el segundo Gobierno de Bachelet.

Ahora recordemos que muchas de estas fundiciones funcionan a pérdida, como el caso de Ventanas: subsidiando a la pequeña minería, garantizando un precio por sus concentrados, recibiendo sus minerales heterogéneos y causando peaks de contaminación, fruto de la dificultad de fundir minerales de alta variabilidad. Perdiendo cientos de millones de dólares en la última década. Fundiendo a pérdida, beneficiando a pequeños mineros que en realidad han ganado miles de millones de pesos esta década pasada.

El camino que queda es claro. La Fundición de Ventanas debe cerrar sí o sí. Una fundición que la reemplace no estará emplazada en el mismo lugar. Así lo iban a anunciar para la COP25, pero no prosperó. Probablemente la decisión sería no reemplazarla, para no tener que seguir invirtiendo, pero no estoy seguro que eso resuelva mucho. El cobre cuando se exporta concentrado también causa problemas (como hemos visto en Antofagasta con la campaña Este Polvo Te Mata).

Cuando la minería tuvo la chance de tener el medio ambiente a su favor, para hacer algo que era bueno en lo ambiental y lo económico, optó por el cortoplacismo. Lo que el expresidente del Banco Central de Inglaterra, Mark Carney, describe como la tragedia del horizonte, la decisión de corto plazo que ignora los riesgos futuros. Se optó por milésima vez por sacar lindas planillas diciendo que cumplen todas las normas (claro, las hicieron a su medida). Pero no nos engañemos. Ventanas no ha significado prosperidad a la zona. Es el símbolo de lo que muchos rechazan del modelo económico chileno. Cortoplacista y con beneficios para muchos, a costa de los más vulnerables.

Y ahora que Chile, que aspira a ser un país con cero emisiones netas, no puede tener esa fundición operando. Cerrar Ventanas es pensar en el futuro. Y que nunca más el cortoplacismo nos lleve a construir normas malas para la economía y para el medio ambiente. Que nunca más culpen al Ministerio del Medio Ambiente por decisiones que se toman en el Ministerio de Hacienda. Que nunca más el sueldo de Chile permita intoxicar sistemáticamente a nuestros niños.

Para que esto nunca más ocurra, debemos replantearnos el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Si es una instancia de deliberación colectiva, sirve mucho. Si es un veto de los sectores a acciones por la sustentabilidad, no debería existir, al igual que el Comité de Ministros de la Evaluación Ambiental. Acá no hay buenos ni malos, cada uno vela por los intereses del sector. Pero en este caso, como muchos otros, el Ministerio del Medio Ambiente haciéndose cargo de decisiones mucho más grandes que una simple norma ambiental.