Opinión
Se están desnudando problemas que, aunque conocidos, no se habían dejado ver con la intensidad que lo hacen ahora. Las desigualdades han saltado a la vista, las vulnerabilidades de una parte de la población se perciben día a día, la debilidad del aparato público para enfrentar con solvencia y legitimidad la solución de las crisis, es evidente. Y el territorio donde todo ello ocurre es el de nuestras ciudades. Un acuerdo por ciudades sostenibles es de carácter político, debe tener un sello de equidad, con amplios -autoridades, partidos, organizaciones sociales, mundo privado y ciudadanía- y puede ser la manera de responder a la oportunidad única que las crisis social y sanitaria nos presentan.
El escenario poscrisis por la pandemia del coronavirus será, por una parte, el derivado de las pérdidas humanas, sociales y económicas y, por otra, el que surja como resultado de la voluntad y las decisiones de cambio que se tomen en el mundo. En particular, en las ciudades de Chile el escenario que se verifique dependerá de lo que el país sea capaz de concebir y acordar desde ya.
Pensamos que la pandemia –y antes el estallido social– está desnudando problemas que, aunque conocidos, no se habían dejado ver con la intensidad que lo hacen ahora. Las desigualdades han saltado a la vista, las vulnerabilidades de una parte de la población se perciben día a día, la debilidad del aparato público para enfrentar con solvencia y legitimidad la solución de las crisis es evidente. Y el territorio donde todo ello ocurre es el de nuestras ciudades.
Se abre la oportunidad del acuerdo y compromiso para avanzar hacia ciudades distintas, con mayores condiciones de equidad e inclusión para sus habitantes, tanto en lo habitacional como en el espacio público y en el acceso a bienes públicos, donde se respeten sus derechos sociales y ambientales. El proceso de enfrentamiento de la crisis sanitaria puede servir para la construcción conjunta de un escenario que sea el cimiento de ciudades con mayor calidad de vida.
[cita tipo=»destaque»]Los cambios descritos solo pueden ser posibles con un Estado activo, que despliegue un esfuerzo de planificación urbana, elemento ausente en el desarrollo de nuestras ciudades en las últimas décadas. Un Estado activo en la localización de actividades y de viviendas, que promueva densificación equilibrada –de las viviendas y del espacio público–, la validación de los barrios, de su tejido social, el desarrollo de infraestructura resiliente y de redes de transporte sostenible, la inversión en medios de aislación térmica y acústica en los hogares, el cuidado del agua y el aseguramiento de su provisión a la población. Un Estado activo en la inversión pública, adecuadamente financiada con criterios de redistribución.[/cita]
El acuerdo por mejores ciudades significa en materia de desarrollo local y en circunstancias de decrecimiento de la economía, como se prevé, el despliegue de políticas de redistribución, con inversión a escala de barrio en equipamiento y en espacio público de alto estándar, que además de mejorar la calidad de la vida urbana local, opere como activador del empleo, extendido en el territorio.
Los largos desplazamientos y alta demanda de los servicios de transporte que muestran hoy las ciudades, por la marcada concentración territorial de la provisión de bienes y servicios, en situación de pandemia representan múltiples riesgos de contagio. El incentivo al comercio local y el fomento a la diversificación de actividades en los barrios, acortaría muchos viajes, disminuyendo así los riesgos. Hacia adelante ello contribuiría a mejorar la calidad de vida local, apoyando de paso en situación de crisis al sector más vulnerable del mundo empresarial.
Los requerimientos de distanciamiento físico durante la pandemia para reducir riesgos, se pueden cumplir de manera segura mediante desplazamientos a pie o en bicicleta, medios que además de facilitar la mantención del distanciamiento en el espacio público, no causan deterioro del medio ambiente, contribuyen a la salud y son más eficientes para los viajes cortos. El fomento de estos modos abre la puerta a cambios significativos en las ciudades, siempre que se produzcan procesos de relocalización de actividades –potenciamiento de los barrios, mejoramiento local de la educación– que disminuyan las distancias de viaje.
En cuanto a inversión pública, esto supone el desarrollo de infraestructura para peatones y ciclistas, expresada en el ensanche y mejoramiento de veredas, la peatonalización de calles y la construcción de redes de ciclovías.
Si bien el transporte público seguirá siendo el principal medio de transporte de la población, especialmente en ciudades grandes o de tamaño medio, la pandemia impone la disminución de la aglomeración al interior de los vehículos y de los consiguientes riesgos sanitarios. Se requiere un aumento de las frecuencias, vía un incremento de la dotación de vehículos, una importante inversión en infraestructura exclusiva para transporte público y mayor priorización en el uso de las calles, con fiscalización. El escalonamiento de horarios para bajar la demanda en horas punta, si se puede aplicar, también puede ser efectivo.
Como el espacio vial no es infinito, la inversión en infraestructura para peatones, bicicletas y transporte público significa la disminución de la vialidad disponible para el modo de transporte menos sostenible, el automóvil, lo que se tendrá que manifestar tanto en las pistas de circulación, como en la parte de la calzada destinada a estacionamiento. Cabe señalar que la pandemia, que conlleva medidas de confinamiento de una parte de la población, genera por sí misma una disminución del uso del automóvil y la búsqueda de continuación de las actividades, a través de la comunicación a distancia, lo que puede facilitar este proceso.
El teletrabajo puede ser en el futuro una fórmula potencialmente positiva al disminuir los desplazamientos y los tiempos y costos asociados, incluidos los ambientales. Sin embargo, en el contexto de desigualdad urbana es un camino que puede ser asumido por una parte pequeña de la población, aquella con acceso a la tecnología y conectividad digital. Programas de acceso gratuito a internet, provisto por el Estado en las viviendas o en los barrios, podrían emparejar en algo la cancha y contribuir a incorporar más trabajadores a esta modalidad funcional.
Los cambios descritos solo pueden ser posibles con un Estado activo, que despliegue un esfuerzo de planificación urbana, elemento ausente en el desarrollo de nuestras ciudades en las últimas décadas. Un Estado activo en la localización de actividades y de viviendas, que promueva densificación equilibrada –de las viviendas y del espacio público–, la validación de los barrios, de su tejido social, el desarrollo de infraestructura resiliente y de redes de transporte sostenible, la inversión en medios de aislación térmica y acústica en los hogares, el cuidado del agua y el aseguramiento de su provisión a la población. Un Estado activo en la inversión pública, adecuadamente financiada con criterios de redistribución.
En la escala urbana, se impone una institucionalidad distinta para ese Estado activo, con la existencia de verdaderos gobiernos de ciudad, con atribuciones que les permitan gestionar los procesos de cambio en el ámbito urbano y las tareas de protección de la población. Se deberá impulsar, al mismo tiempo, el fortalecimiento del rol municipal en la planificación, inversión y gestión local, con participación efectiva y vinculante de la organización social de base.
El acuerdo por ciudades sostenibles es de carácter político y debe tener un sello de equidad y solidaridad, participando de él amplitud de actores, que le den legitimidad: autoridades, partidos, organizaciones sociales, mundo privado y ciudadanía. Puede ser la manera de responder a la oportunidad única que las crisis social y sanitaria nos presentan. La construcción del escenario futuro de nuestras ciudades comienza hoy.
