Opinión
Un Sistema Nacional de Seguridad Social debería hacerse cargo del cumplimiento de asegurar ingresos dignos en la vejez y de otras funciones que se desprenden de una ética de solidaridad y justicia social en medio de una sociedad, como la nuestra, donde el protagonismo desenfrenado del mercado deslegitima y sofoca esa ética que, sin embargo, continúa aflorando porfiadamente ante el dolor de los postergados y desde lo mejor de nuestra vocación humana.
El recientemente aprobado retiro voluntario de parte de los fondos administrados por las AFP es un hito importante en el desmantelamiento de uno de los pilares del régimen neoliberal legado al país por la dictadura: la cesión al mercado de la tarea de asegurar ingresos dignos en la vejez.
El sistema actual de pensiones, cuyas protagonistas son las AFP, está muy lejos de asegurar pensiones dignas y, en consecuencia, su lógica estructural, la capitalización individual obligatoria, ha debido hacer importantes concesiones a la presión social que resulta de las apremiantes necesidades y sufrimientos en una sociedad desigual de la cual no se hace cargo.
La primera ruptura con la lógica del sistema ocurrió con el Pilar Solidario instaurado en 2008. Luego vino la incorporación de un componente de ahorro previsional colectivo redistributivo a proyectos que buscaban principalmente aumentar la envergadura de la capitalización individual (el fallido proyecto de reforma de pensiones del Gobierno de Michelle Bachelet y el proyecto en tramitación del actual Gobierno). Y, por último, ahora se ha permitido el retiro voluntario de una parte de los fondos prohibidos depositados en las AFP, ante el reciente tsunami de precariedad y urgencia en que la voluntad popular arrasó con todos los diques que defienden al sistema.
La paradoja es que las AFP sí cumplen a cabalidad con los objetivos que les fueron asignados: rentabilidad para sus dueños y para los fondos de sus ahorrantes forzosos, alimentando el mercado local de capitales con buena parte de esos fondos. La operación ha sido un éxito, pero el paciente está cada vez más enfermo.
Es que la gran falla del actual sistema mercantilizado de pensiones reside en no estar estructurado ni mandatado para lo que de él espera la ciudadanía: asegurar una vejez con ingresos dignos. Pero, por otra parte, nada bueno resultaría de asignarle tal función. La mano invisible del mercado puede ser eficaz en lograr que la ambición del panadero ponga pan en nuestra mesa, como explicaba A. Smith, o en rentabilizar una inversión, pero es torpe y negligente cuando, en un lenguaje para ella incomprensible, se le exige concretar una voluntad solidaria basada en un compromiso ético de la comunidad, en este caso, el compromiso con la dignidad de sus viejos. En efecto, la acción solidaria en comento solo puede prosperar de la mano de una institucionalidad pública diseñada para coordinar, eficazmente, voluntades y recursos, con ese propósito.
Por ello es menester desplazar a las AFP del corazón del sistema de pensiones y asignar el objetivo de asegurar ingresos dignos en la vejez a un bien diseñado y gestionado Sistema Nacional de Seguridad Social. Dicha institucionalidad se haría cargo del cumplimiento de esta tarea y de otras que se desprenden de una ética de solidaridad y justicia social en medio de una sociedad, como la nuestra, donde el protagonismo desenfrenado del mercado deslegitima y sofoca esa ética que, sin embargo, continúa aflorando porfiadamente ante el dolor de los postergados y desde lo mejor de nuestra vocación humana.
Con el nuevo sistema de pensiones debería cesar la obligatoriedad del ahorro en las AFP y –según determinen los análisis técnicos, y los lineamientos estratégicos que sean adoptados democráticamente– se combinarían elementos de reparto, redistribución, y capitalización individual y colectiva en empresas y proyectos sólidos y rentables que contribuyan al bien común.
Asimismo, entre los elementos específicos adicionales a considerar en el diseño de esa institucionalidad, cabría incluir también: aumentar la contribución fiscal al sistema de pensiones; incorporar a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública al régimen general de pensiones; eliminar toda discriminación por género e igualar la edad de jubilación de hombres y mujeres; y, exceptuando a los sectores de mayores ingresos, proveer de cargo fiscal una pensión de vejez mínima universal igual al salario mínimo y subsidiar el ahorro previsional individual voluntario destinado a incrementar los ingresos durante la vejez por sobre la pensión mínima universal.
El proceso constituyente y las elecciones generales que se aproximan son una gran oportunidad para avanzar en la desafiante y constructiva tarea de crear un nuevo e idóneo Sistema Nacional de Seguridad Social que gestione, entre otros, el sistema de pensiones. La ciudadanía tendrá, pues, la última palabra.
