La desinstitucionalización de Chile bajo el Gobierno de Sebastián Piñera

El país está enfrentando una encrucijada política que exige, de todos los sectores, un sentido mayor de responsabilidad y juicio autocrítico ante las decisiones que se deben adoptar respecto a tres temas fundamentales: un impulso serio y sereno al proceso de cambio constitucional; la rehabilitación de los servicios y del espacio público para generar un nivel adecuado de normalidad en el funcionamiento del país; y un acuerdo económico solvente, alejado de gestos dramáticos y demagogia, para permitir la recuperación de nuestra economía. No obstante la obviedad y urgencia de estas tres cosas, es posible advertir que diversos actores, entre ellos el propio Gobierno, insisten en decisiones y vocerías que distorsionan la atmósfera de serenidad que se requiere.

Nadie espera que el resultado del próximo plebiscito sobre Apruebo o Rechazo de una nueva Constitución –que a muy pocas semanas de realizarse da amplia mayoría a la opción Apruebo– sea políticamente indiferente para el Gobierno. Pero lo que los principios democráticos exigen es que la institucionalidad del país funcione de manera equilibrada y no partidista frente a la opción de una nueva Carta Magna.

La democracia se desarrolla no solo con aprendizajes positivos frente a los problemas, sino que también suelen aparecer nuevas formas equívocas destinadas a torcer los procesos de sano desarrollo institucional de un país.

Es el caso de la creación de querellas interinstitucionales ficticias entre los poderes y los más altos organismos institucionales del Estado, normalmente con capítulos o acciones judiciales que desplazan los problemas políticos –sobre todo aquellos referidos a la autonomía de los poderes fundamentales del Estado– a ámbitos difusos o no diseñados para resolver tales problemas. Un ejemplo de esto es el uso y abuso del Tribunal Constitucional para eventos que debieran resolverse en sede política.

También está la generación de alarma pública mediante sesgos noticiosos, con el abuso de operaciones de comunicación que buscan intoxicar antes que aclarar o informar a la ciudadanía.

Hoy la ciudadanía sabe mucho más de los problemas que podrían existir en torno a la realización del plebiscito de octubre próximo, que de lo que debe hacer para ir a votar con plena normalidad.

En un ambiente altamente sensibilizado por la pandemia sanitaria y las políticas de confinamiento, la transparencia y simetría en materia de información son esenciales. Si el predominio informativo gubernamental no es usado de buena manera, se transforma en una lesión de las libertades políticas, en especial la de expresión, pudiendo dar paso a una sociedad uniforme y autoritaria, basada en la fuerza y la amenaza, antes que en el consenso y el diálogo.

Otro ejemplo es la sobrecarga política de todos los canales de administración del Estado –incluidos los de seguridad interior– para acumular problemas, todos urgentes, que terminan por bloquear los niveles normales de decisión y transforman todo en un tema prioritario de La Moneda, sin espacios para la rutina, sino solo para la negociación política.

Los países, y especialmente los Estados democráticos de derecho, funcionan por instituciones y competencias y no por negociaciones políticas. Estas son indispensables para encontrar el sentido común del recto gobierno del Estado y del bienestar del país, pero antes de ellas están las instituciones, las que no pueden ser omitidas, pues constituyen el marco de referencia de todo actuar legal.

El Gobierno del Presidente Piñera, lamentablemente, se encuentra empeñado en sobrecargarse de negociaciones puntuales, de dudoso resultado, como la realizada con el machi Celestino Córdova, y en recargar la agenda legislativa del país, en vez de buscar un acomodo austero en materia de nuevas leyes, más acorde con el período de precambio constitucional que el país vive. No se advierte la exigencia perentoria de que sus ministros no se pronuncien en materia electoral, y es evidente que los últimos acomodos ministeriales han tenido más a la vista los intereses de los partidos de la coalición de Gobierno que los intereses de la inmensa mayoría del país.