Los límites del proceso constituyente

Los partidarios del proceso constituyente manejan dos narrativas para justificar y contextualizar el mismo.

Una versión dice más o menos lo siguiente: la actual Constitución asegura un programa ideológico neoliberal que hace imposible o muy difícil dar respuesta a demandas importantes de la población o, al menos, hacerlo por vías distintas de las fórmulas privatistas e individualistas instaladas en la economía y en los servicios públicos más importantes.

Esta narrativa justifica, de manera a veces explícita, otras no tanto, que el cambio institucional haya sido y continúe siendo un proceso nada prolijo, que integra la persuasión con presiones rudas y manifestaciones que incluyen formas violentas, muchas veces con amenazas explícitas o veladas de escalamiento si no se avanza hacia una nueva Constitución.

Yo creo que existimos varios a los que esta narrativa nos convence y, aunque la forma en que se ha dado el proceso no nos guste y nos parezca muy lejana a lo que debe ser un proceso democrático ejemplar, creemos que la rudeza de dicho proceso transita una delgada línea en la que alcanza a justificarse, dado que los restos de la institucionalidad pinochetista y la tozudez de sus herederos efectivamente llevaron a adelante la proscripción de fórmulas económicas y sociales de cuño socialdemócrata que son legítimamente queridas por una buena parte de la población y que deben tener el derecho a competir en condiciones de igualdad.

Pero cuando se habla del contenido de la nueva Carta Magna, la narrativa de los reformadores cambia: pasamos de la realidad tosca donde con tono culposo se justifica operar bajo presiones, muchas bastante sucias, a una especie de espacio perfecto de deliberación donde cualquier opción es posible solo como producto del diálogo sereno.

Una buena parte de los impulsores del proceso constituyente proclama: la nueva Constitución será lo que los chilenos decidan por medio de un proceso de persuasión y votaciones ampliamente mayoritarias, y nosotros aspiramos a instalar en ella fórmulas económicas y sociales que expresen nuestras preferencias ideológicas como sería la de un Estado social, la de derechos sociales universales y otras semejantes.

Algo no calza

Desgraciadamente, la forma brutal que ha tomado la liberación de los amarres de la Constitución vigente condiciona todo el proceso. La formas violentas, la consolidación de grupos que se han acostumbrado a actuar matonescamente, el miedo y la rabia que recorren a una parte importante de la población no son cosas que van a desaparecer de un momento a otro. Querámoslo o no, sea de quien sea la culpa, este proceso constituyente ya no fue un espacio de deliberación racional donde todos podamos expresar nuestras preferencias con completa libertad.

En el mejor de los casos será la oportunidad de liberarnos de un corsé y establecer las bases para que en el largo plazo podamos aspirar a una convivencia basada en el diálogo y la mutua persuasión, si es que logramos reconstruir confianzas y formas de convivencia que hemos ido perdiendo. Esa confianza a reconstruir supone que los que hoy están con la ventaja reconozcan a los perdedores de hoy una condición de plena igualdad en el juego democrático.

Creo que en el contexto que estamos viviendo, los que aspiran con toda legitimidad a construir un modelo de tipo Estado social o de bienestar deben renunciar a implantarlo en la Constitución y deben dejarlo para la ley y la competencia electoral. Es decir, los socialdemócratas debieran decir a los neoliberales: en esta nueva Carta Magna jugaremos todos con la misma oportunidad de ganar e implementar nuestras propuestas.

En el actual clima cualquier intento por constitucionalizar triunfos ideológicos difícilmente se desvinculará de presiones antidemocráticas. Es difícil imaginarse que el día que se vaya a votar la forma de la previsión social o del sistema de salud, por ejemplo, no haya presiones como las que hemos vivido hasta ahora y que no haya quienes digan: “Tengo temor por lo que ocurra si no se aprueba” tal o cual regla.

Creo que si la izquierda no abandona su pretensión de aprovechar los vientos que corren en favor de sus ideas y de aprovechar el contexto para hacer aprobar fórmulas constitucionales que le den ventaja en el posterior juego democrático, estarán estableciendo una nueva Constitución con vicios de ilegitimidad. Si no se tiene esa generosidad y el proceso adopta la dinámica de forzar triunfos en el límite del reglamento, con el público dentro de la cancha y las barras bravas amenazando, seremos muchos los que sentiremos que nos han pasado a llevar y que por medios no democráticos se nos han impuesto visiones ideológicas rígidas no sometidas a la competencia electoral periódica.

La forma que ha tomado el proceso de cambio desgraciadamente lo condiciona y lo limita severamente. El proceso de liberación de un cepo acepta mucha más suciedad y malos modales que uno de construcción de un nuevo modelo que aspira a ser inclusivo, no tener presente esa diferencia puede tener efectos nefastos en el largo plazo y negar lo que se suponía era el propósito fundamental: generar una nueva casa común y relegitimar las instituciones.