La deuda privada que pesa sobre Chile

En los últimos años y particularmente entre 2019-2020, se observa un aumento sostenido de la deuda de los sectores públicos, de los bancos y sociedades financieras, de empresas no financieras y de las familias. Sin embargo, el problema principal no es la deuda pública. En efecto, la deuda privada a marzo del 2020 representa 311% del PIB, mientras que la deuda pública solo el 33% del PIB. Por tanto, es la deuda privada la que puede generar una tendencia a la desestabilización de la economía, en un contexto de pandemia, cuyos impactos serán entre 2020-2021. Más allá de los discursos, los hechos son los siguientes.

Primero, la deuda pública no es el problema principal como algunos economistas ortodoxos lo tienden a asegurar. Hacia fines del 2019, la deuda pública externa e interna bruta del gobierno central era en torno al 30% del PIB y la deuda neta del gobierno general, que incluye a empresas públicas y municipios, solo 2,6% del PIB. Esto es por los fondos soberanos que se generaron gracias a décadas de una gestión macroeconómica responsable. Entre los años 2020 y 2021 la deuda subirá hasta más de 40% y, dependiendo de la evolución de la pandemia y la economía, quizás llegue al 50% del PIB del 2022. ¿Es esto muy grave? La verdad es que Chile seguirá siendo parte del grupo de países menos endeudados del mundo y de la OCDE.

Lo que sí es preocupante es la arquitectura de la deuda pública. Es cierto que el déficit del gobierno central superará el 10% del PIB en este año. Pero la situación de los municipios es mucho más grave. También ocurre lo mismo con las empresas públicas, como el caso de Codelco, que tiene una deuda bruta de varios miles de millones de dólares. La consecuencia es el debilitamiento de la presencia del Estado en los territorios y el debilitamiento del potencial productivo de empresas como Codelco, que financian fisco durante décadas y décadas.

Pero, claro, habrá un sector que presionará por un ajuste fiscal pospandemia, lo que tendría inevitablemente efectos recesivos sobre la economía. Por ello muchos economistas hemos planteado la necesidad de una nueva reforma tributaria altamente progresiva, para elevar la carga tributaria desde 20% a 25%, incrementando las facultades fiscalizadoras del SII y Aduanas.

Segundo, la deuda de los hogares creció rápidamente entre 2003 y 2019. En efecto, en este período la deuda de este sector creció al 6,2% anual hasta llegar al 74,9% del ingreso disponible, lo que representa el 55% del PIB. Los datos para el trimestre enero-marzo 2020 indican que esta deuda siguió creciendo, pero el shock de COVID-19 hará crecer más rápidamente la ratio deuda/ingresos disponibles en los trimestres abril-junio y julio-septiembre, porque hay una abrupta caída de los ingresos de las familias.

En este contexto, los créditos y las reprogramaciones de créditos solo podrían elevar el stock de deuda de los hogares que bien podría superar el 100% sus ingresos disponibles hacia fines de año. Al mismo tiempo, el 56 % de la población nacional tiene morosidad financiera y estudios estiman que 1 de cada tres chilenos endeudados caerá en morosidad y los que los registros de morosidad superarán ampliamente los 5 millones con incumplimientos de a lo menos una cuota.

Frente a esta gravísima situación, se requieren medidas radicales para tiempos excepcionales. La moratoria de la deuda de los hogares en todas sus formas (Alemania, Turquía y España), debe imponerse en Chile. Los servicios básicos no deberían interrumpirse. Las quiebras o casos de insolvencia deberían suspenderse. Adicionalmente, es necesario una reprogramación de los créditos hipotecarios sin costos adicionales, dado que estos son los que más explican el crecimiento de la deuda de los hogares. Pero, además, se requiere una renta básica universal, cuyo camino más práctico y efectivo es universalizar el IFE hasta el 80% de familias de menores ingresos, teniendo como referencia la línea de la pobreza.

Tercero, la deuda de las empresas también creció en los últimos 16 años. Entre 2003 y 2019 creció moderadamente, pero los datos de marzo del 2020 evidencian que ya representa el 120% del PIB. El Banco Central no diferencia entre pymes y grandes empresas, pero evidentemente la situación es mucho más complicada para la pequeña empresa. Es cierto que el Gobierno inyectó US$ 3.000 millones al Fogape del Bancoestado, pero los bancos descreman, otorgan créditos por menos recursos y la percepción de la pequeña empresa es que es insuficiente y demasiado tarde.

También en el caso de las pequeñas empresas debería haber o una moratoria de sus deudas o créditos con garantía del Fogape para pagar sus deudas y, al mismo tiempo, suspensión de los casos de insolvencia. Pero es inevitable que habrá un proceso de destrucción del tejido productivo que tardará años en recuperarse, aun cuando se impulsen políticas económicas más agresivas. Frente a ello, el Gobierno debe considerar una política de triage: empresas que no requieren de subsidios, empresas que se pueden recuperar con asistencia, así como empresas que no se pueden recuperar.

Y cuarto, entre 2003 y 2019, al igual que las empresas, la deuda de bancos y entidades financieras creció moderadamente, pero se aceleró después del estallido y el shock de la pandemia y en marzo llegó a 141% del PIB. El Banco Central entendió y solicitó una línea de crédito al FMI por US$ 24 mil millones. Como se sabe, el BCCH solo puede operar a través del sistema bancario, aunque no por las entidades financieras que no reciben depósitos de sus clientes (retail). Aun así, lo que espera el BCCH es que la cadena de pagos se restablezca. Sin embargo, el comportamiento de los bancos está regido por sus accionistas que esperan el mayor retorno posible. Y es evidente que el riesgo crediticio de los hogares y PYMES se ha incrementado. Por tanto, pueden tener un comportamiento restrictivo que puede afectar también a grandes empresas.

Sabiendo de esto, el Gobierno envió recientemente un proyecto de ley de “discusión inmediata” que “Modifica distintas leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero” (Boletín 13.564-05) que, en el artículo primero del Mensaje, pretende modificar el DL 3.500 para liberalizar los resguardos previstos para la seguridad de las inversiones de los fondos de pensiones, permitiendo que las AFP puedan invertir en una extensa variedad de instrumentos de inversión, disminuyendo e incluso eliminando la evaluación de riesgo. Esto fue cuestionado por la Comisión de Hacienda del Senado, porque pone en riesgo los ahorros de los trabajadores. Pero evidencia una realidad: el Gobierno tiende a dialogar más con las grandes empresas y bancos, excluyendo a la sociedad civil.

Pero hay más. En tiempos de crisis el sistema financiero no solo opera como intermediario, sino que también genera incentivos para que los especuladores obtengan más activos, a costa de las pymes, las familias que confrontan deudas insostenibles e incluso el sector público, particularmente los municipios y los servicios de salud que tienen sustanciales deudas con el sector privado. Estos inversores rentistas no crean riqueza, sino que captan rentas. Con la estrategia de codificación legal correcta, las obligaciones de pago simples pueden convertirse en activos líquidos para los inversores y estos recurrirán a firmas de contabilidad para disfrazar sus ganancias y evadir o eludir impuestos.

La deuda privada representa más de tres veces el PIB de Chile. Para algunos, esto se trata de un asunto meramente privado sin consecuencias para el sector público. Sin embargo, sería una ilusión extremadamente peligrosa creer en esto. La crisis de la deuda externa de 1981-1983 evidenció que ello no fue así. A medida que se acumula la deuda de banco y entidades financieras, la deuda de empresas no financieras y la deuda de hogares, el problema va dejando de ser una cuestión privada y se convierte en un asunto de política pública, como ya ocurre en la actualidad. Hay dos motivos para ello.

Primero, porque todos estos actores presionan al Estado. Unos lo hacen vía lobby, pero las familias de clases populares y medias lo hacen vía protestas y estallidos sociales. Segundo, si la deuda de empresas productivas se acumula a niveles críticos, ello implica que estas quebrarán o se concentrarán en recuperar sus balances financieros, pero su recuperación será lenta y no contratarán mano de obra. Ello podría afectar la reactivación y, por tanto, la tasa de desempleo podría mantenerse por encima de dos dígitos durante el 2021 y 2022.

La dinámica de la deuda en un país como Chile que ya no vive el boom de los precios del cobre y otras exportaciones primarias, tiende a desestabilizar a la economía, como lo predijo meticulosamente Hyman Minsky en los años cincuenta. El problema de hoy no es tanto la deuda pública, sino la deuda privada. Y dado que el Gobierno no ha diseñado una política pública con incentivos correctos para el sector privado, ello puede desincentivar las inversiones productivas y orientarlas hacia inversiones especulativas, lo que introducirá una desestabilización peligrosa para Chile.