Opinión
Pareciera adecuado postular que todos los repetidos yerros de la autoridad sanitaria anterior han creado una situación de gran peligrosidad, especialmente en la Región Metropolitana, que debiera ser rápidamente controlada para prevenir aumentos de la morbilidad, de la mortalidad y evitar la instalación crónica del virus en el país, gravando permanentemente al sistema sanitario y la economía. Los intentos para minimizar artificialmente los impactos de la epidemia y la negativa a instaurar cuarentenas totales sin razones científicas para ello, violentaron los principios básicos de la ética médica y, por tanto, los Derechos Humanos de la población.
Los tres meses y medio –100 días– que han trascurrido desde que los primeros casos de COVID-19 fueran diagnosticados en Chile, han sido plenos de vicisitudes para la salud pública, la mayoría de ellas, por desgracia, inexplicables y, a menudo, negativas para la evolución de la epidemia viral. Estos hechos dañinos han desembocado en una situación de imprevisibles proyecciones sanitarias, sociales y económicas y en la cual el virus, aparentemente, se enseñorea descontrolado en todo el territorio nacional.
Este descontrol alcanza niveles que podrían denominarse hiperepidémicos, atendiendo solo al aumento diario del número de infectados detectados, que es una fracción del número real de ellos en la población. Esto es así, especialmente en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, las cuales concentran aproximadamente el 50% de la población del país.
Postulo que esta infausta y peligrosa situación es el resultado directo de las irracionales y falaces políticas de la renunciada autoridad sanitaria y el Gobierno, que constantemente ignoraron conocimiento científico y médico elemental sobre el virus, como la valiosa y relevante experiencia previa con él y su epidemiologia en diversos países con mayores y menores recursos que Chile, en los cuales este ha sido controlado con éxito. La saliente autoridad sanitaria desperdició inexplicablemente un tiempo precioso durante el mes de marzo, al fracasar en diagnosticar molecularmente, aislar y cuarentenar a los viajeros que introdujeron el virus al país y a sus contactos.
[cita tipo=»destaque»]El Gobierno agravó la situación con su desatinada resistencia a las cuarentenas totales de grandes regiones como la Metropolitana, que para esa época –marzo y abril– ya se habían demostrado científicamente como la única manera eficaz de prevenir y controlar la diseminación del virus en poblaciones. Paradójicamente, el remplazo por las inefectivas cuarentenas parciales y dinámicas, fue justificado parcialmente con conceptos de la ética médica como el de “primero no hacer daño”, sugiriendo de manera falsa que las cuarentenas totales provocarían más perjuicios que la infección viral. Los cientos de miles de infectados, entre ellos casi 300 niños, y los miles de muertos indudablemente son un mentís a esta atrabiliaria subversión de la ética médica para justificar deletéreas comisiones y omisiones en la vigilancia de la epidemia, carentes de toda racionalidad científica.[/cita]
Esto decretó la pérdida de la trazabilidad de los contactos infectados asintomáticos, presintomáticos y sintomáticos, para aislarlos y cuarentenarlos, evitando con ello la diseminación comunitaria del virus. Este desastre y la alta infecciosidad del virus, aseguraron su propagación comunitaria y su intrazabilidad a lo largo de toda la extensión del territorio nacional. Con ello, se generó un aumento sostenido de las infecciones, que se refleja en las altas cifras de morbilidad y de mortalidad de estos últimos días.
Esta propagación fue indudablemente asistida por el esfuerzo de la pasada autoridad por empequeñecer, al parecer de forma fraudulenta, la real dimensión de esta expansión y sus negativas proyecciones futuras. Ignorando, por ejemplo, señales claras de la atención primaria, que en Chile cursaba de forma epidémica una enfermedad respiratoria aguda y con excesos de mortalidad, ya en el mes de marzo.
En un contexto de importantes restricciones para realizar ensayos moleculares para el diagnóstico de virus, los cuales, además, eran informados con retrasos significativos, la autoridad de manera absurda escogió este limitado y equívoco parámetro para vigilar la infección y la mortalidad en la población. Estas decisiones desatendían ilógicamente estas restrictivas condiciones y desechaban el conocimiento, ya accesible a esa fecha, de la alta infecciosidad del virus y del papel de los portadores asintomáticos y presintomáticos en su diseminación.
El Gobierno agravó la situación con su desatinada resistencia a las cuarentenas totales de grandes regiones como la Metropolitana, que para esa época –marzo y abril– ya se habían demostrado científicamente como la única manera eficaz de prevenir y controlar la diseminación del virus en poblaciones. Paradójicamente, el remplazo por las inefectivas cuarentenas parciales y dinámicas, fue justificado parcialmente con conceptos de la ética médica como el de “primero no hacer daño”, sugiriendo de manera falsa que las cuarentenas totales provocarían más perjuicios que la infección viral. Los cientos de miles de infectados, entre ellos casi 300 niños, y los miles de muertos indudablemente son un mentís a esta atrabiliaria subversión de la ética médica para justificar deletéreas comisiones y omisiones en la vigilancia de la epidemia, carentes de toda racionalidad científica.
Pareciera adecuado postular que todos estos repetidos yerros han creado una situación de gran peligrosidad, especialmente en la RM, que debiera ser rápidamente controlada para prevenir aumentos de la morbilidad, de la mortalidad y evitar la instalación crónica del virus en el país, gravando permanentemente al sistema sanitario y la economía. La circulación de altas concentraciones de virus en la población con probables infecciones múltiples en individuos, abre además la posibilidad de la generación de recombinantes virales con aumentada infecciosidad y patogenicidad, que faciliten aún más su diseminación y acrecienten su morbilidad y mortalidad, complicando de forma drástica la situación sanitaria y social.
Soy de la opinión que los intentos de la pasada autoridad sanitaria para minimizar artificialmente los impactos serios en morbilidad y mortalidad de la epidemia y su negativa a instaurar cuarentenas totales sin razones técnicas y científicas para ello, violentaron los principios básicos de la ética médica y, por tanto, los Derechos Humanos de la población. Estos principios incluyen el ya mencionado de no producir daño y el de propender al bienestar de los individuos o de beneficencia y, además, su negativa a escuchar las opiniones de la sociedad civil, incluyendo a científicos, médicos y representantes políticos, infringió el principio ético de autonomía individual y colectiva.
Debido a la epidemiología del virus, esto convirtió a la población chilena, especialmente la más vulnerable, en sujetos pasivos y sin consentir de un gran experimento médico, que por carecer de bases científicas y éticas, violentó también el cuarto principio de la ética médica, que es el de justicia.
A mi modo de ver, este breve pero azaroso episodio ha resucitado en el país el espectro de la experimentación en humanos llevada a cabo por los gobiernos fascistas, alemán y japonés, durante la Segunda Guerra Mundial, los cuales fueron rotundamente condenados en los “juicios a los doctores”, de 1945-46, en Núremberg.
A sugerencia de un amigo, termino parafraseando al Premio Nobel Bob Dylan, que en su canción “Soplando en el viento” dice: “Cuántos muertos serán necesarios, Sr. Presidente, para convencerlo de que ya han muerto demasiados”.
