PAÍS
A través de una carta dirigida al Mandatario, sociedades científicas y ligadas a la investigación epidemiológica, solicitan al Gobierno considerar de manera “inmediata” una serie de medidas para evitar que el país viva el peor de los escenarios debido a la propagación del coronavirus. Los investigadores apuntan a aumentar la capacidad de testeos, garantizar el acceso a licencias médicas y potenciar una estrategia clara de residencias sanitarias. Además, recomiendan nuevas medidas de ayuda social, como que “las cajas con mercadería se reemplacen con subsidios directos a las familias”, escuchar a las autoridades locales y ocuparse de una vez por todas de cómo afecta el fenómeno a la infancia y por género. Por supuesto, todo acompañado de una mejor comunicación, «evitando el lenguaje bélico, confrontacional y centralizado”, y un “100% de transparencia de los datos desagregados”.
Gonzalo Bacigalupe, académico y máster en Salud Pública de la Universidad de Harvard, planteó una dramática realidad respecto al panorama actual de Chile frente a la pandemia de coronavirus. A través de una columna y titulada «Chile y COVID-19: partimos de cero», fustigó que el Gobierno se asesoró por investigadores en inteligencia artificial «sin calle» y «sin entender nuestra idiosincrasia».
«No aprendieron de lo que había sucedido en países con culturas similares -relaciones sociales de mucha cercanía, alta desconfianza en la autoridad, saliendo de crisis políticas y sociales- como Italia y España», dice el experto en la opinión publicada por La Segunda.
Debido a la razón expuesta, el académico junto a otros 30 investigadores, decidieron enviar una carta abierta al Presidente de la República para que se tomen medidas y evitar que esto sea «una catástrofe».
Los firmantes, entre los que se encuentra la Sociedad Chilena de Epidemiología, aseguran que la contención de la pandemia no puede estar basada en la cantidad de nuevos ventiladores mecánicos o camas disponibles. Aseguran que el robustecimiento del sistema hospitalario es importante y positivo para el país, pero se necesita con urgencia un cambio de estrategia que busque cortar la cadena de contagio y que incluya testeo masivo y sistemático, con un enfoque social amplio, integral, intersectorial e interdisciplinario, poniendo en el centro la protección y bienestar de la comunidad.
«La evidencia científica internacional es clara», dicen, apuntando a que la base del enfrentamiento debe ser una estrategia oportuna y activa en testear, detectar, salir a buscar los casos, notificar, trazar, aislar los contagios y realizar un seguimiento de todos.
«Esto debe acompañarse del aislamiento y cierre oportuno de ciudades o regiones, que pronto se verán saturadas por los altos niveles de contagio, para así evitar que no se repita la situación actual de la Región Metropolitana, donde se actuó tarde», advierten.
Para lograr una buena estrategia frente al virus, los investigadores recomiendan que se debe integrar a la Atención Primaria como eje central de esta estrategia, por tener situado ahí el manejo territorial con la comunidad, donde se debe incorporar cientos de trazadores distribuidos en todas las regiones de Chile, dedicados a investigar, localizar, identificar y notificar los casos.
«Estos trazadores serán clave para reducir contagios en el corto plazo, pero también en la labor de actuar rápidamente en la contención de microepidemias en los meses sucesivos, cuando pase la primera gran curva. Complementando el trabajo de los trazadores, se propone activar plataformas tecnológicas de salud digital para lograr esta meta», explicaron.
Los firmantes recalcan que uno de los elementos prioritarios debe ser ampliar la capacidad de testeo que permita salir de los recintos de salud e ir en búsqueda de casos. Para esto, dicen, se requiere aumentar el número de test PCR y la capacidad de procesamiento de éstos, con el fin de reducir los tiempos de espera de resultados y así agilizar la identificación de casos y su trazabilidad.
«Se debe garantizar el acceso a licencias médicas para trabajadores y trabajadoras formales, al momento de una sospecha clínica (casos sospechoso o probable), a la espera de confirmación o con antecedentes de contacto estrecho, sin necesidad de esperar por un resultado de una prueba diagnóstico-confirmatoria o una autorización por parte de la SEREMI», comentan en la misiva.
Además, a juicio de los investigadores, es necesario potenciar una estrategia clara de residencias sanitarias, ya que la pandemia se ha extendido a lugares del país donde vive población en situación de vulnerabilidad social y hacinamiento. En ese sentido, aseguran que diagnosticar no es suficiente.
«Se requiere que los pacientes que viven en esas condiciones sean enviados a una residencia, en la que puedan cumplir un aislamiento efectivo. Esto apenas se sospeche la enfermedad y sólo con indicación médica. No hacerlo, implica enviarlos a sus casas, aumentando el riesgo de contagio en su entorno», enfatizaron.
Para los científicos, urge además que las medidas de distanciamiento físico, aislamiento y cuarentenas masivas sean efectivas. Y para que ello ocurra, aseguran que es prioritario establecer medidas de orden social, logísticas y económicas que permitan que las restrictivas no lleven a la comunidad a enfrentar la disyuntiva entre salud o sustento.
«Hemos conocido que el 15% de las personas contagiadas con Covid-19 sale a trabajar por necesidad económica, según un estudio realizado por el Colegio Médico y la Universidad de Chile, exponiendo así al resto de la población a infectarse. Esto nos conmina a ser más proactivos y rápidos en mejorar la estrategia desarrollada en cuanto a medidas económicas», cerraron.
Respecto a otras aristas expuestas por la pandemia, los investigadores proponen evaluar, primero, que las cajas con mercadería se reemplacen con subsidios directos a las familias que dependen de trabajadores independientes, que tienen personas desempleadas y que en general vean mermado sus ingresos para llegar a fin de mes, por cumplir el confinamiento. Al mismo tiempo, piden avanzar en proyectos que evalúen la condonación del pago de servicios básicos mientras dure la emergencia sanitaria y se entreguen subsidios para calefacción limpia que reduzcan el uso de leña.
«El gasto en medicamentos en Chile es uno de los más altos de América Latina. Por ende, parte de la ayuda económica directa debe ir en apoyo de la compra de fármacos, en especial, para niños, niñas y adolescentes con enfermedades crónicas, cuyos padres y madres se encuentran cesantes o sin posibilidad de trabajar por la cuarentena», comentan.
A su juicio es importante fortalecer la diversidad territorial, los liderazgos y características propias de cada comunidad. Por eso es urgente que se establezca un programa de apoyo social para municipalidades, de manera tal que les permita ampliar su capacidad técnica, de gestión, y logística en el territorio. De esta forma aseguran que sería posible proyectar que las medidas restrictivas puedan ser cumplidas por la mayor parte de la población.
Sumado a estas medidas sociales, dicen que es necesario activar un plan de fiscalización más estricto que el actual que permita un eficaz cumplimiento de la cuarentena. Y recomiendan establecer un programa de apoyo social integral que permita a las personas extranjeras en situación irregular, acceder a los beneficios sociales del Estado, creando un Registro Temporal Humanitario incorporado en el Registro Social de Hogares.
«Es necesario comprender lo importante que es establecer lazos de confianza, para que extranjeros en la condición señalada, puedan acceder a este tipo de beneficios sin temor a ser deportados. Se debe trabajar en conjunto con las organizaciones sociales que ya han construido dicho vínculo», agregaron.
Frente al trauma psicológico colectivo que significa una pandemia, recomiendan contar con una estrategia aún más contundente en salud mental para el presente, pero también para la post pandemia. Y, para monitorizar el impacto de la pandemia con enfoque de género, piden al Estado asegurar la disponibilidad de datos desagregados por sexo, brindar estadísticas semanales sobre violencia de género, reflejada en la violencia intrafamiliar acentuada por las condiciones actuales, reforzar las residencias para víctimas y capacitar al personal de la Atención Primaria de Salud para ir en apoyo.
«Es un imperativo el acceso a salud en ciclo menstrual, sexual y reproductiva, y que el Ejecutivo ponga urgencia a Proyectos de Ley que aborden los desafíos de la maternidad, como el que promueve la extensión del post natal durante la pandemia», detallaron.
En el último punto -pero no menos importante- los firmantes dicen que se necesita establecer un alto estándar en materia de transparencia y acceso a la información, para lo cual se debiera involucrar al Consejo Nacional para la Transparencia, la Contraloría General de la República, el Poder Legislativo, sociedades médicas, científicas y académicas para acordar un estándar en esta materia.
Dicen que lo que se requiere es el 100% de la transparencia de los datos desagregados correctamente anonimizados que actualmente registra el sistema Epivigila. Para esto, solicitan que de cada caso de coronavirus se haga disponible con información más que detallada.
Además, proponen que la estrategia comunicacional contenga mensajes claros, simples y de alcance masivo, «evitando el lenguaje bélico, confrontacional y centralizado, que responsabiliza a las personas de la propagación del virus, estigmatiza a grupos específicos y profundiza la desconfianza entre los y las ciudadanas, y entre las personas, las autoridades y sus Instituciones. A su vez agudiza las problemáticas de salud mental en la población, al incrementar sus niveles de tensión».
«Una estrategia social integral debe hacerse cargo de las externalidades de las decisiones que se contemplan en el plan, sin establecer en terceros la razón por lo cual alguna acción no obtiene los resultados esperados. Por el contrario, en esos casos lo que corresponde, especialmente en emergencia, es tomar las medidas correctivas necesarias», señalaron.
Los firmantes solicitan a Piñera considerar sus propuestas de manera inmediata ya que, a su juicio, estamos frente a una emergencia país y es imperante «reactivar la estructura de gobernanza que nos ha permitido históricamente ser resilientes frente a los desastres».
