Nuestra identidad: ¿nuevamente al mejor postor?

A fines de junio y sin prensa, el Registro Civil publicó las bases de licitación para el nuevo “Sistema de Identificación, Documentos de Identidad y Viaje y Servicios Relacionados”, en un hecho que normalmente hubiera concitado amplio interés noticioso. Esto, pues la actual concesionaria de estos servicios, la trasnacional francesa IDEMIA, verá caducado su contrato en enero de 2022.

Esta licitación –que contempla un contrato por 10 años– es una de las más cuantiosas de la administración pública chilena y se estima que será adjudicada por un monto no inferior a los USD$400 millones. Como revela el sitio de Ley del Lobby, el proceso fue mirado con atención durante el 2019 por varias transnacionales, incluyendo Microsoft, Huawei y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, célebre por la serie La Casa de Papel. Por eso, llama la atención que la noticia no haya dado más que para solo una nota en un diario económico online.

[cita tipo=»destaque»]Como una reflexión un poco más amplia, luego de más de 15 años de comprar servicios de identificación, ciberseguridad, gestión de sistemas biométricos, etc., ninguno de esos conocimientos, tecnologías o know how han quedado asimilados al acervo del Estado, de sus funcionarios o de la función pública, salvo la operación de interfaz de contados funcionarios peritos dactiloscópicos. ¿Nos condena ad eternum a depender de la tecnología foránea? ¿Es que no existirá jamás desarrollo tecnológico criollo orientado al tema en nuestras universidades públicas, en el mismo Registro Civil o en centros tecnológicos?[/cita]

Cabe recordar que durante los años 2010-2011, esta misma licitación desató una gran crisis interna en el Registro Civil, la cual incluyó la remoción de directores nacionales, además de un largo y costoso proceso judicial debido a reclamos de las empresas oferentes.

Primera interrogante: ¿Se justifica tan alto presupuesto público en medio de una crisis económica, sanitaria y social como la que atraviesa el país? ¿Por qué se ha mantenido un bajo perfil en torno a este hecho?

Se habla que debieran bajar los costos del pasaporte, actualmente en torno a los $90 mil. Sin embargo, el llamado no establece precio máximo final a usuario, dejando al arbitrio de los oferentes el valor final, por lo que se ve dificultosa una baja sustancial al no ser más de 2 o 3 las empresas con reales posibilidades en este tipo de procesos.

En estos momentos, nuestro pasaporte es considerado uno de los 14 más poderosos del mundo, permitiendo la entrada libre a 174 países, hecho debido principalmente a aspectos de seguridad del documento, tal como lo destaca la propia web institucional. Además, los casos de falsificación de cédulas y pasaportes chilenos son casi inexistentes, salvo los emitidos como “ideológicamente falsos”, cuya investigación judicial está en curso y que, al parecer, se produjo al contar con complicidad de algunos operadores del sistema.

En tiempos en que se discuten las llamadas medidas de ultima ratio para paliar la crisis económica, tal vez convenga hacer algunos cambios en las prioridades de inversión y gasto público.

Segunda interrogante: ¿Somos realmente soberanos de nuestros datos personales?

En torno a esto, creemos conveniente que se dé la discusión pendiente como país sobre el aseguramiento de la soberanía de datos, como aspecto esencial de una política pública para la administración de tan vasto y sensible volumen de información. Creemos que esta es una discusión abierta y que reviste la mayor importancia. Lamentablemente y, a pesar de haberlo solicitado, las bases de licitación aludidas no contaron con la más mínima participación ni discusión de los representantes de los(as) funcionarios(os) de carrera.

En estos momentos, los datos personales de cada chileno y chilena está en manos de, al menos, una transnacional (IDEMIA) y la licitación en curso entrega nuevamente este patrimonio nacional al contratante o adjudicatario de la operación del sistema, proceso que además contempla incluir en el documento de identidad información de licencia de conducir, registros médicos y podrá usarse como tarjeta BIP.

¿No será prudente declarar como de interés nacional las actuales instalaciones y softwares de fabricación de documentos de identidad –muchas de ellas del propio SRCeI– y comenzar un proceso de internalización de aquellas funciones asegurando una mejor calidad y eficiencia? ¿Hay alguna razón, más allá de lo ideológico, que invalide esta propuesta? ¿Cuáles son las innovaciones técnicas sustantivas, más allá de la lectura de iris e identidad digital incluidas, que justifican una total renovación tecnológica?

Una apuesta como esta tiene la ventaja obvia de recuperar el control de los costos y de los datos, asegurar la calidad y tener sistemas propios, pero también otras a mediano y largo plazo que se relacionan con la generación de círculos virtuosos de conocimiento en el país y sus instituciones.

Como una reflexión un poco más amplia, luego de más de 15 años de comprar servicios de identificación, ciberseguridad, gestión de sistemas biométricos, etc., ninguno de esos conocimientos, tecnologías o know how han quedado asimilados al acervo del Estado, de sus funcionarios o de la función pública, salvo la operación de interfaz de contados funcionarios peritos dactiloscópicos. ¿Nos condena ad eternum a depender de la tecnología foránea? ¿Es que no existirá jamás desarrollo tecnológico criollo orientado al tema en nuestras universidades públicas, en el mismo Registro Civil o en centros tecnológicos?

Sin entrar en suspicacias, que el mediático y simultáneo episodio del usuario arrodillado en Colina –que pretendió enfrentar a usuarios(as) y funcionarios(as) de Registro Civil– haya estado casi una semana en los noticiarios, nos deja algunas inquietudes sobre la jerarquía de temas en la agenda nacional acerca de una misma institución.