La pandemia en las cárceles: riesgo de contagio de la población penal es 6 veces más alto

El 16 de abril el Gobierno promulgó la Ley de Indulto Conmutativo, con la que buscaba bajar los riesgos de contagios de coronavirus en las cárceles del país, al enviar a reos de baja peligrosidad y a los que estaban cumpliendo medidas cautelares, como prisión preventiva, a cumplir sus sentencias bajo la modalidad de arresto domiciliario. Con el mismo objetivo, al 23 de abril, la Defensoría Penal Pública (DPP) ya había cambiado las medidas cautelares de, al menos, 4 mil personas privadas de libertad.

Pero estas medidas no lograron evitar que la pandemia se instalara en los recintos penales. De acuerdo a datos entregados por Gendarmería, en la actualidad hay 41.988 personas privadas de libertad, ya sea condenados o imputados, y 20.114 gendarmes en funciones. Hasta este domingo 17 de mayo, 391 internos y 254 funcionarios han sido contagiados con coronavirus.

La crisis sanitaria ha generado un ambiente tenso en los penales. Y tal como ha sucedido en diferentes cárceles del mundo, el temor de los presos –cuyo riesgo de contagio es mayor que el de una persona en libertad– ha derivado en motines, como los ocurridos en las últimas semanas en las cárceles de Puente Alto y Colina I.

Así lo manifiesta un estudio encargado por la Defensoría Penal Pública a José Ignacio Nazif-Muñoz, profesor asistente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Sherbrooke y cientista invitado del programa de Riesgo y Epidemiología Ambiental de la Universidad de Harvard. Los datos son reveladores, ya que analizó la velocidad de contagio por COVID-19 de la población penal versus población nacional, entre el 15 de abril y el 15 de mayo.

[cita tipo=»destaque»]En cuanto al actuar del Gobierno en esta materia, el investigador dijo que «como todas las políticas públicas, estas hay que evaluarlas en distintos componentes. En particular, además, cobra importancia a propósito del fenómeno que se está viviendo en la actualidad: la velocidad de propagación del virus. Una buena evaluación de una medida puede cambiar radicalmente una semana después. En ese entendido, respecto de la velocidad de contagio, la respuesta ha sido hasta hoy adecuada para las cárceles de mujeres en Santiago, pero no para una cárcel de hombres».[/cita]

Al 15 de abril el riesgo de contagio, sumados internos y gendarmes, era 9 veces mayor al de la población nacional. Un mes después, dicho riesgo de contagio bajó a 6 veces más que el de cualquier persona en libertad.

Si se considera solo a los reclusos, al 15 de abril no había diferencias en las tasas de contagios, mientras que al 15 de mayo el riesgo aumentó a tres veces mayor que el resto de la población del país. En el caso de los gendarmes, al 15 de mayo, tienen un 68% más de riesgo de contagio por COVID-19 que cualquier persona fuera de los recintos penales.

Si se compara la velocidad de contagio entre los reos y los gendarmes, se concluye que los primeros tienen un 56% de más riesgo de contraer el coronavirus que los gendarmes. Esto, porque la proporción de funcionarios contagiados ha crecido a menor velocidad.

En conversación con El Mostrador, el académico Nazif-Muñoz explicó que «los datos son adecuados en tanto es posible aproximarse a entender diferencias entre poblaciones de manera gruesa. Algunos resultados me sorprendieron y otros no. Me sorprendió, por ejemplo, que hasta la fecha pareciese estar controlado el brote en las cárceles de mujeres de San Joaquín y San Miguel. Para ello, utilicé los datos correspondientes a la cárcel de mujeres Joliette, ubicada en la provincia de Quebec. No me sorprendió el brote que hay en la actualidad en la cárcel de hombres de Puente Alto, dada la alta densidad poblacional que hay en dicho recinto penitenciario».

Precisamente, la cárcel de Puente Alto es analizada de manera independiente en el estudio de la DPP. En dicho centro penitenciario, hay 820 personas privadas de libertad, de los cuales 277 han dado positivo al COVID-19. Es decir, un 33,7%.

Según el último Censo, el del 2017, en Puente Alto hay 625 mil habitantes, de los cuales 1.658 han dado positivo. Por lo que al 15 de abril, un recluso de la cárcel de Puente Alto tenía 102 veces más riesgo de contagiarse con coronavirus que un habitante de la comuna. Al 15 de mayo, ese riesgo era 127 veces más alto.

«Debería haber un grupo dentro de esta mesa (propuesta por el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Investigación) que vaya monitoreando la situación por recinto carcelario. Para ello, hay una cantidad importante de académicos y profesionales vinculados a ciencias sociales y jurídicas, incluyendo criminología y de salud pública, considerando epidemiología, que podrían ir rápidamente construyendo modelos que permitan ir evaluando las distintas medidas que se vayan tomando», sentenció el autor del estudio de la DPP.

En cuanto al actuar del Gobierno en esta materia, el investigador dijo que «como todas las políticas públicas, estas hay que evaluarlas en distintos componentes. En particular, además, cobra importancia a propósito del fenómeno que se está viviendo en la actualidad: la velocidad de propagación del virus. Una buena evaluación de una medida puede cambiar radicalmente una semana después. En ese entendido, respecto de la velocidad de contagio, la respuesta ha sido hasta hoy adecuada para las cárceles de mujeres en Santiago, pero no para una cárcel de hombres».

Nazif-Muñoz agregó que «con respecto a otras medidas, por ejemplo, ayudar a mantener contacto con familiares o redes de apoyo, esta ha sido dispar, pues entiendo que no todas las cárceles hasta ahora tienen esa posibilidad, a través de uso regulado de teléfonos móviles o asistencia controlada de videoconferencias. Los indultos en general sí han sido una muy buena medida desde una perspectiva humanitaria, porque reconoce la vulnerabilidad de los internos. No obstante ello, habría que ver datos que no están públicamente disponibles: si, además de criterios como edad o condiciones de salud, información asociada a la densidad de recinto carcelario fue considerada».

El académico recomendó varias medidas: «Mantener una alta tasa de trazabilidad para detectar casos. Aislar tan pronto casos que sean detectados, para ayudar en su observación y eventual tratamiento. Apurar la clausura de cárceles, con medidas inmediatas que permitan la comunicación de internos con sus redes de apoyo (familiares, amigos, etc.) a través de llamadas telefónicas o videoconferencias. Proteger a los funcionarios de Gendarmería para que no se transformen en vectores, con medidas específicas tales como desinfectar de manera permanente todos los lugares críticos donde haya interacción social».

También propuso «evitar el traslado intracarcelario, que es una fuente potencial de contagio tanto para prisioneros como gendarmes. Mantener, en las cárceles donde esto esté ya ocurriendo, una alta comunicación entre funcionarios del sistema de salud pública y Gendarmería y, en los casos donde no haya, comenzar a mejorar dicha comunicación. Mantener instruida de manera permanente, con información fidedigna, a la población penal y de Gendarmería con la situación particular de cada recinto penitenciario. Esto debería además ayudar a reducir amotinamientos. Buscar alternativas a la privación de libertad tales como arresto domiciliario».

Finalmente, Nazif-Muñoz advirtió que «sería muy importante saber de qué manera fueron conteniendo los brotes en estas dos cárceles (San Miguel y San Joaquín), pues eso puede ayudar, a cárceles de Chile que tengan similares características, a imitar lo que hasta ahora se ha ido ejecutando».