Opinión
Los desafíos son enormes. Se necesita de una gran coordinación multisectorial; avanzar en la descentralización de Chile reconociendo que existen localidades que conviven día a día en una disputa de los recursos como el suelo, dificultando el cumplimiento del principio de sustentabilidad que propone la política, que además, está inmersa en un modelo de desarrollo extractivista y planificado desde las grandes urbes, lo que pone en riesgo la sustentabilidad y el respeto por la identidad territorial y su patrimonio en mundo rural.
El martes 5 de mayo del presente año, se publicó en el Diario Oficial la nueva Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR), hito de alta relevancia para el país pero que podríamos suponer que, dada la crisis, no se ha visibilizado ante la opinión pública. Sin embargo, ¿habría sido muy distinto en un escenario regular? Creemos que no.
¿Cuál es la razón? es que el territorio rural desde su definición ha sido invisibilizado en Chile. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), califica a los sectores rurales según número de habitantes, además de utilizar como criterio y así definir su condición, un límite de 2.000 personas por localidad poblada. A raíz de esto, el Censo de 2017 arrojó que 2.149.740 personas viven en zonas rurales, lo que representa un 12,2% de la población nacional.
Desde nuestro quehacer como fundación, creemos que esta definición quedó obsoleta, ya que no reconoce al territorio y su dinámica local, es decir, no porque exista un núcleo urbano como ocurre en diversas pequeñas comunas del país, su población tiene un habitar altamente denso y su actividad económica no está asociada a los servicios, como es típico en nuestras urbes. Por ello, la OCDE ha adoptado una definición que establece predominancias: urbana, intermedia o rural. Aplicada esta en Chile, estaríamos hablando que cerca del 25,5% de la población es rural, es decir, alrededor de 5 millones de chilenas y chilenos.
Tras esta diferencia, subyacen otras mucho más profundas en Chile, y es que en el mundo rural la muchas veces “idealizada” pobreza es aún más cruda de lo que se piensa. Sin ir más lejos, dicha pobreza si lo analizamos desde el nivel multidimensional, alcanza un 37,4%, más del doble que en las zonas urbanas. Por su parte, el déficit de agua potable es de un 46% versus un 2% en las zonas urbanas; el 61% de la población tiene una vivienda en buenas condiciones contra un 90,5% en los sectores urbanos. Además, un dato que ha dado mucho que hablar durante la crisis sanitaria por la que atravesamos, es que sólo el 16% de la población tiene acceso a banda ancha y conexión a internet, triste realidad que pudimos ver representada en diversos medios de comunicación al conocer el testimonio de la joven estudiante de la región de La Araucanía, Paulina Romero, quien tuvo que subir al techo de su casa para cumplir con sus responsabilidades debido a la poca cobertura que tenían las compañías de telecomunicaciones del sector.
Según lo expuesto anteriormente, queda reflejada en datos la histórica postergación del Estado en su accionar en el mundo rural. Sin embargo, esperamos que con la PNDR se logre enmendar el rumbo, ya que esta plantea un nuevo paradigma sobre la ruralidad, con un enfoque territorial y multisectorial, que apunta a mejorar la calidad de vida de las personas que residen en estos territorios, rompiendo de alguna manera el viejo arquetipo sectorialista del “agro” asociado a las localidades rurales. En este esfuerzo, 14 ministerios suscriben a la obligación de coordinar acciones, políticas, planes y programas en pos del desarrollo equilibrado de todo el territorio con 4 focos principales definidos en la política: bienestar social, oportunidades económicas, sustentabilidad medioambiental y resguardar la identidad y cultura de zonas rurales.
Sabemos que los desafíos son enormes, ya que se necesita de una gran coordinación multisectorial; avanzar en la descentralización de Chile reconociendo que existen localidades que conviven día a día en una disputa de los recursos como el suelo, dificultando el cumplimiento del principio de sustentabilidad que propone la política, que además, está inmersa en un modelo de desarrollo extractivista y planificado desde las grandes urbes, lo que pone en riesgo la sustentabilidad y el respeto por la identidad territorial y su patrimonio en mundo rural.
Por esta razón, en medio de esta pandemia y la fuerte crisis hídrica que nos azota, hacemos un llamado a implementar medidas pertinentes y descentralizadas, potenciando la acción de los gobiernos locales, permitiendo así incluir la función productiva propia de cada territorio. El desafío que propone la PNDR es tan grande como la oportunidad para el país de lograr un desarrollo equilibrado. No hay tiempo que perder.
