Opinión
Llama la atención la restricción del pluralismo en la televisión y las detenciones de periodistas, que buscan cumplir con la obligación de informar a la ciudadanía de forma objetiva sobre lo que está ocurriendo. Como nunca, los canales de televisión –uno de los principales medios a través de los cuales las ciudadanas y los ciudadanos estamos obligados a informarnos en tiempos de cuarentena, han mostrado de manera sesgada la realidad, no alcanzando a reflejar el enorme descontento y desesperación que existe, en clave de crítica política y no solo como historias sensacionalistas. La libertad de expresión es uno de los pilares de las democracias modernas y su restricción, en la práctica, impide la elaboración de una opinión informada que puje, por ejemplo, por un cambio de rumbo del Gobierno respecto de las medidas que adopta.
Una catástrofe como la actual pandemia, pone a prueba a los gobiernos y su capacidad para enfrentar adversidades dentro del marco de una democracia y de los deberes del Estado en materia de Derechos humanos. Son los marcos dentro de los cuales gobiernos y Estados pueden adoptar el conjunto de medidas para paliar las situaciones que conllevan, generar la cohesión necesaria para afrontarlos y salir de ella con legitimidad.
Hasta ahora, la atención se ha puesto –y con razón– en la urgencia sanitaria y en la necesidad de abordar el impacto económico que se deriva del confinamiento en el que se encuentra una buena parte del país. Esto, porque están en juego Derechos Humanos básicos como el de la vida, la salud y contar con las condiciones materiales mínimas para la subsistencia. Pero la vida no se juega en compartimentos estancos y, generalmente, en estas crisis las decisiones que se adoptan en una dirección impactan en el ejercicio de otros derechos, como por ejemplo las limitaciones a los derechos de desplazamiento o de reunión. Todos y todas estamos dispuestos y dispuestas a estas restricciones, siempre que sean proporcionales al fin de lo que se pretende lograr, que se apliquen sin discriminación y para proteger sanitariamente a la población de su eventual contagio y/o muerte.
[cita tipo=»destaque»]Es comprensible, en contexto de pandemia, que por mandato constitucional ejerzan tareas que son de vigilancia y de ayuda logística para la implementación de las medidas que adopta el Ejecutivo. Pero eso es muy distinto al intento actual del Gobierno de pasar con suma urgencia el proyecto de ley que reforma el Sistema Nacional de Inteligencia, que le otorga mayores facultades a las Fuerzas Armadas y al Presidente de la República en materia de inteligencia o, el proyecto de infraestructura crítica que tiende a la militarización de la seguridad pública. La militarización de la vida social es un riesgo latente, sobre todo en América Latina, y es fundamental que esta excepcionalidad no se convierta en normalidad.[/cita]
Sin embargo, no ocurre lo mismo con otros derechos y libertades que pueden parecer desconectados de la crisis que se vive, pero que también se ven impactados por ella. Estas afectaciones pueden, incluso, socavar la democracia al abrirse a una deriva autoritaria de sucesivas limitaciones y restricciones en el ejercicio de los Derechos Humanos. En Chile, rasgos de eso empiezan a vislumbrarse al menos en tres ámbitos: la libertad de expresión, la creciente militarización de la vida social y la profundización de la desigualdad de género.
Llama la atención la restricción del pluralismo en la televisión y las detenciones de periodistas, que buscan cumplir con la obligación de informar a la ciudadanía de forma objetiva sobre lo que está ocurriendo. Como nunca, los canales de televisión –uno de los principales medios a través de los cuales las ciudadanas y los ciudadanos estamos obligados a informarnos en tiempos de cuarentena– han mostrado de manera sesgada la realidad, no alcanzando a reflejar el enorme descontento y desesperación que existe, en clave de crítica política y no solo como historias sensacionalistas.
Basta recoger el número de apariciones que tienen algunos alcaldes y los sectores políticos que representan, para darse cuenta que no es una crítica antojadiza: quien lidera, cuenta con más de 2 mil apariciones en medios de comunicación en 8 semanas, según Agenda Ciudadana Criteria, de mayo 2020. La libertad de expresión es uno de los pilares de las democracias modernas y su restricción, en la práctica, impide la elaboración de una opinión informada que puje, por ejemplo, por un cambio de rumbo del Gobierno respecto de las medidas que adopta. Un Gobierno que no hace nada por garantizar la libertad de expresión, no entiende el rol que esta juega en democracia y es negligente respecto de sus deberes en materia de Derechos Humanos.
También debiera llamar a la preocupación de todas y todos, la creciente presencia de las Fuerzas Armadas en el contexto actual. Cabe destacar que Chile, desde octubre a la fecha, por los toques de queda y estados de excepción, ha pasado la mayoría de los meses con las FF.AA. cumpliendo labores de control social, que le son excepcionales.
Es comprensible, en contexto de pandemia, que por mandato constitucional ejerzan tareas que son de vigilancia y de ayuda logística para la implementación de las medidas que adopta el Ejecutivo. Pero eso es muy distinto al intento actual del Gobierno de pasar con suma urgencia el proyecto de ley que reforma el Sistema Nacional de Inteligencia, que le otorga mayores facultades a las Fuerzas Armadas y al Presidente de la República en materia de inteligencia o, el proyecto de infraestructura crítica que tiende a la militarización de la seguridad pública. La militarización de la vida social es un riesgo latente, sobre todo en América Latina, y es fundamental que esta excepcionalidad no se convierta en normalidad.
Vemos un riesgo creciente a la democracia, en lo que respecta a los Derechos Humanos de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. La crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo desde marzo ha profundizado las desigualdades de género, y los estudios indican que seguirá esta tendencia, al menos que los gobiernos tomen medidas efectivas con enfoque de género, interseccional y de Derechos Humanos.
La situación de pobreza, el desempleo, la desprotección del trabajo informal, el teletrabajo en conjunto con el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, golpea principalmente a las mujeres, y ya se habla de uno de los peores retrocesos en materia de inserción laboral, de crisis de los cuidados, de aumento de violencia hacia las mujeres y problemas de salud mental.
Asimismo, observamos con preocupación el impacto que estas dimensiones pueden tener en la representación de mujeres en el proceso constituyente y otros procesos político-electorales del 2020-2021, cuando las insuficientes medidas del Gobierno están desplazando cada vez a las mujeres hacia el espacio privado y la precariedad de vida.
La democracia pareciera estar en cuarentena y es la única que se debiera levantar en estos días. De manera urgente. Para eso, la articulación de organizaciones de mujeres, feministas y sociedad civil en general, será fundamental. Con la democracia, no. Con las mujeres, no.
