MERCADOS
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“Aún es tiempo de rectificar el rumbo” es el título de la declaración que reúne las firmas de 15 presidentes de organizaciones empresariales del país, partiendo por Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), en donde expresan que ven con “profunda preocupación cómo se está incubando una estocada a las pensiones de las trabajadoras y trabajadores chilenos, y de paso, a un pilar de la institucionalidad de larga data”. En un directo llamado al Congreso, los empresarios señalan que “aún hay tiempo para considerar los argumentos técnicos e institucionales que hacen tan inconveniente lo aprobado en general el miércoles pasado. La Cámara de Diputados en su votación en particular, y luego el Senado, tienen la oportunidad de enmendar este rumbo, de manera de no propinarle un golpe, probablemente irreversible, al sistema de protección social y a la estabilidad fiscal de largo plazo de nuestro país”.
A través de una columna publicada en El Mercurio, titulada “Aun es tiempo de rectificar el rumbo”, el empresariado en pleno fijó su posición de completo rechazo a la reforma que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones, ya aprobada en general en la Sala de la Cámara de Diputados.
La carta reúne las firmas de los 15 presidentes de las ramas productivas del país, la crème de la crème de la elite empresarial del país, partiendo por Juan Sutil, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), uno de los referentes que más ha levantado la voz de rechazo a este trámite legislativo.
La misiva también es firmada por Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA); Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC); Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami); Bernardo Larraín, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa); Patricio Donoso, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC); José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF); Peter Hill, presidente de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS); y Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero.
También firman Rafael Cumsille, Presidente Confederación Nacional del Comercio Detallista;
Juan Pablo Swett, presidente Multigremial Nacional de Emprendedores; Juan Araya, presidente Confederación Nacional Dueños de Camiones; José Carreño, presidente Indupan; Sergio Pérez, presidente CNTC y Ricardo Margulis, presidente de Fedetur.
En el documento, los dirigentes señalan que “observamos con profunda preocupación cómo se está incubando una estocada a las pensiones de las trabajadoras y trabajadores chilenos, y de paso, a un pilar de la institucionalidad de larga data, como es el que consagra la iniciativa exclusiva en materias previsionales y de gasto por parte del Presidente de la República”.
El proyecto será despachado en particular en la Cámara de Diputados esta semana para pasar al Senado, donde la oposición en su totalidad ya anunció que votará a favor de la iniciativa, y solo faltan dos votos de oficialismo para su aprobación.
En su declaración, los líderes empresariales califican la reforma como un “resquicio constitucional” y una “mala política pública”. Aseguran que la iniciativa” golpea el ahorro nacional y el valor de los activos donde está invertido el fondo de pensiones”, y a mediano plazo afectará también el empleo y la sanidad de las cuentas fiscales. De paso, asegura que “le endosa al Estado una nueva deuda”.
A juicio de los firmantes, “la política, por un lado, y la técnica y el marco institucional, por el otro, están en un proceso de preocupante desconexión. Y esto les ha impedido a muchos reconocer que hay otras propuestas muy superiores para ayudar a las familias de clase media con créditos blandos y subsidios, como las que se propuso algo tardíamente”, deslizando de todos modos una crítica a la demora del Gobierno en su propuesta de ayuda a la clase media.
En un directo llamado al Congreso, los empresarios señalan que “aún hay tiempo para considerar los argumentos técnicos e institucionales que hacen tan inconveniente lo aprobado en general el miércoles pasado. La Cámara de Diputados en su votación en particular, y luego el Senado, tienen la oportunidad de enmendar este rumbo, de manera de no propinarle un golpe, probablemente irreversible, al sistema de protección social y a la estabilidad fiscal de largo plazo de nuestro país”.
Sin embargo, aludiendo a un contexto más amplio, señalan que “lamentablemente, la idea del retiro de fondos no es algo aislado en el último tiempo. Han surgido otras iniciativas que también atentan contra la institucionalidad, pasando a llevar nuestra propia Constitución y las reglas del juego que como país nos hemos dado. Ello no solo no ayudará a la ciudadanía a salir de esta crisis, sino que además pone en riesgo la estabilidad democrática, social y económica del país”.
“Nuestra sociedad no se merece que este sea el comienzo del fin, ni que los errores de unos pocos dañen seriamente las posibilidades de progreso de las familias chilenas. La sociedad entera se merece y reclama una mejor política. Aún es tiempo de rectificar el camino antes de que sea tarde (…) Todos debemos esforzarnos más por privilegiar el bien común, por dejar de lado los atajos populistas y las ventajas de corto plazo”, finaliza la columna.
