El grupo integrado por el ex presidente del Banco Central, José de Gregorio; el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, además de los economistas Sebastián Edwards, Claudia Martínez, Andrea Repetto y Claudia Sanhueza elaboró el documento “Política Fiscal y Apoyo a las Familias en la Pandemia”. En lo medular, plantean que se utilice el saldo del Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) -US$ 12 mil millones o 5% del PIB- como referencia de gastos adicionales para los próximos 18 meses. Los expertos calculan que se podría gastar, cada mes y en promedio, US$ 670 millones por encima de lo ya comprometido para financiar paquetes de ayuda importantes a las familias. La presidenta del Colegio Médico, doctora Izkia Siches, quien entregó la propuesta a la Mesa Social Covid-19, valoró la propuesta, señalando que “es muy relevante que el Estado llegue a apoyar a quienes lo necesiten”.
“Política Fiscal y Apoyo a las Familias en la Pandemia” se denomina el documento elaborado por un destacado panel de economistas convocado por el Colegio Médico, el cual fue entregado este viernes a la Mesa Social Covid-19, que encabeza el ministro del Interior Gonzalo Blumel en medio de la crisis del coronavirus.
Bajo la premisa de que Chile tiene espacio para endeudarse y puede gastar más, el texto fue elaborado por el grupo integrado por el ex presidente del Banco Central, José de Gregorio; el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, además de los economistas Sebastián Edwards, Claudia Martínez, Andrea Repetto y Claudia Sanhueza.
Entre las propuestas, plantean que se utilice el saldo del Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) a fines de marzo -US$ 12 mil millones o 5% del PIB- como referencia de gastos adicionales para los próximos 18 meses
Los expertos calculan que se podría gastar, cada mes y en promedio, US$ 670 millones por encima de lo ya comprometido para financiar paquetes de ayuda importantes a las familias.
La presidenta del Colegio Médico, doctora Izkia Siches valoró la propuesta, señalando que “es muy relevante que el Estado llegue a apoyar a quienes lo necesiten, para que puedan cumplir las cuarentenas y conseguir el efecto que se espera de ellas, que es evitar una mayor propagación del virus y el consecuente colapso de nuestra red asistencial”.
En el documento, los economistas plantean que los trabajadores formales deben acceder a los recursos que dispone el seguro de cesantía, de acuerdo a los mecanismos dispuestos en la Ley de Protección del Empleo, pero “en una fracción fija del salario mientras dure la contención de contagios. Un 60% del salario permite a las familias del tercer quintil financiar sus gastos más necesarios”, en lugar del actual diseño que contempla un monto decreciente de su salario, que comienza en 70% el primer mes, bajando al 30% en el sexto.
En cuanto a las familias de ingresos mayormente informales y aquellas que no tienen acceso al seguro de cesantía, los expertos aseguran que “deben recibir apoyos estatales”. “Los recursos propuestos permiten financiar bonos de $300 mil al mes para familias de cuatro integrantes. Se debería cubrir al 80% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares”, agregó el informe.
Respecto a los trabajadores a honorarios, el Gobierno ha propuesto que reciban un bono equivalente al 70% de los ingresos perdidos por solo tres meses, lo que se está tramitando en el Congreso. Para este grupo, en cambio, proponen “que las familias escojan entre acogerse al mecanismo propuesto por el gobierno, cuyo diseño se modificaría en línea con nuestra propuesta para trabajadores en el Seguro de Cesantía (esto es, otorgando durante la primera etapa un 60% de los recursos perdidos) y el Ingreso Familiar de Emergencia extendido diseñado para trabajadores informales (esto es, si sus ingresos son mayormente informales y pertenecen al 80% del RSH)”.
“Los apoyos monetarios a las familias deben ser estables mientras dure la etapa de contención de contagios de modo de facilitar las cuarentenas y el distanciamiento. Ellos deben retirarse gradualmente sólo en combinación con una apertura progresiva de la economía. Más adelante, los recursos deben utilizarse para estimular la demanda agregada y contener el desempleo”, señalan.