Opinión
La crisis ha planteado para el país el desafío de aprovechar las nuevas oportunidades que la economía digital genera y, a su vez, se ha enfrentado a las grandes desigualdades en su acceso y uso por una parte importante de la población. Lo anterior, no solo materializado en el consumo individual –por ejemplo, a través del e-commerce–, sino que también en la implementación de muchas actividades, en los ámbitos público y privado, que requieren para su uso de conocimientos digitales por parte de la población.
La crisis sanitaria del COVID-19 generará graves consecuencias a nivel económico y social, reflejadas en la caída del Producto Interno Bruto (PIB) de las principales economías del mundo y en una contracción de, al menos, un 5,3% del Producto en América Latina y el Caribe (cifra que puede ser reajustada), lo que aumentará significativamente los niveles de desempleo, extrema pobreza, pobreza y desigualdad.
La pandemia ha afectado los sistemas de producción en cadena de la economía tradicional, al verse dañada fuertemente la producción y la oferta, a partir del cierre de las tiendas físicas, los confinamientos y restricción a los desplazamientos de las personas. Esto ha provocado reducción de los viajes de negocios y de turismo, alteraciones en las cadenas de suministro, bajas en las exportaciones de las materias primas y la caída en los índices de confianza económicos.
Desde el punto de vista productivo y de comercio, el impacto generado ha sido cuantioso. La Organización Mundial de Comercio (OMC) proyectó para este año una caída del comercio internacional entre un 13% y el 32%, viéndose especialmente perjudicada la cadena de suministros y las ventas de comercio físico, así como las exportaciones de los países hacia mercados asiáticos y de Norteamérica. El mercado de los servicios también se ha visto dañado, debido a las restricciones en materia de transporte y habilitación de espacios físicos.
[cita tipo=»destaque»]Las desigualdades señaladas son evidentes en América Latina y el Caribe, región que presenta índices bajos en materia de economía digital, en comparación con otras zonas. Algunos indicadores evidencian lo rezagada que se ubica con respecto a los promedios, por ejemplo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la región un 56% de los hogares tiene acceso a internet, no obstante solo un 45,5% de estos cuentan con conexión de banda ancha, lejos del 86,3% que marcan los países miembros de la OCDE. A lo anterior, se suma la brecha urbano-rural, la cual sigue siendo uno de los principales reflejos de la inequidad que tiene el acceso a internet en la región.[/cita]
Dentro de este escenario, la economía digital –también conocida como nueva economía, economía en internet o economía web– cobra gran relevancia para la actividad económica, favoreciendo la comunicación directa entre productores y consumidores, mediante el uso de plataformas electrónicas que eliminan o disminuyen barreras logísticas, de traslados y, finalmente, pueden redundar en menores costos.
Esta economía digital está sustentada, principalmente, en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). El concepto, acuñado por el autor Don Tapscott, ha ido evolucionando y ganando complejidad a través de sus derivados como el big data, e-commerce, la digitalización, las redes sociales, etc. Por ello, no solo ha tenido un impacto económico, sino que también social, al favorecer la conectividad, el surgimiento de redes, los emprendimientos, el teletrabajo, la educación en línea y la telemedicina, entre muchas otras actividades.
De acuerdo al autor Thomas Mesenbourg, existen tres elementos principales de la economía digital: infraestructura de negocios, negocio electrónico y comercio electrónico. Todos dan origen a conocimiento, desintermediación, virtualización e inmediatez. Lo anterior es complementado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), organismo para el cual la economía digital consta de tres componentes principales que, según su grado de desarrollo y de complementación, determinan su nivel de madurez en cada país.
Estos son la infraestructura de redes de banda ancha, la industria de aplicaciones TIC y los usuarios finales. La interrelación entre estos componentes, genera un ecosistema de la economía digital, el cual se traduce en efectos en la productividad, el crecimiento económico, el empleo, las políticas de educación, salud, acceso a información, transparencia y participación, entre otros elementos.
El COVID-19 ha significado cambios fundamentales en las dinámicas de los mercados de tecnología, reflejados en aumentos tales como: uso de software, consumo de internet, uso de aplicaciones y servicios de TIC. Así, en este período se observa que la digitalización ha contribuido a una mayor masificación de la telemedicina, del teletrabajo, de la educación en línea y de la entrega de servicios públicos, brindando de esta forma un apoyo en ciertas áreas de actividad que han visto afectado su normal funcionamiento producto de la crisis sanitaria.
Desde el punto de vista de la actividad comercial, la economía digital ha permitido un uso más sostenido de plataformas logísticas mayormente conectadas, aprovechamiento de la informática avanzada y el uso de la red, aumentando así sus ventas online de comercio.
El impacto del coronavirus en el e-commerce, se ha presentado como una oportunidad de negocio a las empresas para poder mantenerse en la crisis económica derivada de la pandemia. En efecto, se observan casos de actividad incipiente y otros de incrementos significativos y progresivos, ya no solo proveedoras de bienes básicos, sino que también de otros bienes de consumo de mayor valor. En algunos países europeos, conforme avanzaban las semanas en un estado de confinamiento social, el comercio online se encaminaba hacia registros históricos, demostrando una mayor consolidación de este sector.
En el marco de las conceptualizaciones efectuadas, una manera de operacionalizar esta economía se encuentra en el Índice de Desarrollo del Ecosistema Digital (IDED) desarrollado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el cual se basa en ocho aspectos que se constituyen en la economía digital: infraestructura de acceso digital, conectividad (adopción de dispositivos y plataformas), digitalización de hogares y de la producción, nivel de competencia en las industrias TIC, industrias digitales (oferta de servicios y contenidos digitales), factores de la producción (capital humano, inversión, innovación) e instituciones y marco regulatorio.
Respecto de los aspectos citados, se construyen indicadores que muestran la desigualdad entre países y al interior de estos, en donde la economía digital se ha desarrollado. Tal desigualdad se refleja en diferencias en acceso, uso y calidad de las redes. En efecto, en relación con edad y género de los usuarios y las usuarias, se observa una mayor utilización por parte de hombres y población joven y, respecto de tamaño de empresa, se observa un mayor acceso y uso de aquellas de mayor tamaño versus las más pequeñas.
Las desigualdades señaladas son evidentes en América Latina y el Caribe, región que presenta índices bajos en materia de economía digital, en comparación con otras zonas. Algunos indicadores evidencian lo rezagada que se ubica con respecto a los promedios, por ejemplo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la región un 56% de los hogares tiene acceso a internet, no obstante solo un 45,5% de estos cuentan con conexión de banda ancha, lejos del 86,3% que marcan los países miembros de la OCDE. A lo anterior, se suma la brecha urbano-rural, la cual sigue siendo uno de los principales reflejos de la inequidad que tiene el acceso a internet en la región.
Además, la región convive con una escasa inversión en infraestructura digital y capacitación. El ingreso en el comercio electrónico prepandemia se encontraba en torno al 4% y 8% versus la OCDE, cuyos valores fluctuaban entre el 42% y 53%, y existe un muy escaso uso de los vendedores en ventas a través del comercio electrónico.
Por otra parte, la International Telecommunication Union (ITU) –que calcula un índice que contempla indicadores de acceso, uso y habilidades TIC para 176 economías– ubica a Chile en el año 2017 entre los 4 países mejor posicionados en la región en la materia. Sin embargo, se evidencia una gran cantidad de brechas y desigualdades, tales como la existencia de 12,6 % de los hogares sin acceso a internet, 110 comunas con menos del 5% de internet fijo en el hogar y 55 comunas con menos del 1% de conexión.
Hoy existen diversas metodologías para la valorización del aporte de la economía digital de un país, dadas las múltiples fuentes de información, complejidad de los datos y conceptos que son considerados en la medición. Sobre la base de las metodologías utilizadas, que ofrecen importantes diferencias, este aporte en Chile variaría entre un 3,5% del PIB , según las estimaciones de la Fundación País Digital, a un 22% del PIB, de acuerdo a estimaciones de Accenture Chile y Oxford Economics, los que amplían la forma de medir el aporte de la economía digital.
En Chile, el último reporte del “Índice de Transformación Digital de Empresas” del año 2019, ubica al país en una categoría de “Intermedio Digital”, en donde 4 de cada 10 empresas chilenas tiene un nivel de “principiante digital o menor” y donde el manejo de políticas en torno a la ciberseguridad, el uso de big data y de la inteligencia artificial, representan los atributos diferenciadores en empresas líderes en la materia. De acuerdo con el reporte, están a la vanguardia de la transformación digital empresas de las industrias de las comunicaciones y salud, y los sectores más bajos de madurez digital son la administración pública y el sector de la construcción.
La crisis ha planteado para el país el desafío de aprovechar las nuevas oportunidades que la economía digital genera y, a su vez, se ha enfrentado a las grandes desigualdades en su acceso y uso por una parte importante de la población. Lo anterior, no solo materializado en el consumo individual (por ejemplo, a través del e-commerce), sino también en la implementación de muchas actividades, en los ámbitos público y privado, que requieren para su uso de conocimientos digitales por parte de la población.
Lo anterior, se observa, por ejemplo, en el campo de medidas generadas para la crisis, que han requerido el acceso y uso de medios digitales para acceder a registros sociales, educación en línea, garantías de la Ley de Protección al Empleo, clave única y comisaría virtual, entre otros. En este contexto, ciertamente, la economía digital ha permitido abordar una serie de difíciles situaciones.
No obstante los avances en la materia, se requiere avanzar hacia políticas orientadas a la disminución de la brecha digital en la población, definida por los accesos o no a dispositivos informáticos, a internet, al uso y habilidades en el manejo de estos. El futuro pospandemia será mucho más digital y, en este marco, cabe destacar importantes desafíos específicos, tales como la necesidad de avanzar hacia una mejor medición en la actividad económica de la economía digital, impulsando métricas macro y microeconómicas, y generando estadísticas más detalladas y segregadas. También aumentar capacidades, esto implica acceso, enseñanza y perfeccionamiento en la materia, como dar protección de los datos de los usuarios y las usuarias online y acortar las desigualdades de género y territoriales que se generan.
Junto con ello, establecer un marco regulatorio y de políticas que se ajuste a su veloz crecimiento, adaptar marcos normativos tributarios, definir la idoneidad o no de mantener la neutralidad de red como bien público, garantizando el principio de no exclusión de internet, lograr la convergencia de datos en inteligencia artificial y adecuar el mercado laboral frente a la automatización de tareas y su impacto en el empleo.
A ello se suman los retos permanentes en materia de ciberseguridad, manejo y resguardo seguro de los datos e información, la red 5G y los sistemas digitales de pago. Todos ellos, desafíos cruciales para los encargados de la formulación de políticas en economía digital.
