Opinión
El mundo contemporáneo exige mejor democracia. Escazú se encuentra alineado con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y busca construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles, mostrando los mejores mecanismos para tomar decisiones en un mundo complejo y protegiendo a los defensores ambientales. Además, resulta un requisito para el desarrollo de nuestro país a largo plazo, pues, contrariamente a lo que algunos suponen, la protección ambiental previene la conflictividad socioambiental, entregando certeza jurídica a todos los actores involucrados. Es de esperar que el Gobierno enmiende el rumbo y demuestre que su compromiso con el desarrollo sostenible es genuino.
El próximo 26 de septiembre se cumplirán dos años desde que Chile, de manera sorpresiva, desistió de firmar el tratado ambiental más importante de los últimos 20 años en la región: el Acuerdo de Escazú. En estos años el Gobierno no ha enmendado su error, sino que ha mantenido la tendencia de entregar argumentos diversos –que van desde el riesgo de la soberanía al cumplimiento de sus estándares por parte de Chile,– sin presentar evidencia certera sobre sus fundamentos.
El resultado ha sido que, con explicaciones confusas y pretextos, en dos años transitamos desde una posición de liderazgo en las negociaciones del Acuerdo –instando a que los países vecinos lo firmaran–, hacia una bochornosa posición de observador sobre cómo otros países adhieren. Actualmente existen solo unos pocos países de la región en esta posición, entre ellos, Venezuela, Cuba y Chile. Mientras, gran parte de Latinoamérica y el Caribe avanza en concretar la posibilidad de generar un estándar común de derechos de acceso en la región sobre democracia ambiental.
Más que desmentir los argumentos esgrimidos por el Gobierno, que no han sido sustentados ni respaldados públicamente por ningún especialista, volveremos a enfatizar por qué es importante para Chile firmar este acuerdo, especialmente en el contexto de la pandemia y la próxima reactivación económica.
La pandemia nos ha enseñado que para tomar decisiones se requiere de transparencia y diálogo. Se toman mejores decisiones cuando se incluyen todas las voces interesadas y afectadas. Mejor información y participación entregan beneficios en términos pragmáticos y sustantivos, al generar decisiones con credibilidad y legitimidad social.
Escazú apunta a generar estándares sobre estas materias, consagrando información ambiental accesible, oportuna, completa, rigurosa y comprensible para la población involucrada. Con su firma, situaciones sensibles como la cantidad de sustancias tóxicas a las que los territorios se ven expuestos debiesen ser previstas por el Estado de manera temprana, proveyendo de alertas cuando estas sean peligrosas para la salud y los ecosistemas.
Asimismo, la firma de Escazú permite el mejoramiento de las instancias de participación ciudadana vigentes en Chile, perfeccionando su implementación. Por ejemplo, la ampliación de participación obligatoria en el caso de Declaraciones de Impacto Ambiental o la instalación de procesos de participación con presencia del Estado en etapas tempranas de los proyectos de inversión –con el fin de asegurar una participación incidente– podrían transformarse en mecanismos concretos y pertinentes para mejorar la calidad de la participación.
El mundo contemporáneo exige mejor democracia. Escazú se encuentra alineado con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y busca construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles, mostrando los mejores mecanismos para tomar decisiones en un mundo complejo y protegiendo a los defensores ambientales. Además, resulta un requisito para el desarrollo de nuestro país a largo plazo, pues, contrariamente a lo que algunos suponen, la protección ambiental previene la conflictividad socioambiental, entregando certeza jurídica a todos los actores involucrados. Es de esperar que el Gobierno enmiende el rumbo y demuestre que su compromiso con el desarrollo sostenible es genuino.
