Opinión
En todas las crisis hay una sola certeza: no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar que el Gobierno de turno, a través del Estado, resuelva todo. Muy por el contrario, es necesario, a través del desarrollo de alianzas público-privadas y de acuerdos transversales entre los más diversos sectores políticos, poder afrontarlas con medidas tanto adecuadas como oportunas para minimizar sus efectos y lograr la recuperación, en el menor plazo posible. El resto “es música” –como dijo hace no mucho un expresidente– que puede terminar siendo el más triste de los tangos.
Al calor de esta crisis que parece estirarse y constreñirse como una gran boa, han surgido voces desde distintos sectores y “líneas de pensamiento”, abogando por un alza tributaria que, si no se dimensiona en un análisis crítico, podría tener consecuencias completamente contrarias y adversas al problema que se pretende solucionar.
La experiencia reciente –desde la crisis mundial del año 29 hasta nuestros días– nos indica que la recuperación económica depende en gran parte de que los estados ejecuten medidas para eliminar trabas a la inversión, el empleo y preservar el tejido empresarial, priorizando aquellas industrias que resulten ser más competitivas y que generen valor real. Un ejemplo de aquello es Estados Unidos, que suele recuperar el empleo muy rápido por esos factores, a diferencia de Latinoamérica, que se tardará, de acuerdo a los analistas, más de tres veces en dar señales de recuperación.
La situación latinoamericana y en específico la de Chile, es hoy muy delicada y podría empeorar si no se garantiza la flexibilidad mínima para estimular nuevas inversiones. Si los estados deciden aumentar impuestos y poner más barreras a la ya poca inversión que estamos experimentando, la pendiente por la que podemos caer rodando puede transformarse en un precipicio con ribetes fatales para muchos actores económicos.
En efecto, la crisis del COVID-19 hasta la fecha ha cobrado miles de vidas y ha hecho que varios gobiernos tomen medidas drásticas, desde el cierre de colegios, bares, restaurantes y comercio no esencial, hasta el confinamiento temporal de su población, como son los casos de Argentina, España, Italia y Chile en algunas de sus comunas.
[cita tipo=»destaque»]Entre las medidas para aumentar la solvencia, se puede someter a análisis la rebaja temporal de impuestos específicos, impuesto a la renta y al consumo, rebajar costes regulatorios y, finalmente, facilitar y fiscalizar la negociación de distribución de las pérdidas entre trabajadores y las empresas, para evitar una escalada en el desempleo que podría superar con largueza las dos cifras. A esto agregaría algunas medidas especiales, como sumar inteligencias –alianza Estado con centros de investigación locales– y dotar de soluciones que destraben la reconversión de ciertos negocios, acelerando las transferencias tecnológicas y la capacitación.[/cita]
Fruto de lo anterior, resulta evidente que las medidas antes mencionadas producirán graves problemas económicos como efecto colateral. Recientemente es la economía Alemana la que ha confirmado su entrada en recesión, con una contracción de su PIB para el primer trimestre del 2020 en un 2,2%, la caída más severa observada desde la crisis subprime de 2008-2009.
Es interesante analizar el fenómeno alemán, puesto que, si bien es uno de los países que ha experimentado una alta tasa de contagios, es asimismo uno de los que tiene las menores tasas de letalidad (0,8%), considerando que dicha nación no aplicó un severo confinamiento a su población. Sin embargo, las medidas antes descritas no han evitado que una de las economías más robustas de Europa haya experimentado una importante caída en sus datos de crecimiento, debido, entre otras causas, a la menor demanda de China sobre los bienes alemanes.
¿Qué sucederá con la economía en Chile? Es esperable –del mismo modo como ocurre con Alemania– que economías como la chilena, sin ninguna duda, ingresen en una espiral recesiva. Es aquí donde resulta relevante tomar urgentes medidas, las cuales, si bien han estado en la dirección correcta, para que tengan el efecto deseado y sean consideradas como “buenas”, deben contar con una segunda característica: la oportunidad de su aplicación.
Es aquí donde el Gobierno y los partidos políticos tienen el deber ético para que, conjunta y coordinadamente, desarrollen políticas, acciones y estrategias que faciliten la sobrevivencia del tejido productivo, buscando alternativas innovadoras, eficientes y seguras para evitar el cese completo del funcionamiento de la actividad económica, con un foco especial y prioritario en las Mipymes.
Es en este aspecto donde resulta relevante distinguir entre las medidas para proporcionar liquidez de las medidas para aumentar la solvencia en la economía.
Entre las primeras, destaco el aplazamiento del cobro de los impuestos como el IVA y los Créditos con Aval del Estado (CAE). Sin embargo, parece ser que algunas medidas no han logrado los beneficios esperados, dado que existen sectores que no han podido acceder a estas líneas especiales de financiamiento y es en esta dimensión donde se puede recurrir, en un caso extremo, a considerar la constitución de avales selectivos, para la refinanciación de aquellas industrias estratégicas más afectadas por el virus.
Entre las medidas para aumentar la solvencia, se puede someter a análisis la rebaja temporal de impuestos específicos, impuesto a la renta y al consumo, rebajar costes regulatorios y, finalmente, facilitar y fiscalizar la negociación de distribución de las pérdidas entre trabajadores y las empresas, para evitar una escalada en el desempleo que podría superar con largueza las dos cifras. A esto agregaría algunas medidas especiales, como sumar inteligencias –alianza Estado con centros de investigación locales– y dotar de soluciones que destraben la reconversión de ciertos negocios, acelerando las transferencias tecnológicas y la capacitación.
Implementar dichas medidas implicará un esfuerzo aún mayor del fisco, lo que puede ser compensado al ejecutar algunas medidas fiscales, como lo son el recorte y redistribución temporal del gasto público en partidas no consideradas esenciales y que no estén afectadas por la pandemia.
En consecuencia, insistir en medidas de intervención sin criterio y sin atender la naturaleza diversa del sector productivo de nuestra economía, no nos llevará a recuperar los indicadores de inversión, empleo y movilidad social que hoy tanto nos hacen falta. Es precisamente en esta última frase donde resulta relevante diferenciar la crisis económica derivada de la pandemia de otras crisis, porque el COVID-19 ha generado un doble shock: desde el punto de vista de la demanda, una gran parte de la población no está consumiendo (más allá de lo estrictamente necesario) y desde el punto de vista de la oferta, existen variados y numerosos sectores de la economía que están produciendo a la mitad de sus capacidades o, lisa y llanamente, dejaron de producir.
Sin embargo, en todas las crisis hay una sola certeza: no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar que el Gobierno de turno, a través del Estado, resuelva todo. Muy por el contrario, es necesario, a través del desarrollo de alianzas público-privadas y de acuerdos transversales entre los más diversos sectores políticos, poder afrontarlas con medidas tanto adecuadas como oportunas para minimizar sus efectos y lograr la recuperación, en el menor plazo posible. El resto “es música” –como dijo hace no mucho un expresidente– que puede terminar siendo el más triste de los tangos.
