Opinión
Las próximas elecciones municipales serán concurrentes con las de constituyentes, en caso de aprobarse el cambio constitucional. Los candidatos en ambas carreras se retroalimentarán y los alcaldes serán clave para desalentar o impulsar ciertos liderazgos locales. Es, por lo tanto, prioritario que el Gobierno no utilice los recursos fiscales para incidir en la elección municipal, como ha venido ocurriendo en Chile durante las últimas dos décadas.
El límite a la reelección de alcaldes es una buena noticia, dado que disminuye los incentivos del gobierno para los gastos de recursos fiscales que inciden en las elecciones municipales.
Durante las últimas dos décadas, todos los gobiernos en Chile han asignado mayores recursos públicos a los municipios controlados por sus propios alcaldes. Más aún, dichos recursos han aumentado significativamente en años de elección municipal. De este modo, y a lo largo de los años, las distintas coaliciones en el poder han asegurado la reelección de sus autoridades locales, y han preparado así la base territorial con la cual enfrentan su propia reelección al año siguiente.
La evidencia sobre esta asignación oportunista de recursos es contundente. Entre los años 2000 y 2013, las transferencias del gobierno central -destinadas a financiar desde la administración municipal hasta las ayudas sociales- fueron mayores en los municipios alienados con el gobierno y aumentaron sistemáticamente durante los años de elección municipal (ver [1]). El mismo patrón mostraron los Programas de Mejoramiento de Barrio (PMB) y de Mejoramiento Urbano (PMU), entre los años 2012 y 2016, y los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional (FNDR), entre los años 2004 y 2014 (ver [2], [3] y [4], respectivamente). Estas transferencias y programas fueron asignadas por el Ministerio del Interior vía la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), pero el financiamiento local transferido desde los otros ministerios también obedeció a una lógica similar. Nuestra investigación en curso muestra que la inversión pública a nivel de ministerios sectoriales, como Deporte y Turismo, también se ha focalizado desde el año 2001 en los alcaldes afines al gobierno, así como en los años de elección municipal.
Si bien todos los gobiernos han usado estos recursos para apoyar a sus alcaldes, el primer gobierno de Sebastián Piñera se destacó por su “generosidad”. El año 2012, el aumento de las transferencias a los alcaldes de la derecha fue un 30% mayor que en las administraciones anteriores. En concreto, dicho año Piñera entregó, en promedio, $100 millones adicionales a cada comuna administrada por RN y la UDI.
No extraña, entonces, que sean los actuales partidos oficialistas los que se opongan a que el límite empiece a operar en la elección del próximo año. Esto, porque son justamente los alcaldes que van a la reelección, quienes pueden aprovechar de mejor manera la inversión gubernamental en sus municipios. De hecho, los alcaldes con mayor antigüedad se han visto particularmente favorecidos por la intervención estatal. En promedio, quienes llevan más de 12 años en el cargo recibieron 8% más de recursos en año municipal, entre el 2004 y el 2016. Pero fue el año 2012, en el primer gobierno de Piñera, cuando está ventaja fue más abultada. Dicho año, los alcaldes oficialistas con más de tres períodos en ejercicio recibieron un 23% más de transferencias fiscales que el resto. Dicho aumento, se concentró en los alcaldes de la UDI.
Por lo mismo, tampoco resulta sorprendente que los principales cuestionamientos al límite de la reelección provinieran del gremialismo. La UDI ha estado a la cabeza de la SUBDERE, institución que asigna los dineros municipales, durante las dos administraciones de Piñera. Esta semana fue el senador Moreira, y luego los alcaldes Olavarría, Delgado y Lavín (todos de la UDI), quienes primero salieron a criticar la medida.
Las próximas elecciones municipales serán concurrentes con las de constituyentes, en caso de aprobarse el cambio constitucional. Los candidatos en ambas carreras se retroalimentarán y los alcaldes serán clave para desalentar o impulsar ciertos liderazgos locales. Es, por lo tanto, prioritario que el Gobierno no utilice los recursos fiscales para incidir en la elección municipal, como ha venido ocurriendo en Chile durante las últimas dos décadas.
