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Hay muchas grandes empresas que “mueven la aguja” de la economía en un contexto de reactivación, pero solo una de ellas se lleva todas las menciones a la hora de pensar en salvatajes a través de aportes, créditos o garantías del Estado: Latam, la aerolínea controlada por la familia Cueto y que, debido a su sobreendeudamiento, que se vio incrementado por los efectos pandémicos, hoy pasa por su peor momento. Después de un intenso lobby en La Moneda y en el Congreso, el Gobierno condicionó el aumento del Ingreso Familiar de Emergencia a la aprobación de medidas económicas en apoyo a empresas grandes, en lo que diversas fuentes políticas coinciden en señalar que se trata de instrumentos diseñados a la medida de la compañía de aeronavegación. Y aunque en el Congreso afirman que van a “mirar con lupa” los proyectos de reactivación, lo cierto es que la operación para consensuar el rescate ya está en marcha desde hace más de un mes y todo indica que tendrá los votos que necesita. El brazo político de Latam es largo, vigoroso y de antigua data en el Parlamento. Muchos ven la mano de Imaginacción, la consultora de Enrique Correa –histórico “consigliere” de los Cueto–, detrás de las coincidencias transversales para acudir en rescate de la línea aérea.
Cuando La Moneda salió a celebrar el acuerdo económico conseguido en la madrugada del domingo, destacó el entendimiento alcanzado con los parlamentarios en torno al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): 100 mil pesos por persona por tres meses en una familia de cuatro integrantes, que esté en el 40% más vulnerable de la población. En un plano más secundario, se mencionó la agenda de reactivación económica. Así como hace algunas semanas se destacó el acuerdo para que las pymes contaran con una línea especial de crédito, el Fogape/COVID, en este acuerdo –y con la misma solemnidad que implica ayudar a los más pobres– se firmó también el compromiso de darles una mano a las grandes empresas que lo necesiten, el Fogape/COVID Plus. En este club, se inscriben las compañías que venden más de $28 mil millones al año y, aunque lo integran unas 400 firmas, los esfuerzos para lograr que el Congreso autorice este nuevo plan de financiamiento tiene un beneficiario favorito en vista: Latam Group S.A.
“El Gobierno insistió innumerables veces en que todo iba amarrado, es decir, todas las medidas venían involucradas en el paquete y, por lo tanto, condicionadas a que se aprobaran otras en materia tributaria o de reactivación”, apunta Giorgio Jackson.
El diputado de Revolución Democrática (RD) tuvo un papel controvertido en medio del clima de entendimiento, porque después de formar parte del grupo de senadores, diputados y economistas que debatieron el tema durante dos semanas, no quiso firmar el acuerdo, aunque anunció que sí votaría a favor de aumentar el IFE.
[cita tipo=»destaque»]“Creo que hay una vinculación muy grande de Latam con el mundo político. En alguna gente hay ignorancia y en otros hay intereses y amiguismo más bien. Hay disposición, entre quienes firmaron el acuerdo, de orientar el salvataje a Latam. Si uno lee el acuerdo, las alternativas que hay son un traje a la medida para Latam”, advierte el diputado de la Bancada Regionalista Verde Jaime Mulet, otrora DC.[/cita]
“Precisamente el tema de aumentar el Fogape Plus, y las garantías para las grandes empresas, fue uno de los puntos de desencuentro que le manifesté al menos, personalmente, al ministro (Briones) varias veces, sumado a otros temas de la reactivación, que era bastante complicado comprometer como un paquete”, afirma Jackson.
Para el oficialismo, sin embargo, la distinción que hizo RD no afecta el compromiso con los otros partidos, por lo que estaría claro que quienes firmaron –a saber, el PS, la DC y el PPD– no se sumarán a la discrepancia, ya que están “cuadrados” para votar a favor del acuerdo completo, cuando llegue el momento.
“Esperamos que este acuerdo sea vinculante para los parlamentarios de oposición, para los partidos que se sumaron a la firma de este acuerdo. Creo que esa es la clave del éxito. Hay que tener responsabilidad republicana”, sostiene el diputado Alejandro Santana (RN), integrante de la Comisión de Hacienda.
“Tuvieron dos semanas para revisar el acuerdo y, sin duda, la mayor preocupación de ellos ha sido hace rato Latam, entonces que ahora, después de dos semanas, encuentren sorpresas, me parece que no corresponde. Es una actitud infantil”, dice el diputado Andrés Molina, jefe de la bancada Evópoli.
Entre las empresas estratégicas que aparecen cada dos años en el Diario Oficial, en un listado elaborado por el Ministerio de Economía, no ha estado ni está Latam. En dicha nómina figuran casi todas las sanitarias, las empresas de energía, algunas clínicas, empresas de transporte marítimo y portuarias, como es el caso de Antofagasta Terminal Internacional, compañía controlada por el grupo Luksic. La nómina es muy cotizada en el mundo empresarial, porque, en el caso de estas compañías, la ley impide que los trabajadores se vayan a huelga.
Siendo Latam una firma más internacional, con una propiedad integrada por el Grupo Cueto y los gigantes de la aviación comercial –a escala global– Delta Airlines y Qatar Airways, y aunque entre los acreedores de Latam se halla el Sindicato de Pilotos, que sí pueden paralizar funciones, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ha insistido públicamente en que se trata de una empresa estratégica, tal como lo sostuvo días después que la compañía anunciara que se sometería a la Ley de Bancarrota estadounidense. “Latam es una empresa estratégica para nuestro funcionamiento”, enfatizando los miles de empleos directos e indirectos que genera la aerolínea en Chile.
El énfasis de Briones, al destacar el papel de Latam en la economía de Chile, contrasta con el estado de solvencia que experimenta la companía en el momento actual. En el primer trimestre de este año, Latam ha perdido US$ 2.120 millones, por lo que acumula un pasivo total de aproximadamente US$ 17 mil millones, según el balance público al 31 de marzo de 2020.
Además, la firma acaba de sufrir un duro golpe a su reputación: el miércoles 11, el ADR de Latam salió de la lista de papeles transados en tiempo real en la Bolsa de Nueva York, después de caer más de un 40%, y fue degradado a un mercado secundario, conocido como OTC (Over the Counter), que refleja la mala valoración que tienen los inversionistas de determinados instrumentos.
Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó hace unos días una petición al Segundo Juzgado Civil de Santiago para que la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) nombre un “veedor” y, de esta manera, se cautele el pago a los acreedores de la compañía en Chile y no solo a los que se agrupen en Estados Unidos.
En el texto del acuerdo entre el Gobierno y los parlamentarios, se describen las fórmulas a las que se puede acoger Latam. “Apoyo a empresas solventes del país con transparencia y criterios preestablecidos que se adaptará caso a caso”, precisa el texto.
En los partidos no hay una sola opinión. A comienzos de mayo, con los efectos desatados de la pandemia, un grupo “transversal” de 50 diputados, liderado por el RN José Miguel Castro, firmó una carta pidiendo al Gobierno formar una mesa de trabajo con la industria de transporte aéreo, “con el fin de ir en auxilio de esta última”. La petición la firmaron, además de la legión oficialista, el PS Gastón Saavedra, la diputada PPD Jenny Álvarez, Pepe Auth y los DC Jorge Sabag, Matías Walker y Daniel Verdessi.
Ahora, días después del acuerdo, en el partido de la flecha roja aclaran que “no nos vamos a negar a discutir la idea porque tenemos que asegurar la cadena de valor, los proveedores, las pymes. Pero siempre garantizando los recursos del Estado, como corresponde. A nosotros nos gusta el modelo alemán. Vamos a verlo con lupa”, planteó la diputada DC Joanna Pérez.
Acto seguido, la parlamentaria señaló que el partido tomó un acuerdo de Consejo Nacional en relación con apoyar una fórmula como la de Lufthansa, donde el Estado alemán entra a la propiedad. “No como en la crisis del 82, cuando el Estado asumió todo el costo y no tuvo participación en las empresas (salvadas)”.
Otro despliegue a comienzos de mayo se dio en el Senado, donde cuatro barones del Congreso, Juan Antonio Coloma (UDI), Andrés Allamand (RN), Juan Pablo Letelier (PS) y Jorge Pizarro (DC), pedían al Gobierno lo mismo: una mesa de trabajo para gestionar apoyo estatal a Latam.
En esta sincronía, no pocos en los pasillos del Congreso ven la mano de Imaginacción, la consultora de Enrique Correa, detrás de esta coincidencia en el Parlamento.
Por una vereda opuesta, corrió un grupo de parlamentarios conformado por Claudia Mix, Esteban Velázquez, Cristina Girardi, Marcela Hernando, Camila Vallejo, Luis Rocafull, Félix González, Marcelo Díaz, Jorge Brito e Iván Flores, los que presentaron un proyecto de un solo artículo para nacionalizar Latam, y fue declarado admisible a mediados de mayo.
Otro de los que expresó su apoyo a una estrategia de apoyo estatal fue el senador PPD Ricardo Lagos Weber. «Si se va a apoyar a una aerolínea en particular o a toda la industria aérea comercial local. Pienso tiene más sentido lo segundo”, señaló. El senador estuvo en el grupo que negoció el acuerdo, pero ha mantenido un perfil bajo para referirse a las medidas de reactivación.
Esto, porque en su partido tampoco está claro cómo se van a distribuir los votos. El jefe de bancada en la Cámara, Raúl Soto, sostuvo que “una cosa es la letra del acuerdo, que valoramos y respetamos, pero otra cosa son los proyectos que específicamente el Gobierno ingresará en el Congreso y especialmente en la Cámara de Diputados. Muchas veces nos hemos encontrado con letra chica en los proyectos del Ejecutivo. Si hay una participación del Estado real, efectiva, creo que eso podría abrir o despejar un poco el camino”, puntualizó.
En efecto, el fantasma de la letra chica fue lo primero que se adelantó a advertir el senador Carlos Montes, quien expresó su molestia respecto del número de personas que serán beneficiadas con el IFE. El parlamentario PS dice que hay 3,2 millones de personas en situación vulnerable y el Gobierno afirma que son 2,1 millones.
La otra fórmula que le sirve a Latam es que el Estado pueda garantizar hasta el 60% de un crédito, o la emisión de bonos en el sistema financiero con una tasa de mercado y que Latam pague una comisión al Estado coherente con el riesgo de la garantía otorgada.
“El Estado pudiera dar garantías en el mercado financiero mundial, donde seguramente se va a optar a mejores tasas, y ahí existen distintas fórmulas: una garantía, que obviamente tiene que estar sujeta a algo: participación en el directorio, absorción de acciones mientras dure el pasivo, u otra, pero Latam, como empresa de transporte, es estratégica. Más allá del nombre o el pasado de la propiedad”, enfatiza el diputado RN Alejandro Santana.
El diseño del plan fue hecho por un grupo de economistas que también están ligados, como simpatizantes o militantes, a los mismos partidos que tienen poder en el Congreso, como Rodrigo Valdés, con el PPD, que fue uno de los primeros en mostrar preocupación por Latam; o José De Gregorio, con la DC; Bettina Horst, con Libertad y Desarrollo, ligada a la UDI; o Rodrigo Vergara, vinculado directamente al piñerismo, entre otros.
“Creo que hay una vinculación muy grande de Latam con el mundo político. En alguna gente hay ignorancia y en otros hay intereses y amiguismo más bien. Hay disposición, entre quienes firmaron el acuerdo, de orientar el salvataje a Latam. Si uno lee el acuerdo, las alternativas que hay son un traje a la medida para Latam”, advierte el diputado de la Bancada Regionalista Verde Jaime Mulet, otrora DC.
Mulet, por cierto, es de los que no creen que Latam sea una empresa estratégica y opina que el salvataje tiene que correr por cuenta de sus socios, entre los que se cuentan Qatar Airways, Delta Airlines, las familias Cueto Plaza y los Heller Solari, ligados a Falabella, entre otros accionistas prominentes. Además de la AFP.
“Hay otras aerolíneas que podrían operar. El negocio aéreo es un negocio en declinación, un negocio contaminante. Todo indica que para recuperar el nivel de vuelos que había prepandemia, van a pasar muchos años. No tiene sentido que el Estado apueste ahí hoy día. Que lo hagan sus accionistas”, subraya Mulet, quien, de cualquier forma, no tiene dudas que en el Congreso se van a “cuadrar” con la línea aérea para ir en su rescate.
Con todo ello en cuenta, al parecer se impondrá el criterio defendido por el oficialismo y este, debido a la transversalidad de los vínculos que posee Latam en el Congreso, será traspasado a la mayoría del espectro político al momento de hablar de reactivación.
“Al ayudarlos a ellos, estás ayudando también al empresario chico, que ahora lo ayudas a que flote, pero, para que avance, necesita reactivación y la reactivación parte, a mi juicio, con las empresas grandes que mueven la aguja”, afirma con vehemencia el diputado de Renonación Nacional, Alejandro Santana, sin dejar espacio a la duda respecto a hacia dónde, efectivamente, terminarán cargándose los dados.
