La autotutela y el Estado de Derecho en La Araucanía

Los últimos graves incidentes ocurridos en La Araucanía, con grupos de civiles armados enfrentados para dirimir sus radicales diferencias, sin la más mínima intervención de la autoridad policial, constituyen un indicador más de que el Estado se encuentra sobrepasado por los hechos en esas latitudes y que, por lo mismo, es urgente hacer algo para revertirlo. Peor aún si ese preocupante desaguisado se da a pocas horas de estrenarse un nuevo ministro del Interior y este ni siquiera sospecha que su presencia en la zona debiera ir acompañada de una gestión fina, lo que no ocurrió.

Siendo La Araucanía uno de los temas que más inquietan desde hace años a la gobernabilidad del país, con problemas que abarcan derechos culturales y políticos de minorías étnicas, problemas económicos, de gobernanza de un territorio y de seguridad física de las personas que lo habitan, es injustificable la desaprensión o liviandad política de parte de las autoridades.

El surgimiento de bandas armadas, sean cuales sean y el propósito que tengan, es una señal demasiado preocupante, porque colisiona con uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho, cual es el monopolio de la fuerza legítima en manos del Estado. Si ello ocurre, el cauce institucional de solución de los conflictos se ha desgajado del sistema judicial, y los problemas sociales se han trasladado al ejercicio de la ley del más fuerte, de la autotutela o justicia por mano propia. Un camino que puede no tener retorno.

El vigilantismo civil no es un fenómeno que, inicialmente, obedezca al miedo de ser agredido o a la convicción fanática de tener la razón por encima de los derechos de terceros. Nace y se desarrolla ante una falla de la inteligencia (de seguridad) del Estado, que debe operar de manera equilibrada y neutra o, derechamente, por la parcialidad y/o corrupción de la fuerza pública al momento de actuar frente a los problemas, como parece que ocurrió en los desalojos de sedes municipales esta semana, en pleno toque de queda, de acuerdo a versiones y grabaciones que deberán ser explicadas por las autoridades políticas y el mando policial.

La crisis de La Araucanía requiere de mucha política y de cuantiosos recursos, además de grandes dosis de buena voluntad e imaginación, pero sobre todo es esencial que exista un ambiente que no esté caracterizado ni por el orgullo institucional de un Estado cuyo lema es “por la razón o la fuerza”, ni por la percepción de que el asesinato de un par de ancianos es un acto de reivindicación patriótica mapuche.

Si se desea encontrar un clima de paz para La Araucanía, hay que desprenderse del ethos odioso de un Estado beligerante y, también, de la pretensión de que “los presos mapuches son presos políticos”. En ese camino, el punto final será una tragedia humana. Ya se habla de grupos guerrilleros indigenistas y la fraseología de violencia y guerra impregna los discursos, empezando por las autoridades civiles –sólidamente parapetadas en Vitacura– y grupos mapuches minoritarios

El Gobierno debe ser el que lidere una postura de razonabilidad y diálogo, sin exabruptos políticos, tomando conciencia de que es el responsable de mantener la cohesión institucional del país.

Hace exactamente siete años, en otro editorial de este diario, sostuvimos que “si los gobernantes de un Estado insisten en solucionar un problema social recurriendo al mismo instrumental jurídico y político que está en el origen de ellos, el problema en cuestión solo se hará más grande e irreductible en el futuro. Eso es lo que viene ocurriendo en La Araucanía desde hace 100 años, y particularmente después de 1990, imponiéndose la autoridad del Estado con un arsenal que oscila entre pequeño fomento productivo, un poquito de tierras y muchos policías” (“El Estado Chileno y la cuestión Mapuche”, 7 de enero de 2013).