PAÍS
Es el presidente de 81 Razones, una ONG que reúne a los familiares de las víctimas del horrible incendio de la cárcel de San Miguel de 2010. Pero la causa que lo moviliza no responde sólo a la muerte de su hermano, sino también a las condiciones de vida de todas las personas privadas de libertad y las que viven atrapadas en la libertad de la calle. César será el tercer invitado a los ciclos Pandemia y Pobreza que organiza Hogar de Cristo.
La mañana del 8 de diciembre de 2010, César Pizarro (38) llamó a la cárcel de San Miguel para preguntar si su hermano, Jorge, estaba fuera de peligro en la cárcel. “No se preocupe, está vivo. Está en el sector tercero sur de la torre cinco”, le dijo un gendarme al otro lado del teléfono. “Fue un momento horroroso”, recuerda César. “No le doy a nadie enterarse por las noticias que el lugar dónde está tu hermano se quema por dentro”.
Poco después, César se enteraría de que su hermano menor, de 21 años, primerizo en la cárcel por robar a un camión con cigarros y a solo dos meses de obtener el beneficio de las salidas dominicales, había muerto encerrado, calcinado junto a 80 presos más que pedían auxilio. “Nosotros fuimos a la cárcel, estuvimos ahí, pero no nos dejaron hacer nada. Fue una pesadilla, literalmente escuchamos desde la puerta de la cárcel cómo nuestros seres queridos se quemaban a unos metros de distancia”.
Pero no se quedó de brazos cruzados. Junto con otros familiares fundó la ONG 81 razones, nombre que alude a las 81 personas que murieron en el incendio. Nos cuenta que en un comienzo la organización se enfocó en pedir justicia para quienes fallecieron, pero, con el transcurso del tiempo, ampliaron sus acciones a interceder en los casos de abusos, ayudar a los internos a postular a beneficios penitenciarios y asesorarlos a ellos y sus familias para que conozcan sus derechos.
-¿Qué crees que pasaría si el incendio fuera ahora?
-Creo que moriría más gente. Gendarmería en vez de tomar esto como una enseñanza, sigue dejando morir gente, maltratando a los presos. No les sirvió de nada. Los privados de libertad están a merced de lo que les diga el que tiene poder. La actitud parece ser ‘dejen que estos huevones se mueran, se maten, se caguen de hambre… Hay una gran indolencia.
Las versiones oficiales explican que el incendio comenzó luego de una pelea con lanzallamas artesanales en la torre 5 de la Cárcel. Esto sumado a la poca dotación de gendarmes (100) en relación al hacinamiento de presos en la cárcel (1.961) produjo lo que el entonces ministro de justicia, Felipe Bulnes, denominó como “la peor tragedia del sistema carcelario chileno”.
– ¿Sería una solución construir más cárceles?
-No. Si hacemos más cárceles, vamos a llenarlas y van a ser las mismas que ahora, las mismas rejas, los mismos apaleamientos, la misma asquerosidad de comida. La idea es hacer más centros de reinserción, como en otros países que se hacen cárceles dignas, con huertos, talleres de teatro, deportes. Acá de los 200 mil millones de pesos que tiene Gendarmería, sólo se invierte el 10% en reinserción. Es decir, se invierte muy poco en reinsertar a las personas, devolviéndolos aún más enajenados a la sociedad.
-¿Funcionan los programas de reinserción?
-En algunos casos, sí. Por ejemplo, con el Capellán de Gendarmería, Luis Roblero, están funcionando los “Espacios Mandela” donde se imparten diferentes talleres y oficios que han resultado. Pero otro tema es qué hacer con los diplomas, porque las oportunidades laborales se cierran completamente cuando se tienen los papeles manchados.
El número de infectados en las cárceles de Chile continúa aumentando, sumando hasta la fecha 559 reos y 718 funcionarios contagiados y cuatro muertos a nivel nacional. Gendarmería ha adoptado estrategias, como el traslado de cientos de reos a diferentes penales a raíz del caso de Puente Alto, el penal que tiene más infectados, para bajar el hacinamiento; sistemas de aislamiento y suspensión de visitas.
-¿Cómo está la población penal con el cierre de las visitas?
-Ellos mismos cerraron la cárcel, la política número uno de Gendarmería fue cerrar la cárcel. Se ha ido conversando con ellos y los privados de libertad tomaron conciencia de que el virus venía de afuera y que no querían contaminarse, ni contaminar. Y ellos fueron diciendo que no querían visitas. Fue un acuerdo tácito entre todos: la autoridad, gendarmes y privados. Entendieron que tenían que cuidarse y cuidar a sus familias, y que, si de alguna forma se los obligaba a verlos, los exponían a que se enfermaran.
Hasta hace pocas semanas, una de las preocupaciones constantes de Gendarmería era evitar el ingreso clandestino de celulares. Sin embargo, la contingencia generada a raíz del coronavirus ha obligado a modificar los protocolos penitenciarios y, entre estos, las políticas sobre los teléfonos móviles. Esta adecuación tiene su origen en la decisión del Ministerio de Justicia y Gendarmería de suspender las visitas que recibían los presos, con el objetivo de frenar la propagación del virus en los penales. Así, para que los internos pudiesen seguir en contacto con sus familias se estableció -de forma excepcional- que puedan hablar con ellas a través de celulares, proveídos por sus cercanos. Que ellos puedan hablar por teléfono con sus familias es un acto de humanidad. Pero hay que entender bien esto, no es que cada interno tenga su celular, es en ciertos horarios, sólo en horarios de visita, una o dos horas.
-¿Con esta medida alcanzan a saber de sus familias?
-Lo cierto es que en la práctica es bien poco, ahora más que nunca necesitan a sus seres queridos, pero aún continúa la ilegalidad y las incautaciones de celulares, no es algo que se acabó. Por ejemplo, se elevó en un mil por ciento las denuncias por audios y fotos desde la cárcel. ¿Qué esperaban? Es lógico, las familias se van a buscar aún más ahora que todos están encerrados.
En diciembre de 2019, en un terreno abandonado, tres hombres abusaron de una joven. Fue en la comuna de La Pintana. La golpearon hasta quitarle la vida. “Imaginar lo que ella sufrió me caló hondo, fue algo que me remeció”, recuerda César. Luego agrega: “Por eso, cada vez que pasaba por un peladero sentía que tenía que transformar ese espacio”.
Meses después, en plena pandemia, César camina a su casa después del trabajo. Entonces se detiene en un terreno eriazo ubicado en la población Pablo de Rokha, de La Pintana. “En ese lugar hay un galpón abandonado que los vecinos confunden con basurero. Es como un depósito oxidado. Tenía el techo desplomado, solo lo ocupaban algunas personas en situación de calle. La primera vez que lo vi fue un panorama deprimente, solo había escombros y ratones”.
-¿Qué hiciste?
-Me pasé la reja, no me importó nada, entré y había hartas personas en situación de calle, solas, con frío, es que la pandemia dejó a los de calle más botados que nunca. Y con harto respeto les pregunté si los podía acompañar. Así los fui conociendo. Después de ese día surgió la idea de construir un albergue solidario. Primero lo conversé con mi familia, se lo propuse a las personas de 81 Razones, todos estuvieron de acuerdo, íbamos a transformar ese basural en un albergue, pero no sería fácil, estábamos en plena pandemia.
Campañas, recaudación de recursos, voluntariado, los integrantes de 81 Razones unieron sus fuerzas para crear un albergue para personas en situación. “Recuerdo que eran kilos y kilos de basura, estuvimos mucho tiempo sólo limpiando, no te imaginas cuanta gente apoyó, inclusive del barrio, las mismas personas de la calle, todos con los pies en el barro. Pero ya llevamos un mes funcionando, ha sido una experiencia transformadora para todos; con decirte, que diariamente acogemos entre cuatro y seis personas. Ya tenemos 16 camas, 8 camarotes, hemos arreglado el techo, el piso, las paredes, no te imaginas toda la gente que ha donado cosas”.
-¿No les han puesto problemas por la propiedad del terreno?
-Para nada, el terreno es de la municipalidad, pero ellos han sido muy solidarios, muy comprensivos, nos han prestado apoyo. Ahora estamos regularizando todo el papeleo para hacer esto como se debe. La alcaldesa, Claudia Pizarro, me dijo: ´César hiciste todo al revés´. Pero tienen que entenderme, si esperaba al papeleo infinito, la burocracia, los permisos…, nada de esto se habría hecho. Creo que las leyes les sirven a las personas, no las personas a las leyes. La dignidad de las personas está por sobre cualquier cosa y eran muchas las personas que necesitaban urgente la ayuda, ahora, no mañana.
-¿Cómo resulta un proyecto de esta magnitud en pandemia?
-Casi de la misma forma que en cualquier momento, con ganas, aperrando, poniéndole ganas. Esto ha sido un esfuerzo de muchas personas, lógicamente hemos tomado resguardos, como mascarillas, guantes, alcohol gel, de todo, pero el miedo no nos detiene. Es más, gracias a la pandemia nos dimos cuenta que nuestra causa no responde solo a la muerte de nuestros hermanos y familiares en la cárcel, algo nos decía que también había que luchar por los hermanos que viven presos en las calles.
-¿La cárcel y la calle se parecen?
-La calle y la cárcel recorren la misma línea. Me explico: a veces de la calle se pasa a la cárcel y de la cárcel se termina en la calle. En ese sentido, la calle es otra forma de cárcel, otra forma de encierro. No tiene barrotes, pero viven recluidos, solos. Para 81 razones, las personas que viven en la calle sufren casi lo mismo que aquellos que están presos. Claro, ellos caminando libres, pero no son libres, porque no pueden entrar a los mismos lugares, los echan, no los atienden en los centros de salud. Si se enferman, se mueren. No tienen baños, ni cama, nada. Dime tú, ¿en qué se diferencia eso a estar preso?
