Opinión
Para el otro 99% de Chile, no es tolerable que las y los trabajadores de las empresas paguen los costos de la crisis mientras los beneficios presentes y futuros quedan en manos de sus dueños. En este escenario discutimos la necesidad de rescatar, por parte del Estado, a grandes empresas afectadas por la crisis. En marzo, LATAM redujo a la mitad el sueldo de sus trabajadores por tres meses. Quienes no firmaron el acuerdo, fueron despedidos. Cambiar la composición del directorio, incluyendo a las y los trabajadores, provocará que en próximas medidas se consideren sus intereses y no sean meras imposiciones unilaterales de sus dueños.
La pandemia nos tiene sumergidos en un estado de constante estrés y angustia. La rabia, que se expresó con fuerza en octubre, quedó en un segundo plano ante la magnitud de la crisis sanitaria y económica que está produciendo el SARS-CoV-2. Sin embargo, los abusos que generaron el estallido social están lejos de acabar.
Semanas atrás nos enteramos que Cencosud suspendió la relación laboral con 7.731 trabajadores. Un par de semanas después, el exministro de Hacienda, Felipe Larraín, asume como director de la empresa. Unos días más tarde, los accionistas retiraron $91.360.142.304 en utilidades.
El escándalo fue de tal magnitud, que tuvieron que reintegrar a los trabajadores suspendidos.
Pero no fueron los únicos. Ripley, Starbucks Coffee, Burger King, la constructora Ebco, H&M, La Polar e Hites también obtuvieron enormes utilidades el año 2019 y, por si fuera poco, durante esta crisis han suspendido a miles de trabajadores.
Son estas faltas de pudor las que revictimizan a millones de chilenas y chilenos traumatizados por décadas de abusos por parte de la élite político-empresarial. Estos casos se suman al largo listado que se encuentra en nuestra memoria colectiva, acumulando rabia y malestar.
Para el otro 99% de Chile, no es tolerable que las trabajadoras y los trabajadores de las empresas paguen los costos de la crisis mientras los beneficios presentes y futuros quedan en manos de sus dueños. Menos cuando el miedo al hambre se apodera de las calles.
En este escenario discutimos la necesidad de rescatar, por parte del Estado, a grandes empresas afectadas por la crisis. Debate delicado y complejo, que debe ser manejado con especial cuidado para no acrecentar las brechas de confianza entre élite y ciudadanía y, sobre todo, no perder el foco, que es proteger a las(os) trabajadoras(es).
Para ejemplificar esta discusión, veamos el caso de LATAM.
LATAM Airlines, la principal aerolínea de Latinoamérica, en el contexto de pandemia ha tenido que reducir hasta un 95% de sus operaciones. Esta situación —que todo indica que va a continuar—, junto a otros problemas, la tiene al borde de la quiebra.
Se calcula que para sobrevivir requerirá rescates por 600 millones de dólares, un tercio de su patrimonio bursátil. Para magnificar la cifra, con ese dinero se puede entregar una Renta Básica de Emergencia por sobre $450.165 (línea de la pobreza para un hogar promedio) para un millón de hogares.
A pesar del alto monto, parece razonable rescatar la empresa salvando los más de 43 mil empleos que genera la aerolínea, de los cuales sobre diez mil son en Chile, para no retroceder en conectividad como país. La disyuntiva se reduce al mecanismo de rescate.
Ayer la diputada y los diputados de Convergencia Social ingresaron un proyecto de ley para establecer Garantías Sociales ante eventuales rescates a grandes empresas.
En dicho proyecto, se estipula que los rescates serán mediante el aumento de capital y su posterior compra por parte del Estado. Al ser del fisco un porcentaje de la empresa rescatada, no solo nos hacemos parte como ciudadanos de las pérdidas presentes de la empresa, sino que en tiempos de bonanza obtendremos parte de las ganancias.
Además, se exige a las empresas rescatadas que no realicen despidos ni suspensiones laborales, que tengan directorios paritarios y que en estos se incluyan representantes de las trabajadoras y los trabajadores.
En marzo, LATAM redujo a la mitad el sueldo de sus trabajadores por tres meses. Quienes no firmaron el acuerdo, fueron despedidos. Cambiar la composición del directorio, incluyendo a las trabajadoras y los trabajadores, provocará que en próximas medidas se consideren sus intereses y no sean meras imposiciones unilaterales de sus dueños.
Las fuerzas políticas hoy enfrentan una tarea titánica: hacerse cargo de la mayor crisis sanitaria, económica y social de nuestra historia reciente. Seguir gobernando en los márgenes ideológicos de la transición es inaceptable para la ciudadanía. Esta crisis es una oportunidad para demostrar que existen otras formas de gobernar y dar luces de salidas al modelo de abusos ante el cual las chilenas y los chilenos nos revelamos el 18 de octubre.
El proyecto que presenta Convergencia Social no es una bala de plata a todos los problemas económicos o de confianza que hoy día existen, pero es un paso en la dirección correcta para abrir el debate sobre cómo ser responsables técnicamente, sin cargarle la crisis a las trabajadoras y los trabajadores, mientras los más ricos se hacen aún más ricos.
