El peligro de nacer en Chile

Del horrendo crimen de Ámbar, ha sido lamentable constatar no solo la incapacidad del Sename para dar cuidado y protección, sino a una nueva institucionalidad incapaz de anticiparse aun existiendo un conjunto de alertas que no fueron leídas oportunamente. En septiembre de 2019 la magistrada Mónica Jeldres y el gerente de la Fundación San Carlos de Maipo dieron cuenta de la grave situación de miles de niños que figuran no habidos en el sistema de protección en la comisión presidida por la diputada Erika Olivera. Quizás cuántos de ellos están padeciendo el calvario de Ámbar.

Es decir, hace casi un año estas instituciones dieron la alerta, después de varios meses de tocar la puerta del Ministerio de Justicia, que presentó con ellos un proyecto para depurar las miles de órdenes de búsqueda ante la Corte Suprema y fue desestimado. Cabe preguntarse entonces: ¿acaso Ámbar podría haber estado figurando en algunos de esos listados?, ¿cuántos de esos niños han sido encontrados desde esa presentación?, ¿cuántos cuentan con la red de protección articulada y gestionada por la Subsecretaría de Infancia o por el mismo Sename?

[cita tipo=»destaque»]Lo digo, puesto que tenía solo 6 años y medio cuando Francisco José Cox –recientemente fallecido– me abusó, demoré años para verbalizar y más tiempo para decidir comenzar un proceso judicial, el que pareciera haber sido voluntariamente entorpecido por sus redes de protección en lo jurídico, legislativo y clerical. En son de burla, los mismos shoestatianos nos mandan paz, siendo que lo tuvieron oculto para que pudiera morir en eterna calma, mientras nosotros –sus víctimas– seguimos intentando dormir. Y se fue en la más completa impunidad. Jamás sabré si se arrepintió, aunque imagino que ellos le dieron la extrema unción eximiéndolo de sus pecados, mas a mí nadie me pregunto si yo lo perdonaba, jamás tendré la oportunidad que ellos me quitaron.[/cita]

Es lamentable que el análisis de este caso ocupe a las autoridades responsables en deslindar responsabilidades sobre otros poderes del Estado, sin asumir con propiedad el déficit del rol de sus instituciones. También es lamentable que se busque legitimar un veto que atenta contra algo fundamental acordado entre el Congreso y el Ejecutivo, que es el control sobre los Organismos Colaboradores (OCAS), los que después de numerosos informes de serias vulneraciones de derechos a miles de niños –muertos en su interior, torturados y abusados sexualmente– pretendan dejar sin efecto, a través del instrumento presidencial, los controles e inhabilidades incorporados en la comisión mixta.

Es impresentable que, tal como recientemente lo informó un medio, el lobby de las OCAS se instalara en el segundo piso de La Moneda de la mano de quien coordina los temas de infancia y relacionada con una de las más grandes del sistema, no siendo en todo caso la única profesional con estrecha vinculación a estas instituciones. Tenemos por otro lado, nuevamente, a Corporación Opción, la misma que se encuentra querellada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Pero pareciera que esto al Gobierno no le es suficiente, evidencia de que en infancia las cosas se están haciendo mal. Basta con el vínculo con Libertad y Desarrollo, que se encuentra articulado con excandidatos presidenciales que han intentado por todos los medios ocultar y bajar el perfil a las vulneraciones, los mismos que han guardado silencio por la residencia de Hualpén, hechos acaecidos en sus distritos, en donde hoy, cientos de madres buscan a sus hijos, los que se encontraban bajo protección del Estado, dejando en evidencia que había que protegerlos a ellos del Estado y no de sus madres.

Pareciera que en Chile la justicia existe solo si no eres pobre o exinstitucionalizado. ¿Por qué digo esto? La infancia está tan abandonada y alejada del significado de justicia, que, aunque ya no creo en ella, tampoco me deja opción y tengo que verme forzado a hacerlo, siendo que el acceso a ella me ha sido una utopía.

Lo digo, puesto que tenía solo 6 años y medio cuando Francisco José Cox –recientemente fallecido– me abusó, demoré años para verbalizar y más tiempo para decidir comenzar un proceso judicial, el que pareciera haber sido voluntariamente entorpecido por sus redes de protección en lo jurídico, legislativo y clerical. En son de burla, los mismos shoestatianos nos mandan paz, siendo que lo tuvieron oculto para que pudiera morir en eterna calma, mientras nosotros –sus víctimas– seguimos intentando dormir. Y se fue en la más completa impunidad. Jamás sabré si se arrepintió, aunque imagino que ellos le dieron la extrema unción eximiéndolo de sus pecados, mas a mí nadie me pregunto si yo lo perdonaba, jamás tendré la oportunidad que ellos me quitaron.

Ahora solo me queda esperanzarme en que el proceso tenga una sentencia y no sea decretado el sobreseimiento. Ello, es lo menos que nos pueden regalar, puesto que nos lo hemos ganado. Pero la justicia tiene sus códigos, aunque estos sean proteger y regalar impunidad absoluta.

¿Por qué tengo que recordar esto? Porque cuando esto sucedió, me encontraba inserto en el sistema Sename bajo –dicen– la protección del Estado, de esas que solo existen en las palabras de los directores y ejecutivos de OCAS, cuando se presentan ante las comisiones llamando un acto de amor a lo que ellos realizan con niños, niñas y adolescentes. Me pregunto si será ese amor inconmensurable el que desapareciera a más de 5.600 niños, niñas y adolescentes, de los que hasta hoy, nadie sabe su paradero. Ese mismo amor es el que le costó la vida a más de 1.300 niños, niñas y adolescentes bajo sus cuidados. ¿De ese acto bondadoso hablarán?

A veces me pongo a leer sobre el actual gabinete y no hago más que repudiar el hecho de que el pasado de ministros relacionados con la defensa de Paul Schäfer no determine su actuar en la protección de la Infancia. Quizás, está tan naturalizado el abuso, que no les importa detenerlo. Quizás, hay legisladores con intereses comprometidos en estos hechos, que no les queda más opción que seguir amparando la impunidad.

El veto que se discute es prueba fehaciente y, de ser aprobado, ruegue a Dios que los encuentre confesados. El país entero será la voz de cientos que gritan hoy por algún abuso que están padeciendo, gracias a la inacción del Gobierno de turno.

Resulta contradictorio que en un país que respeta y protege jurídicamente al que está por nacer, una vez fuera del vientre, se le terminen sus derechos como un bien fundamental. Basta de impunidad y, sobre todo, basta que para los niños y niñas sea un peligro nacer en Chile.