PAÍS
En agosto de 2019, la Agencia Nacional de Inteligencia informó al exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, una serie de antecedentes y actividades sospechosas de la empresa Inversiones Ramaja Ltda., de propiedad del empresario afincado en la Región del Biobío, Alberto Scuncio. Estos antecedentes, que de forma paralela llegaron también a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) –servicio que elevó un Reporte de Operación Sospechosa y que, a su vez, dio origen a una investigación reservada del Ministerio Público por lavado de dinero que se encuentra vigente–, dan cuenta de una compleja trama de corrupción con alcances internacionales. En esta información se vincula a empresas petroleras venezolanas –que están siendo investigadas en la Corte del Distrito Sur de La Florida en Estados Unidos– a filial de estas que inscribió una sociedad en Chile y que no generó movimiento alguno tras verse involucrada en el escándalo de los «Panama Papers», a exportaciones de cajas de alimentos con sobreprecio a Venezuela y a la entrada al país de cantidades ingentes de dinero del orden de un millón de euros mensuales. En pleno conocimiento de esta información, el Gobierno convirtió igualmente a esta compañía en su principal proveedora de cajas de alimentación para la Región Metropolitana en el contexto de la pandemia. El principal involucrado señaló recientemente a un medio de comunicación nacional que las cajas que enviaron a Venezuela, y que le reportaron entre 800 mil y un millón de euros mensuales, eran «esporádicas», que el lavado de dinero era invento de la prensa y que el destino no era el gobierno venezolano. Facturas a las que tuvo acceso El Mostrador, revelan que el real destino era, sin embargo, la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (CUSPAL), órgano rector del Estado venezolano, encargado de las «políticas del Gobierno Bolivariano en materia de seguridad y soberanía alimentaria».
El 8 de agosto de 2019, la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) evacuó un sensible informe que paró en el despacho del exsubsecretario del Interior y Seguridad Pública y actual coordinador de políticas públicas en el marco de la crisis sanitaria y social, Rodrigo Ubilla. En este documento reservado, bajo el título de «Informe de Inteligencia: Eventual Lavado de Activos», se detallaban los pormenores de una serie de actividades sospechosas de la empresa chilena Inversiones Ramaja Ltda., de propiedad del empresario afincado en la Región del Biobío, Alberto Scuncio, y de su hijo Martín Scuncio.
Las actividades, de las cuales tomaron conocimiento Ubilla, el exasesor de Ministerio del Interior Luis Hermosilla y el exministro de la cartera, Andrés Chadwick, daban cuenta de una compleja trama de corrupción que vinculaba a empresas petroleras venezolanas –que están siendo investigadas en la Corte del distrito Federal de La Florida en Estados Unidos– a filial de estas que abrió sociedad en Chile y que no generó movimiento alguno tras verse involucrada en el escándalo de los «Panama Papers», exportaciones de cajas de alimentos con sobreprecio a Venezuela y la entrada al país de ingentes cantidades de dinero del orden de un millón de euros mensuales.
En conocimiento las más altas autoridades del país de esta información y con la advertencia de que estas operaciones «podrían comprometer la credibilidad comercial de Chile», la empresa Ramaja –que motivó el informe de inteligencia de la ANI–, a través de Distribuidora Llacolén S.A., se convirtió, ocho meses después, en el contexto de la pandemia, en la principal empresa proveedora de cajas de alimentos del Gobierno, con órdenes de compra superiores a los $8 mil millones.
Actualmente en Estados Unidos se investigan dos sendos casos de corrupción que involucran a empresas venezolanas. Por una parte, el Departamento de Justicia estadounidense investiga a varios empresarios venezolanos por la malversación de más de US$ 4.500 millones de la compañía estatal Petróleos Venezuela S.A. (PDVSA). Y, por otra parte, el Departamento del Tesoro de ese país, a mediados del año pasado, impuso sanciones comerciales a a compañías de alimentos de Venezuela que importaban y pagaban a proveedores en México, «como un medio para facilitar el esquema de corrupción» de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
En la trama de ambos casos de corrupción, figura la empresa chilena Inversiones Ramaja. Para entender la vinculación hay que remontarse a la creación de un enjambre de sociedades, creadas en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes, por parte del bufete panameño Mossack Fonseca, del que salieron los famosos Panamá Papers.
Durante el escándalo, cuyos alcances fueron investigados de manera simultánea por una red de empresas periodísticas alrededor del mundo, se tomó conocimiento que la empresa Pequiven, filial de la mayor petrolera de Venezuela PDVSA, realizó en Islas Vírgenes un Joint Venture con la empresa NPC International Limited, una firma subsidiaria de la petroquímica iraní, National Petrochemical Company. De esta alianza comercial surgió la empresa Venirán. Dentro de las compañías que compartían la propiedad de Venirán, figuraba otra firma creada por la venezolana Pequiven en el paraíso offshore y que se bautizó como International Petrochemical Holding Limited.
Según el informe de Inteligencia de la ANI, el 20 de mayo de 2016, cuando estaba comenzando el escándalo de los Panama Papers, llegó a Chile el gerente de Asuntos Legales de Pequiven y representante de International Petrochemical Holding Limited, el venezolano Fabián Alexander Sánchez Girón. Según consta en el extracto del Diario Oficial del 23 de noviembre de ese año, Sánchez Girón junto al empresario argentino Alberto Juan Scuncio, –afincado en la Región del Biobío– y en representación de Ramaja Inversiones, crean la sociedad Suministros del Sur S.A., con el objeto de realizar «actividades de importación, exportación y comercialización general de productos petroquímicos básicos, intermedios y/o finales, similares y afines y la compraventa de bienes derivados de la actividad petroquímica».
De acuerdo a lo señalado en el informe que se puso en conocimiento del Gobierno, esta empresa Sucusa S.A. no alcanzó a registrar ningún tipo movimiento comercial, dado que después de su constitución el nombre de Pequiven y de International Petrochemical Holding Limited comenzó a circular profusamente en las investigaciones de los Panama Papers.
La empresa Ramaja, sin embargo, a los pocos meses de la creación de esta sociedad, inició un lucrativo negocio de exportación de alimentos básicos a Venezuela, sin tener mayor experiencia en el rubro, y que tenían como destino los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
En el marco de una investigación que lleva adelante actualmente la Corte de Distrito Sur de La Florida en Estados Unidos contra el ciudadano colombiano Alex Nain Saab Morán –dueño de la empresa de alimentos Asasi Food– por actividades de lavado de dinero en relación con exportación a sobreprecios de canastas de alimentos básicos a Venezuela, conocidas como Cajas CLAP –que según lo expresado por el gobierno de Donald Trump se utiliza para la cooptación social de ciudadanos venezolanos–, aparecen mencionadas como entidades colaboradoras de Asasi Food una serie de empresas, entre ellas, RMJ Inversiones Ramaja Limitada.
En efecto, la empresa Ramaja exportó cientos de miles de cajas CLAP a Venezuela durante los años 2018 y 2019. Estas cajas, según lo observado por la ANI, se vendieron a dicho país con sobreprecio. En varias de las facturas a las que tuvo acceso El Mostrador se revela que estas fluctuaban entre 800 mil y un millón de euros mensuales. Cada caja contenía productos de alimentación básica por un monto cercano a los 8 mil pesos chilenos, pero se vendían entre 25 mil y 30 mil pesos.
En una publicación del diario La Tercera sobre los negocios de Alberto y Martín Scuncio, se detalla que entre 2017 y 2019 Ramaja envió casi US$60 millones en cajas de alimentos a Venezuela. En ese mismo artículo, Alberto Scuncio –que según la ANI no registra ningún bien inmobiliario ni vehículos a su nombre– sostuvo que esas exportaciones eran «esporádicas» y deslizó que eran mentiras de la prensa que el destino de tales cajas fuera el gobierno de Nicolás Maduro, sino que estas se vendían a empresarios particulares.
Sin embargo, esta información no resulta ser cierta, ya que las facturas antes mencionadas tenían como destino la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (CUSPAL), órgano rector del Estado venezolano, encargado de las «políticas del Gobierno Bolivariano en materia de seguridad y soberanía alimentaria».
Siendo el principal proveedor, durante el 2018 y 2019, de la cajas CLAP a Venezuela y con el riesgo de que Chile fuera sancionado por el gobierno de Estados Unidos, Martín Scuncio, a través de la distribuidora Llacolén S.A., vendió a la Intendencia Metropolitana 250 mil cajas de alimentos –muy parecidas a las cajas CLAP– para aplacar los efectos de la crisis económica originada por la pandemia del coronavirus, según consta en el documento que envió Martín Scuncio a Cristián Varela, de la Secretaría General de la Presidencia.
En la citada publicación de La Tercera, el Ministerio del Interior negó toda irregularidad con la empresa Llacolén, aduciendo lo siguiente: “Al momento de contratar no existía ningún impedimento en el sistema de compras públicas para hacerlo. Es importante señalar además que este proveedor cumplió en tiempo y forma con la entrega de la compra realizada”.
Sin embargo, lo que no era preocupación del Gobierno, sí lo fue para el Banco Security. De acuerdo a otra publicación, esta vez de El Desconcierto, el Banco Security, una semana después que el negocio con la Intendencia de la RM quedara cerrado por vía del trato directo, cerró las cuentas bancarias tanto de la empresa Llacolén como de Ramaja, en el marco de sus políticas de compliance (cumplimiento normativo) establecidas para cumplir con el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, derivado de la Ley 19.913. El conocimiento de esta acción del Security provino de la Corte de Apelaciones de Concepción, donde la entidad bancaria informó de las razones del cierre en el marco de una apelación de la empresa Ramaja.
A raíz de esta mención, Alberto Scuncio sostuvo en La Tercera, con la idea de bajarle el perfil al cierre de sus cuentas, que «a la gente le gusta poner y poner. Igual que pusieron por ahí lavados de activos y me pregunto dónde. Me parece que es una estupidez. Lo que pasa es que no te puedes poner a contestar a todo el mundo. ¿Para qué te vas a poner a tirar piedras a los gatos?».
Sumado al hecho de que el Gobierno estaba informado de actividades sospechosas de la empresa Ramaja, según fuentes del Ministerio Público, de forma paralela al informe de Inteligencia de la ANI, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) elevó un Reporte de Operación Sospechosa por los ingresos millonarios de la empresa Ramaja, durante el periodo 2018 y 2019.
Con esta información, la Fiscalía Nacional instruyó a la Fiscal Regional del Biobío, Marcela Cartagena, para que abriera una investigación reservada por el delito de Lavado de Activos, que se encuentra vigente. Investigación que se suma al caso que instruye la Corte del Distrito Sur de La Florida, donde también aparece Ramaja vinculada al mismo delito de lavado de dinero.
El Mostrador intentó infructuosamente y durante días que la Subsecretaría del Interior se pronunciara al respecto, pero hasta la fecha de hoy no hay resultados. La Fiscalía Regional del Biobío, en tanto, declinó oficialmente hacer comentarios respecto de la investigación reservada.
