Opinión
Según el Gobierno, el esfuerzo fiscal que está realizando para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia alcanza a los US$12.115 millones para este 2020 y es el límite de lo que puede realizar, porque debe “guardar cartuchos” para el período que sigue. Esto es discutible. Y si fuera cierto, habría aún mucho más espacio fiscal, porque el país dispone de fondos soberanos por más de US$25.000 millones y el nivel de deuda bruta es perfectamente administrable si se incrementa al doble del nivel existente a fines del 2019. Las cifras demuestran que el impacto del gasto en la economía hasta ahora corresponde a US$550 millones de mayor gasto y US$2.938 millones de menores ingresos respecto a la Ley de Presupuestos vigente, en total US$3.488 millones y solo alrededor de un 1,5% del PIB.
El Gobierno ha sostenido, por diversos medios y en voz de sus máximos ejecutivos, que está haciendo un enorme esfuerzo fiscal para aminorar el efecto de la pandemia provocada por el COVID-19 en la economía.
Estamos en una recesión que se extenderá, a lo menos, durante el año 2020. Como se sabe, en períodos de recesión el gasto del Gobierno es el instrumento que permite aminorar sus efectos e impulsar la recuperación. Esto se debe a que dicho gasto no se rige por criterios de mercado, como sí ocurre con el gasto de las personas, las empresas y las exportaciones.
El Gobierno tiene conciencia de ello y, por ello, ha adoptado diversas medidas. Según La Moneda, su esfuerzo alcanza los US$12.115 millones en 2020 y este es el límite de lo que puede realizar, porque debe “guardar cartuchos” para el período que sigue. Esto es discutible. Y si fuera cierto, habría aún mucho más espacio fiscal. El país no tiene problema de acceso a recursos, dispone de fondos soberanos por más de US$25.000 millones y el nivel de deuda bruta es perfectamente administrable si se incrementa al doble del nivel existente a fines del 2019.
[cita tipo=»destaque»]Las medidas que el CFA define correctamente como “efecto caja dentro del año”: el anticipo de la devolución de impuesto a la renta pymes (US$770 millones), la aceleración de la devolución de impuesto a la renta de trabajadores independientes (US$200 millones), la postergación del pago de impuesto a la renta pymes (US$600 millones), la aceleración del pago de facturas (US$1.000 millones), la postergación del pago de contribuciones (US$670 millones) y, no incluido en el informe del CFA, postergaciones de permisos de circulación y de vencimientos de licencias de conducir. No significan impulso fiscal, pues solo modifican flujos de caja ya considerados en el gasto del año.[/cita]
No obstante, el Gobierno no parece tener conciencia de la magnitud de la crisis sanitaria, social y económica que se está viviendo y escatima los esfuerzos, sobre la base de que lo importante es el equilibrio de las finanzas públicas, que es importante, sin considerar que lo que no se hace a tiempo agrava los resultados. Eso va a ocurrir en Chile, entre otras razones, porque no es cierto que el esfuerzo sea el que el Gobierno ha señalado.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) –en su informe de abril– expone en cuatro categorías las medidas adoptadas por el Gobierno: “Mayores Gastos”, “Menores Ingresos”, “Efecto caja dentro del año” y “Bajo la línea”. Realiza el análisis con el objeto de establecer el impacto en el Balance Estructural y concluyó que ese efecto es de solo US$4.347 millones, ante un total de recursos comprometidos de hasta US$17.105 millones.
La revisión de las cifras nos permitirá saber cuánto es el esfuerzo fiscal efectivo en 2020.
En “Mayores gastos”, el CFA incluye el 2% constitucional a salud (hasta US$1.400 millones), el fondo especial de insumos médicos (US$260 millones), el bono de apoyo a ingresos familiares (US$167 millones), el fondo de beneficio municipal (US$100 millones) y el fondo de protección de ingresos de los más vulnerables –financiado con reasignaciones– (US$833 millones). A ello se agrega el fondo para los trabajadores a honorarios (US$300 millones) y las canastas de alimentos (US$95 millones).
Esto suma US$3.155 millones, pero no todo es gasto adicional. Las canastas se financian con recursos ya distribuidos a las regiones y el resto, en gran parte, con las reasignaciones por US$2.510 millones, que son gastos ya considerados en el Presupuesto, por lo que el gasto adicional es de solo US$550 millones.
En “Menores Ingresos”, el CFA considera la suspensión de PPM (US$2.400 millones) y la postergación del IVA (US$1.500 millones), la devolución de retención de boletas de honorarios de los meses de enero y febrero 2020 a los trabajadores independientes (US$118 millones) y la reducción del impuesto de timbres y estampillas (US$420 millones), sumando en total US$4.438 millones. Pero la parte más importante del IVA postergado se debe pagar en el año y, por otro lado, las cifras estimadas corresponden a un año normal, y en los tres meses considerados esa no es la realidad, por la caída de la actividad económica. Así, el efecto neto de las medidas sería de US$2.938 millones.
Las medidas que el CFA define correctamente como “efecto caja dentro del año”: el anticipo de la devolución de impuesto a la renta pymes (US$770 millones), la aceleración de la devolución de impuesto a la renta de trabajadores independientes (US$200 millones), la postergación del pago de impuesto a la renta pymes (US$600 millones), la aceleración del pago de facturas (US$1.000 millones), la postergación del pago de contribuciones (US$670 millones) y, no incluido en el informe del CFA, postergaciones de permisos de circulación y de vencimientos de licencias de conducir. No significan impulso fiscal, pues solo modifican flujos de caja ya considerados en el gasto del año.
Algo similar ocurre con los ítems que el CFA define como gastos “Bajo la línea”. Estos son el uso del seguro de cesantía en circunstancias excepcionales (hasta US$2.000 millones), la capitalización del BancoEstado (US$500 millones) y el plan de garantías de créditos para empresas –Fogape– (hasta US$3.000 millones), a lo que se debe agregar el reciente anuncio del aporte al Fondo CRECE CORFO-SERCOTEC (US$150 millones). Estas medidas tienen efectos positivos en la economía, pero no son gasto fiscal, corresponden a cambios de cuentas de activos financieros, que difícilmente serán activados como gasto y, si ello ocurriera, no sería en el 2020.
Por lo tanto, el esfuerzo que hasta ahora el Gobierno está realizando, con impacto en la economía este año, corresponde a US$550 millones de mayor gasto y US$2.938 millones de menores ingresos respecto a la Ley de Presupuestos vigente, en total US$3.488 millones y solo alrededor de un 1,5% del PIB, muy lejos de los US$12.155 millones que ha señalado el Ejecutivo, y totalmente insuficientes para abordar las necesidades de la crisis y la reconstrucción.
