Opinión
En una situación en que se realizaban bajos números de diagnósticos moleculares para el virus, la labor médica llevada a cabo en consultorios inmersos en la población, probablemente, estaba llevando clínicamente el pulso a la epidemia mucho mejor que los escasos diagnósticos moleculares que proyectaban, equivocadamente, un bajo número de infectados, debido, más que nada, a su escasez. Esto se apreciaba muy bien por el hecho de que los médicos –al 31 de marzo– habían diagnosticado a 31.638 pacientes respiratorios enfermos de probable COVID-19 y el ensayo molecular había diagnosticado solamente a 2.744 de ellos. La eliminación arbitraria, por descuido o discrecionalidad, de esta cifra clínica en los informes del Minsal, le permitió a la autoridad sanitaria presentar erróneamente una imagen de aparente control de la epidemia.
La prensa ha comentado con gran revuelo, y como si fuera una gran novedad, el hecho de que la autoridad sanitaria el 20 de mayo del 2020, a instancias de su consejo asesor, introdujera las definiciones de “caso probable” y de “caso sospechoso” de COVID-19, para la vigilancia de la epidemia. Estas definiciones corresponden a personas que en la epidemia en curso manifiesten síntomas respiratorios porque, como dice la autoridad, “en la práctica toda persona que tiene una infección respiratoria originada en un virus, es muy improbable que esa infección se deba a otro agente, sino a coronavirus”.
Creemos importante señalar que la prensa desgraciadamente ignora que estas definiciones no son nuevas, ya que ellas estaban anteriormente computadas en los informes del Ministerio de Salud hasta el 31 de marzo y correspondían al número de enfermos sospechosos de COVID-19 que los médicos tratantes debían notificar obligatoriamente, de acuerdo al Código Sanitario, por tratarse de una enfermedad transmisible.
Sin embargo, como lo señaláramos en una opinión en El Mostrador del 8 de abril de 2020, el reporte de este número de pacientes desapareció misteriosa y sorpresivamente de los informes epidemiológicos del Minsal, desde comienzos de abril hacia adelante. Señalábamos, en aquella opinión, que esta desaparición era epidemiológicamente improcedente y desfavorable para una correcta vigilancia de la evolución de la epidemia. En la desafortunada exclusión de esta útil información que debiera ser pública, el comité asesor de la autoridad sanitaria –al parecer– careció de responsabilidad y de allí su tardía reintroducción a petición de estos expertos.
[cita tipo=»destaque»]Al contrario de la autoridad sanitaria, creemos que el análisis y la discusión de estos temas carece de las características de una “pelea chica”, ya que ellos afectan negativamente la vida y la supervivencia de decenas de miles de chilenas y chilenos. Mantener estos hechos en la oscuridad y sin análisis, augura su nociva repetición en el futuro y además elude el debate amplio y democrático de asuntos que puedan mejorar las serias limitaciones de la salud pública del país. Entre ellos, el uso adecuado de sus estadísticas y de sus métodos, instrumentos fundamentales de la epidemiología en su objetivo final de prevención de la enfermedad y de la muerte.[/cita]
En una situación en que se realizaban bajos números de diagnósticos moleculares para el virus, la labor médica llevada a cabo en consultorios inmersos en la población, probablemente, estaban llevando clínicamente el pulso a la epidemia mucho mejor que los escasos diagnósticos moleculares que proyectaban, equivocadamente, un bajo número de infectados debido, más que nada, a su escasez. Esto se apreciaba muy bien por el hecho de que los médicos –al 31 de marzo– habían diagnosticado a 31.638 pacientes respiratorios enfermos de probable COVID-19 y el ensayo molecular había diagnosticado solamente a 2.744 de ellos. Opinamos que la eliminación arbitraria, ya sea por descuido o discrecionalidad, de esta cifra clínica en los informes del Minsal, le permitió a la autoridad sanitaria presentar erróneamente una imagen de aparente control de la epidemia.
En realidad, los médicos –a través de sus diagnósticos de enfermedad respiratoria aguda– en ausencia de infecciones por influenza y de virus respiratorio sincicial, como lo afirmáramos y lo afirma ahora la autoridad, estaban monitoreando mucho mejor que los escasos ensayos moleculares la diseminación amplia y ascendente del COVID-19 en la población. La letal relevancia epidemiológica de esta errada omisión, se aprecia por el hecho de que en dos meses solo uno de los infectados por COVID-19 diagnosticado por los médicos que no haya sido contabilizado y controlado por el sistema de salud, puede haber originado 20.000 nuevas infecciones y, aproximadamente, cien muertes.
Lo acertado y lo profético de este trabajo clínico, quedó fehacientemente demostrado por la gravosa explosión de nuevos casos y de la mortalidad, seis semanas más tarde. Este trabajo clínico, que detectó precozmente a mediados de marzo la epidemia de enfermedades respiratorias aguda por COVID-19 en la población, creemos que ayuda también a explicar el fenómeno de la mortalidad excesiva detectado, por ejemplo, en el mes de marzo, donde hubo aproximadamente un exceso de 870 fallecimientos comparados con los fallecimientos promedio de los últimos cinco años.
La relevancia de esta mortalidad excesiva ha sido negada enérgicamente por la autoridad sanitaria, sin embargo, el fenómeno ha sido observado prácticamente en todos los países del mundo en que la epidemia de COVID-19 cursa y para Chile, además, esta ha sido recientemente confirmado por un análisis del diario NY Times (5/19/20).
Independientemente del análisis estadístico de los pocos datos disponibles hasta la fecha, la capacidad de nuestro país para identificar, certificar y monitorear las defunciones por causa directa o indirecta del COVID-19, ha quedado tristemente en entredicho por la experiencia directa de familiares, médicos y personal de funerarias. Esto es producto de una combinación de directivas poco claras o efectivas de las autoridades de salud y de un sistema que no estaba preparado para enfrentar las exigencias de una epidemia como la que estamos viviendo.
Al contrario de la autoridad sanitaria, creemos que el análisis y la discusión de estos temas carece de las características de una “pelea chica”, ya que ellos afectan negativamente la vida y la supervivencia de decenas de miles de chilenas y chilenos. Mantener estos hechos en la oscuridad y sin análisis, augura su nociva repetición en el futuro y además elude el debate amplio y democrático de asuntos que puedan mejorar las serias limitaciones de la salud pública del país. Entre ellos, el uso adecuado de sus estadísticas y de sus métodos, instrumentos fundamentales de la epidemiología en su objetivo final de prevención de la enfermedad y de la muerte.
Igualmente, la determinación adecuada de la morbilidad y de la mortalidad por COVID-19 serán parámetros esenciales en implementar políticas de retorno seguro en la apertura de la economía. Creemos que este análisis complementa y sinergisa el examen científico de la epidemia con los resultados del periodismo de investigación. Esto democratiza y expande el entendimiento de su compleja y dinámica evolución, así como del real impacto de su morbilidad y de su mortalidad.
