PAÍS
El jefe de la cartera de Salud vive un momento crucial, el proceso de desconfinamiento en la Región Metropolitana es su prueba de fuego y cualquier error o rebrote recaerá sobre sus hombros, a pesar de que él no ha tenido la última palabra. El criterio económico ha pesado al interior de La Moneda y en el Minsal reconocen que el peso pluma del secretario de Estado ha quedado en evidencia. A esto se suman las críticas al ensayo clínico, que lidera la PUC, de la vacuna del laboratorio chino Sinovac Biotech Ltd., al que el Estado inyectó $2.600 millones, sin transparentar las razones y alcances de dicha inversión. La respuesta del ministro Paris ha sido que “tendrá que hacerle la pregunta al Ministerio de Hacienda de esa inversión”.
El ministro Enrique Paris se mueve en un tenso equilibrio a medida que avanza la salida de cuarentena de distintas comunas del país, basadas en el Plan Paso a Paso, y la sombra de un rebrote como los que se han vivido en Europa y Asia. Es la “prueba de fuego” para el jefe del Ministerio de Salud, en que “cualquier error puede costarle muy caro”, destacan desde el oficialismo. El problema –aseguran sus cercanos– es que este plan de retorno a una nueva normalidad no contaría con el total convencimiento del ministro Paris, ya que sería una decisión del Presidente Sebastián Piñera priorizar el factor económico por sobre el epidemiológico. Con los énfasis puestos en la reactivación, lo roles protagónicos recaen en los titulares de las carteras de Hacienda, Ignacio Briones, y de Economía, Lucas Palacios, y no en el ministro de Salud. “El peso pluma del ministro Paris ha quedado en evidencia”, apuntan en el Minsal.
El Plan Paso a Paso Laboral también ha sido flanco de críticas, pero el ministro Paris se ha distanciado de su elaboración. En la Comisión Investigadora COVID señaló que dicho plan depende directamente del Ministerio del Trabajo, dirigido por María José Zaldívar, y no del Minsal. Fuentes de Palacio aseguran que la creación de este estricto protocolo ha sido resultado de distintas conversaciones, que buscan “equilibrar la reactivación económica con el retorno seguro al trabajo. Durante la semana pasada, el Presidente Sebastián Piñera se reunió con Juan Sutil y representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) para abordar este tema.
Al interior del Ministerio de Salud se han prendido alarmas, porque ven que se repiten “varios” errores del fallido plan de cuarentenas dinámicas que implementó el exministro de la cartera, Jaime Mañalich. Epidemiólogos y salubristas advierten que se observa el “mismo secretismo” que hubo para definir las cuarentenas, respecto a los criterios de desconfinamiento. Que pese a que el ministro Paris tiene “un estilo más amigable y abierto a escuchar”, las recomendaciones de la Mesa Social COVID, del Consejo Asesor y de los “Los 40 de la carta”, no se ven reflejadas en las medidas que anuncia el secretario de Estado.
Cabe recordar que luego que se diera a conocer el Plan Paso a Paso, se supo de la renuncia al Comité Asesor COVID-19 del infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile, Miguel O’Ryan, debido a “diferencias con la instancia”. Además, la doctora en epidemiología de la PUC, Catterina Ferreccio, reveló que los especialistas del consejo no recomendaron la transición y desconfinamiento y que hubo otros criterios, como el económico. “Nosotros hemos sido más cautelosos y pensábamos que había que tratar de fortalecer la trazabilidad y tener toda la infraestructura de la capital como una sola población que se mueve de un lado para otro”, indicó la especialista en 24 Horas.
El hecho de que el Plan Paso a Paso se aplique por comuna, sin importar que haya conurbaciones importantes e intercambios de población, tal como ocurrió con las cuarentenas, ha traído consigo críticas. En tal sentido, varios especialistas desde el Colegio Médico hasta el Consejo Asesor esperaban que, al menos en la Región Metropolitana, el Gran Santiago fuera tomado como unidad territorial para desconfinar. Algo con lo que el equipo del Minsal habría estado de acuerdo, razón por la que se ha trabajado un plan especial para desconfinar a la comuna de Santiago, que concentra a la población flotante en la RM, junto a Estación Central, lo que dejaría un libre tránsito el eje Alameda-Providencia.
A lo anterior, se suma que el sistema de transporte urbano no está preparado para el retorno masivo de usuarios y que se respete el distanciamiento físico que ha establecido el Minsal. El estudio “Transporte público en desconfinamiento (caso RM)”, del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería de la U. de Chile, advierte que mantener un metro de distancia entre pasajeros de la Región Metropolitana es impracticable en el transporte público. Para lograr la medida se necesitaría un 125% más de subsidio al sistema de transporte público y un 30% extra de flota.
En la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados existe preocupación de que el Plan Paso a Paso sea más una medida de “reactivación económica que cuidado sanitario”, lo que quedaría en evidencia en que las medidas de desconfinamiento se remiten a los días laborales y no a los fines de semanas. Además, no se explica que entre las comunas desconfinadas, en donde se concentran proyectos de construcción, haya índices de positividad mayor que en comunas que se mantienen confinadas en la RM. En regiones, el diputado Jaime Mulet advirtió sobre la falta de cuarentena en Tierra Amarilla. “Mi intuición es que se ha priorizado el trabajo minero”, dijo en la Comisión Investigadora COVID-19 el lunes pasado.
El indicador que más preocupa a salubristas y epidemiólogos respecto al proceso de desconfinamiento es la falta de transparencia en las cifras de trazabilidad de casos. En el último informe epidemiológico del 7 de agosto, el Minsal entregó parcialmente algunos indicadores, como los porcentajes de muestreo, las personas que son notificadas antes de tomarse el PCR y el porcentaje de casos en los que se inicia la trazabilidad de contactos en menos de 48 horas. Pero estos datos transparentados corresponden a solo 6 de las 346 de todo el país.
Las cifras entregadas corresponden a comunas que están en “transición”, la fase 2 del Plan Paso a Paso, etapa en la que, según el propio ministro Paris, habría resultado más eficiente la trazabilidad. “Las comunas que hemos hecho pasar a transición, es increíble como hemos podido mejorar la trazabilidad. Es bien alentador que las comunas que están en transición, ha sido más fácil hacer la trazabilidad, creo que es el punto más importante para contener la diseminación viral”, declaró el ministro de Salud en la sesión del lunes pasado de la Comisión Investigadora COVID-19. Las comunas cuya trazabilidad ha sido informada son: Colina, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, María Pinto, Tiltil, Vitacura y Ñuñoa.
El médico Carlos Said, máster en Salud Pública del Imperial College UK, señaló en su cuenta de Twitter que conocer las cifras de trazabilidad por comuna “es clave, dado que si el número de contactos ubicados es muy bajo, habla de un trabajo que no sería suficiente para contener un rebrote significativo. Finalmente, cuesta entender cómo se indicaron cuarentenas por comuna y se indicó también desconfinamiento por comuna» y que «los datos claves de trazabilidad sigan sin estar disponibles”.
En la última minuta del Consejo Asesor COVID-19 se estableció la necesidad de modificar los indicadores de trazabilidad que estableció el Minsal para el Plan Paso a Paso, los especialistas sostuvieron que “es necesario que estos indicadores estén diariamente accesibles para la población, en formato fácil para el público general, a nivel de comuna o región según corresponde al indicador”. Además consideran conveniente que haya un análisis “por región, servicio de salud o provincia, según la provisión de servicios, la movilidad de la población y la situación geográfica”.
Al interior del Consejo Asesor existe preocupación por la entrega “a goteo” de los datos de trazabilidad. La propia subsecretaria Paula Daza ha reconocido que los datos de trazabilidad en todas las comunas están, pero que muchos de ellos no son tan rigurosos como para darlos a conocer. Puntualizan que ha faltado voluntad del Minsal y del Gobierno, ya que la logística para tener una trazabilidad eficiente podría haberse realizado en una semana “si se hubiese querido”.
Gabriela Flores, presidenta de Confusam, destaca que “el plan piloto del testeo nunca se vio en la Atención Primaria de Salud, y la trazabilidad hoy recién se podría decir que se está haciendo el trabajo, pero con una sobrecarga laboral importante”. Según la dirigenta, el Plan Paso a Paso “es un llamado apresurado para volver a la normalidad, aún hay muchos contagios y hemos visto la experiencia de rebrotes en Asia y Europa, nosotros no estamos ajenos a esto”.
En paralelo al desconfinamiento, el Ministerio de Salud y un grupo asesor han desplegado una búsqueda para traer a Chile la mejor opción de vacuna COVID-19, el que incluye un proyecto para instalar una fábrica de empaquetamiento de vacunas en Antofagasta, lo que permitiría empaquetar millones de jeringas precargadas. Para lograr ser un país competitivo en el mercado de vacunas que se abrirá, el ministro Paris ha recalcado que es importante que Chile se asocie con otras naciones de América Latina.
Actualmente hay doce vacunas en estudio, de las cuales cuatro están en etapa de ensayo clínico, del laboratorio chino Sinovac, CanSino, Astrazeneca con la Universidad de Oxford y la de laboratorio Moderna. La semana pasada el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, anunció el inicio del periodo de la vacuna de Sinovac en Chile, para el que se reclutará a tres mil voluntarios, principalmente trabajadores del área de la salud.
Esta prueba surge de un programa de acuerdo entre un consorcio de universidades, lideradas por la Universidad Católica, y el laboratorio chino, el que tiene un costo de $6 mil millones y aseguraría 20 millones de dosis de la vacuna para Chile. El programa será financiado por un aporte de la CPC de $2.500 millones, $2.600 millones entregados por el Estado de Chile, el cual habría sido mediado por el Ministerio de Ciencias y Tecnología, más otro porcentaje entregado por la Universidad Católica y, en menor medida, recursos de las otras instituciones asociadas.
La realización de pruebas y avances respecto a la vacuna para el COVID-19 ha sido valorada transversalmente, pero en el Congreso se han levantado alarmas en relación con las garantías que tendrán los sujetos de pruebas, que serán principalmente la primera línea frente al coronavirus, y por el financiamiento que el Estado chileno le entregó a un laboratorio extranjero. Tanto en la Comisión de Salud y Comisión Investigadora COVID-19 aseguran que el acuerdo se “tomó a escondidas, sin licitación o transparencia en el contrato, simplemente se nos informó”. El tema ha sido consultado a las autoridades de Salud, y tanto el ministro Paris como Andrés Couve han sido citados este martes para dar cuenta del contrato con la PUC y Sinovac Biotech a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
El lunes pasado, en Comisión Investigadora COVID-19, el jefe del Minsal señaló que la UC “aceptó hacer el ensayo clínico en Chile, eso no significa que nosotros estemos avalando esa vacuna. Como usted sabe, en Chile las vacunas las maneja el grupo asesor del propio Ministerio de Salud y nosotros le dijimos claramente que hay que diferenciar lo que hace el Ministerio de Ciencia de lo que hace el Ministerio de Salud. Nosotros vamos a seleccionar la mejor vacuna, hayan hecho los estudios en Chile, en China, en Japón o donde quieran, pero eso no significa que nosotros nos fuéramos a casar con una sola vacuna”.
En la sesión, el diputado Juan Luis Castro consultó al ministro Paris: “Nos notificaron que Chile tenía asegurado 20 millones de vacunas. ¿Por qué el Estado de Chile tomó del erario público 2.600 millones de pesos que no han sido tramitados por ley, cómo se llegó a esta configuración de financiamiento de este ensayo clínico en particular?”.
El jefe de la cartera de Salud contestó que él no maneja “la Dirección de Presupuesto, ni el Ministerio de Hacienda, así que tendrá que hacerle la pregunta al Ministerio de Hacienda de esa inversión. La verdad es que esta inversión asegura, pero si la vacuna es buena, pero esta empresa tiene muchas vacunas, H1N1, influenza, un montón de vacunas, es una empresa que produce vacunas hace muchos años, no creo que vaya a fallar. Pero bueno, todo puede suceder. Eso nos permite acceder a 20 millones de dosis de vacunas para los chilenos”.
El 3 de agosto, en el contexto de la tramitación del proyecto de ley de Ensayos Clínicos del diputado José Miguel Castro (RN) y respaldado por el Ejecutivo, el jefe del Departamento Jurídico del Minsal, Jorge Hübner, señaló algo distinto que el ministro Paris. “Analizando por el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Salud dichos costos (de la vacuna), se ha determinado que parece prudente, que en orden de tener la posibilidad de acceder a estos 10 millones de vacunas, el Estado de Chile ponga un porcentaje de los fondos necesarios para este estudio, que no va a ser liderado por el laboratorio Sinovac, sino que será liderado por la Universidad Católica”, institución que lleva años trabajando con el laboratorio chino, detalló el funcionario del Minsal.
“Estos fondos no son a cambio de nada”, agregó Hübner, quien planteó que la comisión podría solicitar vía oficio al Ministerio de Salud los detalles técnicos del estudio. “No podemos quedarnos a la cola, quedarnos a la cola significa tener que esperar años porque el stock mundial no va a dar abasto”. Además agradeció todas las gestiones y reuniones que ha tenido.
La duda que surgió entre los parlamentarios de la comisión es que el proyecto de Ensayos Clínicos pudiera estar entrelazado con la negociación del acuerdo para la prueba de la vacuna de Sinovac en Chile. La iniciativa del diputado Castro flexibiliza la aplicación de estos ensayos en nuestro país y modifica algunos principios de la Ley Ricarte Soto, en la que, por ejemplo, se establecen 10 años de protección para las personas voluntarias de un ensayo clínico, mientras en esta nueva ley eso se reduce a 5 años.
La Ley Ricarte Soto también establece que si hay una consecuencia a nivel de salud en una persona que fue parte de un ensayo, el peso de la prueba, para descartar la incidencia del ensayo clínico, está en los laboratorios, en tanto que con este proyecto el peso de la prueba queda en la persona. “Esta ley de Castro deja por el suelo ambas barreras”, comenta un miembro de la Comisión de Salud.
El diputado José Miguel Castro (RN), patrocinante de la iniciativa, aclaró que “hace mucho tiempo que estoy metido en este tema de las vacunas, con la Universidad Católica y la Universidad de Antofagasta y el Instituto Milenio, trabajando en una planta de procesamiento de vacunas, algo que me parece interesantísimo, este tema no es nuevo. Por supuesto iba a llegar el momento en que se hiciera un convenio con CanSino, con Astra o cualquier otro. Acá al parecer se adelantó al término de este convenio con respecto a este protocolo que nosotros estamos legislando, en eso concuerdo con el diputado (Juan Luis) Castro, saber si este protocolo va a quedar o no va a quedar en estas pruebas o solamente va a ser para otras pruebas”.
Además de la citación a los ministros Couve y Paris a la Comisión de Salud de este martes, el diputado Juan Luis Castro envió un oficio a la Contraloría de la República para que fiscalice y audite la asignación de fondos públicos al ensayo clínico de la Universidad Católica de la vacuna experimental del laboratorio Sinovac.
A estos flancos se suma la falta de claridad respecto a la ejecución del presupuesto extra que ha inyectado el Minsal para la red de salud pública en medio de la pandemia, junto a las dudas del posible recorte que tendría el presupuesto para salud del año 2021.
Un análisis a la ejecución presupuestaria de junio realizada por el salubrista Matías Goyenechea, del Departamento de Tecnología Médica de la U. de Chile y miembro de la Fundación Creando Salud, destaca que los fondos adicionales para enfrentar la pandemia del COVID-19 equivalen a 3,96% del total de recursos del presupuesto de salud. Un 36% de los recursos adicionales se emplean en pago de licencias médicas, lo que equivale a 143 mil millones.
El informe detalla que “no existe evidencia que sustente la afirmación del subsecretario Zúñiga respecto de un incremento el presupuesto de salud por un total de 10% o 700.000 mil millones de pesos para salud”. Y agrega que “hasta el 30 de junio la asignación de los recursos adicionales no ha tenido como prioridad la Atención Primaria de Salud, manteniéndose sesgo hospital-céntrico en el abordaje del COVID-19”.
Gabriela Flores, presidenta de Confusam, recalca que la falta de recursos “ya sobrepasó la línea, es una burla para los trabajadores de la primera línea de la salud y el gasto no coincide con los bonos y ajustes que anunció el ministro Paris”.
Enfatiza que esta falta de claridad en los gastos también se expande hacia el presupuesto para el año 2021. El miércoles de la semana pasada, la Confusam asistió a una reunión con representantes del Ministerio de Hacienda y la Dipres por el proyecto de meta sanitaria, pero “no había nada elaborado, la respuesta de la Dipres es que el proyecto de ley para mantener las asignaciones se tiene que ver el próximo año, pero el ministro Paris anunció ante todos que estaba listo”.
A respecto, según la dirigenta, la respuesta del subsecretario Arturo Zúñiga, en la tradicional reunión de los días lunes con las asociaciones de funcionarios de la salud, ha sido que el Ministerio de Hacienda tiene la última palabra y que el ministro Ignacio Briones dará a conocer los detalles en su plan para el Presupuesto 2020 de lo que ocurrirá con salud. “No se sabe nada, ni las condiciones, ni cuánto será el presupuesto, podemos vivir un retroceso nuevamente”, indica Gabriela Flores, quien solicitó una reunión especial con el ministro Paris por el tema presupuestario.
Al interior de la cartera de Salud reconocen que la frase del ministro Enrique Paris, cuando dijo que “el ministerio navega como un portaaviones que tuviese un motor solamente funcionando o el otro en pana”, deja en evidencia la carga de trabajo y poca incidencia que está teniendo el Minsal en decisiones a nivel país respecto a la pandemia. Señalan que hay una tensión constante entre lo que llega a pedir Paris y lo que concede el ministro Ignacio Briones, en donde el jefe de Hacienda tendría las de ganar.
