Era necesario un proyecto de ley para regular las compras de equipamiento militar. En lo político quizás sí, pero en lo técnico muy probablemente no. En lo político, porque sin el compromiso de presentar un proyecto de ley de compras militares no se hubiese aprobado el término de la Ley del Cobre y porque además había -producto de algunos problemas del pasado- en ese minuto la sensación que las compras militares requerían de más transparencia y control, lo que es entendible, pero que no necesariamente en lo técnico mejora el proceso de compras.
Agradezco a Claudio Fuentes y Gabriel Osorio por haber escrito sobre el tema de las compras militares, ya que si bien no estoy de acuerdo con mucho de lo que indican, claramente hay espacio para mejorar lo que se le presentó al Parlamento en esta materia.
Lo primero que hay que entender es que este proyecto de ley fue un compromiso que el Gobierno adquirió por la aprobación, en 2019, del proyecto que regula el financiamiento de capacidades estratégicas de la Defensa Nacional y por ende de las Fuerzas Armadas, que reemplazó el financiamiento por vía de los ingresos que genera Codelco.
Este compromiso que adquirió el Gobierno no estaba en el diseño original de la propuesta que modificaba la forma en que se financian las inversiones en equipamiento de las instituciones armadas, que trae como concepto principal que las definiciones de capacidades estratégicas requeridas se toman a nivel del Ministerio de Defensa y ya no más a nivel de cada institución, las que ahora se deben ajustar a un concepto de defensa integral y conjunta que está definido en las políticas de defensa y en la política militar.
Era necesario un proyecto de ley para regular las compras de equipamiento militar. En lo político quizás sí, pero en lo técnico muy probablemente no. En lo político, porque sin el compromiso de presentar un proyecto de ley de compras militares no se hubiese aprobado el término de la Ley del Cobre y porque además había –producto de algunos problemas del pasado– en ese minuto la sensación que las compras militares requerían de más transparencia y control, lo que es entendible, pero que no necesariamente en lo técnico mejora el proceso de compras.
[cita tipo=»destaque»]Y en lo que respecta al control civil y democrático, yo esperaría un rol más activo por parte de las comisiones de defensa de la Cámara de Diputados y del Senado en la supervisión del proceso, como también en entender la política de defensa y la política militar, ya que son ellos los que deben realizar dicha función y no delegar en terceros. También esperaría que la Contraloría General de la República tenga equipos especializados en materias de defensa y sea una organización que, en esta materia, genere confianza pública. Al final del día y entendiendo que la función de defensa es 24/7, recomiendo focalizarse en procesos lógicos y bien diseñados, efectivos, eficientes, bien controlados y con un esquema de gobierno corporativo que agregue valor. El resto es música y política.[/cita]
Por qué digo que no necesariamente mejora el proceso, porque desde que ocurrieron los problemas en el pasado, los controles establecidos tanto por las mismas instituciones como por el Ministerio de Defensa y la Contraloría General de la República, hacen que el nivel de control actual sea muy superior al que existía años atrás. Con el ambiente de control actual comprar tonteras, hacer ilícitos y malgastar es muy complejo o, mejor dicho, imposible.
La pregunta entonces, desde una perspectiva ingenieril, es: ¿qué tipo de procesos necesitamos para realizar compras militares? Mi recomendación sería que necesitamos procesos con las siguientes características:
Lo que sigue entonces es entender si la propuesta de Fuentes y Osorio de una agencia externa de compras dependiente del Ministerio de Defensa agrega o no valor. En lo político, suena como una idea seductora para quienes les quieren sacar ámbitos de decisión a las instituciones y que estas sean tomadas solo por civiles. Respecto de ello mis comentarios son:
-El que sea una agencia pseudoindependiente per se no asegura menos fallas de control o una mayor transparencia.
-Tiene la debilidad de que más bien aumenta y no disminuye el costo de las adquisiciones, ya que estas por ser muy especializadas, igual van a requerir la concurrencia de quienes vayan a operar y mantener los sistemas y plataformas.
-No existe un pool de talentos civiles especialistas en compras de sistemas de armas en Chile.
-Incorpora más burocracia y menos eficiencia al proceso de compras.
Y en lo que respecta al control civil y democrático, yo esperaría un rol más activo por parte de las comisiones de defensa de la Cámara de Diputados y del Senado en la supervisión del proceso, como también en entender la política de defensa y la política militar, ya que son ellos los que deben realizar dicha función y no delegar en terceros. También esperaría que la Contraloría General de la República tenga equipos especializados en materias de defensa y sea una organización que, en esta materia, genere confianza pública.
Al final del día y entendiendo que la función de defensa es 24/7, recomiendo focalizarse en procesos lógicos y bien diseñados, efectivos, eficientes, bien controlados y con un esquema de gobierno corporativo que agregue valor. El resto es música y política.