Opinión
Solo considerando a la población penal, existirían aún 308 casos activos de personas contagiadas con COVID-19 en las cárceles, pero no sabemos en qué recinto se encuentran, tampoco sobre los casos recuperados ni cuáles son los focos de contagio. No hay datos públicos sobre el número de pacientes críticos, de aislados ni la cantidad de test que se han aplicado. En las cárceles hay una estrategia sanitaria insuficiente. La carencia de información actualizada, desagregada y exhaustiva en las unidades penales resulta dramática y se hace evidente que las autoridades están eludiendo las recomendaciones internacionales en materia de gestión carcelaria en el contexto de la expansión del coronavirus.
El 29 de marzo se detectó el primer caso de coronavirus en las cárceles chilenas. Desde entonces, múltiples voces han relevado la necesidad de adoptar medidas sanitarias estrictas y urgentes frente a la posibilidad de que los recintos penales se conviertan en focos de infección incontrolables. Esta posibilidad se ampara en diversos informes humanitarios y judiciales que han constatado –al menos desde 2010– los altos niveles de hacinamiento de las cárceles, sus precarias condiciones de higiene y salubridad como la falta de una infraestructura que garantice mínimas condiciones de habitabilidad. Este escenario se ha tornado aún más crítico con la llegada del coronavirus.
Las polémicas en torno a los datos que entrega públicamente el Ministerio de Salud y sus metodologías de conteo, nos llevaron a cuestionarnos qué está ocurriendo con la información sobre la propagación del COVID-19 en las cárceles. Como resultado, queremos exponer una serie de problemas vinculados al manejo y transparencia de los datos relativos a la penetración de la pandemia en las cárceles chilenas.
Tras sistematizar los datos sobre contagios carcelarios que publica Gendarmería de Chile en su página web, se hace evidente que la información que proporciona la institución es escasa y poco clara.
Desde el 7 de abril, Gendarmería publica datos agregados sobre contagios por coronavirus en las cárceles, pero no suministra información pública sobre el número de contagios por recinto, grupo etario, género o estatus procesal. Hasta el 3 de junio no se proveían datos sobre el número de recuperados. Coincidentemente, ese día se reportó la primera muerte por COVID-19 de un interno. Al 24 de junio se habían reportado 8 muertes producto de COVID-19, 6 correspondían a internos y 2 a funcionarios. Ese mismo día se reportaron 421 recuperados de un total de 729 personas privadas de libertad contagiadas (una tasa de recuperación equivalente a un 57,7% de los casos) y 393 recuperados de un total de 885 funcionarios contagiados (con una tasa de recuperación de un 44,4% de los casos).
[cita tipo=»destaque»]La falta de información pública en relación con las prisiones, tanto en un contexto de “normalidad” como de crisis, genera un hermetismo que desencadena al menos tres problemas sustantivos. Primero, abre un espacio de discrecionalidad exacerbada para la autoridad carcelaria que puede derivar en negligencias internas de administración, fallas en la adopción de decisiones frente a situaciones críticas y no reconoce el estándar internacional de transparencia en la gestión pública, que permite prevenir la corrupción en las instituciones (PNUD, 2018). En segundo lugar, el hermetismo afecta el derecho a la información de la población privada de libertad y también el de las familias inextricablemente conectadas a ellas. En tercer lugar, la falta de información obstaculiza que la intervención estatal en materia penitenciaria pueda ser monitoreada y evaluada en función de indicadores que informen su desempeño, lo que permitiría nutrir la toma de decisiones sobre la base de la evidencia y posibilitar el aprendizaje institucional (PNUD, 2009).[/cita]
Solo considerando a la población penal, existirían aún 308 casos activos de personas contagiadas con COVID-19 en las cárceles, pero no sabemos en qué recinto se encuentran. Tampoco sabemos dónde se hallan los casos recuperados y en qué recintos aún se presentan focos de contagio. A la fecha, no hay datos públicos sobre el número de pacientes críticos o el número de aislados, ni la cantidad de test que se han aplicado y se aplicarán en cada recinto penal, ni sus tiempos de diagnóstico.
Por lo anterior, optamos por desarrollar un ejercicio ilustrativo, utilizando la información pública disponible, para determinar qué podíamos concluir o al menos inferir, como ciudadanos interesados en acercarnos a la realidad penitenciaria, sobre la propagación del coronavirus en las cárceles. Los datos que exponemos a continuación pueden encontrarse representados aquí.
Al analizar los datos sobre contagios por coronavirus en el sistema penitenciario chileno, el principal hallazgo que puede derivarse es que en 79 días –entre el 7 de abril y el 24 de junio– se han detectado 1.614 casos nuevos en las prisiones, 885 corresponden a funcionarios y 729 a internos. Se observa una línea de penetración sostenida del virus, tanto en internos como en funcionarios, durante el periodo de estudio, resaltando que para estos últimos los casos confirmados han crecido de forma más dramática en las últimas semanas en comparación con los internos. El principal factor que permitiría explicar esta situación es la diferencia en el número de test aplicados a la población penal y a los funcionarios.
De acuerdo con la información expuesta por el director nacional de Gendarmería en la sesión del 22 de junio de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, hasta el 18 de junio en las cárceles del país se habían realizado 5.792 test PCR, de los cuales 2.938 se practicaron a funcionarios, cifra que representa un 14,3% del total de funcionarios, y 2.854 a internos, lo cual representa una aplicación sobre solo un 7,2% del total de personas privadas de libertad a la misma fecha. Estos datos coinciden con los testimonios de internos, relevados por ONG Leasur y permiten explicar plausiblemente la diferencia de casos entre personas privadas de libertad y funcionarios.
Al comparar estos resultados con la información en torno a los contagios en la población general, podemos afirmar lo siguiente:
-El porcentaje de contagio nacional a fines de mayo de 2020 alcanzaba a un 0.51% de la población chilena. En prisión, en cambio, este porcentaje alcanzaba a un 1.14% de la población privada de libertad en la misma fecha, es decir, dos veces más que la tasa de contagios a nivel nacional.
-La variación promedio semanal de casos entre el 7 de abril y el 23 de junio de 2020, para la población chilena fue de un 43% de casos adicionales respecto a la semana anterior. Esta variación alcanza un promedio de 51% de incremento semanal para la población privada de libertad, mientras que para funcionarios es de 30%.
-La detección de casos en las cárceles presenta patrones completamente escindidos de la tendencia general que se observa en la población nacional. En el caso de la población penal, existen tres peaks de detección –no necesariamente de contagios– en las semanas 2, 3 y 4 examinadas (en el orden de un 145% de aumento respecto a su respectiva semana anterior) y, luego, se presenta un descenso abrupto y constante hasta la última (11) semana estudiada, donde se alcanza un 28% de aumento respecto a la semana anterior. En el caso de los funcionarios, se aprecian dos peaks de aumentos en las semanas 2 y 8 (de aproximadamente un 58% en el mismo sentido), lo que se traduce en que estos superan los casos de las personas privadas de libertad.
En primer lugar, la diferencia en las tendencias de detección de casos entre la prisión y el medio libre se explica por el hecho de que las estrategias de detección de casos son completamente diferentes. En el primero, Chile ha aplicado una estrategia de testeo masivo más o menos uniforme. En la cárcel, lo que se presenta son detecciones coyunturales según la sintomatología que declaran los internos. Confirmando a una persona, se procede a realizar pruebas a sus contactos más estrechos, cuestión que permitiría explicar los abruptos aumentos que se aprecian en las semanas 2, 3, 4 y 11 examinadas. A esto se asocia el sostenido aumento de funcionarios contagiados. La cifra total se encuentra muy por encima de los internos desde comienzos de junio.
Lo que tenemos en las cárceles es una estrategia sanitaria insuficiente que requiere urgentemente que Gendarmería explicite las razones por las que prioriza la aplicación de test a sus funcionarios por sobre los internos. Asimismo, las autoridades penitenciaria y sanitaria debieran dar explicaciones sobre los patrones observados, tanto con respecto a los peaks de contagios como al estancamiento de casos contagiados de personas privadas de libertad.
En segundo lugar, la carencia de información actualizada, desagregada y exhaustiva respecto de los contagios efectivos y la población en las unidades penales resulta dramática luego de casi 3 meses de la detección del primer caso. Se hace evidente que Gendarmería y las autoridades sanitarias están eludiendo las recomendaciones internacionales y de especialistas en materia de gestión carcelaria en el contexto de la expansión del coronavirus.
La recopilación de información de calidad en torno a la forma en que el COVID-19 ha afectado a la población penal, al personal penitenciario y a la comunidad constituye un insumo crítico en las condiciones actuales. La transparencia de información permite confiar en la efectividad de las medidas que se adoptan y genera una base para que la ciudadanía, el mundo experto, activista e incluso las autoridades de Gobierno, puedan mantenerse informados de las acciones que adopta la autoridad penitenciaria y sus respectivos criterios y justificaciones.
La falta de información pública en relación con las prisiones, tanto en un contexto de “normalidad” como de crisis, genera un hermetismo que desencadena al menos tres problemas sustantivos. Primero, abre un espacio de discrecionalidad exacerbada para la autoridad carcelaria que puede derivar en negligencias internas de administración, fallas en la adopción de decisiones frente a situaciones críticas y no reconoce el estándar internacional de transparencia en la gestión pública, que permite prevenir la corrupción en las instituciones (PNUD, 2018). En segundo lugar, el hermetismo afecta el derecho a la información de la población privada de libertad y también el de las familias inextricablemente conectadas a ellas. En tercer lugar, la falta de información obstaculiza que la intervención estatal en materia penitenciaria pueda ser monitoreada y evaluada en función de indicadores que informen su desempeño, lo que permitiría nutrir la toma de decisiones sobre la base de la evidencia y posibilitar el aprendizaje institucional (PNUD, 2009).
La información penitenciaria, en suma, permite monitorear, evaluar e informar permanentemente las acciones y políticas que se están desarrollando en las cárceles, para así orientar la toma de decisiones tendientes a su mejora. Si esta ha sido una tarea esencial en el medio libre desde que se detectó el primer caso de coronavirus en marzo, en el sistema penitenciario no ha sido siquiera una prioridad. Basta contrastar los niveles de detalle entre la información que proporciona el Ministerio de Salud diariamente y la que entrega Gendarmería de Chile. En términos extremadamente sutiles, podríamos decir que la diferencia es abismante.
Es urgente implementar una política de testeo masivo de coronavirus en las cárceles chilenas, independientemente de la sintomatología de los internos. No basta solo con informar en una cuenta pública que “se realizaron testeos preventivos” sin respaldo cuantitativo sobre su alcance. Se trata de una medida indispensable para proteger las vidas de la población penal. La articulación de la sociedad civil, el mundo académico y los activistas de Derechos Humanos resulta indispensable para este fin.
Luego, es indispensable que la administración penitenciaria, en el más breve plazo posible, entregue a la ciudadanía un detalle pormenorizado de la situación del coronavirus en las cárceles. Esto constituye un paso necesario para mitigar la cultura de secretismo y opacidad con que, tanto en una situación de normalidad como en la crisis sanitaria que vivimos hoy, opera la administración penitenciaria chilena.
Finalmente, creemos que todo lo que hemos expuesto puede sintetizarse en dos premisas: 1) la transparencia penitenciaria efectiva nos permitiría salvar vidas, y 2) las vidas de las personas privadas de libertad importan tanto como la de cualquier otra persona.
