Opinión
Crédito: Agencia UNO
El actuar anticompetitivo de la ANFP, aprobado en Consejo de Presidentes el año 2011 e impulsado por Sergio Jadue, imponía un pago millonario a los clubes que quisieran formar parte de la Primera B, como lo que le tocó enfrentar a Deportes Valdivia el año 2017. Después de una gran campaña y ascendido a la Primera B, el equipo se vio obligado a denunciar públicamente lo ilegal de la situación, además de endeudarse más allá de lo conveniente con el objeto de solventar la situación y poder hacer frente al desafío deportivo.
Cabe agradecer la investigación y seguimiento que hizo la FNE y aplaudir la decisión del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que sanciona, en primera instancia, a la ANFP, por incurrir ésta en graves atentados a la libre competencia con motivo de la incorporación de una cuota gravosa para aquellos clubes que quisieran formar parte de la Primera División, A y B.
Una ignominiosa herencia de Jadue, su administración, y el apoyo de los clubes que la votaron que atentaba, en primer lugar, contra la ley, es decir el Decreto Ley 211, y en segundo lugar, el espíritu del deporte, es decir el fair play.
Así es. El actuar anticompetitivo de la ANFP, aprobado en Consejo de Presidentes el año 2011 e impulsado por Sergio Jadue, imponía un pago original de UF 50.000, esto es, aproximadamente US$ 2.250.000, pero que luego fue disminuido (no eliminado) el año 2017 a UF 24.000, o bien, aproximadamente, US$ 1.080.000, pagadero un 50% prácticamente al contado y el resto en mensualidades de UF 1.000.
Lo descrito constituyó una conducta propia de un cartel que sólo beneficiaba a los incumbentes, perjudicando expresamente a clubes que se veían impedidos de acceder a Primera B, y luego, a Primera A, considerando la pesada carga financiera que todo club profesional arrastraba desde el amateurismo, no obstante que se encontraba compitiendo para alcanzar esos objetivos.
Esto fue, entonces, lo que le tocó enfrentar a Deportes Valdivia el año 2017. Club, que después de una gran campaña y ascendido a la Primera B se vio obligado a denunciar públicamente lo ilegal de la situación, además de endeudarse más allá de lo conveniente con el objeto de solventar la situación y poder hacer frente al desafío deportivo.
Lo anterior hizo que la FNE investigara la situación, a contar de fines 2016, y finalmente concluyera que la actuación de la ANFP debía ser sancionada. En ese contexto, demandó a la ANFP en febrero de 2018 por abuso de posición dominante.
[cita tipo=»destaque»] El fallo del TDLC es interesante y descarta de plano la existencia de alguna justificación para imponer el gravamen aclarando en el considerando 89 que la imposición de la cuota de incorporación es una barrera a la entrada contraria a la competencia y que por tanto debía ser sancionada. Es de esperar, si la Excelentísima Corte Suprema conoce el caso, ratifique el fallo del TDLC, o bien lo haga más gravoso. Después de todo, esto es parte del legado de Jadue que las sucesivas administraciones, señores Salah y Moreno, no quisieron eliminar. [/cita]
El fallo del TDLC es interesante y descarta de plano la existencia de alguna justificación para imponer el gravamen aclarando en el considerando 89 que la imposición de la cuota de incorporación es una barrera a la entrada contraria a la competencia y que por tanto debía ser sancionada. En atención a lo anterior concluye:
1.- Condenar a la ANFP al pago de una multa, a beneficio fiscal, ascendente a 3.145 Unidades Tributarias Anuales.
2.- Ordenar a la ANFP el cese del cobro de una Cuota de Incorporación de UF 24.000 como requisito para ascender a Primera B.
3.- Condenar en costas a la ANFP.
Cabe sí, a modo de conclusión, hacer un par de reflexiones finales. En primer lugar, este es un caso típico de cómo el actuar de una estructura anticompetitiva lesiona gravemente el legítimo emprendimiento de un tercero a tal extremo de lograr que el mismo se extinga, y con un costo altísimo.
En efecto, me tocó observar de cerca la situación de quien presidiera la institución valdiviana hasta el año pasado, José Gandarillas, y ayudarle en este proceso ante la FNE como el TDLC. Conocer de primera fuente las penurias de un club que tenía que luchar, en paralelo, por mantenerse a flote futbolística como financieramente y tener que endeudarse con terceros, muchas veces a tasas burdas, con tal de poder pagar esa vil cuota; sufrir el vejamen de sus pares, quienes en los Consejos de Presidente le reprochaban haber acudido a sede de competencia o bien el reproche de otros, sabiendo o no, probablemente, del tremendo costo personal que lo anterior significaba, que no cabe al caso explicar acá.
La sentencia del TDLC no refleja el profundo daño directo, permanente, emergente y cesante del actuar ilegal del ente rector del fútbol. No le corresponde en aquella instancia.
En segundo lugar, este caso también sirve para concluir que no todas las proyecciones se cumplen, y que consideraciones de competencia deben ser estudiadas antes de determinar ciertos gravámenes. La ANFP erró no una, sino que dos veces. La primera, al establecer el gravamen, la segunda, al no eliminarlo sino que decidir reducirlo. Y ello, considerando al CDF, un objeto monopólico per se, y que sus ingresos nunca iban a ser desafiados. Craso error.
Finalmente, bien pudo haber sido acusada la ANFP, tras acordar la imposición de la barrera de entrada, de haber concordado los clubes horizontalmente este gravamen, lo que en la práctica es un acto colusorio y con ello verse expuesta, incluso, a su cancelación. Es un contexto en que incluso fue investigada por el Ministerio Público.
Por todo lo anterior, es de esperar, si la Excelentísima Corte Suprema conoce el caso, ratifique el fallo del TDLC, o bien lo haga más gravoso. Después de todo, esto es parte del legado de Jadue que las sucesivas administraciones, señores Salah y Moreno, no quisieron eliminar.
