Opinión
El impuesto a la renta será pagado este año fundamentalmente por los asalariados y algunas empresas medianas que no cuentan con los recursos (abogados tributarios, contadores auditores, etc.) para obtener los generosos beneficios de las planificaciones tributarias que la normativa vigente y la falta de fiscalización y herramientas de control por parte del SII ponen a su disposición. Las grandes empresas y sociedades de inversión pagarán aun menos de lo que han pagado históricamente. Esto perfectamente podríamos considerarlo como un verdadero atentado contra las finanzas públicas del país, que además implica un efecto tremendamente regresivo, al beneficiar a los contribuyentes de mayores ingresos y riqueza. La cuenta y la propina la pagan –una vez más– los trabajadores.
Recientes estimaciones de la evasión tributaria indican que en 2017 esta llegaba a un 7,6% del PIB, unos US$21.000 millones, de los cuales US$15.000 millones corresponderían a evasión del impuesto a la renta (Jorratt, 2020). Esta evasión aparece más o menos constante en el periodo 2013-2017, a pesar de que la propuesta original del proyecto de reforma tributaria de 2014 planteaba la instauración en Chile de una Norma General Antielusiva (NGA), conforme al estándar de la OCDE.
Sin embargo, la NGA fue desnaturalizada en la tramitación del proyecto en el Senado (la primera cocina), siendo evidente hoy, a la luz de las cifras de evasión indicadas, el tremendo error cometido. Para tener una idea de la monstruosidad de esta cifra en Chile, la evasión y la elusión tributaria promedio en los países de la OCDE llega apenas a un 3.2% del PIB (Bhuen y Scheider, 2016).
La primera cocina ocurrió en el Senado en 2014. Allí se negoció y se eliminaron varias disposiciones del proyecto original del Gobierno. Dentro de ello, la NGA fue transformada en un procedimiento judicial, impidiendo que la administración tributaria SII pudiera ejercer sus facultades fiscalizadoras. Esto obliga a la autoridad tributaria a tener que requerir aprobación previa en los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) en un largo proceso, lo que hace diluir los efectos inmediatos de recalificación administrativa propios de un procedimiento de fiscalización. Con ello se afecta severamente la finalidad y capacidad recaudatoria del SII. Importante es recalcar que dicho procedimiento judicial no conoce aún un solo caso presentado en tribunales en los cinco años desde su entrada en vigor.
Lo anterior contrasta radicalmente con los procedimientos de fiscalización y control utilizados por las administraciones de los países OCDE, donde proceden a recalificar de modo administrativo todas las actuaciones de planificación tributaria agresiva y a girar los impuestos eludidos. Quienes no estén conforme con la acción fiscalizadora de la administración tributaria del Estado, pueden reclamar y ejercer sus defensas ante los TTA, que es lo que proponía el proyecto de reforma del 2014.
Así, se mantienen las altísimas tasas históricas de evasión aun después de la implementación de la reforma, lo que se debe fundamentalmente a las recetas y aderezos incorporados en la conocida cocina de Zaldívar.
Cinco años después, volvemos a vivir una segunda cocina, en noviembre 2019, en pleno estallido social, siendo en esta oportunidad los protagonistas del guisado el ministro Briones (implacable crítico gastronómico de la desaparecida Revista Cosas, bajo el seudónimo de Eugenio de la Cruz), junto a los miembros de la comisión de Hacienda del Senado (incluyendo a Pizarro, Montes y Lagos-Webber).
En efecto, con fecha 8 de noviembre pasado, entre el ministro de Hacienda y la comisión de Hacienda del Senado se firmó un acuerdo llamado “Marco de Entendimiento”, donde se excluyó toda la discusión relativa al perfeccionamiento y potenciamiento de la NGA, a efectos de retomar su naturaleza jurídica propia, conforme al modelo OCDE. Tampoco se cumplió el acuerdo de incorporar al Servicio Nacional de Aduanas a la modernización tributaria. Dentro del Marco de Entendimiento se gestan tres importantes cambios, todos afectando negativamente la capacidad fiscalizadora del SII:
1. Nuevas disposiciones que regulan los “gastos necesarios” que han generado un amplio espacio interpretativo y de aplicación, que permite deducciones que hasta ese acuerdo no eran aceptadas. Esto ya está afectando notoriamente la recaudación fiscal, lo que se ha comprobado por el SII en las declaraciones de impuestos de abril del presente año. Debe recalcarse que lo anterior fue advertido por las asociaciones gremiales del Servicio de Impuestos Internos, AFIICH y ANEIICH, en sesión del 30 de septiembre del 2019 ante la comisión de Hacienda del Senado, advertencias que no fueron escuchados tanto por el Gobierno como los senadores.
2. Se prohíbe al SII volver a fiscalizar a un contribuyente en casos de que aparezcan nuevos antecedentes e información respecto de materias y periodos ya revisados, pero no conocidos. Esto aun estando dentro de los plazos de prescripción, lo que evidentemente es un contrasentido, dada la finalidad de las facultades fiscalizadoras de la administración tributaria del Estado.
3. Contra todas las opiniones técnicas fundadas, se aprueba la creación de un organismo administrativo separado del SII con funciones paralelas para la defensa del contribuyente (DEDECON), cuyo supuesto fin era apoyar y respaldar a las pymes y microempresas. Sin embargo, dicha entidad solo tiene facultades administrativas, que ya desarrollaba el SII a través de la Subdirección de Atención al Contribuyente, y no otorga representación judicial para defender a las pymes, que es precisamente lo que estas requieren, pues muchas de ellas no cuentan con los recursos necesarios para pagar un abogado o abogada que las represente. A la postre lo único que logra la DEDECON es debilitar la autoridad fiscalizadora del SII, beneficiando a los grandes contribuyentes, que tienen los medios para usar costosas asesorías a fin de aprovechar las nuevas ventajas concedidas
El resultado de la segunda cocina ha sido dramático. Esta nueva estratagema culinaria le estaría costando al país un aumento de la evasión y elusión tributaria de al menos US$6.000 millones anuales a partir del año fiscal 2020 (más del 2.5% del PIB), de acuerdo con estimaciones de directivos de la AFIICH (“Impacto en la recaudación de la evasión, Flujos Ilícitos, Ley modernización tributaria de S. Piñera”, 2020). El monto de evasión adicional respecto a las estimaciones al año 2017 (de acuerdo con Jorratt, 2020, iguales a US$21.000 millones) por concepto de la segunda cocina proviene de:
Estos aproximadamente US$6.000 millones adicionales de evasión constituyen un piso mínimo, correspondientes a lo que se ha logrado identificar de manera precisa. Aún no se han estimado mermas tributarias adicionales asociadas a: IVA, pérdidas de arrastre, silencio positivo, gastos auditados DII, responsabilidad social empresarial y gastos incobrables. Sumando esta evasión no estimada de una manera precisa, la evasión adicional total por concepto de la segunda cocina puede llegar a US$10.000 millones en el año 2020.
Además, esta evasión adicional va a beneficiar fundamentalmente a los súper ricos. Solamente considerando la parte cuantificada de la nueva evasión, el monto total de la evasión sube desde los US$21.000 millones prevalecientes en años anteriores a US$27.000 millones al año 2020 (11% del PIB). De este total, aproximadamente US$20.500 millones corresponden a evasión del impuesto a la renta (incluyendo la evasión por concepto de flujos ilícitos). Así, la capacidad de recaudación de los impuestos a la renta se reduce en casi dos tercios, producto de las notables habilidades culinarias de nuestros “representantes”, desplegadas en las dos cocinas.
El impuesto a la renta será pagado este año fundamentalmente por los asalariados y algunas empresas medianas que no cuentan con los recursos (abogados tributarios, contadores auditores, etc.) para obtener los generosos beneficios de las planificaciones tributarias que la normativa vigente y la falta de fiscalización y herramientas de control por parte del SII ponen a su disposición. Las grandes empresas y sociedades de inversión pagaran aún menos de lo que han pagado históricamente. Esto perfectamente podríamos considerarlo como un verdadero atentado contra las finanzas públicas del país, que además implica un efecto tremendamente regresivo, al beneficiar a los contribuyentes de mayores ingresos y riqueza. La cuenta y la propina la pagan –una vez más– los trabajadores.
