Opinión
Crédito: Agencia Uno (En la foto, Gustavo Jordan, director de la ANI)
No es secreto que el Sistema de Inteligencia está fallando por todos lados, el caso Huracán, las constantes filtraciones desde la ANI, el desfalco de los gastos reservados que deberían haber sido destinados a las actividades de inteligencia militar del Ejército, son todos ejemplos de que la función de inteligencia se está llevando a cabo deficientemente. Este es un tema demasiado delicado e importante para discutirlo de manera forzada, más aún cuando se presenta un proyecto que está lleno de detalles y subrepticios, cuyos impactos pueden tener gravísimas consecuencias para nuestra democracia. Lo más razonable es que el Gobierno retire el proyecto y reponga más adelante uno serio que, efectivamente, aborde los problemas de fondo que tiene nuestro actual Sistema de Inteligencia cuando exista un contexto que permita una discusión transparente.
Desde el estallido social de octubre hemos visto una revitalización de la agenda de seguridad pública por parte del Gobierno de Sebastián Piñera que va más allá del control de la delincuencia: se ha dispuesto reformar el Sistema de Inteligencia del Estado. Así, en el marco del estallido social, el La Moneda decidió, en noviembre de 2019, acelerar la discusión del proyecto de ley que reforma el Sistema de Inteligencia del Estado. El Gobierno está demostrado que es poco razonable, intenta por todos los medios imponer su agenda sin prestar atención a las prioridades sanitarias y sociales.
Resulta extraño que, en el contexto de la pandemia y sus urgencias sociales, La Moneda centre esfuerzos legislativos en este tema, colocándole urgencia. ¿Acaso el Gobierno no se da cuenta que el gran problema de la actividad de inteligencia en el país es su falta de legitimidad, como lo demuestra el amplio rechazo al acuerdo ANI-Sename? Esto no solo implica un nuevo desacierto del Ejecutivo sino que más bien demuestra su intención de aprovecharse de la distracción para pasar colada su agenda política, presentando un proyecto que no aporta en nada en la construcción de un sistema de inteligencia propio de un régimen democrático.
Para comenzar, el proyecto de ley no resuelve el problema central que ha tenido la ANI desde su creación: la falta de un sentido dentro del Estado, es decir, no define claramente cuál es su rol y para qué se quiere que exista una agencia de inteligencia “civil” e independiente, no adscrita a ninguna institución mayor, sea de carácter policial o militar. Sin tener esa definición, se le pretende entregar un rol coordinador, el cual nunca llegará a materializarse debido al diseño organizacional del Estado. Más bien, predominará lo que ha estado ocurriendo hasta el día de hoy: disputas y desconfianzas entre la inteligencia militar, policial y civil. Esta realidad no es superable con lo que plantea el proyecto, ni siquiera permitiría que sea administrada de forma coherente. Se necesitaría establecer un ámbito de responsabilidades y una jerarquía clara capaz de orientar el trabajo conjunto.
Para que una inteligencia del Estado sea eficaz, es necesario que sea capaz de producir su propia inteligencia, de modo de contrastarla con la información de los otros actores del sistema, evitando la ocurrencia de episodios como la “Operación Huracán”. El actual proyecto no lo permite, ya que eleva a la ANI a un difuso y diluido rol coordinador que no la sitúa jerárquicamente por sobre las demás instituciones del Sistema de Inteligencia.
Por otro lado, el Gobierno demuestra que en realidad no sabe qué tipo de inteligencia desea producir. La propuesta en discusión no distingue entre lo que se entiende como Inteligencia Estratégica del Estado (que debería producir la ANI); la Inteligencia de la Defensa (propia de las FF.AA. y el Estado Mayor Conjunto); y la Inteligencia Policial (que realiza Carabineros y la PDI). La confusión que se produce genera enfoques, exigencias y requerimientos que perturban el trabajo del sistema en su integralidad y que, particularmente, perjudica a la inteligencia estratégica, la cual queda disminuida frente a las prioridades policiales y militares.
Contar con una inteligencia democrática implica, en primer lugar, que esta debe ser una inteligencia del Estado y no del Gobierno de turno. Es cierto que la inteligencia debe entregar apreciaciones objetivas para la toma de decisiones, y que en nuestro régimen político la principal figura responsable de la toma de decisiones es la Presidencia de la República, pero ello no implica que esté al servicio de la Presidencia. La Inteligencia es una actividad de Estado que no puede estar al arbitrio de una sola persona, por mucho que sea el Primer Mandatario. Resulta dudoso que alguien nombrado por el mismo Presidente, como es el caso del director de la ANI, pueda tener la independencia necesaria. En razón de ello, es necesario incorporar un control en el nombramiento de tal autoridad civil, mediante la ratificación de la mayoría de los miembros del Senado.
En el proyecto de ley gubernamental el Congreso Nacional ve mermadas sus facultades de supervisión de la actividad de inteligencia. Se dificulta la posibilidad de convocar al director de la ANI a la Comisión de Inteligencia de la Cámara, pero aún más grave es el hecho de que el proyecto no asigna al Congreso ninguna facultad para evaluar la implementación de la Estrategia Nacional de Inteligencia. De esta forma, el único canal mediante el cual la ciudadanía puede aplicar un control democrático a la actividad de inteligencia se ve coartado. Consideramos que esta propuesta no cumple con los estándares suficientes que demanda un sistema democrático ni aborda con seriedad el problema que busca resolver.
Creemos que un paso esencial para avanzar en la democratización y legitimación de la actividad de inteligencia del Estado sería que la ANI asuma la condición de un organismo estatal autónomo, a semejanza de instituciones como la Contraloría, Fiscalía o el Banco Central. Que trabaje coordinadamente y siga los lineamientos que determinen las autoridades del Gobierno, pero que no dependan de la arbitrariedad presidencial. Esto conlleva analizar diversos temas, como una carrera funcionaria, una formación adecuada, etc., pero especialmente pone en discusión la selección de las personas que dirijan la ANI.
Nosotros creemos que, al igual que en instituciones tan importantes como el Banco Central o la Corte Suprema, estas personas deben ser propuestas por el Ejecutivo y ratificadas por el Congreso. Consideramos que esto es esencial si se quiere lograr que el SIE tenga legitimidad necesaria para dejar atrás los hechos que lo han avergonzado últimamente y cumplir eficazmente su función en beneficio de toda la ciudadanía.
No es secreto que el Sistema de Inteligencia está fallando por todos lados, el caso Huracán, las constantes filtraciones desde la ANI, el desfalco de los gastos reservados que deberían haber sido destinados a las actividades de inteligencia militar del Ejército, son todos ejemplos de que la función de inteligencia se está llevando a cabo deficientemente. Este es un tema demasiado delicado e importante para discutirlo de manera forzada, más aún cuando se presenta un proyecto que está lleno de detalles y subrepticios, cuyos impactos pueden tener gravísimas consecuencias para nuestra democracia.
Lo más razonable es que el Gobierno retire el proyecto y reponga más adelante uno serio que, efectivamente, aborde los problemas de fondo que tiene nuestro actual Sistema de Inteligencia cuando exista un contexto que permita una discusión transparente.
