Narcobeneficencia: cómo el hambre y la cesantía les abren el negocio a los traficantes en comunas vulnerables

“No se ha respetado la cuarentena ni menos el toque de queda. Los pasajes de los traficantes, donde ellos venden, parece Meiggs. El día de la madre fue atroz: lleno de gente en todos lados y ellos repartiendo cosas. Todos estos tipos se vienen a aprovechar de nosotros”. Ana, quien pide mantener su identidad en reserva por temor, es dirigenta vecinal en el sector El Castillo de La Pintana y está inquieta por cómo el narcotráfico, en medio de la crisis sanitaria y económica por el COVID-19, se fortalece en su comuna.

Mientras el Presidente anunció esta semana la distribución de “2,5 millones de canastas de alimentos y otros elementos esenciales para las familias más vulnerables y de clase media necesitada” –respondiendo a una solicitud de diferentes sectores–, diversas fuentes consultadas por El Mostrador plantean que el anuncio es tardío y que en estas semanas la “narcobeneficencia” se ha instalado en los barrios.

El hambre, que motivó el lunes las protestas en la comuna de El Bosque y que hace prever un nuevo estallido social, está siendo aprovechada por los traficantes para comprar conciencias y voluntades.

Ana relata que ya no se trata solo de los eventos especiales en que siempre aparecen con una “generosidad” deslumbrante: Navidad, Fiestas Patrias, bingos para la recolección de dinero para costear el gasto en enfermedades. Ahora están en el cotidiano: antes que el municipio llegue donde una familia afectada por coronavirus con ayuda, “Los Cucos”, “El Yuyi”, “El Rulo”, o cualquiera de los líderes locales, aparecen primero con cajas de mercadería, guantes, mascarillas y lo necesario para mantener el aislamiento.

“No nos gusta la idea, pero nosotros no tenemos los recursos para decirle a un vecino que no acepte. Aquí la gente recibe ayuda y después los defienden. Así funciona. Nosotros los conocemos tanto, son gente que uno conoce de chicos, a las familias de cuando llegaron acá y de repente ellos empezaron con el narco y no han parado. Andan en vehículos caros, compran parcelas en Reinaco o Villarrica y compran el silencio con carne y fideos”.

Según Ana, hay vecinos que no aceptan la colaboración, pero hoy, recalca, cada cinco casas hay una familia cesante y así no se puede mantener mucho tiempo la resistencia. “Ellos quieren apoderarse de las sedes vecinales, utilizan redes sociales. Se basan en las películas que están viendo. Lanzan fuegos artificiales a metros de la comisaría y no les pasa nada. Ellos mandan”, reclama con amargura. “Acá hay chicos buenos, inteligentes. Nada respetan. Uno pasa con los hijos encerrados para que no se tienten”, consigna.

El reclamo de Ana es respaldado por la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien afirma que han recibido denuncias sobre grupos ligados al narcotráfico entregando canastas básicas y material clínico.

“Nosotros tenemos un plan de ayuda. Cada vez que nos informan sobre un caso llegamos con una caja de mercadería y asistencia sicológica a la familia para enfrentar la situación, pero ha habido sectores donde los narcotraficantes están llegando primero, eso es así. Buscan parecer solidarios, compran conciencias”, acusa.

La inquietud de Pizarro es que “esto va a durar un par de meses y eso hace a las personas más vulnerables. Es muy difícil para las personas no caer en la tentación porque el Estado no está llegando. Donde está ausente el Estado, estas bandas crecen”.

La pandemia ha provocado una recesión a nivel mundial. En Chile ya se refleja. Según cifras del Ministerio del Trabajo, solo en abril hubo 238 mil despidos, un 11% más que el año anterior. Además, hasta este mes, más de 66 mil empresas se han acogido a la Ley de Protección al Empleo y 600 mil trabajadores tienen contratos suspendidos por esta vía. La cifra de desempleo en el trimestre enero, febrero y marzo de 2020 llegó al 8,2%, el porcentaje más elevado desde el 2010, y la proyección es que se superen los dos dígitos.

Sin crisis, La Pintana encabezaba hasta 2019 el Índice de Prioridad Social, según la Encuesta Casen que refleja desde datos de ingresos hasta nivel educacional. En cuanto a hacinamiento, duplica el promedio regional con 14% de la población en esa situación. Los datos en terreno son aún más duros, plantea Pizarro.

“La cesantía es muy grande. Me preocupa el poder que están adquiriendo en ese escenario los narcotraficantes. Necesitamos la ayuda económica. Hay gente que está sufriendo, están aumentando las ollas comunes. Hay 1.100 personas que están recibiendo almuerzos diarios. Es mucho. Estamos volviendo a los 70. El Estado tiene que hacerse presente para salvar vidas del narcotráfico”, postula.

El negocio narco no ha parado ni con el estallido social ni con el coronavirus. Este fin de semana, en lo que sería una disputa de territorio, dos jóvenes fueron acribillados en un vehículo en la intersección de Venancia Leiva con Los Granados y vecinos denunciaron balaceras en El Pantano. En redes sociales, circularon videos de tiroteos en La Legua.

El enemigo poderoso e implacable

“Es conocido que prestan dinero, financian equipos médicos y hoy tenemos información no confirmada, pero con alta credibilidad, respecto a que están llegando a los vecinos con ayuda económica en estos momentos de crisis. Con alimentos”, sostiene el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter.

Carter manifiesta que se provoca la problemática de un fisco que demora en tomar decisiones versus un grupo delictivo que maneja grandes sumas de dinero de disponibilidad inmediata: “El Estado es muy anticuado. Acaba de ocurrir con la decisión del Gobierno de transferir millones de dólares a los municipios, que recién entró a Contraloría. De aquí a que salga de Contraloría, se ejecuten los pagos, van a pasar quizás cuántos días y con el nivel de urgencia que estamos viviendo se demora semanas, mientras que el narcotráfico maneja mucha liquidez. Entonces tienen una capacidad de respuesta mucho más rápida que el Estado y con esto se ganan el favor de la gente, evidentemente”.

Su par Felipe Delpín consigna que una situación similar se vive en La Granja, donde el municipio intenta no aflojar con la asistencia a los pobladores para evitar que el territorio sea conquistado por los traficantes.

“No hemos tenido denuncias en estos días, pero siempre el narcotráfico, en tiempos ‘normales’, ha estado entregando ayuda a los vecinos. Es una forma de actuar de ellos. Con mayor razón deben estar haciéndolo en esta época, porque con eso compran voluntades, lealtades, por lo tanto, es una situación que a mí me preocupa bastante”, expresa.

Al igual que Pizarro, Delpín recalca que “la única forma de evitar que los vecinos concurran a estas personas en sus poblaciones es que tanto el Estado como los municipios estemos presentes” y eso implica llevar ayuda directa que, de alguna forma, permita enfrentar el desempleo y el hambre. Hoy estamos hablando de eso: hambre.

“En La Granja desde abril estamos entregando cajas de mercadería en sectores vulnerables, pero ahora también nos estamos acercando a la clase media porque hay mucha gente que ya está cesante, que entraron en una etapa de necesidad. Hay gente hoy que ya no tiene qué cocinar, no tiene qué comer. Eso es así. Entonces tenemos que llegar con apoyo”, sostiene el alcalde.

Los municipios han requerido al Ejecutivo obtener mayores recursos para la crisis, porque no se trata solo de atención clínica, sino de la masificación en la entrega de comida.

“A partir del 1 de junio estamos abriendo 15 comedores comunitarios. Nosotros los llamamos así, pero son las ollas populares, las ollas comunes. Ya estamos preparando eso. Si no actuamos, vamos a dejar los espacios libres para que todos los grupos organizados delincuenciales lleguen y se apoderen de las comunidades. Es muy grave lo que puede pasar si no estamos nosotros presentes. Ellos siempre entregan plata, arriendan buses para funerales, hasta vacaciones, pero esto es distinto. Es depender todos los días. Yo espero que los vecinos acudan al municipio y no a los delincuentes”, postula Delpín.

La alcaldesa Carolina Leitao, de Peñalolén, precisa que hasta hoy “no han llegado denuncias” sobre una intervención específica de los narcos por el COVID-19, “lo que no significa que no exista”. Tal como en otros lugares, en la comuna también conocen de la narcobeneficencia y sus costos a largo plazo. Por ello, cuenta, se mantienen operativos y controles más allá de las restricciones del virus para tener a raya a los narcos.

Pero la batalla es compleja. Ana, en El Castillo, cree que en su sector podría incluso ya estar perdida.

“En La Pintana tenemos pasajes y familias completas en sitios de 12 por 12, imagínese cómo son de pequeñas esas casas, cómo se vive ahí. En Santiago de Nueva Extremadura, las casas son enanas y hay más de una familia con todos cesantes. ¿Cómo uno les dice ‘no, esperen, no reciban esa ayuda que es como la botellita envenená’? Cuesta mucho”, sentencia.

La dirigenta se quiebra al enumerar las carencias y la lucha diaria por no ceder al dinero fácil del narco.

«A una vecina la echaron del Alvi. Ella tenía un bolichito. Lo tuvo que cerrar por semanas porque está toda la familia con cuarentena, porque les dio positivo al virus. Su esposo, sin pega. Los hijos, estudiando. Llegaron los narcos a ofrecerle de todo. Dijo que no. En una semana más no sé si va a decir que no, porque hay que comer. El municipio hace lo que puede, vienen mucho, la alcaldesa está amenazada incluso, pero ellos (los narcos) tienen más plata, viven acá y nos están ganando. A la gente buena, ellos les están ganando», confiesa con pesar.

Sobre el tema, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, plantea que no ha recibido denuncias formales sobre el asunto, “sin embargo, en las reuniones con alcaldes ellos han levantado este tema como algo que les preocupa y eso está siendo monitoreado particularmente por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público».