EDITORIAL
Se requieren, y son positivos en las circunstancias que vivimos, los llamados al diálogo y a la cooperación que la clase política realiza cada tanto, entre ellos, del propio Presidente de la República, y más favorable aún es cuando se llega a acuerdos transversales concretos que benefician a la ciudadanía. Por lo mismo, no se entiende el exabrupto cometido por el Mandatario el día lunes, que –además de incoherente– se ubica en las antípodas de la templanza de un estadista y más cerca de la búsqueda de una guerrilla política que no solo incomoda, sino que también nos daña como país fatalmente.
Fuera de forma institucional, poco amistosa y de mala calidad política resultó la intervención del Presidente de la República Sebastián Piñera, este lunes 22 de junio, en que –usando un punto de prensa y sin previo aviso– prácticamente notificó al Congreso de estar actuando al margen de la Constitución y la ley y avisó que convocaría a una comisión de expertos, para mejorar los procedimientos legislativos en materia de admisibilidad de proyectos por parte de ese poder del Estado.
El tema resulta más que relevante, al menos por tres cuestiones sustanciales del funcionamiento actual del régimen político: el carácter de colegislador del Primer Mandatario en un sistema de presidencialismo exacerbado; la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en materias de ley que comprometan incremento de gasto fiscal; y la complejidad del momento político actual, tanto por el manejo de una pandemia sanitaria-económica como porque existe un calendario de cambio de Constitución.
En cuanto al primer punto, el carácter de colegislador con otro poder del Estado obliga al Presidente a una forma más cuidadosa y políticamente cortés en materia de relacionamiento. Más aún cuando la ley le otorga una enorme incidencia en los ritmos legislativos y en el trabajo de ese otro poder. Cuenta con mecanismos legales que le permiten, mediante un sistema de urgencias y de selección de Cámara, decidir cómo y a qué velocidad se legisla.
[cita tipo=»destaque»]Hace años que vastos sectores reclaman mayor profesionalidad y la existencia de una comisión bicameral permanente de presupuestos, dotada de amplias atribuciones para efectuar el control fiscal, y de instrumentos de acuerdos y diálogos reglados entre Legislativo y Ejecutivo. Ningún Gobierno desea que sus guarismos financieros sean alterados en los trámites parlamentarios, pero se ha de aceptar que, en situaciones extraordinarias como la que vivimos, se deben escuchar atentamente los planteamientos del otro, sobre todo cuando existe la evidencia empírica de que la ciudadanía está sufriendo los rigores de un financiamiento escuálido. En medio de todas las discusiones legislativas sobre el manejo de la pandemia, este ha sido el punto de mayor controversia entre el Gobierno de Sebastián Piñera y la oposición, que es mayoría en el Congreso.[/cita]
No existen obligaciones regladas de información prelegislativa y un Gobierno burdo o autorreferente puede, perfectamente, omitir mucha información al Congreso, por ejemplo, en la tramitación de una ley con discusión inmediata. Pero esto no implica que el Parlamento esté obligado a aprobar lo que el Ejecutivo le propone, por lo que la cooperación y el buen trato son indispensables para ambos poderes.
En segundo lugar, la exclusiva competencia en materia de gastos públicos implica nuevamente un relacionamiento sano. Es verdad que en este punto predomina una tendencia al orden y disciplina fiscal, lo que reúne un amplio consenso en todos los sectores. Pero la exclusividad exige un diálogo financiero transparente y una disposición a escuchar al otro.
Hace años que vastos sectores reclaman mayor profesionalidad y la existencia de una comisión bicameral permanente de presupuestos, dotada de amplias atribuciones para efectuar el control fiscal, y de instrumentos de acuerdos y diálogos reglados entre Legislativo y Ejecutivo. Ningún Gobierno desea que sus guarismos financieros sean alterados en los trámites parlamentarios, pero se ha de aceptar que, en situaciones extraordinarias como la que vivimos, se deben escuchar atentamente los planteamientos del otro, sobre todo cuando existe la evidencia empírica de que la ciudadanía está sufriendo los rigores de un financiamiento escuálido. En medio de todas las discusiones legislativas sobre el manejo de la pandemia, este ha sido el punto de mayor controversia entre el Gobierno de Sebastián Piñera y la oposición, que es mayoría en el Congreso.
Y lo más de fondo es que el país llegó a la pandemia sanitaria-económica en medio de un proceso de cambio institucional, producto de un agotamiento del modelo económico y una mala evaluación ciudadana de la gestión gubernamental. Y las actitudes destempladas, como la del Presidente el día lunes, pueden ser interpretadas como la búsqueda de una omisión o desconocimiento de acuerdos previos en el plano político y como un intento de alterar el calendario hacia una nueva Constitución.
Lo que se ha podido observar en estos meses es una mala performance general de la política y en especial de la gestión gubernamental, que ha colocado al país al borde de un colapso humanitario.
No cabe duda que Chile no es un país rico y que sus desigualdades constituyen una interrogante de fondo acerca de lo que deberemos hacer y cómo, para ponerlo –luego de la pandemia y la crisis social y económica– en una situación de normalidad.
Se requieren, y son positivos en las circunstancias que vivimos, los llamados al diálogo y a la cooperación que la clase política realiza constantemente, entre ellos, del propio Presidente de la República. Y más favorable aún es cuando se llega a acuerdos transversales concretos que benefician a la ciudadanía. Por lo mismo, no se entiende un exabrupto como el mencionado, que –además de incoherente– se ubica en las antípodas de la templanza de un estadista y más cerca de la búsqueda de una guerrilla política que no solo incomoda, sino que también nos daña como país fatalmente.
